SENTENCIA 6520 DE FEBRERO 14 DE 1992

 

Sentencia 6520 de febrero 14 de 1992 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

TRANSACCIÓN

NO SE PERMITE SOBRE DERECHOS DE MENORES

EXTRACTOS: «Obran en el expediente copias autenticadas de dos documentos, en los cuales, en el primero (al folio 4 del C. N° 2) Heriberto Ramírez Gómez y Margarita Villalba de Ramírez,

“...obrando en nuestro propio nombre y en el de los nietos menores John Jairo y Julio César Ramírez Cardona, manifestamos:

Que nuestro hijo y padre de los menores arriba señalados señor Joaquín Ramírez Villalba (q. p. d.) fallecido el 16 de marzo de 1989 a consecuencia del accidente de tránsito causado por el campero Land Rover de placa OW-3084 de propiedad de la Corporación Autónoma Regional del Quindío conducido por el señor Luis Fernando García y asegurado en la Compañía de Seguros La Previsora, que estamos de acuerdo en que la señora María Gladys Cardona madre legítima y tutora de nuestros nietos efectúe la reclamación y arreglo formal que ha ofrecido la Compañía Seguros La Previsora S. A. relacionado con el pago de la indemnización por la muerte de nuestro hijo.

En consecuencia desistimos de toda acción o reclamación que pudiera derivarse a consecuencia de este accidente y por lo tanto retiramos el poder dado al abogado William Franco Agudelo identificado con la tarjeta profesional (licencia temporal N° 0240 del T. S.) y cédula N° 7.529.529 de Armenia firmado por nuestras partes el 12 de mayo de 1988, ya que nuestro apoderado no ha iniciado el proceso y los directos herederos han efectuado la transacción con la Compañía de Seguros La Previsora S.A. La Corporación Autónoma Regional del Quindío y el señor Luis Fernando García, declarándolos a paz y salvo”.

Y en el segundo documento, la señora María Gladys Cardona, en su carácter de madre legítima y tutora de los menores Julio César y John Jairo Ramírez Cardona, hijos reconocidos de Joaquín Ramírez Villalba

“... manifestó:

Que el vehículo a que hago referencia se encuentra asegurado en la Compañía de Seguros La Previsora S. A. mediante la póliza AU- 1850 y por tal motivo he llegado a una transacción con la compañía mediante el reconocimiento de una indemnización por la suma de quinientos mil pesos M/cte ($ 500.000), ya que los hijos dependían económicamente de él.

En consecuencia debo manifestar que desisto de toda acción o reclamación que pudiera derivarse a consecuencia de este accidente, por lo tanto declaro a paz y salvo a La Previsora S. A. Compañía de Seguros, a la Corporación Autónoma Regional del Quindío y al señor Luis Fernando García”.

Revelan los documentos que entre los demandantes citados y La Previsora S. A., la Corporación Autónoma Regional del Quindío (demandada) y el señor Luis Fernando García se celebró un contrato de transacción comprensivo de los daños y perjuicios causados a aquellos con la muerte en accidente de tránsito del señor Joaquín Ramírez V. producido con vehículo de propiedad de la citada corporación.

Los documentos transcritos contienen el convenio de transacción efectuado entre las partes. Y la Sala le da mérito al primero en relación con las pretensiones indemnizatorias de las personas mayores de edad que intervinieron en la celebración del mismo, o sea Heriberto Ramírez Gómez, Margarita Villalba de Ramírez y María Gladys Cardona. Frente a ellas no cabe duda de su capacidad para transigir, para precaver un litigio eventual en aquél entonces (artículos 2469 y 2470 del C. C.). Además, la transacción produce el efecto de cosa juzgada en última instancia y no existe constancia alguna que se hubiera pedido la nulidad de ese contrato, en los términos del artículo 2483 ibídem.

Pero si bien, en virtud de ese arreglo que tiene el efecto de cosa juzgada, las citadas personas carecen de interés en el presente proceso, porque por su voluntad declararon a paz y salvo a la entidad pública demandada, no sucede igual con los derechos que reclaman los menores y las hermanas del señor Ramírez Villalba, como pasa a explicarse:

Aunque en el segundo documento transcrito, en lo pertinente, la señora María Gladys Cardona dice actuar a nombre de los menores como madre legítima y tutora, hay que concluir que existe en este enunciado un error de técnica jurídica porque equivale a aceptar que ejerce la patria potestad sobre sus hijos, por ser la madre de éstos, y que además es tutora por orden judicial. Ese doble papel no existe en la legislación colombiana en relación con la misma persona y es obvio que se entienda sólo en ejercicio de aquella.

Aunque, en principio, quien ejerce la patria potestad tiene la libre disposición de los bienes muebles del menor y restricciones en cuanto a los inmuebles (licencia judicial para enajenarlos o hipotecarlos) frente a la transacción de derechos que puedan reputarse muebles (el derecho a ejercitar una acción indemnizatoria, por ejemplo) quien ejerza la patria potestad no podrá transigir por sus representados como tampoco puede hacerlo su guardador.

La conclusión precedente se deriva no sólo de la ley, sino del espíritu general de la legislación, la que desde el siglo pasado ha mostrado una clara tendencia protectora de sus derechos. Orientación que hoy se pone más de relieve, ya que la nueva carta constitucional impone expresamente esa especial protección y obliga a todas las autoridades a velar por sus derechos (artículo 44 de la Constitución Nacional).

El mismo Código Civil en su artículo 2475 trae un mandato especial y, por ende, prevaleciente sobre el régimen general regulador de la patria potestad en cuanto a administración y disposición de bienes del menor, ya que impide la transacción “sobre derechos ajenos”. Esta norma debe armonizarse con el 2470, el que en forma expresa dispone que “no puede transigir sino la persona capaz de disponer de los objetos comprendidos en la transacción”.

El Código de Procedimiento Civil reafirma esta misma idea al regular la transacción y el desistimiento como formas anormales de terminación de los procesos (artículos 340 y siguientes y 342 y siguientes), y permite sacar estas conclusiones:

a) Si no pueden desistir de una demanda los incapaces ni sus representantes legales o curadores sin que medie licencia judicial (artículo 343 numerales 1 y 2), no podrán transigir de la demanda las mismas personas, porque los efectos procesales, en principio, son los mismos y son similares las consecuencias sustantivas que para los derechos de las partes se derivan tanto de una figura como de la otra.

b) Si para desistir o transigir dentro de un proceso ya iniciado por parte de los menores se requiere la licencia judicial, no se ve cómo antes del proceso y para precaver ese mismo litigio, el representante legal de esos menores pueda hacerlo con absoluta libertad. Si así fuera, los derechos de los menores no tendrían protección sino dentro de los procesos y no por fuera de ellos y esa no es ni ha sido la voluntad de la ley.

c) La interpretación de las normas del Código Civil que regulan el manejo de los bienes del menor debe hacerse no con los criterios de la época (siglo pasado) sino con los actuales en los que se superó el aforismo “res movilis res vilis”, para sostener casi el principio contrario. Recuérdese que en la época de expedición del Código Civil el énfasis en la protección de la propiedad inmueble nacía del hecho de que la riqueza por excelencia era la que estaba representada en bienes raíces, ya que a los muebles se les daba poca importancia económica y se les consideraba sin mayor valor patrimonial.

De allí que la especial protección que debe brindársele a los bienes del menor no puede olvidar la trascendencia y la significación económica que actualmente tienen los derechos muebles (acciones, títulos valores, dinero, semovientes, divisas extranjeras, equipos automotores, etc., etc.).

En la Carta Constitucional que nos rige desde 1991 existe un principio rector que deberá gobernar la interpretación de las normas que se expidan para la protección de los derechos de los niños, entendiendo por éstos, en términos generales, los menores de edad. Se transcribe a continuación dicha norma, cuya elocuencia y alcances no pueden desconocerse con interpretaciones meramente literales de la legislación preexistente. Aunque el Código del Menor o Decreto 2737 de 1989 fue anterior a la Carta Constitucional, ya se observa en él la especial protección que requiere el menor en sus aspectos físicos, morales y materiales y se ajusta bien a las previsiones del antecitado artículo 44.

Reza esta norma constitucional:

“Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores.

Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.

Aplicados los principios que se dejan expuestos a los documentos contentivos de la transacción, hay que concluir que frente a los mayores que intervinieron en dicho negocio jurídico, no hay nada que objetar. Pero frente a los menores, el contrato es inoponible, porque la madre de éstos no podía transigir el derecho a pedir una indemnización a la Corporación Autónoma Regional del Quindío por la muerte de su padre. Prevalece así el derecho de los menores sobre la facultad o los derechos de quien en ejercicio de la patria potestad transigió sobre aquél. Tampoco se comprobó que los abuelos tenían la representación de sus nietos y que, por ende, estaban facultados para obrar a nombre de ellos.

Por lo expuesto, la excepción de transacción no será declarada sino frente a la señora María Gladys Cardona, a Heriberto Ramírez Gómez y Margarita Villalba de Ramírez. No obstante esto, para evitar un enriquecimiento sin causa, del total de la indemnización a favor de los menores deberá descontarse la suma de $ 500.000, recibida como consecuencia de la transacción estudiada».

(Sentencia de febrero 14 de 1992. Expediente 6520. Consejero Ponente: Dr. Carlos Betancur Jaramillo).

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