Sentencia 6571 de enero 31 de 1994 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN SEGUNDA

FACULTADES DE LOS ÁRBITROS

SON LAS MISMAS DE LAS PARTES

EXTRACTOS: «Segundo cargo. Se quiere con él anular lo relativo a las sanciones disciplinarias, pues, según el empleador, el artículo 2º del laudo consagra obligaciones no previstas en la ley y viola los artículos 106, 108 numeral 16, 458 del Código Sustantivo de Trabajo y 10 del Decreto 2351 de 1965, por cuanto vulnera sus derechos como dueño de la empresa o establecimiento. Se fundamenta al respecto en la sentencia de 23 de julio de 1976, cuyos apartes pertinentes transcribe, puntualizando que si bien la Corte ha admitido que algunos aspectos normativos y administrativos quedan comprendidos dentro del ámbito de competencia del tribunal de arbitramento, dichas doctrinas limitan la facultad “a dos eventos específicos que por tener tal naturaleza excepcional no son susceptibles de extenderse a casos análogos, consistentes en determinaciones que se relacionen con la función social de la propiedad y ordenamientos relativos a la intervención del Estado en desarrollo de los respectivos cánones constitucionales” (fls. 16 y 17, C. de la Corte). Sin transcribirlas cita las sentencias de 19 de julio de 1982 y 12 de julio de 1990.

Se considera

La motivación que trae el fallo arbitral en relación con este punto es la siguiente:

“El Tribunal considera que el artículo 458 C.S.T., al señalar que las limitaciones de los árbitros están dadas por los derechos y facultades primordialmente de naturaleza constitucional, nos (sic) remite a la nueva Carta Política de 1991 que, claramente, determina un nuevo marco de derechos y facultades de las partes. En efecto, la Constitución señala para los empleadores prerrogativas relativas a la libertad y autonomía empresarial, simultáneamente con criterios de función social, participación y concertación en las relaciones laborales. Así mismo es claro que la carta de derechos amplió e hizo más explícito el conjunto de prerrogativas y derechos constitucionales del trabajo.

La jurisprudencia tradicional sobre las facultades de los árbitros, en consecuencia, debe replantearse a la luz de la nueva estructura constitucional. (...) El Tribunal está en libertad de negar o conceder las peticiones y lo hará con criterio racional y de equidad sin entender en ellas limitación constitucional o legal alguna” (fls. 43 y 44, carpeta Nº 4).

Como resulta de lo reproducido textualmente, en este caso el tribunal especial tuvo clara conciencia de que algunas de sus decisiones se apartaban de la que llamó “jurisprudencia tradicional”, y en ello le asiste razón al recurrente cuando afirma que el laudo no siguió íntegramente en este punto los derroteros de la doctrina de la Corte. Aparentemente esto sería suficiente para anular en esta parte el laudo. Sin embargo, no puede pasarse por alto que en realidad hoy se está ante una situación diferente, como es la que resulta de la existencia de otra Constitución Política, en la cual y como lo enuncia desde su preámbulo, se resalta como finalidad que se busca fortalecer con el nuevo ordenamiento constitucional el poder asegurar a los integrantes de la Nación colombiana, entre otros derechos, el del trabajo. Igualmente, el primero de los artículos de la Constitución dice que la república unitaria que es Colombia se encuentra fundada en el respeto a la dignidad humana, el trabajo y la solidaridad de las personas, volviendo a reiterar la importancia que tiene el trabajo dentro de la nueva forma de organización política.

Fuera de lo anterior y de otras referencias que igualmente se hacen al trabajo, como la contenida en el artículo 25 y que esencialmente reproduce lo que decía el 17 de la codificación constitucional de 1886, aparece el artículo 53 en el cual se ordena al Congreso expedir el estatuto del trabajo, ley que obligatoriamente deberá tomar en cuenta, entre otros principios fundamentales, uno de innegable contenido hermenéutico, como es el de que prevalezca la situación más favorable al trabajador en caso de dudas en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho. Fuentes formales entre las que tradicionalmente se ha contado la jurisprudencia, como es bien sabido.

Así mismo, la Constitución Nacional consagra en su artículo 55, que al igual que el anterior hace parte del capítulo de los derechos sociales, económicos y culturales, la garantía al derecho de la negociación colectiva para regular las relaciones laborales y el deber del Estado de “promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo”.

Significa esto que corresponde a los jueces, y la Corte Suprema de Justicia lo es con la máxima jerarquía dentro de nuestra estructura constitucional, volver a leer las normas legales a la luz de este nuevo enfoque, y cuando realmente su interpretación ya no se acomode al actual espíritu de la Constitución Política, rectificar, si es el caso, sus interpretaciones para hacerlas acordes a la nueva realidad de nuestro derecho positivo constitucional.

Partiendo de las anteriores premisas, que en el criterio de la Sala resultan inobjetables frente a los textos constitucionales, debe concluirse que si el derecho a la negociación colectiva está garantizado como el medio más idóneo de lograr la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo, que es un deber del Estado, entonces no es posible entender en este momento la ley laboral en forma que resulte desfavorable al trabajador, ni muchísimo menos de manera tal que permita dejar subsistentes los conflictos de trabajo. Así que provocado el conflicto con la presentación del pliego por parte del sindicato, o excepcionalmente de forma directa por los trabajadores cuando no están asociados sindicalmente, es deber del Estado promover todos los medios encaminados a la solución pacífica del mismo; y como de acuerdo con nuestra vigente legislación —normación que por este aspecto no aparece contraria a los dictados de la Constitución Política—, agotada la etapa de arreglo directo sin que se logre la total composición del diferendo laboral, en los casos en que la ley lo señala resulta imperativo convocar un tribunal de arbitramento que con carácter obligatorio y mediante el correspondiente laudo le imponga a las partes una normatividad que reemplace total o parcialmente la existente, la que precisamente por no satisfacer a los trabajadores dio origen al conflicto económico tendiente a lograr su modificación.

Bajo esta perspectiva no aparecería lógico que los arbitradores, que en su condición de amigables componedores están llamados a dirimir el conflicto —por ministerio de la ley tratándose de los tribunales de arbitramento obligatorio—, puedan carecer de competencia, o contar con menos facultades que las de las propias partes en conflicto. La regla general tiene que ser la de que salvo cuestiones especialísimas y del exclusivo resorte de los trabajadores o del empleador, en principio, los arbitradores pueden como tribunal adoptar las mismas soluciones que por acuerdo hubieran podido estipular los contendientes. Solamente esta interpretación permite entender el tribunal de arbitramento como el adecuado sustituto al ejercicio del derecho de huelga, y por lo mismo considerar que cuando a ciertos trabajadores se les niega el uso de esta medida de fuerza no se les está colocando en una situación menos favorable que a quienes se les permite el llevar a cabo la huelga como medio de obtener reivindicaciones laborales.

Lo anterior obliga a considerar que el cargo es infundado, y que de consiguiente es exequible el artículo impugnado.

Además, puede agregarse que aun dentro de la orientación jurisprudencial aludida por el empleador recurrente, es dable entender que la regulación de un trámite disciplinario, que no hace otra cosa diferente a garantizar el debido proceso —que también es un derecho constitucional fundamental—, no desconoce derechos o facultades reconocidas en la Constitución Nacional al empleador, como el de la propiedad y el de la libertad de empresa; y por lo mismo ni siquiera con un enfoque anterior a los vigentes principios constitucionales en materia de derecho del trabajo, cabría considerar inexequible lo ordenado por el laudo en este punto».

PLANES DE RETIRO

NO SE ESTABLECEN POR LAUDO

EXTRACTOS: «Noveno cargo. Busca la anulación del décimo séptimo artículo del laudo pues, según el empleador, “crea un plan de retiro con carácter obligatorio distinto de uno similar que existió de carácter transitorio creado de forma unilateral por parte de la empresa” (fl. 25, C. de la Corte), con violación de los artículos 458, 461 y 467 del Código Sustantivo de Trabajo, 145 del Código Procesal del Trabajo y 305, 627, numerales 8º y 9º del Código de Procedimiento Civil, por cuanto “existe una manifiesta extralimitación por parte del tribunal, porque se excedió lo pedido que fue mejorar el plan de retiro anticipado y no establecer uno nuevo (artículo 52 del pliego)” (ídem). Y porque además el plan no había sido establecido en una convención colectiva anterior sino unilateralmente por la compañía, por lo que no puede obligársele a mantenerlo.

Cita y transcribe la sentencia del 19 de julio de 1982, en la parte relativa al deber que tienen los árbitros de respetar el principio de congruencia.

Asevera igualmente que el artículo establece a su cargo unas obligaciones económicas por razón de la renuncia del trabajador, lo cual dice es tema normativo que excede la competencia del tribunal y limita los derechos que la ley le otorga como dueño de la empresa, a todo lo cual “se agrega que las obligaciones que se generan surgen con posterioridad a la terminación del contrato de trabajo y los laudos tienen valor de convención colectiva respecto de los contratos de trabajo que estén vigentes” (fl. 27, carpeta Nº 4).

Para el recurrente resulta ilegal imponerle a un empleador una indemnización que queda al libre arbitrio del trabajador, sancionándolo por la renuncia de éste que depende de su voluntad. Destaca que en el plan anterior no se contemplaba el pago de ninguna suma de dinero, lo que sí se hace en éste, y adicionalmente se le impone la obligación de conseguir rebajas de tarifas en otras aerolíneas.

Se considera

La motivación que en este aspecto dio el Tribunal a su decisión es la misma que se dejo transcrita al resolver el segundo de los cargos, ya que el laudo englobó éste y otros de los puntos del pliego de peticiones para su estudio. Por esta razón no se reproduce aquí.

Al resolver el segundo cargo se hizo un amplio estudio a la luz del actual ordenamiento constitucional, para concluir que, en principio, las facultades de los arbitradores en la composición de los conflictos eran las mismas que tenían las partes.

Sin embargo, en este caso resulta pertinente la observación del recurrente según la cual se está creando a cargo suyo una obligación que surge de la exclusiva voluntad del trabajador de renunciar o no a su empleo.

Si por definición legal el fallo arbitral que le pone fin al conflicto “tiene el carácter de convención colectiva en cuanto a las condiciones de trabajo” (art. 461), y la convención, en los términos del artículo 467 del Código Sustantivo de Trabajo, tiene por objeto “fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia”, se muestra por fuera de la competencia del tribunal de arbitramento el crear obligaciones a cargo de un empleador que para nada se relacionan con las condiciones de trabajo y que además surgirían a cargo de éste por la pura y exclusiva voluntad del trabajador.

Debe anotar la Corte que la petición sindical en este caso se muestra abiertamente en contravía con el principio de estabilidad en el empleo elevado a norma constitucional por el artículo 53 de la Constitución Política, puesto que en vez de propender a la conservación del trabajo de parte de sus afiliados, extrañamente propicia su retiro. Esta clase de “planes de retiro” encuentran alguna lógica cuando la iniciativa parte del empleador; pero proviniendo del sindicato se muestran contrarios a su deber de fortalecer todas las instituciones enderezadas a lograr el derecho a la estabilidad de los trabajadores.

Estas consideraciones son suficientes para declarar inexequible el artículo y anular en esta parte el laudo».

(Sentencia de homologación, enero 31 de 1994. Radicación 6571. Magistrado Ponente: Dr. Rafael Méndez Arango).

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