Sentencia 6569 de mayo 31 de 1994 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN SEGUNDA

ACCIDENTE DE TRABAJO

INDEMNIZACIÓN ORDINARIA DE PERJUICIOS

EXTRACTOS: «En la decisión de Sala Plena del 12 de noviembre de 1993(*) todos los Magistrados que la componen, incluyendo desde luego a quienes salvaron su voto, coincidieron en sostener que el empleador no tiene ningún interés jurídicamente tutelado según los artículos 216 del C.S.T. y 83 del Acuerdo 155 de 1963 para obtener que las prestaciones en dinero pagadas por el seguro social le sean descontadas del valor de la indemnización ordinaria por perjuicios que deba asumir por su actuación dolosa o culposa en el accidente de trabajo o la enfermedad profesional.

Sobre este preciso tema conviene destacar el aparte del salvamento de voto que textualmente dice:

“Debemos enfatizar que nuestro criterio no conduce a beneficiar al empleador, cuya culpa o dolo originó el accidente de trabajo o la enfermedad profesional, como se desprende de la tesis mayoritaria cuando expresa: “ello conduciría a que el empleador culpable resultara a la postre obteniendo beneficios del daño que causó, o al menos exonerándose de la responsabilidad en un riesgo producido por su acto intencional o culposo”, apreciación que consideramos desacertada por cuanto que la Sección Primera no hizo tal afirmación en la sentencia del 10 de marzo de 1993 (radicación Nº 5480) sino que dio cabal entendimiento al artículo 83 del estatuto referenciado y tuvo en cuenta el imperativo que establece esta norma para que el Instituto de Seguros Sociales demande del empleador la restitución de las cantidades correspondientes”.

Según la sentencia de la Sala Plena Laboral, el empleador puede efectuar el descuento únicamente cuando él mismo ha hecho un pago anticipado para reparar el daño producido por el accidente o la enfermedad, pero no puede pedir que se descuente lo pagado con ese fin por el seguro social, porque entonces será dicha entidad la única legitimada para solicitar el reembolso.

El fundamento de la decisión de Sala Plena parte de considerar que el seguro social no ha sido establecido para indemnizar los daños que sufre el trabajador como consecuencia de actos dolosos o culposos del empleador pues estos perjuicios deben ser reparados exclusivamente por el patrono. Este, por consiguiente, no puede asegurar su propia culpa ni aprovecharse de ella. La responsabilidad común, entonces, no es del seguro social sino del empleador.

Lo que ocurre en la práctica es que el sistema de la seguridad social prescinde temporalmente de la responsabilidad dolosa o culposa del patrono y por mandato de la Ley 90 de 1946 y el Decreto 3170 de 1964, el seguro social debe considerar como accidente de trabajo el que se produce por acto intencional del patrono (art. 3º, lit. c); y por esa única razón está en el deber de entregarle a la víctima el valor que usualmente tiene destinado para cubrir la responsabilidad objetiva, lo que realiza sin perjuicio de su derecho de repetir contra el responsable, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 83 del decreto citado.

El empleador culpable no asegura ante la entidad de previsión los perjuicios que ocasiona su culpa y no puede exigirle al seguro social que le pague al trabajador las indemnizaciones tarifadas que establecen sus reglamentos. El seguro social las asume temporal o transitoriamente, por mandato legal, mas no porque el patrono tenga derecho a que esa asunción se produzca.

En la acción laboral mediante la cual se fija en el empleador la responsabilidad común que establece el artículo 216 del C.S.T., una vez que el juez determina que el accidente de trabajo ha ocurrido por culpa del patrono, debe radicar sobre éste la obligación de pagar la totalidad de los perjuicios, pues la indemnización común es suya exclusivamente y la sentencia sólo podrá autorizar el descuento de las prestaciones pagadas con anticipación por el propio empleador. Las que hubiere cubierto el seguro social ni siquiera deben ser materia de pronunciamiento si la entidad no interviene en el proceso, pues el juez no puede anticiparse a suponer que el seguro efectivamente hará valer su derecho de repetición contra el patrono o el derecho a reclamar de la víctima del accidente la devolución del valor de las prestaciones que la entidad cubrió por esa misma causa.

Constituye una generalización inadmisible sostener que si el trabajador ejercita la acción de responsabilidad común que establece el artículo 216 del C.S.T. habiendo recibido del seguro social las prestaciones del riesgo profesional, está con ello demandando una doble reparación. No puede perderse de vista que el seguro social reconoce prestaciones calculadas con base en tarifas determinadas en función de ciertos índices (salario, años de servicios, número de cotizaciones, edad, vida probable, etc.) en lugar de compensar perjuicios realmente producidos, como sí ocurre con la indemnización común del artículo 216 citado, que busca resarcir la totalidad del daño sufrido. En la indemnización tarifada es posible que exista hasta cierto punto, una desvinculación entre los hechos concretos y la cifra pagada, que puede ser igual, menor o superior a los perjuicios realmente producidos. Por ello sólo con base en las circunstancias concretas de cada caso en particular puede decirse con certeza (que no admite generalizaciones) si la acción indemnizatoria del derecho común se limitó a la diferencia entre el riesgo objetivo y el subjetivo, o si se propuso una acumulación de indemnizaciones superior al daño como la que teóricamente critica la censura.

La tesis de la recurrente llevaría a imponerle al juez el deber de presumir que el actor siempre demanda la indemnización tarifada y la del derecho común y, sobre esa base, cualquiera que sea el caso que se le someta, ordenar el descuento de las prestaciones pagadas por el seguro social para permitirle al patrono que si la indemnización tarifada resulta igual a la indemnización del derecho común, nada deba pagarle a la víctima del accidente, sin que pueda perderse de vista que, como lo dijo la Corte en sentencia que invoca la recurrente, “el seguro social es un sistema técnico de protección más benéfico para los trabajadores que el sistema de prestaciones directas a cargo del patrono”.

El criterio de la recurrente igualmente llevaría al juez a una consideración inevitable: si la indemnización tarifada que pagó el seguro social resultara superior a la del derecho común, el mismo funcionario tendría que admitir la demanda del patrono contra la víctima que recibió el pago en exceso —que sería indiscutiblemente un pago de lo no debido—, pues, según la impugnación, el empleador tiene un “derecho” total o parcial sobre la indemnización común, no obstante haber cotizado para un riesgo distinto: el profesional que sí asume el seguro social y el único del cual queda liberado.

Desde el punto de vista de la seguridad industrial y su relación con el sistema de seguridad social no aparece razonable que el empleador descuidado que incumpla su deber legal de protección contra accidentes se beneficie con los dineros que el seguro social le reconoce a la víctima, porque con ello la repetición de los actos culposos no encontraría el correctivo necesario. Ese, desde luego, no puede ser considerado ni siquiera como criterio de equidad. Y —aunque no es éste un argumento propuesto por la censura— tampoco debe necesariamente suponerse que al autorizar el juez la retención por el empleador de los dineros que eventualmente deban devolverse al seguro social, dichos valores quedarán en mejores manos porque el empleador, dada su mayor solvencia económica, sea mejor garante de los fondos públicos que el trabajador, pues de igual manera sería válido aceptar que la víctima del daño resulta ser más adecuado custodio de esos dineros que un empleador calificado judicialmente como persona imprudente».

(Sentencia de casación, mayo 31 de 1994. Radicación 6569. Magistrado Ponente: Dr. Hugo Suescún Pujols).

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