Sentencia 6585 de mayo 20 de 2003 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

DONACIÓN DE DERECHOS HERENCIALES

COMO CONTRATO VERDADERAMENTE CELEBRADO EN COMPRAVENTA SIMULADA

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Antonio Castillo Rugeles

Ref. Expediente 6585

Bogotá, D.C., veinte (20) de mayo de dos mil tres (2003).

Se decide el recurso extraordinario de casación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia del 25 de julio de 1996 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, dentro del proceso ordinario instaurado por Nubia, Ana Isaura y Segundo Francisco Tunarrosa Torres y Ana Joaquina Tunarrosa Ramos frente a María Isabel Tunarrosa de Tunarrosa y Humberto Tunarrosa Ramos.

Antecedentes

1. En demanda que correspondió al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tunja, los demandantes pidieron:

De manera principal: Que se declarase absolutamente simulada la compraventa contenida en la escritura pública Nº 3137 de noviembre 9 de 1988, otorgada en la Notaría Segunda del Círculo de Tunja, por Aníbal Tunarrosa Samacá en favor de María Isabel Tunarrosa de Tunarrosa y Humberto Tunarrosa Ramos, en relación con los predios La Casita, El Grado, El Cerezo, El Roble, El Chuscal y Monserrate, localizados en la vereda de San Isidro, municipio de Cómbita (Boyacá); que como esos bienes no salieron del patrimonio del causante Aníbal Tunarrosa Samacá, pertenecen a la masa sucesoral hereditaria representada por sus herederos; que el contrato de compraventa de que da cuenta la precitada escritura 3137 de noviembre 9 de 1988 y la Nº 1760 de agosto 17 de 1990, otorgada en la Notaría Primera del Círculo de Tunja, por Isabel Tunarrosa de Tunarrosa y Humberto Tunarrosa a favor de los mismos, fue celebrado con fraude a la ley y, finalmente, que las mencionadas escrituras están viciadas de nulidad absoluta por falta de consentimiento y capacidad física y mental del causante.

De manera subsidiaria: Que se declare que el aludido contrato es, en verdad, una donación entre vivos efectuada por Aníbal Tunarrosa Samacá en favor de sus hijos legítimos María Isabel y Humberto Tunarrosa, donación que por no haber sido insinuada, es absolutamente nula, “en cuanto es inferior de (dos millones de pesos) $2’000.000 mcte. el bien donado” (sic); igualmente, que se declare que la sucesión ilíquida del mencionado causante, es la propietaria de los bienes antes enumerados y se deje sin valor la inscripción de las precitadas escrituras, solicitud, esta última, que se hace tanto para la pretensión principal como para la subsidiaria. Deprecó, finalmente, que se condenase a los demandados a restituir los inmuebles comprendidos en el acto, junto con los frutos civiles y naturales percibidos desde que los demandados entraron en posesión material de los mismos.

2. La causa petendi se puede compendiar así:

Los demandados, valiéndose de artificios engañosos, trasladaron el 9 de noviembre de 1988 a Tunja al señor Aníbal Tunarrosa Samacá, padre de estos, y ese mismo día se suscribió la escritura pública Nº 3137 antes referida, mediante la cual aquél transfiere a título de venta los derechos y acciones que le correspondan o puedan corresponder en su carácter de hijo legítimo del causante Isaías Tunarrosa, sobre los siguientes predios, ubicados en la vereda San Isidro, jurisdicción del municipio de Cómbita (Boyacá): 1) a favor de María Isabel y Humberto Tunarrosa, El Cerezo, El Roble, El Chuscal y el derecho proindiviso que le correspondía sobre el lote denominado Monserrate; 2) a favor de María Isabel Tunarrosa de Tunarrosa, el inmueble denominado La Casita y, 3) a Humberto Tunarrosa Ramos, el predio El Grado.

Los compradores no pagaron el precio que como contraprestación estaban obligados, pues no tenían capacidad económica para cancelar valor alguno, toda vez que vivían bajo la protección económica de su padre; además, los demandantes nunca tuvieron conocimiento sobre el destino dado a los dineros que supuestamente pagaron los demandados, ya que el mismo día en que se suscribió la mencionada escritura pública, vale decir, 9 de noviembre de 1988, fue recluido el vendedor Aníbal Tunarrosa Samacá, en el Hospital San Rafael de Tunja, habiendo permanecido allí hasta el día 17 del mismo mes y año, fecha en que ocurrió su deceso.

Al momento de otorgarse la escritura pública 3137 de fecha 9 de noviembre de 1988, el vendedor Aníbal Tunarrosa Samacá no gozaba de condiciones físicas y mentales, debido a su estado de salud y avanzada edad, lo cual permite “pensar que hubo falta de consentimiento” y que no “tuvo la intención de enajenar sus bienes”.

Además, el señor Aníbal Tunarrosa Samacá no comunicó a sus familiares la intención de vender o donar sus bienes, ni invirtió el dinero que se afirma recibió en pago de lo vendido, como tampoco hizo entrega a los compradores de los predios que dijo haberles enajenado.

3. Notificados los demandados del auto admisorio de la demanda, a través de apoderados judiciales, dieron contestación a esta oponiéndose a las pretensiones principales y subsidiarias, negando algunos hechos, aceptando y pidiendo que se prueben otros, proponiendo como excepciones de fondo, las de “falta de causa” y “nulidad relativa”.

4. Entablado el litigio en los términos descritos e impulsada la actuación propia de la primera instancia, el a quo le puso fin negando la totalidad de las pretensiones de la demanda.

5. Interpuesto el recurso de apelación por la parte demandante, el Tribunal al desatarlo, modificó lo resuelto por el juzgado, para declarar la prosperidad parcial de la primera petición subsidiaria.

La sentencia del tribunal

Al modificar la sentencia de primera instancia, el juzgador ad quem halló que la escritura Nº 3137 de 9 de noviembre de 1988, contiene, en verdad, una donación gratuita entre vivos “y no una compraventa como allí se expresa”, por lo que ordenó “la correspondiente corrección de las escrituras para la cual se oficiará al notario respectivo y al Registrador de Instrumentos Públicos”. En todo lo demás, mantuvo la sentencia recurrida.

La determinación así tomada, la sustentó el Tribunal en las consideraciones que a renglón seguido se extractan:

Luego de asentar que el poder conferido al representante de la parte demandante, lo facultaba para “proponer todos aquellos asuntos que la ley procesal civil permite sean tramitados por el mencionado juicio, dentro de los cuales está la simulación o la nulidad tanto absoluta como relativa”, abordó el examen de las pretensiones de la demanda, comenzando por la atinente a la simulación absoluta del contrato contenido en la escritura pública Nº 3137, pedimento que denegó, por las razones que oportunamente consignó y que, dados los alcances de la demanda de casación, no es del caso reseñar.

Y tras salvar las deficiencias de la demanda incoativa del proceso, concluyó que el contrato realmente ajustado entre las partes fue una donación, inferencia que asentó luego de advertir que existían varios indicios que así lo demostraban.

Tomando tal aseveración como punto de partida, señaló que el causante quiso con dicha donación, recompensar a quienes le brindaron especial afecto y cuidado, particularmente en sus últimos años sin que, en todo caso, pueda calificarse dicha donación como remuneratoria, pues la falta de especificación de este hecho en forma expresa en el respectivo acto, no se suple con ninguna otra prueba, lo cual indica que debe entenderse como gratuita.

Dicho esto, acometió el estudio de la posible nulidad absoluta del acto por no haberse insinuado debidamente. Asentó, al respecto, que la donación recayó sobre derechos y acciones hereditarios vinculados a diferentes inmuebles y con fundamento en jurisprudencia de la Corte, acotó que no es lo mismo enajenar un derecho real de dominio sobre una cosa singular determinada, que el derecho a la universalidad llamada herencia, aunque para el caso, se especifiquen los bienes sobre los que recae, pues en este último evento, se trata de un “derecho personal” en virtud del cual el comprador queda en posibilidad de ejercer los derechos hereditarios que correspondían al enajenante, es decir, es la venta del derecho que por herencia tiene este y no la de los bienes precisos a los cuales se encuentra vinculado aquél, lo cual significa que ese derecho se contrae a lo que le llegue a corresponder al enajenante en los inmuebles identificados, no pudiéndose, entonces, establecer su cuantía pues no existe manera de hacerlo y, por lo mismo, debe concluirse que tampoco hay forma de definir la necesidad de la insinuación a que alude el artículo 1458 del Código Civil.

“De tal manera queda establecido que aunque la voluntad de las partes fue la de donar y no la de vender como se dice en el acto ostensible, tal donación no requería de insinuación judicial porque su objeto no fueron los bienes singularmente considerados sino “los derechos y acciones que le correspondan o puedan corresponder en su carácter de hijo legítimo del causante Isaías Tunarrosa, sucesión ilíquida y en virtud del testamento suscrito por el mencionado causante” sobre los bienes descritos en la escritura 3137 de 9 de noviembre de 1988”.

La demanda de casación

De los tres cargos que la demanda contiene, la Corte despachará el primero y el tercero que están destinados a prosperar y a los cuales la censura les dio alcances meramente parciales.

Cargo primero

Apuntalado en la causal primera de casación consagrada en el artículo 368-1 del Código de Procedimiento Civil, se acusa en él la sentencia de haber infringido indirectamente y por falta de aplicación, los incisos primero y segundo del original artículo 1458 del Código Civil, así como los artículos 1497, 1618, 1740, 1741, 1746 y 1748 de la misma obra, a consecuencia de errores evidentes de hecho en la apreciación de algunas pruebas.

El censor, luego de coincidir con el Tribunal en que realmente existió la simulación relativa declarada por este e, igualmente, en que el negocio verdaderamente ajustado por las partes fue una donación, se duele de que el fallador pasó por alto que la enajenación realizada respecto del predio denominado Monserrate, no tuvo por objeto derechos hereditarios, como aquél desacertadamente lo señaló, sino, como allí expresamente se dice, del derecho pro indiviso que sobre ese inmueble tenía el propio enajenante Aníbal Tunarrosa, no su difunto padre Isaías Tunarrosa, por haberlo adquirido en común con varios de sus hijos, mediante la escritura de compraventa Nº 122, corrida ante el Notario 2º de Tunja, el 31 de enero de 1958, como lo precisó el contratante al indicar el título de adquisición de su derecho, título escriturario que también pretirió el ad quem.

Fue, precisamente, ese derecho proindiviso de una cuarta parte que tenía sobre el aludido predio el que Aníbal Tunarrosa transfirió a los demandados, no derecho hereditario alguno relacionado con el mismo, y ello está claro, tanto en el último punto 5º (pues tiene dos), de la escritura 3137 de noviembre 9 de 1988, como en la escritura 122 del 31 de enero de 1958, todo lo cual pasó desapercibido para el sentenciador de segundo grado.

De no haber omitido estos hechos, habría concluido que esa liberalidad debió estar precedida de la respectiva insinuación judicial pues su valor excedía de $2.000,00, ya que las propias partes señalaron a ese derecho proindiviso un valor de $128.000,00, al paso que los peritos también le atribuyeron un mayor valor. Y como aquella exigencia no se cumplió, el acto, respecto del inmueble “Monserrate”, es absolutamente nulo y así debió disponerlo el juzgador.

Se considera

1. Débese admitir, sin ambages, que el Tribunal incurrió en las inadvertencias que la censura le enrostra, por no haber percibido que, relativamente al inmueble denominado “Monserrate”, el contratante Aníbal Tunarrosa Samacá enajenó un derecho proindiviso de propiedad y no un derecho hereditario, como equivocadamente lo infirió aquél, al no haber hecho ninguna distinción con respecto a las demás estipulaciones contenidas en la escritura 3137 del 9 de noviembre de 1988, otorgada en la Notaría Segunda de Tunja.

Es patente, en efecto, que en el último punto 5º (pues existen dos cláusulas distinguidas con el mismo ordinal), del aludido instrumento, acordaron los contratantes que el enajenante Aníbal Tunarrosa Samacá transfería a los demandados “…el derecho proindiviso sobre un globo de terreno situado en la vereda de San Isidro, jurisdicción del Municipio de Cómbita, denominado Monserrate…” (se resalta), cuyos linderos allí se anotan.

Del mismo modo, es incontestable que en la escritura 122 del 31 de enero de 1958, otorgada en la Notaría 2ª de Tunja, los vendedores José Evangelino Gamboa y Delfina Ramos dijeron transferir, tanto al señalado Aníbal Tunarrosa Samacá, como a su menor hijo Humberto Tunarrosa y a Aníbal Francisco, Isabel e Isaías Tunarrosa, el derecho “de dominio y posesión” que a aquellos correspondía en el mencionado predio “Monserrate”, habiendo precisado que sobre el precio de $3.000,00, Aníbal Tunarrosa y su menor hijo pagaron la mitad, es decir, la suma de $1.500,00.

Infiérese, subsecuentemente, que respecto del citado inmueble el enajenante no transfirió a los demandados derechos herenciales que sobre ellos pudiesen recaer, como aconteció con los demás, sino el derecho de propiedad proindiviso que en porción correspondiente a un cuarto (la mitad de la mitad), podría corresponderle sobre el mismo.

2. Con miras a establecer la trascendencia de tales yerros, es preciso destacar que si bien es evidente que la copia de la escritura 3137 del 9 de noviembre de 1988 aportada al proceso, carece de la constancia de registro reclamada por el artículo 256 del Código de Procedimiento Civil, como requisito de eficacia probatoria de esa especie de reproducciones, a la par que tampoco se allegó copia del folio de matrícula inmobiliaria en el que se reflejase dicha inscripción, no es menos cierto que tales omisiones que, valga la pena acotarlo, pasaron inadvertidas para las partes, no hacen mella, en este caso concreto, en el vigor probatorio de los aludidos documentos, por las razones que pasan a exponerse:

2.1. Dispone el artículo 1457 del Código Civil, que “no valdrá la donación entre vivos, de cualquiera especie de bienes raíces, si no es otorgada por escritura pública, inscrita en el competente registro de instrumentos públicos… Tampoco valdrá sin este requisito la remisión de una deuda de la misma especie de bienes”. No obstante que el referido precepto pareciera puntualizar que la validez del contrato de donación de un bien inmueble se encuentra supeditada no solamente al otorgamiento de la escritura pública de rigor, sino, además, a que la misma se hubiese inscrito en el registro inmobiliario pertinente, lo cierto es que esta última exigencia, es decir, la inscripción del título, es cuestión que atañe exclusivamente con la ejecución de la tradición de la cosa raíz, no con la validez del contrato.

Al respecto conviene comenzar por destacar la ambigüedad con la que el Código Civil aborda el tratamiento de la materia y la cual aflora en la misma definición que de la donación entre vivos hace el artículo 1443 ejusdem, pues la califica, siguiendo en el punto al legislador francés, como “un acto por el cual una persona transfiere, gratuita e irrevocablemente, una parte de sus bienes a otra persona que la acepta”.

Relativamente a esa definición es oportuno señalar, de un lado, que, según suele explicarse, se le tildó confusamente como “un acto”, atendiendo en el punto el erróneo parecer del Primer Cónsul, quien no concebía que pudiera llamársele contrato por generar obligaciones solamente para una de las partes; y, de otro, que si bien pareciera insinuarse que dicho “acto” transfiere per se la propiedad, lo cierto es que, por el contrario, es un mero título que impone al deudor la obligación de hacerlo, lo cual, como es apenas obvio, se cumple mediante la tradición, inferencia que se ofrece como irrebatible a la luz de la prescripción contenida en el artículo 745 del Código Civil, en el que se alude frontalmente a que aquella es el modo de adquirir el dominio en tratándose de títulos tales como “el de venta, permuta, donación, etc.”, doctrina que se repite en el artículo 747 ejusdem. Otro tanto acontece con la regla prevista en el artículo 765 ibídem que la considera como un “justo título” y con el artículo 1474 ídem, que pone de presente la distinción entre el negocio jurídico que la donación encierra y el cumplimiento de las obligaciones (entre ellas, obviamente, la de hacer la tradición de la cosa debida) que del mismo se desprenden.

Dadas, pues, esas inexactitudes que asoman manifiestas desde la misma definición del concepto, esta corporación se vio obligada a precisar que “la donación entre vivos es contrato, porque exige el concurso de las voluntades de donante y donatario pues sin la aceptación de este la sola voluntad liberal del primero constituye únicamente una oferta y no convenio de gratuidad. Además, como en el sistema colombiano los contratos no son modo de adquirir el dominio de las cosas, sino simple título para el mismo efecto, es claro que por el mero contrato de donación no transfiere el donante la propiedad de lo que regala, por lo cual para que el donatario adquiera el dominio del bien es menester que se cumpla con el modo respectivo, que, en tratándose de donación irrevocable, es la tradición. (...) Conviene advertir que cuando el contrato de donación es solemne, las formalidades especiales que deben ser satisfechas no son siempre las mismas. Así, tratándose de dádiva que consiste en inmueble, la solemnidad propia, en virtud de la naturaleza del bien, será la escritura pública, y si lo que se dona vale más de dos mil pesos, sea bien raíz o mueble, menester será cumplir la solemnidad consistente en la obtención de autorización judicial; faltando esta, el contrato, en todo caso, será nulo en cuanto exceda de dos mil pesos y a pesar de que se haya celebrado por medio de escritura pública (C.C., arts. 1457 y 1458)”. (G.J. CLI, pág. 134).

Establecido como se encuentra que la donación es un contrato y que en cuanto tal es un título del que emana la obligación de hacer tradición de la cosa donada, se impone concluir que normas como las de los artículos 1454 y 1455, entre otras, reparan, simplemente, en la liberalidad de ciertos actos, sin preocuparse por examinar su naturaleza jurídica. En efecto, véase a guisa de ejemplo, que el aludido artículo 1454, en consonancia con el artículo 1712 ejusdem, señala que “…hace donación el que remite una deuda…”, esto es, que a pesar de que la remisión gratuita de la deuda no encuadraría dentro de la concepción que del contrato denotan los artículos 1494 y 1495 ídem, según los cuales este presupone un acuerdo de voluntades del cual nacen obligaciones, el ordenamiento civil la tilda como un acto de donación, a pesar que su finalidad es la de extinguir obligaciones, amén de que no pocos consideran la remisión como un acto de formación unilateral que produce ciertos efectos jurídicos, aún sin que sea aceptada por el deudor. El sentido de esa disposición se explica, precisamente, porque en ella el legislador atendió simplemente, con particular énfasis, la liberalidad que ese acto implica.

Otro tanto acontece con la regla conforme a la cual también existe donación cuando alguien “paga a sabiendas lo que en realidad no debe”.

Esa reglamentación ambigua de la donación condujo a esta corporación a inferir años atrás, que “en el Código chileno y en el nuestro la donación tiene caracteres de contrato y de modo” (G.J XL, pág. 425), calificación esta última que en verdad no aflora en el ordenamiento, pues lo cierto es que, como ya quedara anotado, la donación es un contrato y, en cuanto tal, un título que da lugar a la transferencia del dominio mediante la tradición. En todo caso, dejando de lado lo dicho, lo cierto es que la Corte, en la referida sentencia (G.J XL, pág. 425), puntualizó que “el contrato de donación puede, conforme a nuestro sistema legal, referirse a cosas ajenas, pues como por el contrato no se transmite el dominio y sólo contrae el donante una obligación de dare a título gratuito, el asunto de la donación de cosa ajena se resuelve en la misma forma que el asunto de la venta de cosa ajena, es decir, que vale sin perjuicio de los derechos del dueño, y que el donante se obliga por el contrato a transmitir el dominio, para lo cual, verbigracia, podría adquirirlo del tercero; y si no cumple con tal obligación, la cuestión se resolverá en indemnización de perjuicios: igual en el contrato de venta y en el de donación, con la diferencia de que aquél es a título oneroso y este a título gratuito”.

Es decir que, en cuanto contrato que es, la donación de cosa ajena “produce los mismos efectos y tiene el mismo alcance, en general, que la venta de cosa ajena, y a dicha conclusión debe llegarse teniendo en cuenta los principios y espíritu de nuestro código”.

Si se interpretase el artículo 1457 del Código Civil de otro modo, es decir, entendiendo que la inscripción a la que allí se alude, constituye un requisito del contrato de donación cuyo objeto es un inmueble, y no simplemente como un supuesto de la tradición, como aquí se concluye, no se entenderían disposiciones tales como la contenida en el artículo 1480 ibídem, según el cual, “las donaciones con causa onerosa no dan acción de saneamiento por evicción, sino cuando el donante ha dado una cosa ajena, a sabiendas”, regla esta que, en lugar de viciar de nulidad el acto, si de donación de bienes raíces se tratase, como habría que esperarse de entenderse que el artículo 1457 exige la inscripción del título como solemnidad del contrato, concede las acciones de saneamiento pertinentes, cual acontece en el contrato de compraventa.

Por lo demás, tal ha sido el criterio que tácitamente ha atendido esta corporación en todos aquellos eventos en los cuales, luego de declarar simulada una donación falsamente revestida de contrato de compraventa, ha declarado su validez en lo que sea inferior al tope previsto en la ley para no exigir insinuación judicial ($ 2.000 antes del D. 1712/89), pues de haber entendido que la inscripción de la donación era un requisito de validez del contrato habría declarado su nulidad por carencia de aquella; desde luego que una cosa es inscribir en el registro una venta y otra muy distinta registrar una donación.

2.2. Precisado lo anterior, deviene palmario, entonces, que, cual sucede con el contrato de compraventa de inmuebles, cuando el de donación recae sobre esa clase de bienes, “para demostrar su existencia entre las partes y, por ende, su contenido, mas no la tradición, sólo se requiere aportar la escritura pública o el instrumento notarial que lo contiene” (G.J. CCXXV, pág. 106), aseveración que es igualmente válida cuando el litigio se plantea entre los causahabientes de uno de los contratantes, como aquí acontece.

Subsecuentemente, como “… en la especie de esta litis no se trata de una controversia de dominio, sino de una acción personal entre quienes fueron partes en el contrato de compraventa de un bien raíz, la copia de la escritura pública sin nota de registro prueba o produce efectos probatorios entre sus otorgantes” (G. J. CCXXV, pág. 107).

3. Siendo las cosas de ese modo, el yerro que al sentenciador ad quem se le enrostra es trascendente, pues por no haber apreciado debidamente los instrumentos públicos arriba reseñados, que indudablemente debió haber estimado, no habría concluido, equivocadamente, que respecto del predio “Monserrate”, el fallecido Aníbal Tunarrosa Samacá enajenó derechos herenciales, los cuales consideró de valor incalculable a efectos de establecer la procedencia de la insinuación de la donación, prevista en el artículo 1458 del Código Civil, sino que habría advertido que el objeto de dicha disposición comprendía una cuota proindiviso del derecho de propiedad sobre el mismo, cuyo estimación económica, además de no ofrecer las complejidades de aquella otra, ponía de presente la necesidad legal en que se encontraban los contratantes de insinuar debidamente la enajenación de dicho derecho.

El cargo, por consiguiente, se abre paso.

Cargo tercero

Trazado con sustento en la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, se acusa en él la sentencia recurrida porque, a causa de errores evidentes de hecho, el fallador infringió indirectamente, por falta de aplicación, los artículos 1458 (inciso primero), 1740, 1741, 1746 y 1748 del Código Civil.

Señala el recurrente que el Tribunal, a pesar de haber acertado al concluir que el contrato verdaderamente ajustado entre las partes fue el de donación no insinuada, pasó por alto, cometiendo error manifiesto de hecho, que al final del texto de la citada escritura, como se lee a folios 35 ibídem, las partes, al unísono, manifestaron que el precio total de “ … ''estas ventas es el de la suma de seiscientos cincuenta y ocho mil quinientos pesos ($ 658.500) moneda corriente'', precio este que, por cuanto se declaró que la venta era realmente una donación entre vivos, debe entenderse como el valor que las partes acordaron a la liberalidad”.

No vio el Tribunal, entonces, prosigue la censura, que el valor acordado por los contratantes a lo donado fue la suma de $658.500, como está dicho en la aclaración antes transcrita y como, además, se deduce de la cláusula segunda de la escritura, donde sin lugar a dudas se expresó que el total de las ventas (declaradas donaciones por el Tribunal), ascendió a $658.500.

El sentenciador ad quem al no ver que la mencionada donación tiene, sin lugar a dudas, un valor superior a dos mil pesos, y desde luego que no hubo insinuación, ha debido declararla absolutamente nula en cuanto excede a esta cifra, como lo dispone, sin una sola excepción o salvedad, el artículo 1458 del Código Civil. Y como no procedió de esa manera, quebrantó esta norma y los artículos 1740, 1741, 1746 y 1748 ibídem.

Consideraciones

1. No hay duda que el Tribunal se equivocó al inferir de la sentencia del 18 de agosto de 1995, proferida por esta corporación, una regla general y absoluta aplicable a todos los eventos en los que se donasen derechos herenciales, cuando lo cierto es que la doctrina allí contenida se refería específicamente a las particulares circunstancias que rodearon ese asunto y conforme a las cuales le era imposible a la Corte establecer con alguna certidumbre el monto de la donación demandada, sin que sea posible extender dicho criterio del modo categórico e inflexible que aflora en la providencia impugnada.

En otros términos, el sentenciador ad quem es reo de haber elevado a regla ineludible lo que es una cuestión fáctica que, en cuanto tal, debe examinarse en cada caso particular.

2. En efecto, es lo usual, que las personas ajusten acuerdos negociales atendiendo un conjunto de circunstancias concretas que les permitan calcular, por lo menos con ciertos márgenes de aproximación, las prestaciones a su cargo y las que correspondan a la otra parte, de manera que, por el contrario, resulta excepcional que el convenio se celebre sobre antecedentes totalmente indefinidos o inciertos, pues es común que medien, en mayor o menor grado, un conjunto de datos fácticos que les permiten determinar o, por lo menos, especular, sobre las probabilidades de ganancia o pérdida derivadas del contrato.

Vale decir, que al momento de contratar las partes toman en consideración un conjunto de circunstancias que determinan su declaración de voluntad, las cuales son asumidas por ambos, es decir, que conforman una representación mental común que influye en su decisión de negociar en un contexto concreto. Trátase, pues, de una presuposición mental compartida por ambos contratantes, por la que se dejan guiar para establecer el contenido del contrato, a tal punto influyente en su voluntad que de no existir esas particularidades fácticas que han tomado en consideración, no habrían celebrado el negocio jurídico.

Esa presuposición conjunta del contrato no es irrelevante en el ordenamiento patrio, como quiera que a ella aluden, por ejemplo, en un contexto determinado, los artículos 1511, 1512 y 1524 del Código Civil.

En tratándose de la cesión gratuita u onerosa de los derechos herenciales, es patente que tal enajenación puede estar precedida de un conjunto de observaciones de índole fáctica que inducen la voluntad de los contratantes, en cuanto constituye una representación común a ambos, respecto de ciertos aspectos determinantes o influyentes en su decisión. Así, por ejemplo, las partes pueden tomar en consideración los bienes que conforman la masa sucesoral; igualmente, pueden tomar cuenta del número de herederos conocidos por ellos, estimación que, inclusive, puede rayar en la certeza, y entre los cuales se distribuiría la herencia; pueden igualmente aludir al pasivo de la misma, o, inclusive, pueden partir de que, dado el tiempo transcurrido desde el momento del fallecimiento del causante y el momento en que realizan la convención, el pasivo es inexistente por no haber surgido aún.

Pueden existir, en ese orden de ideas, negociaciones tan minuciosamente acabadas, en cuanto las partes presupusieron tal cantidad de circunstancias, que el margen de contingencia o incertidumbre que de ellas se desprenda sea irrelevante.

Precisamente, cuando la cesión del derecho de herencia es a título oneroso, ese conjunto de datos constituye la base que las partes suelen tomar en cuenta para efectos de establecer el precio de la cesión.

De aplicarse rígidamente la tesis expuesta en el referido fallo habría que concluir que, justamente por las circunstancias que en él se anotan, no sería posible fijar un precio razonable de la cesión de derechos herenciales, cuestión que, por el contrario, es de ocurrencia común.

3. Es más, esta corporación ha sostenido que, inclusive, la enajenación de derechos hereditarios puede no ser un negocio aleatorio, es decir, sometido a las fuerzas azarosas del acaso. Ha dicho, por ejemplo, que “No se puede sostener de manera absoluta que la venta de derechos hereditarios sea siempre de carácter aleatorio. Cuando al momento de efectuarse la cesión se conoce de manera cierta por los contratantes la cuantía del activo y del pasivo de la sucesión, y el número y calidad de los herederos, el objeto vendido no es cosa que quede sometida totalmente al azar de una pérdida o ganancia. La prestación en este caso no depende de un acontecimiento incierto que haga imposible su justiprecio al momento del contrato” (G.J. LXXVIII, pág.233). Y si bien se aludió allí, a manera de ejemplo, que podía acontecer que la cesión se efectuase después de practicados los inventarios y avalúos, esto es, cuando ya se hubiesen fijado los elementos integrantes del patrimonio herencial y los valores de los bienes relictos, ello no significa que sea esta la única hipótesis en los que las partes puedan concretar las bases de la negociación, repeliendo al extremo el peso de la incertidumbre, como lo expone seguidamente la Corte al precisar:

“De tal manera que si por regla general la venta de derechos hereditarios sin determinación de especie, es contrato aleatorio, habrá casos en que ella tenga carácter conmutativo, siendo procedente entonces la acción rescisoria al existir lesión enorme, si los derechos cedidos valieren al mismo tiempo del contrato, más de la mitad de su justo precio.

La calificación de la naturaleza aleatoria o conmutativa de la venta de derechos hereditarios (...), es cuestión de hecho que corresponde determinar al juzgador en cada caso, teniendo en cuenta los antecedentes y las circunstancias en que se celebre el contrato, con base en las pruebas allegadas al juicio” (ibídem).

Tesis esta que, por demás, fue ratificada posteriormente, mediante sentencia del 19 de abril de 1971 (G.J. CXXXVIII, pág. 261).

De modo, pues, que aun cuando la fijación del monto de la donación de los derechos hereditarios pueda ser en algunos casos una tarea harto dificultosa y ardua e, inclusive, en otros, una cuestión que bordee la impracticabilidad, ello no significa que siempre sea una labor imposible de asumir de antemano, de manera que corresponderá al juez sopesar, en cada caso concreto, las circunstancias fácticas que tuvieron en consideración los contratantes para realizar la negociación y derivar de ellas el monto de la donación.

4. Y no hay duda que, como lo pone de presente la censura, en el expediente que aquí se examina relucen suficientes elementos de juicio para inferir que los derechos hereditarios enajenados por Aníbal Tunarrosa Samacá superan con largueza la suma de dos mil pesos previsto por el artículo 1458 del Código Civil, en su versión original, como tope máximo para eximir de insinuación judicial la donación.

En efecto, de un lado, los contratantes se preocuparon por asentar en la escritura pública Nº 3137 del 9 de noviembre de 1988, la cuantía de los bienes y derechos que fingidamente dijeron enajenar a título de venta, atendiendo, según allí lo manifestaron, “los avalúos catastrales”, precio que sumado arroja la cantidad de $658.000,00. Y descontada la tasación que le atribuyeron al predio “Monserrate”, esto es, la suma de $128.000, se colige que los derechos herenciales objeto de disposición tenían, por lo menos, un valor de $530.000,00.

Igualmente, en el dictamen pericial los expertos avaluaron los predios sobre los cuales recaían los derechos cedidos, descontado, obviamente, el inmueble “Monserrate”, en la suma de $3.166.698.27. De manera, pues, que aun cuando no están totalmente definidos todos los aspectos que podrían darle absoluta certeza al monto de la enajenación, no es menos cierto que, dado el avalúo de los bienes, la indefinición que al respecto podría tenerse no es de tal hondura que ponga en entre dicho que la cesión tenía un valor superior a $2.000,00, tope a partir del cual era menester la insinuación judicial.

Así las cosas, el cargo se abre paso.

Sentencia sustitutiva

1. Ya se dijo que el recurrente le atribuyó a los dos cargos examinados efectos parciales, circunstancia que impuso a la Corte su examen separado, por supuesto que en el primero de ellos, se ciñó a alegar la nulidad de la donación de la cuota de dominio que correspondía a Aníbal Tunarrosa Samacá en el lote “Monserrate”, mientras que en el tercero se circunscribió a cuestionar la enajenación de los derechos herenciales contenidos en la citada escritura pública Nº 3137.

Sin embargo, entiende la Corte, a efectos de decretar la nulidad de la donación contenida en la escritura 3137 del 9 de noviembre de 1988, otorgada en la Notaría 2ª de Tunja, que no obstante aludir el referido instrumento a la enajenación de diferentes derechos, existe en dicho acto unidad de causa (animus donandi), lo que conduce a concluir que se trata de un contrato único, en virtud del cual el donante asumió distintas obligaciones, cabalmente, las de transferir los diversos derechos allí relacionados, inferencia esta que, por lo demás, ha transitado pacíficamente en el proceso sin que hubiese sido controvertida.

2. Aunque habrá de decretarse la nulidad del citado negocio jurídico en todo lo que exceda de $2.000,00 no hay lugar a ordenar la restitución de bienes, de una parte, porque en la demanda incoativa del proceso los demandantes puntualizaron (hecho 13), que el cedente no hizo entrega material de los lotes; al paso que los testigos Sara María Duque de Fuquen (fl. 20 del cdno. 3), Silvino Dotor (fl. 43 ejusdem), Clímaco Andrés Samacá (fl. 45 ídem), Pablo Aguilar Piraneque (fl. 47 ibídem), Eva del Carmen Vargas Aguilar (fl. 54 in fine), así como del interrogatorio de parte absuelto por la demandante Ana Joaquina Tunarrosa Ramos (fl. 68 del mismo cuaderno), ponen de presente que la detentación de algunos predios sobre los cuales se radicaron los derechos herenciales cedidos a título gratuito por Aníbal Tunarrosa, así como la explotación económica de los mismos, al parecer consentida por este, se remonta a muchos años antes de haberse otorgado la escritura 3137 de noviembre 9 de 1988, es decir, que la tenencia material de esos bienes raíces por parte de los demandados no obedece ni se apuntala en el contrato de donación que la referida escritura contiene.

Por igual razón, no se hará ningún pronunciamiento sobre frutos, además que, como lo tiene asentado esta corporación, “de acuerdo con la regla tercera del citado artículo (C.C. art. 1395), en las sucesiones intestadas los frutos naturales y civiles producidos por los bienes relictos durante la indivisión, debe distribuirse entre todos los herederos en común y a prorrata de sus cuotas respectivas, sin atender a quien se hayan adjudicado en la partición. Y si un heredero ha tenido en su poder bienes hereditarios fructíferos, percibiendo los frutos correspondientes, estos deben distribuirse al efectuarse la partición, entre todos los herederos y a prorrata de sus cuotas” (G.J. LXXVIII, pág. 590).

Así las cosas, y dado que los inmuebles detentados por los demandados, exceptuando el denominado Monserrate (y sobre el cual, también de tiempo atrás los mismos demandantes ejercen posesión material parcial, según la experticia), hacen parte de la masa hereditaria de la sucesión de Isaías Tunarrosa, de quien se proclamó heredero el donante Aníbal Tunarrosa, también fallecido, será al momento de liquidarse aquella herencia cuando habrá de distribuirse y, por ende, determinarse los adjudicatarios de los frutos entre los distintos herederos del primero de los mencionados causantes.

En fin, como la detentación material de los inmuebles no encuentra venero en la escritura anulada, no hay lugar a restituciones mutuas por tal concepto, lo cual, obviamente, también se predica de las mejoras que eventualmente hubiesen podido incorporar los demandados en los inmuebles.

Como quiera que algunas disposiciones contenidas en la parte resolutiva del fallo de segundo grado no fueron combatidas por el recurrente, quien, como oportunamente se acotara, acepta la simulación declarada por el sentenciador, se transcribirán en esta decisión aquellos apartes de dicha sentencia que se mantienen inalterados.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, fechada el 25 de julio de 1996, y en su lugar dispone:

1. “Modifícase la sentencia de veinte de noviembre de 1995, pronunciada por el Juez Segundo Civil del Circuito de Tunja, dentro del juicio ordinario seguido por Nubia Tunarrosa Torres, Ana Isaura Tunarrosa Torres y Ana Joaquina Tunarrosa Ramos, frente a María Isabel Tunarrosa de Tunarrosa y Humberto Tunarrosa Ramos, en los siguientes términos:

“La escritura Nº 3137 de 9 de noviembre de 1988 de la Notaría Segunda del Círculo de Tunja y 1760 del 17 de agosto de 1990, de la Notaría Primera del Círculo de Tunja, aclaratoria de la primera, contiene un negocio jurídico simulado por cuanto las partes realmente acordaron un contrato de donación por acto entre vivos.

“En consecuencia, ordénanse las correspondientes aclaraciones en las respectivas notarías y en el Registro de Instrumentos Públicos”.

2. Decrétase la nulidad de la donación contenida en la escritura pública Nº 3137 de 9 de noviembre de 1988 de la Notaría Segunda del Círculo de Tunja y 1760 del 17 de agosto de 1990, de la Notaría Primera del Círculo de Tunja, en todo lo que exceda de la suma de dos mil pesos ($2.000). Líbrense los oficios de rigor.

3. En consecuencia, descontado el valor de $2.000 deben regresar a la sucesión de Aníbal Tunarrosa Samacá los derechos herenciales que a este correspondían en la sucesión Isaías Tunarrosa, así como los derechos proindiviso que al mencionado causante le correspondían en el predio Monserrate, derechos todos estos que el causante cediera a título gratuito a los demandados María Isabel Tunarrosa de Tunarrosa y Humberto Tunarrosa Ramos, mediante la referida escritura.

No hay lugar, por las razones oportunamente anotadas, a ordenar en esta sentencia otras restituciones mutuas a favor de las partes.

4. Deniéganse las pretensiones principales de la demanda.

5. Condénase a los demandados al pago de las costas de primera y segunda instancia. Tásense. Y sin costas en el recurso se casación. Notifíquese.

Jorge Antonio Castillo Rugeles—Manuel Ardila Velásquez—Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo—José Fernando Ramírez Gómez—Jorge Santos Ballesteros—Silvio Fernando Trejos Bueno—César Julio Valencia Copete. 

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