Sentencia 6495 de marzo 15 de 2001 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 6495

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Santos Ballesteros

Bogotá D.C., quince de marzo de dos mil uno.

EXTRACTOS: «Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva —Sala de Familia—, proferida el 22 de noviembre de 1996 en el proceso ordinario de filiación extramatrimonial y petición de herencia incoado por... contra ..., menores de edad representados por su señora madre ... y herederos indeterminados de ...

(...).

Consideraciones de la Corte

Como lo ha señalado reiteradamente esta corporación, en relación con la primera de las causales de casación cuando se enfoca por la vía indirecta, en la apreciación de las pruebas por parte del fallador de instancia, se debe respetar la autonomía con que cuenta, de acuerdo con la ley, para formarse su propia convicción sobre la configuración fáctica del asunto en litigio, por cuanto la facultad de la Corte frente a este recurso es la de velar por la recta inteligencia y la debida aplicación de las leyes sustanciales, pero no la de revisar nuevamente todas las cuestiones de hecho y de derecho que ya fueron ventiladas en las instancias, descalificando los recursos que se estructuran, sobre planteamientos que disienten, en un simple contraste de pareceres, del criterio seguido por el tribunal en lo que respecta a la valoración de las pruebas aportadas al proceso, por cuanto, atribuir a dichos medios, según los dictados de la sana crítica, la jerarquía correspondiente dentro del conjunto de las evaluadas, es facultad que le compele de manera privada a los juzgadores de instancia, salvo los supuestos errores de hecho o de derecho ostensibles, a que se refiere el numeral 1º del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil.

La impugnación por error de hecho tiene que concretarse a establecer que el sentenciador ha supuesto una prueba que no obra en autos o ha ignorado la presencia de la que sí está en ellos, hipótesis que comprenden la desfiguración del medio probatorio, bien por adición o por cercenamiento, pero es preciso que la conclusión a que llegó el sentenciador por causa de dicho yerro en la apreciación probatoria sea contraevidente, esto es, contraria a la realidad fáctica establecida por la prueba, sin que sea dable contraponer el punto de vista del recurrente con el del tribunal acerca del sentido que se le pueda atribuir al material probatorio, así el del recurrente merezca el calificativo de racional, pues la ley exige que el censor confronte lo expuesto en el fallo con lo representado por la prueba, “a fin de que de esa confrontación brote el desacierto del sentenciador de manera clara y evidente”... “Cuando el error denunciado no lo sea por preterición total de la prueba, sino por adición o cercenamiento de la misma, se ha de señalar qué es lo que ella dice en realidad, para indicar a continuación qué fue lo que vio el tribunal” (Cas. Civil, nov. 4/93).

En materia de investigación de la paternidad, a partir de los principios implantados en la Ley 75 de 1968, ha dicho la Corte que la ponderación de la prueba testimonial que acredita las causales de filiación “...tiene que quedar a la cordura, perspicacia y meditación del juzgador, quien tiene que analizarlos con ponderada ecuanimidad de criterio, considerando las circunstancias personales de cada testigo, el medio en que estos actúan; evaluándolos no uno a uno sino en recíproca compenetración de sus dichos, a fin de determinar hasta dónde han de ser pormenorizados los datos que cada testigo aporte, y, en fin, a sopesar todos los elementos de juicio que le permitan el convencimiento interior afirmativo o negativo de la filiación deprecada. Y si la sentencia de instancia no se sitúa ostensiblemente al margen de lo razonable, o si no contradice manifiestamente lo que la prueba testifical indica, tiene que permanecer y mantenerse inmutable en casación, pues en esas precisas circunstancias a la Corte le queda vedado modificar o variar la apreciación probatoria que el fallo impugnado trae”. (Cas. Civil, jul. 29/80, oct. 10/83, ago. 29/85; G.J. t. CLXXX, pág. 365).

En el caso concreto alega el recurrente que los demandados al contestar la demanda no se opusieron a la pretensión de que se declarara la filiación de la demandante y que en consecuencia tenía respecto de su padre los derechos personalísimos y patrimoniales que la ley le confiere como tal, con lo cual, en su criterio, reconocen las relaciones sexuales entre su padre y la madre de la actora para la época de la concepción, a pesar de lo cual el tribunal no lo entendió así incurriendo en error fáctico, porque es imposible aceptar la filiación desconociendo a su vez la existencia de las relaciones sexuales.

Desacertada es la acusación, pues el fallo del tribunal tomó como prueba para determinar si se daban o no las causales invocadas en la demanda para declarar la paternidad extramatrimonial, los testimonios de María Luz Cabrera de Aroca, María Fanny Aroca de Lasso, Rafael Díaz Charry y Misael Díaz Charry, solicitados por la parte actora, y los de Joaquín Cabrera Cabrera y Justo Aroca Aldana, de la parte demandada, de los cuales indica el tribunal que a pesar del indicio en contra de los demandados que halló por su actitud al momento de contestar la demanda, apreciados en su conjunto, “no permiten decir que los elementos estructurales de la posesión notoria tengan figuración en el presente proceso”, como tampoco encontraron respaldo probatorio las causales contempladas en los numerales 4º y 5º, del artículo 6º, esto es, las relaciones sexuales y el trato personal y social dado por el presunto padre a la madre durante el embarazo y parto.

Del análisis individual que el recurrente hace de las apreciaciones de los testimonios, en los que, a su juicio, el tribunal erró en forma ostensible, el casacionista no alcanza a acertar en sus censuras, sencillamente porque sus conclusiones no son las únicas posibles y que llevaron al fallador a deducir la inexistencia de la paternidad demandada. La censura al atribuirle yerros en la apreciación probatoria al tribunal, parte de un supuesto consistente en darle u otorgarle su propia valoración a cada uno de los testimonios atacados. Luego, en el fondo se trata de apreciaciones propias del recurrente que contrapone a las del ad quem, las que además de no demostrar plenamente el error denunciado, tampoco ponen de manifiesto que sean las únicas posibles y razonables que, de contera, coloquen lo dicho en el fallo impugnado como contraevidente o absurdo.

En efecto: María Luz Cabrera de Aroca afirmó conocer tanto a Octavio Garzón, como a Fanny Aroca y a Clara Mireya, a esta última desde que nació porque atendió el parto, e indica que si bien Octavio y Fanny nunca convivieron pero sí tuvieron una hija y que aquél le decía lo mucho que la quería por ser su única hija mujer, pero que no le consta nada referente a la ayuda económica que le prestó el presunto padre a la actora, porque desde cuando ésta tenía cinco años se fue a vivir lejos de la vereda junto con su madre.

María Fanny Aroca de Lasso, indica que cuando la demandante tenía unos siete u ocho años el presunto padre le pasaba plata para estudio y los gastos por ser su padre, y que esa ayuda duró unos tres o cuatro años.

Rafael Díaz Charry, manifestó conocer a Clara Mireya desde pequeña por haber sido vecinos y que todo el mundo conocía que Octavio era el padre de la niña por el tratamiento que le daba. Asimismo afirmó constarle que tanto Fanny como la demandante le pedían plata a Octavio y éste le dio ayuda económica hasta que falleció.

Misael Díaz Charry, igualmente dijo haber conocido a Fanny por razones de vecindad y a Octavio por ser paisanos y los veía a ambos como novios en fiestas en San Francisco y peñas Blancas y que cuando Fanny quedó embarazada la siguió frecuentando y a la niña le daba plata y comida y la presentaba como su hija, durando este tratamiento toda la vida del presunto padre.

Joaquín Cabrera Cabrera, manifestó no conocer los hechos ni haber oído ningún comentario al respecto, a pesar de haber sido amigo íntimo de Octavio, quien nunca le dijo nada sobre la existencia de una hija.

Justo Aroca Aldana, quien a pesar de ser pariente de Octavio y de Fanny, tampoco le constan los hechos expuestos en la demanda y solamente conoció los hijos que tuvo Octavio con Enriqueta Aroca.

Dentro de las diversas presunciones establecidas en la ley para la declaración judicial de la paternidad extramatrimonial, está la consagrada en el numeral 6º del artículo 6º de la Ley 75 de 1968, esto es, la posesión notoria del estado de hijo, la que se estructura cuando el padre ha tratado al hijo como tal por un término de cinco años continuos por lo menos, proveyendo a su subsistencia, educación y establecimiento y como consecuencia de ese comportamiento, los deudos y amigos o el vecindario en general, lo consideran como hijo de dicho padre.

Según doctrina jurisprudencial reiterada, los elementos que tipifican la posesión notoria del estado civil de hijo extramatrimonial son tres: El trato, al fama y el tiempo, los que serán aceptados por el juzgador cuando los testigos citados al proceso con el fin de acreditar dicha posesión, depongan de manera concreta sobre los hechos que presenciaron y que permitan deducirla, pero, además, como también lo ha precisado esta corporación, para que la posesión alegada autorice la declaración judicial de paternidad tiene que haber durado cinco años continuos por lo menos. Así, entre otras muchas providencias, la Corte en sentencia de 31 de agosto de 1983 dijo: “La mencionada posesión de estado y la causal de relaciones sexuales son, sin lugar a dudas, los fundamentos en que, con mayor frecuencia, se apoyan las demandas de filiación extramatrimonial. Y de estos dos motivos, es la posesión notoria del estado de hijo el que, una vez demostrado a plenitud, deja más satisfecha la conciencia del fallador y más plena de convicción su mente, porque para que esta posesión de estado se ofrezca, menester es que el padre haya dejado una profunda huella de reconocimiento de su paternidad, huella que, además, debe ser pública y no privada, prolongada en el tiempo y no fugaz, continua al menos por un quinquenio y constituida por un comportamiento realizado en presencia de deudos y amigos o del vecindario en general, con tal intensidad, reiteración y de manera tan inequívoca que los vecinos, allegados o amigos hayan reputado al hijo como tal, o virtud del mencionado hayan reputado al hijo como tal, a virtud del mencionado comportamiento del presunto padre. La posesión notoria no surge de improviso, no es situación que sobrevenga en el sentido de presentarse inopinadamente, es una posición fáctica que sólo se va moldeando y definiendo con el paso incesante y prologado de los días y con la reiteración pública, no secreta, de comportamientos que deudos y amigos, o del vecindario del domicilio en general, van grabando en la conciencia popular la certidumbre de que el beneficiario de esa posesión de estado tiene que ser hijo extramatrimonial de quien así provee a su subsistencia, educación y establecimiento” (G.J. CLXXII, págs., 165-166). Y en sentencia de 5 de julio de 2000, expediente 5421, aún no publicada, precisó: “Hácese ver, también, que según, el artículo 9º, de la Ley 75 de 1968, sustitutivo del artículo 398 del Código Civil, “Para que la posesión notoria del estado civil se reciba como prueba de dicho estado, deberá haber durado cinco años continuos por los menos”, disposición aplicable a la filiación extramatrimonial por mandato del artículo 10 de la citada ley, y, que conforme el artículo 399 del mencionado estatuto, “la posesión notoria del estado civil se probará por un conjunto de testimonios fidedignos, que la establezca de un modo irrefragable...”.

De lo expuesto es preciso destacar que la prueba testimonial para acreditar esa posesión de estado debe ser plural, es decir, dos testigos, número mínimo que debe darse “para que prueba predicarse la existencia de un conjunto” (1) , rendida por persona de la mayor credibilidad, que demuestre de materia incontrastable que los deudos y vecinos del presunto padre o el vecindario del domicilio en general, a consecuencia del trato dado por aquél, adquirieron la certidumbre de la paternidad con respecto al hijo que la impetra, por haber percibido de manera reiterada determinados hechos, durante el tiempo exigido por la ley, para que con base en esas declaraciones pueda el juez confrontar esos relatos con lo previsto en la norma y determinar si se configura o no la posesión notoria, pues como lo ha sostenido la Corte, para demostrar esta causal “...no basta que los testigos digan en forma genérica que el demandante era tratado como tal; requiérese que claramente se refieran, ya individualmente, ya en conjunto, a que el hombre, señalado como progenitor, proveyó a la subsistencia de quien se dice hijo, a su educación y establecimiento y, además, que se pruebe que, en virtud de tal tratamiento, sus deudos o amigos o el vecindario del domicilio en general lo haya reputado como hijo de dicho padre” (Cas. Civil, ago. 21/75).

(1) Cas. Civil. Sent. 039 de 14 de abril de 2000.

Lo anterior significa, que los testimonios rendidos deben reflejar un conjunto de hechos constantes, corroborantes unos de otros e inequívocos, realizados por el presunto padre, orientados a mantener, educar o establecer a la demandante durante un tiempo mínimo de cinco años, y no que que se refieran a hechos aislados, esporádicos, que no permitan identificar el propósito señalado, pues en esta eventualidad no podría decirse que son expresivos del trato dado por el presunto padre a su hijo.

Respecto al elemento fama requerido para la declaración de la posesión notoria, se reitera por la Sala que ésta no es cuestión de rumor, sino que corresponde a la certeza existente entre los vecinos, amigos y deudos del presunto padre y a causa del trato dado por éste al hijo extramatrimonial, atendiendo a su educación, subsistencia y establecimiento, que entre los dos existe el parentesco reclamado.

Examinadas las declaraciones que se reseñaron anteriormente y en las que se apoyó el tribunal para revocar la sentencia de primera instancia, se observa que no dan cuenta que Octavio Garzón Aroca hubiese tratado a Clara Mireya Aroca, como hija extramatrimonial por el tiempo exigido en la ley, es decir, durante cinco años continuos por los menos, suministrándole lo necesario para su subsistencia, educación y establecimiento, pues los episodios, o hechos relatados por los testigos son esporádicos, aislados, unos se refieren a que Octavio le daba plata para el estudio y los gastos, pero inclusive María Fanny Aroca de Lasso indica que esa ayuda se extendió por unos tres o cuatro años, y solamente María Luz Cabrera de Aroca habla del alumbramiento por haber atendido a Fanny en el parto, y por el contrario, los testigos arrimados por los demandados, afirman no haber sabido de la existencia de esta hija a pesar de la amistad que mantuvieron con el presunto padre. Es decir, de estas declaraciones no se puede establecer de manera irrefragable que se den los presupuestos exigidos en la ley para declarar la paternidad deprecada con base en la posesión notoria del estado de hijo extramatrimonial.

No se observa entonces que el tribunal hubiera analizado las pruebas sin respetar la finalidad del contenido que muestran, que las hubiera alterado para restringirles, ampliarles o cambiarles su contenido real, por lo que ha de concluirse que no incurrió en error de hecho en la apreciación probatoria, pues como lo ha reiterado esta corporación, no hay error de hecho cuando la interpretación del juzgador del acervo probatorio resulta razonable y lógica, a pesar de que la que exponga el censor también puede serlo, ni cuando obedezca a la selección hecha por el tribunal de un grupo de testigos frente a otro, dado que al acoger el sentenciador el grupo que el ofrezca mayores elementos de convicción, desestimando los demás, está en ejercicio de la autonomía que se señaló anteriormente, siempre, claro está, dentro de los márgenes de la lógica y la razón.

En relación con la afirmación del recurrente respecto al indicio grave en contra de los demandados derivado de la falta de oposición a las pretensiones 1ª y 2ª de la demanda, no observa la Sala que tal indicio se hubiera configurado, a pesar de lo dicho por el tribunal, pues los demandados simplemente afirmaron que aceptaban que se declara que la demandante es hija extramatrimonial de Octavio Garzón Aroca y que en consecuencia tiene los derechos personalísimos y patrimoniales que esta calidad le confiere según la ley “siempre y cuando el despacho lo ordene mediante sentencia”, lo que revela simplemente su voluntad de acatar el fallo que se profiriera en ese sentido. Por lo demás, al referirse a los hechos en la contestación de la demanda, expresamente manifestaron que Octavio Garzón siempre negó la paternidad de la demandante frente a sus hijos y su compañera.

Por consiguiente no se abre paso el cargo en estudio.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 22 de noviembre de 1996 pronunciada por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Neiva, en el proceso ordinario de filiación extramatrimonial y petición de herencia promovido por Clara Mireya Aroca contra Luis Felipe Garzón Aroca, Octavio Mauricio Garzón Aroca y Carlos Andrés Garzón Aroca, menores de edad representados por su señora madre Enriqueta Aroca Aldana, Benjamín Garzón Aroca, William Garzón Aroca y herederos indeterminados de Octavio Garzón Aroca.

Condénase en costas del recurso a la parte recurrente. Tásense en su oportunidad.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

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