Sentencia 6501 de octubre 7 de 1992 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

JURADO POPULAR

NO SE CONTEMPLA EN LA CONSTITUCIÓN

EXTRACTOS: «La Sala en reiterados pronunciamientos ha venido sosteniendo que la circunstancia de que el juzgamiento lo realice un juez de derecho y no el de hecho, no constituye una vulneración ni al debido proceso, ni al derecho a la defensa. Solamente se conservó el derecho a esa forma de juzgamiento cuando la diligencia de audiencia pública ya se hubiera iniciado y esto por expresa disposición de la ley en tal sentido. Y la conclusión no podría ser otra, porque no se ve de qué manera pueda afectarse cualquiera de las mencionadas garantías fundamentales, cuando la forma de juzgamiento, ciertamente modificada se conserva dentro de la órbita de la justicia ordinaria, dejando plenos los derechos de intervención en la audiencia, no sólo en el plano de las argumentaciones, sino desde la perspectiva probatoria; con ello están plenamente garantizados tales derechos.

(...).

A pesar de que esta Sala se ha pronunciado reiteradamente en relación con este aspecto, la alegación del recurrente tenía razón de ser porque está fundamentada en el Decreto 0050 de 1987 y cuando aún la Constitución de 1991 no era suficientemente conocida; pero lo que fue objeto de controversia en vigencia de la Constitución de 1886 ya no puede serlo en virtud de lo previsto en el art. 116, inciso 4º de la nueva Carta en cuanto dispone que: “los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley”.

Así las cosas, la previsión constitucional transcrita permite concluir con toda claridad que mientras ella rija sin modificaciones, el jurado de conciencia no podrá existir en este país, razón por la cual, como se decía en precedencia, lo que fue objeto de polémica ya no puede serlo, puesto que todas las situaciones deben ajustarse a la realidad constitucional ahora imperante.

En consecuencia, no hay lugar a pensar que en este momento, con la nueva realidad política que nos gobierna, pudiera realizarse una audiencia pública con intervención del jurado popular cuando ello evidentemente no es posible.

El cambio producido por la reciente Ley Fundamental es tan radical, que incluso, en aquellos casos en los que al entrar a regir el Decreto 1116 de 1989, que suprimió el jurado de conciencia los cuales las audiencias públicas ya iniciadas deben realizarse con la intervención de aquel y no se llevaron a cabo antes del 7 de julio de 1991, ya no se podría cumplir con ese procedimiento, porque ahora las normas de máxima jerarquía lo impiden.

(Sentencia de casación, octubre 7 de 1992. Radicación 6501. Magistrado Ponente: Dr.Édgar Saavedra Rojas).

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