Sentencia 6497 de agosto 12 de 1992 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

PROHIBICIÓN DE LA REFORMATIO IN PEJUS

LOS ABSUELTOS TAMBIÉN SE BENEFICIAN

EXTRACTOS: «No puede la Corte dejar sin comentario la tesis planteada por el Procurador Delegado, en el sentido de que la reformatio in peius únicamente la prohíbe la Constitución en tratándose de condenados:

"Como el señor Iván José Torres fue absuelto en primera instancia y en segunda fue condenado imponiéndosele una pena de cinco años, consideramos que en este caso no es dable dar aplicación al artículo 31 de la Carta Fundamental, teniendo en cuenta que en ella con toda claridad se establece que cuando el condenado sea apelante único el superior no podrá "agravar la pena impuesta".

Si no se puede agravar la pena impuesta necesariamente se debe entender que debe existir una pena previamente aplicada, así sea mínima, que se hubiese establecido en contra de una persona. Cuando en primera instancia un individuo es absuelto, no está ante la situación contemplada en el artículo 31 del mandato constitucional, que claramente se refiere a: a) El condenado, que no puede ser asimilado al absuelto, y menos frente a un principio constitucional b) La pena impuesta (que no puede agravarse), concepto forzosamente que contiene el de la imposición antecedentes de punibilidad, como presupuesto necesario. Es todo lo opuesto del absuelto al que NO SE LE IMPONE PENA ALGUNA. c) Agravar, que parte de una petición de principio referida a la punibilidad, visto que se refiere a agravar la pena impuesta, lo que lleva a concluir que lo agravado ya preexiste (sic) como pena impuesta. La norma no se refiere a agravar la situación procesal, v.gr., en donde cabría la interpretación extensiva que algunos le dan al texto. Pero no en el actual del artículo 31 C. N.

Por otra parte, entender el mandato de la Carta Magna en otra forma sería una interpretación que sobrepasaría lo permitido por la propia Constitución y que terminaría acabando con el principio de la doble instancia que también tiene el carácter de constitucional, por estar incluido en el artículo 29 de la misma" .

Esta prohibición contenida en el artículo 31 de la Carta, debe entenderse dentro de un sentido lógico y normal, que es el de que los sindicados y sus defensores únicamente recurren de los fallos de condena, pero no de los absolutorios. Por eso esta última hipótesis no la contempla expresamente la norma en comento, sin que ello signifique que dentro de una interpretación teleológica no sea posible entenderla también comprendida en ella.

En efecto. Cuando la posibilidad de que el superior conozca de la sentencia depende únicamente de la voluntad del procesado o su defensor, porque ella no es consultable ni fue recurrida por ninguno de los otros sujetos procesales, ha querido el constituyente establecer en su favor que su situación penal no pueda desmejorarse. Y como se partió del supuesto ordinario, esto es, que sólo se impugnan las decisiones desfavorables, pues obviamente se habló de "condenado" y no de absuelto, porque, repítese, no es normal el caso de que un absuelto apele del fallo que lo exoneró de responsabilidad, aunque el evento en verdad puede presentarse, como por ejemplo, si para eludir el pago de los perjuicios causados, se pretende con la apelación que el superior confirme la absolución fundada en una causal de inculpabilidad (defensa putativa), pero bajo la motivación de reconocer que la defensa fue legítima. Si el apelante fue sólo el absuelto o su defensor, para la Sala es claro que su situación no puede ser desmejorada por el juzgador de segundo grado, porque si bien no tenía la condición de condenado a que alude la Constitución, Sí se dan, en su caso, los mismos presupuestos que justifican la prohibición.

Una interpretación en contrario conduce al absurdo de que el condenado a 20 años, por ejemplo, no puede sufrir ni el más mínimo incremento punitivo si es apelante único, mientras que el absuelto, si también es único recurrente, sí puede ser condenado a cualquier pena, de conformidad con la resolución de acusación. Aceptar esto, sería admitir que el procesado absuelto puede tener interés legítimo en que se le condene, porque sólo así se podría entender su legitimación para recurrir, y esta afirmación es insostenible de acuerdo con los principios procesales y de cara al artículo 31 superior.

Así lo ha resuelto esta Sala en proveídos de 9 de abril (Mag. Pte. Dr. Dídimo Páez Velandia) y S de agosto (Mag. Pte. Dr. Gustavo Gómez Velásquez) del presente año».

(Sentencia de casación, agosto 12 de 1992. Radicación 6497. Magistrado Ponente: Dr. Guillermo Duque Ruiz).

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