Sentencia de casación 6600 de agosto 5 de 1992 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

•SALA DE CASACIÓN PENAL

REFORMATIO IN PEJUS

SE PROHIBE TAMBIÉN PARA LA ABSOLUCIÓN

EXTRACTOS: «Por la acción oficiosa que se reclama de la Corte para enmendar, en sede de casación, inobservancia de preceptos constitucionales que deben tutelarse siempre y de inmediato, conviene analizar la incidencia del citado art. 31, en el fallo impugnado.

Debe empezarse, en este aparte, por las consideraciones de la Delegada, quien en denso estudio trata de descifrar el total espíritu del mencionado dispositivo. Así se tenga opinión distinta del asunto, el esfuerzo dialéctico del Ministerio Público merece conocerse integralmente. De ahí que la Sala se permita reproducir, en este punto, la totalidad de su tesis:

“...a) La interpretación literal de la disposición que contiene estas expresiones: “agravar”, “pena impuesta” y “condenado”. Si se mira cada una de ellas se tiene que admitir que el texto parte del supuesto de que haya un condenado a una pena determinada previamente al establecimiento de la relación procesal de impugnación en la alzada. De donde se tiene que si la persona ha sido absuelta, se trata de hipótesis distinta a la prevista en la Constitución que se refiere al condenado que es apelante único. Ese sentido jurídico procesal de la expresión que fija el alcance de la punibilidad, en general, determinada en la primera instancia como objeto inagravable de la relación de apelación no puede ser entendido de otra manera: ni puede referirse a un condenado como persona natural, ni a una persona procesada pero absuelta. La redacción del texto de la Carta implica un condenado como contenido procesal, es decir una correlación de sujeto pasivo y sentencia de responsabilidad particularizada o individualizada en el sentido procesal, es decir que debe mirarse la relación del sujeto procesal con su imputación penal y su condena, con la pena que se hubiere seleccionado para el caso. De manera que los términos de la Constitución en ese punto comprenden conceptos de contenido jurídico, a los cuales quiso referirse con evidencia, y que no pueden desatenderse para darles una explicación que los despoje de su significado procesal. Por ello cuando se dice de un condenado, ya de por sí se está afirmando de manera implícita que existe una persona natural que ha sido sometida formalmente a proceso (sujeto procesal), y que afirmada su responsabilidad ha sido objeto del señalamiento de una pena (pena impuesta). Pero a la vez, parece a esta Delegada, que ello tiene un sentido, ínsito e ineluctable aprehensible racionalmente: que existe una específica y concreta imputación penal, respecto de la cual se produce la condena y se impone la pena en comentario. Todo este conjunto de contenidos jurídicoprocesales van entendidos en expresiones del mundo del derecho como el condenado. Naturalmente que si se supone una situación más compleja en el orden procesal, se diría que un procesado singular puede ser sujeto pasivo de varias imputaciones penales, y técnicamente (aunque no sea exacto naturalísticamente) será un sujeto procesado aun cuando idéntico a sí mismo como persona natural. En la hipótesis inversa: varios procesados por la misma imputación penal, en que hay identidad de delitos, se dirá que conforman varios procesados de un homogéneo hecho punible.

Estas razones mueven a pensar que, cuando la Constitución Nacional establece la prohibición de “agravar la pena impuesta” al “condenado”, se está ocupando de los casos en que el juez de primera instancia haya definido la responsabilidad penal condenando e imponiendo una pena, obviamente por un tipo legal determinado previamente atribuido en el proceso. Por el argumento a contrario sensu, se dirá que no se puede referir al caso en que el procesado como persona natural ha sido absuelto por una imputación penal, ya que en relación con ella —la imputación delictiva— no es condenado, ni se le ha impuesto pena alguna. La solución nos parece aplicable también en el evento en que el procesado es absuelto de una de varias imputaciones penales, y condenado por otra, como que en relación con el delito por el que resulta absuelto en la sentencia de primer grado no tiene la condición de condenado, ni se le ha impuesto pena alguna.

Finalmente la expresión “agravar la pena impuesta”, implica lo que explícitamente dice el texto: es decir, que hay una pena impuesta cualquiera que sea el quantum, que puede ser incrementada, hipótesis única en que cabe atender la prohibición. No así cuando la pena se disminuye en la alzada, puesto que ello además de favorecer al procesado no está vedado por el texto en comentario. Agravar significa “aumentar” o “hacer más grave”, lo que por petición de principio indica que existe un supuesto que puede ser incrementado o siendo perjudicial acrecienta el perjuicio. Por ello no cabe admitir que se utilice el texto del artículo 31 de la Constitución en el caso en que otro procesado, o el mismo por otro delito, resulta absuelto visto que en este caso no hay ni “un condenado”, ni existe “una pena impuesta”, ni “se agrava la pena”.

b) Desde el punto de vista de la estructura del proceso, que la Constitución ha llamado el debido proceso, y atendiendo el principio de la doble instancia que obliga a preservar la Carta en su artículo 29 en materia de sentencias condenatorias (“a impugnar la sentencia condenatoria”), es evidente que si el alcance del texto del artículo 31 de la Constitución se fuerza al punto que a la persona absuelta por un hecho punible que concurre con otro por el cual no lo fue, tenga el privilegio de congelar su punibilidad frente a la primera imputación en la relación de alzada ante el juez de segundo grado, se arrasa con el sentido de apelación y se elimina por la vía práctica el sentido de la impugnación, si se da la eventualidad del apelante único. Piénsese en el caso en que el recurrente quiere debatir en la alzada la existencia de las lesiones por las que fue condenado, pero que a la vez ha sido absuelto del homicidio que le fuera atribuido en la resolución de acusación. Se dirá que frente al texto constitucional dicho, la punibilidad por las lesiones no puede agravarse visto que se mantiene la unidad de condenado, de delito y de pena impuesta, que es la correlación que quiere limitar el artículo 31. Pero no de cara al delito por el que fuera absuelto, como que por él no aparece limitante alguna de orden constitucional visto que no hay condenado, ni obviamente una pena impuesta que pudiera agravarse. Pero fundamentalmente porque el derecho a impugnar la “sentencia condenatoria” prevé, en la parte final de la norma examinada, una forma de prohibición de reformatio in pejus ante las condenas judiciales pero no en el evento de las absoluciones como se ve literalmente. Y además porque ello se llevaría de calle una buena porción del sistema de apelación del proceso, con lo que resultaría inoficiosa en alta proporción la revisión de segunda instancia. La consecuencia procesal que se anota desvertebraría en buena porción la estructura lógica del proceso, frente al principio de la doble instancia y el significado de la relación de impugnación por la apelación como recurso ordinario.

c) En una hipótesis como la dicha, en donde el sentenciado frente a una doble atribución delictual es condenado por una de ellas y absuelto por la otra, solución que es revocada por el ad quem para condenar por ella, no se “agrava la pena impuesta”, aun cuando al hacer un cúmulo jurídico por las dos entidades delictivas que se le enrostran la cantidad de pena aritméticamente resulte superior. Jurídicamente no se aumenta la pena, sino que se le mantiene la pena por el delito por el cual asume el papel de condenado (y en ello se respeta la Constitución Nacional artículo 31), sólo que se le impone pena por un delito por el cual no había sido condenado en modo alguno, efecto que es propio de la apelación, y la competencia ilimitada que afirma el artículo 538 del C.P.P. ...”.

El Ministerio Público, para llegar a tan restrictiva interpretación, parte de la consideración de los términos empleados por el legislador, sopesados de manera literal, y compone un raciocinio que por su simplicidad no deja de impactar sugestivamente. Las tres expresiones utilizadas en el art. 31 (condenado, pena impuesta y agravar) no pueden referirse sino a una hipótesis, o sea, la de que preexista una sentencia de condena, en virtud de la cual sólo es dable hablar de “condenado”, de “pena impuesta” y de “agravación”. Esta es la relación procesal que se tiene en cuenta para establecer la prohibición. Todo lo que esté por fuera de esta previsión, se rige por contrario mandato, vale decir, que ya no incide en las determinaciones que tome el juez a-quo el obstáculo constitucional para el más amplio ejercicio de las facultades implicadas en la labor de juzgamiento. Como en la sentencia absolutoria no se da condenado, ni hay pena alguna, obvio resulta que no se agrava la sanción y por tanto, refiriéndose el texto, al evento de un punitivo aumento, la situación está por fuera de esta supervisión. En el caso subjúdice, apenas sería pasible de estudio lo relacionado con el hurto calificado, único fenómeno que dio lugar a una imposición de pena.

Pero la ley, que procura alguna finalidad, debe mostrarse coherente y armónica en sus dictados, pues no es dable atribuir al legislador regulaciones contradictorias, lindantes con el absurdo. A las claras, entendida a derechas, la norma busca que cuando la única de las personas intervinientes en el proceso que protesta por la determinación tomada lo es el sentenciado, no es dable admitir que éste le concede atribuciones a su juez para que vaya más allá de la situación que advierte como insufrible, como causa de daño indebido y contrario a derecho. O sea, que no se entiende cómo se puede actuar, con esta única fuente del poder ejercitable por el superior, contra esa voluntad y entender que también otorgó facultad en aquello que ha asentido, por estimarlo favorable o menos perjudicial. La ley suprema, y no es el caso de criticar la bondad de la institución cuando se trata de aplicarla y viene con una categoría de disposición constitucional, ha uncido las prerrogativas juzgadoras, en estos casos, a lo que al respecto exprese el dueño de la impugnación, cuando se trata del procesado. Esta es la órbita en que debe analizarse el asunto, pues no es de recibo que se le otorgue a sujeto tal un poder limitante y al mismo tiempo se le desconozca. La concepción legal está montada en que si los demás participantes en el debate, con propiedades impugnatorias, como el Ministerio Público o la parte civil, no se alzaron contra las determinaciones benéficas para el procesado, éste se encuentra en situación de poder orientar el contenido de la segunda instancia. Entonces, lo que se alcanza a mirar en un momento determinado como supeditación que escuece y alarma, porque la justicia no alcanzó todos sus necesarios y exigibles logros, no puede radicarse en quien apeló para provecho propio y que de haberse quedado callado el proceso hubiera quedado como de única instancia, sino en quien caracterizado de representante de la sociedad no se levantó contra una decisión de rebajada condición y calidad. El precepto analizado no puede valorarse como de una redacción tal que enclaustre al procesado en el dilema de aceptar integralmente las definiciones tomadas, pues de mostrarse opuesto a parte de ellas, validaría la actuación del funcionario de segundo grado para intervenir totalmente. Esta extralimitación sólo se da cuando removido lo que fue motivo de acusación, se exhiba como imprescindible, para evitar contrasentidos o desarmonías de injusticia, mudar otros inatacados aspectos de la resolución. Pero cuando la unidad conceptual logra mantenerse, cuando la coherencia se preserva, cuando la armonía no se afecta, no hay lugar a extravasar el poder.

Si la prohibición constitucional ha querido, manifiestamente, impedir que la segunda instancia introduzca un mayor rigor a expensas de la sola solicitud del procesado que se queja de parte de la sentencia, ¿cómo no entender dentro de la misma la segmentación del recurso de darse en un fallo decisiones favorables y nocivas, condenas y absoluciones? ¿Quedará satisfecha la benigna y benovolente inspiración del legislador, eco fiel del sistema penal acusatorio, contrarrestando agravaciones de días o meses, pero dejando libre mudar la pena-cero por la pena-treinta años? El pasaje constitucional pudo redactarse en forma mejor, para evitar dudas y cavilaciones, aunque poco suele hacer un intento de esta clase por aliviar la duda metódica o clarificar situaciones que con la sola aplicación de principios, reglas generales, contextos, unidad lógica, etc., cerrarían el paso a incomprensibles polémicas.

A la Sala se le presenta de bulto que si no se quiso auspiciar, en las circunstancias de ser único apelante el procesado, aspectos de secundaria importancia o de menor entidad en cuanto a la intensificación de una pena, menos se quiso patrocinar el que se pudiese cambiar la absolución por la condena, dándose estas mismas particularidades. Para asumir un criterio distinto, sería necesario que mediara, en cuanto al recurrente, un expreso y nítido enteramiento de lo que le puede acontecer con su apelación, cuando obran diferentes determinaciones en un único fallo, esto es, cuando el contenido es disímil pues concurren simultáneamente condenas, absoluciones y aumentos de pena. Solo ante un asentimiento, igualmente claro y completo, podría tomarse una determinación como la que se recomienda por la delegada. Pero no dándose ésta ni como actitud del procesado ni como determinación de la ley, asumirla en tal sentido equivale a un injusto sorprendimiento.

La cuestión puede asumir incidencias todavía mayores y menos explicables en casos no de delitos conexos, sino de acumulaciones propias, esto es, procesos independientes, autónomos, sin ninguna correlación, por fuera de la identidad del sentenciado, que logra unificarse conforme a las regulaciones de los artículos 91 y ss. del C. de P. P. Apelada la condena exclusivamente por el sentenciado en uno de esos múltiples expedientes así reunificados, daría atribución para revisar también las absoluciones impartidas en los demás. La unidad o integración de procesos y procedimientos, no comporta la indisoluble ligazón de la protesta introducida por el procesado, pues ésta es dable distinguirla y fijarla en las propias lindes de su descontento. Si se quiere o busca finalidad distinta, para eso está la apelación del Ministerio Público, de la parte civil, o la consulta, institución esta última que, en los sistemas acusatorios, suele tomarse como ajena al mismo y un tanto incompatible con su estructura.

El endurecimiento de la pena, que contempla como algo vedado la Constitución, cuando el único recurrente es el procesado, se da tanto cuando una pena determinada se intensifica, como cuando mediante la revocatoria de la absolución se abre camino para imponer una sanción que no se dio en la primera instancia. En ambos casos debe establecerse el inmediato correctivo, en guarda de la garantía que establece la Carta para estas situaciones y para esta clase de comportamiento procesal del sentenciado.

Debe agregarse que el criterio expuesto, ha sido el sostenido por la Corte en varios pronunciamientos».

(Sentencia de casación, agosto 5 de 1992. Radicación 6600. Magistrado Ponente: Dr. Gustavo Gómez Velásquez).

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