Sentencia 6564 de junio 20 de 1994 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN PRIMERA

CONVENCIÓN COLECTIVA

LAS ACTAS ACLARATORIAS NO PUEDEN MODIFICARLA

EXTRACTOS: «Observa la Corte que la convención colectiva de trabajo suscrita por la entidad demandada con su sindicato de empresa el 3 de agosto de 1990, que debidamente autenticada y con constancia de oportuno depósito obra a folios 107 a 125 del cuaderno principal, vigente en la fecha de terminación de la relación laboral que se examina, estipula en la cláusula 3ª del capítulo Vl que el auxilio de cesantía “se pagará de acuerdo con la convención de 1980”.

La convención colectiva con vigencia desde el 1º de septiembre del año de 1980 se firmó el 28 de enero de 1981, obra a folios 68 a 89 del expediente con constancia de depósito el 9 de febrero de 1981 y en la cláusula 2ª del capítulo Vl expresa:

“El Instituto liquidará y pagará a sus trabajadores oficiales como auxilio de cesantía un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por las fracciones de año con base en los salarios devengados en el último año de servicio, y reconocerá el interés correspondiente ordenado por la ley.

PAR. 1º—El reconocimiento y pago parcial del auxilio de cesantía se hará de conformidad con las disposiciones reglamentarias vigentes”.

Como ya se expresó esta última convención cumplió con el depósito legal el 9 de febrero de 1981 y treinta y dos días después, el 13 de marzo del mismo año, las mismas personas que actuaron como integrantes de la comisión negociadora dentro del conflicto colectivo, se reunieron con quienes suscribieron la convención como representantes de la administración del Instituto de Crédito Territorial, y celebraron lo que se denominó “Acta adicional aclaratoria a la revisión de la convención colectiva para trabajadores oficiales celebrada el 19 de enero de 1981, entre el Instituto de Crédito Territorial y el Sindicato del Instituto de Crédito Territorial”, sustentada con el argumento de “aclarar y adicionar cláusulas del acta final de la convención, por cuanto no concuerdan con lo que se estableció en las actas de negociación, las cuales fueron debidamente firmadas por los representantes de la administración y del sindicato” y expresa:

“En desarrollo de lo anterior las partes de común acuerdo proceden a realizar las correcciones indispensables, quedando las cláusulas definitivas según lo dispuesto en las mencionadas actas de negociación.

Procedemos:

Cláusula 2ª. Auxilio de cesantías. El Instituto liquidará y pagará a sus trabajadores como auxilio de cesantía un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por las fracciones de año, y reconocerá el interés correspondiente ordenado por ley”.

De igual manera, el acta en referencia se refirió a otras cuatro cláusulas de la convención colectiva, que no interesan para el caso presente, y dos meses después, el jefe de la división de relaciones humanas de la entidad demandada la depositó ante el Ministerio de Trabajo (fls. 155 a 159).

El ad quem interpretó la denominada “acta adicional aclaratoria” como de inobjetable validez toda vez que fue firmada por las mismas personas que suscriben la convención colectiva y pone de manifiesto la “voluntad de las partes” en el sentido de que “la convención firmada en enero fue inexacta”. Con esta consideración la aplica al presente caso y basándose en ella absuelve a la demandada del reajuste de cesantías y de intereses sobre las mismas aduciendo que la liquidación de estos conceptos se ajusta perfectamente a lo allí previsto, es decir que las cesantías se liquidan y congelan en cada anualidad y el salario devengado en el último año de servicios únicamente incide en la liquidación de cesantías del último año calendario de vinculación, vale decir, que la demandada cumple a cabalidad con la norma convencional si liquida las cesantías como lo prevé el Decreto 3118 de 1968.

Como ya se expresó, el censor acusa desvío por parte del Tribunal en la valoración de las convenciones colectivas aludidas así como del “acta adicional aclaratoria”, observando que en la valoración de esta última incurrió en error de derecho porque “la convención una vez firmada y depositada es de obligatoria aplicación y se convierte en ley para las partes, sin que sea susceptible de variarse posteriormente sino por los mecanismos establecidos legalmente”; considera que el fallo del Tribunal le reconoció validez a un acto que no lo tiene pues el “acta adicional aclaratoria” no cumplió con las solemnidades que requiere la convención colectiva de trabajo, de la cual se pretendió convertirla en parte integrante, cuales son las del depósito dentro de los quince días siguientes al de su firma y la de que se extienda en tantos ejemplares cuantas sean las partes y uno más que se destina para el depósito; anotando que “el acto solemne que es la convención colectiva, no puede válidamente cambiarse, modificarse o derogarse, sino por otro acto de igual o similar naturaleza, respecto del cual también se cumplan las solemnidades ... que aquél requiere para su existencia y validez”.

Además considera el censor que el “acta adicional aclaratoria no podía aclarar una estipulación que nada de oscuro o equívoco tiene, sino lo que hace es pretender modificar en sus alcances el texto convencional”.

Y tiene razón el impugnante, la cláusula 2ª del capítulo Vl de la convención colectiva suscrita el 28 de enero de 1981 es clara y por lo tanto la denominada “acta adicional aclaratoria” no se propuso hacerla más inteligible sino que su propósito fue el de modificarla, lo cual es inadmisible jurídicamente por ese medio puesto que ya había sido suscrita por las partes y debidamente depositada ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, tal y como lo ordena el artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo; así perfeccionada su vigencia se hizo realidad convirtiéndola en ley para las partes, de imperativo cumplimiento mientras no fuere anulada, irreversible desde el punto de vista jurídico y sólo modificable a través de otra convención colectiva con el lleno de todos los requisitos legales o mediante laudo arbitral, o por el mecanismo de la revisión consagrado en el artículo 480 del Código Sustantivo del Trabajo.

De acuerdo la Corte con los planteamientos de la censura quiere resaltar también que la denominada “acta adicional aclaratoria” carece de validez no sólo por las razones expuestas sino porque, además, en ella no están representadas las partes. La comisión negociadora nombrada por el sindicato o por los trabajadores conforme a lo preceptuado por el artículo 432 del C.S.T. responde a un mandato que se termina cuando se resuelve el conflicto colectivo; vencido éste expira el mandato en virtud de lo dispuesto en el artículo 2189 del Código Civil, toda vez que su finalidad es la de que se resuelva el conflicto originado con la presentación del pliego de peticiones, el cual termina cuando se firma la convención colectiva o el pacto colectivo y se deposita legalmente o cuando queda en firme el laudo arbitral correspondiente.

La primera de las causas de terminación del mandato es “el cumplimiento del negocio para que fue constituido”. En el presente caso, la delegación de los trabajadores había cumplido el mandato desde el 28 de enero de 1981 cuando firmó la convención colectiva y podría admitirse una continuación precaria del mismo pero no más allá del término transcurrido entre la fecha de la firma de la convención y la de su depósito, puesto que éste es un requisito indispensable para su existencia; practicado el depósito, que debe hacerse dentro de los quince días siguientes, termina el mandato conferido a los delegatarios quienes quedan desprovistos de poder para representar al sindicato mandante.

Vale decir, entonces, que es un error considerar que la llamada “acta adicional aclaratoria” modificó la convención colectiva firmada por la entidad demandada el 28 de enero de 1981 con vigencia desde el año de 1980. Por ello también es un error admitir que las cesantías en el caso del demandante se liquidan como dice la citada acta y no como lo establece la cláusula 2ª del capítulo Vl de tal convención colectiva en armonía con lo dispuesto en el artículo 3º del capítulo Vl de la convención suscrita entre las mismas partes el 3 de agosto de 1990; en estos errores incurrió el Tribunal porque le dio valor probatorio a la denominada “acta adicional aclaratoria”, que obra de folios 155 a 159, para demostrar el hecho de la modificación de la convención colectiva sin que se encuentren acreditadas las solemnidades ad sustantiam actus; equivocación que le condujo a apreciar con error las mencionadas convenciones colectivas”.

(Sentencia de casación, junio 20 de 1994. Radicación 6564. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván Palacio Palacio).

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