Sentencia 6499 de abril 1º de 2003 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

ABUSO DEL DERECHO

DETERMINACIÓN DE LOS PERJUICIOS

Ref.: Expediente 6499

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Santos Ballesteros

Bogotá, D.C., primero de abril de dos mil tres.

Antecedentes

Con demanda que por reparto correspondió al Juzgado Sexto Civil del Circuito de Medellín, los catorce demandantes anunciados convocaron a proceso ordinario a los aludidos demandados, en relación con la negociación de unas acciones en la sociedad Compañía Textil Colombiana S.A. Satexco. La Corte sintetizará los hechos que fundan las pretensiones, que luego así mismo resumirá.

1. Narra la demanda que en 1951 se constituyó Satexco S.A., la cual “fusionó industrialmente“ un grupo conformado por colombianos antes llamado Tejidunion, —que aportaron la planta industrial y su base inmobiliaria en Itagüí— con la tecnología francesa del grupo DMC o Dollfuss Mieg & Cie.

Satexco, aunque tiene nacionalidad colombiana, es una filial de Elvara Limited, que es la titular de la casi totalidad de sus acciones y además subordinada de Dollfuss Mieg & Cie., DMC, matriz de las dos compañías mencionadas.

De acuerdo con los estatutos de Satexco su capital suscrito es de 2.290.296 acciones. En la asamblea de accionistas del 15 de septiembre de 1989 se hizo un quórum con 1.713.508 acciones, de las cuales 1.612.062 (un 94% aproximadamente) eran de propiedad de Elvara Limited. Esta compañía, antes de haber adquirido las acciones del denominado grupo Tejidunion en Satexco, tenía en esta sociedad el 76.44%: era “la única voluntad deliberante de Satexco”.

Elvara Limited es manejada a su vez por la matriz francesa, DMC, ninguna de las cuales tiene sucursal, ni agencia, ni subordinada o filial en Colombia, distinta de Satexco.

El grupo minoritario —denominado en la demanda como el grupo Tejidunion— quedó maniatado desde la constitución de Satexco, para la negociación de sus acciones, dado que en los estatutos se pactó el derecho de preferencia en la negociación de las mismas. Y en esos estatutos se pactó también la prohibición a los administradores de la sociedad de adquirir por sí o por interpuesta persona acciones de Satexco, salvo por operaciones ajenas a especulación y con autorización de la junta directiva.

El 25 de septiembre de 1987, los demandantes recibieron carta con membrete de DMC pero suscrita por el presidente de Satexco (Dominique Thiriez) —“con lo cual esta tomó la personería de aquella”—, en la que se aludía a la política prudente de distribución de utilidades pero con el efecto compensatorio de la mayor valorización de la acción, política que sin embargo, no beneficiaba al accionista sino en caso de venta de sus acciones, “la cual hoy en día es difícil, al no existir mercado abierto para dichas acciones“. Seguidamente se proponía en la comunicación la compra de acciones en Satexco, a “$ 700 por acción a diciembre de 1987”, oferta esta dirigida al grupo familiar Tejidunion que contaba con 434.000 acciones.

El 26 de enero de 1989 Inversiones Rosyco Ltda. como líder de los accionistas minoritarios, remitió carta a Dominique Thiriez, como representante de Satexco, en la que mencionaba que el precio antes ofrecido no satisfizo a varios de los accionistas, pero que la mayoría tenía interés en vender toda su participación en Satexco, y que había muchas posibilidades de enajenarlas a Suramericana de Seguros, la que estaba interesada en estudiar los estados financieros de diciembre de 1988, cifras en las cuales —observó el firmante de la carta, Darío Mejía Medina— tienen particular importancia la maquinaria, ya estudiada por la entidad Colpatria, los agroexportables y terrenos y edificios. Solicitaba en consecuencia la colaboración de Satexco para que se hiciera ese estudio en el que se pudiera establecer el precio que reflejara el esfuerzo de 38 años de posesión. La petición no fue debidamente atendida por Satexco ni por DMC.

En carta del 16 de agosto de 1989, Camilo Mora Montoya, “por Guy Castillo” dijo a Darío Mejía, en papel de DMC, que se comprarían 225.000 acciones a $ 680, esto es, a un valor inferior al ofrecido dos años atrás, alegándose los resultados esperados para 1989, el endeudamiento de la empresa, el requerimiento de inversiones y la desaceleración del crecimiento de la economía colombiana. “De esta manera el gerente general Camilo Mora Montoya, mandatario de todos los accionistas, resultó interviniendo en la baja del precio por acción, como también el primer suplente del gerente Ovidio Arango Franco, en perjuicio de los accionistas minoritarios oferentes”.

En respuesta a esa propuesta, Darío Mejía Medina manifestó que no encontraba ningún argumento para desvirtuar el hecho real de que en dos años las utilidades aumentaron, como también las reservas y activos, que los accionistas no querían seguir como socios y que sugería un avalúo de un tercero, propuesta que no aceptaron “ni le dieron el trámite de rigor estatutario a la oferta de enajenación. Antes bien, Camilo Mora, ratificó la oferta, firmando por Guy Castillo”.

Las asambleas de accionistas de 1988 y 1989 no fueron informadas de las ofertas de negociaciones de acciones, ni Satexco hizo la publicación en los periódicos ni envió cartas a los accionistas, en las que se comunicara la oferta de enajenación. Y tampoco se tramitó autorización de la junta directiva para que Camilo Mora pudiera intervenir como comprador agente oficioso dado que era gerente de Satexco.

En carta del 25 de septiembre de 1989 Inversiones Rosyco Ltda. anunció a Satexco la intención de traspasar sus acciones a Nelly Angulo de Botero, Mariela Angulo de Jaramillo, Elena Medina Puerta, Luz Mejía de Vives, Rosa Elena Santamaría de Robles, Lucía Villegas de Vargas, Martha Medina de Posada, Carlos Medina Puerta, Oscar Guillermo Osorio, Ángela Inés Osorio de Gómez y a Darío Mejía Medina. A pesar de que no eran accionistas los siete últimos, Satexco no dio cumplimiento al trámite del derecho de preferencia pactado.

En la misma fecha Rosa Elena Santamaría de Robles dijo ceder a Elvara Limited 2890 acciones en Satexco, pero no entregó título alguno ni lo endosó “porque no tuvo nunca dicho título“ ni se pudo por tanto dar cumplimiento al artículo 26 de los estatutos ya que esas acciones y su título seguían perteneciendo a Inversiones Rosyco Ltda. Lucía Villegas hizo lo mismo con 686 acciones, Martha Medina de Posada lo mismo con 931 acciones, Carlos Medina Puerta lo propio con 1176 acciones, Óscar Guillermo Osorio con 318 acciones, Ángela Inés Osorio de Gómez con 318 acciones y Darío Mejía Medina con 3527 acciones, todas de Inversiones Rosyco Ltda, cuya pertenencia aún detentaba.

Similar operación ocurrió con 64.500 acciones que Inversiones D. Mejía & Cía. SCS dijo traspasar a Francisco Londoño y que éste las dijo transferir a Elvara Limited, cuando aún no las había adquirido, ni había llenado los requisitos estatutarios. Francisco Londoño, no era accionista de Satexco. Y lo mismo con 28.000 acciones que Luz Mejía de Vives dijo pasar a Libia Corrales —tampoco accionista— la que a su vez dijo ceder a Elvara Limited, no obstante que tampoco ella había recibido el título que la acreditaba como accionista, ni se llenaron los requisitos de su ingreso como socia.

En general Satexco no le entregó a ninguno de los cesionarios no accionistas los títulos de las acciones que habían adquirido de Inversiones Rosyco Ltda, Inversiones D. Mejía & Cía. SCS y Luz Mejía de Vives.

Pero días antes de estas negociaciones, el 15 de septiembre de 1989, se reunió la asamblea de accionistas, a la que asistieron algunos otros socios además de los conformantes del grupo Tejidunion, que aún no habían entregado sus cartas de cesión o de oferta de cesión, fechadas en general 25 de septiembre de 1989. A esos otros socios Satexco no les dio traslado ni en la asamblea, ni por aviso de prensa, ni por carta recomendada, ni antes ni después de esa reunión, de las comunicaciones de cesión de acciones a terceros no accionistas hechas por Inversiones Rosyco Ltda., Inversiones D. Mejía & Cía SCS y Luz Mejía de Vives.

Camilo Mora, como representante legal de Satexco y simultáneamente diciéndose —sin tener facultades estatutarias— agente oficioso de Elvara “readquirió y pagó, con fondos de la propia Satexco” las predichas acciones que eran de Inversiones Rosyco Ltda, Inversiones D. Mejía & Cía SCS y Luz Mejía de Vives y habían sido ofrecidas a terceros no accionistas. Ni obtuvo permiso de la junta directiva ni de la asamblea.

(...).

Consideraciones

Parte el cargo del razonamiento según el cual como en el abuso del derecho se pide la indemnización de los perjuicios que el mismo ocasiona, y esa indemnización o reparación debe ser plena, la del tribunal no lo fue por tres razones: primero, porque sólo la estimó en un porcentaje del valor comercial de la acción, pues partió la sentencia de la mitad del valor comercial como si se tratara de lesión enorme; segundo, porque no reconoció el reajuste monetario bien de la suma determinada o ya de la que de conformidad con la anterior censura debió haber deducido, y tercero, porque si se trata de una reparación integral debió condenarse a Elvara al pago del lucro cesante, representado en los intereses causados a la tasa legalmente aplicable sobre la parte no pagada del precio. Y todo esto se deriva de la violación del artículo 830 del Código de Comercio, sin determinar si esa violación fue directa o producto de errores cometidos por el tribunal en el campo de las pruebas, con lo cual debe decirse que el cargo adolece de falta de precisión.

Pues bien, puesta la Corte en la labor de interpretar el cargo, debe descartar, de entrada, que el mismo se haya encaminado por la senda de la violación indirecta de la ley sustancial, porque en él no se alude a prueba alguna. De modo que si la violación del artículo 830 del Código de Comercio fue el producto de una interpretación errónea del mismo, a consecuencia de lo cual sólo reconoció el tribunal una parte del perjuicio (la mitad del precio justo, sin actualización y sin intereses) se deben examinar los tres ataques a efectos de verificar si todos caben dentro de la errónea interpretación que se le endilga al tribunal.

1. En cuanto a los dos últimos, referidos a que no se actualizó la diferencia dejada de pagar por Elvara ($ 473,00) ni se reconocieron intereses, debe advertirse que el recurrente equivocó la vía pues se trata esta censura de un error de actividad del tribunal, es decir, constituye uno de los eventos en que puede incurrir el fallador en errores de procedimiento atacables en casación por causal distinta de la primera, y en este por la segunda, por no hacer actuar, aún de oficio, claros mandatos previstos en la ley. En asunto similar dijo la Corte recientemente: “si, como se deja señalado, el ad quem, en estricto sentido, no decidió favorable o adversamente la solicitud de indexación elevada por ... y en concepto de este, ello procedía, porque la reparación del daño emergente lleva implícita la actualización de su valor, ora porque debía actuarse oficiosamente en desarrollo de la equidad y de la integralidad tanto de la indemnización como del pago, ha de entenderse que el silencio guardado sobre el particular por el tribunal equivale a que él pudo dejar sin resolver un punto integrante del litigio que merecía desatarse, error de conducta del ad quem que vendría a tipificar la incongruencia del fallo y, por lo mismo, que estará enmarcado en la segunda de las causales que el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil contempla para la procedencia del recurso extraordinario de casación”. Y más adelante remata: “inanes resultan por su desatino los cargos que se estudian pues ante la ausencia de resolución por parte del Tribunal del preciso punto de corregir monetariamente el valor de la indemnización que fijó en $ 25.000.000 impropio es controvertir, con apoyo en la causal primera de casación, la supuesta desestimación de ese pedimento, pronunciamiento que, reitérase, no llegó a hacer dicho sentenciador“ (Sent. de Cas. Civil, feb. 20/2003, exp. 6345).

2. En relación con la primera censura (que critica la fijación del justo precio de la acción en solo la mitad de su valor comercial), debe señalarse que los criterios para la determinación del abuso de derecho en un caso concreto no han sido definidos por la ley, pues de manera escueta ella solo se limita a pregonar que “el que abuse de sus derechos estará obligado a indemnizar los perjuicios que cause“ (C. de Co., art. 830). Así, se ha señalado que tanto el dolo o deseo de causar daño, como la culpa, los límites objetivos del derecho del que se pregona su abuso, el fin económico y social de la norma que consagra el derecho, y hasta la moral social contemporánea han sido puestas como guías o pautas para aplicar la teoría del abuso de los derechos, sobre la base de la relatividad de los mismos. En suma, se le ha dejado al recto y sano criterio del fallador la configuración en un determinado caso de conductas que puedan ser calificadas de abusivas.

Pero este aserto no se extiende hasta la determinación de la existencia y cuantía del perjuicio inferido por actos abusivos, pues si bien el derecho a la reparación de los daños debe estar sustentado en la existencia del abuso como causa generatriz de responsabilidad, también es lo cierto que la condena a pagar los perjuicios causados por el mismo debe ir precedida tanto de la comprobación de que ese abuso ocasionó un perjuicio bien por daño emergente o lucro cesante o ya por daños extrapatrimoniales, que al caso no vienen, como de la acreditación de la cuantía de aquellos, lo que no siempre es labor de fácil ejecución, a tal punto que en este campo se le ha reconocido al juez un amplio poder de discreción, pero que (hoy con más veras en virtud de la L. 446/98, art. 16), debe en todo caso respetar los principios de la reparación integral, la equidad y los criterios técnicos actuariales.

No escapa a la Corte que este precepto últimamente mencionado no es aplicable al caso que se estudia, de ocurrencia anterior a la vigencia de la norma; pero debe resaltar que los principios que consagra han estado decantados por la doctrina —y en Colombia con base en los artículos 1613, 1616 y 2341 del Código Civil—, que desde el florecimiento del jusnaturalismo, ha sostenido como postulados básicos de la responsabilidad civil tanto que la reparación no debe ser fuente de enriquecimiento como que el damnificado debe recibir la reparación total del perjuicio sufrido, con las salvedades limitativas o extensivas que la ley o el libre acuerdo de las partes dispongan. Con todo, tampoco es ajena la Corte a la dificultad que en muchas ocasiones presenta la fijación del monto de los perjuicios, tema de preocupación legislativa y a que aluden los denominados “criterios técnicos actuariales“ y la “equidad“ mencionados en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, en vista de que se defiere al juez la fijación o determinación de situaciones complejas como el alcance de los perjuicios, esto es, hasta dónde ellos pueden ser considerados directos —es decir a cargo del responsable—, o la calificación de si fueron o no imprevisibles al tiempo del contrato para así poder saber si los debe cubrir el responsable del dolo, o, y este es el caso presente, cuál es la medida, si hay lugar, para calificar acertadamente un precio de “justo“, atendidas las leyes de oferta y demanda, el libre juego del mercado, las preferencias de cada cual, amén de las variables inherentes a la adquisición de participación en una empresa en marcha.

En este caso, en donde, valga repetir, se parte de la base de que existió abuso del derecho, de que el precio fue la suma de $ 680 por acción y de que el valor comercial de esa acción para septiembre de 1989, época de la negociación, era de $ 2.307, el tribunal consideró que la mitad de ese valor comercial “sería un precio justo en el concepto clásico del derecho“ y adujo que así elaboraba una construcción que remediaba el desigual e injusto trato que el legislador le da a la compraventa de bienes muebles, en vista de que ignora para ellas “el posible vicio que significa una enajenación por un precio injusto”, entendiendo por tal “el que es inferior a la mitad del precio comercial”.

Sin embargo, en este caso particular de abuso del derecho por venta de acciones a un precio notoriamente inferior al valor comercial que tenían para la época de la negociación, lo que se exige no es que se dilucide por el juzgador cuál pudo ser el precio “justo“, cuestión que como se vio entraña la ponderación de innumerables variables, sino cuál era la situación patrimonial consolidada de la víctima antes del acontecimiento dañoso (tenía una acción con valor comercial de $ 2.307) y cómo quedó después (recibió $ 680), pues se está frente a la protección del interés de confianza que desde Ihering se ha perfilado para distinguirlo del interés positivo de cumplimiento de un contrato (2) , que acá es impertinente, pues se parte de la base de que sí hubo cumplimiento del contrato de venta de las acciones, pero que en el proceso de formación del mismo, la sociedad compradora incurrió en prácticas abusivas con un contenido perjudicial para la otra parte, que dieron lugar a que el precio acordado fuese el producto de la manipulación de información y fuera así notoriamente inferior al valor que tenían las acciones en el momento del acuerdo de venta, configurándose por tanto, una lesión al interés de confianza que los contratantes se debían entre sí, y que en este caso concreto se patentiza y queda dilucidada por la diferencia entre el valor comercial de las acciones al momento de la venta y el precio recibido por ellas, sin que sea procedente en este asunto, se repite, auscultar otros tópicos (indexación, intereses, otros daños) bien porque la órbita de acción que el cargo eficazmente le dio a la Corte no lo permite, o ya porque esos otros daños no fueron pedidos.

(2) El interés negativo se situó en la legislación (§122 del BGB) y doctrinas alemanas para aquellos casos en que un contratante sufre un daño porque confío en la validez del contrato y desde luego en la buena fe del otro contratante, (“¡Oh si no me hubiese dejado engañar por las declaraciones de la otra parte!”), al paso que el interés positivo se enmarcó en aquél que la otra parte tiene en la validez y cumplimiento del contrato (¡Ah, si no obstante el negocio hubiese sido válido!“: Hedeman, J. W. Tratado de Derecho Civil, Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1958, V. I, pág. 125).

En el abuso del derecho que aquí se trata, debe aplicarse el mismo tratamiento jurídico que la doctrina más acreditada (v.gr. Cupis, el Daño, pág. 356) destina a la determinación de los daños que se irrogan en caso de culpa in contrahendo, esto es, el tratamiento que parte de la base de la violación de un interés de confianza, pero obviamente teniendo en cuenta que los supuestos de hecho de la culpa in contrahendo (ruptura abrupta de negociaciones, nulidad provocada conocida o conocible) tienen sus particulares aristas frente al del abuso del derecho en la formación de un contrato valido, la principal referida a la lesión de una situación patrimonial consolidada para el caso de esta última figura al paso que sólo por excepción, se reconocerá la pérdida de una oportunidad, en la culpa in contrahendo del artículo 863 del Código de Comercio (cfr. Sent. Cas. Civil, jun. 27/90, G.J. 2439, pág. 305).

En consecuencia, al prosperar parcialmente el cargo, a la Corte, como tribunal de instancia, sólo le resta por decir que si el valor comercial de la acción fue de $ 2.307 para la época de la negociación y si los actores que resultaron gananciosos y que impetraron el recurso de casación recibieron $ 680 por cada una de las que vendieron a Elvara, debe esta sociedad reparar el perjuicio que por abuso del derecho irrogó a los demandantes, tasado él en la diferencia entre estos valores, pues allí se materializa el postulado de la reparación integral, porque se tiende a dejar a las víctimas de las conductas abusivas en la misma situación patrimonial que tenían antes de que esas conductas produjeran el resultado dañoso, focalizado en la recepción de un precio inferior al valor comercial de la acción.

Por tanto debe completar Elvara la suma de $ 1.627 por cada acción que compró de acuerdo con la siguiente relación: Francisco Londoño 46.480 acciones; Libia Corrales 33.584 acciones; Matilde Eugenia Cano 7.076 acciones; María Cristina Mejía de Mejía 3.796 acciones; Ricardo Mejía Cano 2.154 acciones; Juan Camilo Mejía Cano 3.648 acciones; Elena Medina puerta 5.355 acciones; Pablo Miguel Vives M. 4.405 acciones; herederos de Luz Mejía de Vives 3.800 acciones; y Jorge Ignacio Vives Mejía por 3.800.

Se modificará en ese sentido la sentencia del tribunal que en las demás decisiones queda igual.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley CASA parcialmente la sentencia proferida el veinte (20) de noviembre de mil novecientos noventa y seis (1996) por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Civil, dentro del proceso ordinario promovido Por Gustavo Adolfo Vives Mejía, Jorge Ignacio Vives Mejía, Pablo Miguel Vives Mejía, Luz María Vives Mejía, herederos de Luz Mejía de Vives, Helena Medina Puerta, Juan Camilo Mejía Cano, Ricardo Mejía Cano, María Cristina Mejía de Mejía, Matilde Eugenia Cano de Mejía, Libia Corrales, Francisco Londoño, Inversiones D. Mejía & Cía S. en C., Inversiones Rosyco Ltda. En Liquidación, Contra Compañía Textil Colombiana S.A. Satexco, Elvara Limited, Dollfuss Mieg & Cie., Dominique Thiriez y Camilo Mora Montoya.

Costas del recurso de casación a cargo de Elvara Limited. Tásense.

Como tribunal de instancia,

RESUELVE:

“Se revoca la sentencia apelada cuya fecha y procedencia se indicaron en la motivación y en su lugar:

“1. Declara probada la excepción mixta de falta de legitimación en la causa por pasiva en relación con las pretensiones de nulidad absoluta de la enajenación de acciones propuesta por los demandantes en contra de los demandados“.

2. Condena a Elvara Limited a indemnizar por abuso del derecho en la compra de acciones de Satexco, a razón de $ 1627 por cada acción adquirida de los siguientes demandantes: Francisco Londoño 46.480 acciones; Libia Corrales 33.584 acciones; Matilde Eugenia Cano 7.076 acciones; María Cristina Mejía de Mejía 3.796 acciones; Ricardo Mejía Cano 2.154 acciones; Juan Camilo Mejía Cano 3.648 acciones; Elena Medina puerta 5.355 acciones; Pablo Miguel Vives M. 4.405 acciones; Gustavo Adolfo Vives 3.800 acciones; Luz María Vives 4405 acciones; herederos de Luz Mejía de Vives 3.800 acciones, y Jorge Ignacio Vives Mejía 3.800 acciones.

“3. Se desestiman las pretensiones indemnizatorias formuladas en contra de codemandados“.

“4. Se declara probada la excepción mixta de falta de legitimación en la causa por pasiva con respecto a las pretensiones de inoponibilidad formuladas por las demandantes Inversiones Rosyco Ltda. en liquidación representada por su liquidador Darío Mejía Medina, Inversiones Darío Mejía y Cía. SCS representada por Darío Mejía Medina, y herederos de Luz Mejía de Vives en referencia con las acciones que enajenó a personas distintas de la codemandada Elvara Limited”.

“5. Las costas de ambas instancias serán a cargo de Elvara Limited y a favor de Francisco Londoño; Libia Corrales; Matilde Eugenia Cano; María Cristina Mejía de Mejía; Ricardo Mejía Cano; Juan Camilo Mejía Cano; Elena Medina Puerta; Pablo Miguel Vives M.; Gustavo Adolfo Vives M.; Luz María Vives M. y herederos de Luz Mejía de Vives, y a favor de Elvara Limited, en un 50%“.

“Elvara Limited pagará costas en ambas instancias a favor de Jorge Ignacio Vives Mejía, en un 50%” (sentencia adicional).

“6. “...Condenar en costas a todos los demandantes en un 100% y a favor de Satexco S.A., Dollfuss & Mieg y Cie., Dominique Thiriez y Camilo Mora Montoya“.

Notifíquese y devuélvase al tribunal de origen.

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