Sentencia 66001-23-31-000-1997-3892-01 de septiembre 28 de 2006 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Radicación 66001-23-31-000-1997-3892-01

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Bogotá, D.C., septiembre veintiocho de dos mil seis.

Actor: Gustavo Duque Maya y otros

Demandado: Empresas Públicas de Pereira y otra

Ref.: Expediente 19.852. Nulidad procesal

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Como se observa que la acción de reparación directa se promovió contra empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, esto es, contra las Empresas Públicas de Pereira y la Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP, se declarará la nulidad de lo actuado a partir del auto que admitió la demanda y, en consecuencia, se ordenará su remisión a la justicia ordinaria para que avoque el conocimiento del proceso. En efecto, la Sala en un asunto similar al que ahora ocupa su atención destacó que:

1. Problema jurídico.

El asunto planteado en el recurso atañe con el interrogante relativo a si en el ámbito de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo recae el conocimiento de una demanda en la cual la conducta demandada se contrae a un hecho dañino producido con una cosa destinada a la prestación del servicio domiciliario de energía (cárcamo para conducción de redes eléctricas).

2. Jurisdicción Contencioso Administrativa.

El cuestionamiento que hace el recurrente conduce al estudio de la competencia de esta jurisdicción.

Genéricamente, la competencia judicial proviene de la Constitución Política y/o de la ley, según su caso. Y particularmente, la competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida, según el Código Contencioso Administrativo, para juzgar las controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado (art. 82 inc. 1º); sin embargo las expresiones “de las entidades públicas” que por ellas solas expresarían cualquiera persona jurídica estatal, están precisadas en el contenido de su actividad en el siguiente artículo, 83 (sic), que en materia de “extensión del control” señala que esta jurisdicción “juzga los actos administrativos, los hechos, omisiones, las operaciones administrativas y los contratos administrativos y privados con cláusula de caducidad (2) de las entidades públicas y de las personas privadas que ejerzan funciones administrativas, de conformidad con este estatuto”.

Por consiguiente ese ordenamiento jurídico es indicador claro de que las conductas que son de conocimiento de esta jurisdicción deben estar vinculadas a la función administrativa (criterio material), salvo excepción legal (3) , indistintamente que corresponda al Estado o a los particulares, pero siempre en relación con el ejercicio de dicha función.

Lo anterior sirve para concluir, aplicando al caso en estudio, que generalmente las actividades de las empresas de servicios públicos, domiciliarios son de conocimiento de la justicia ordinaria y no son de conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo o porque no son entidades oficiales o porque siéndolo sus conductas, en su mayoría, no se producen en ejercicio de una función administrativa ni con su ocasión. Por lo tanto, solo las que se producen como resultado de la función administrativa o con ocasión de la misma serán de conocimiento de la Justicia de lo Contencioso Administrativa, como pasa a explicarse.

3. Servicios públicos en la Constitución Nacional.

Dispone la Carta Política que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y es deber de este asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional; que los servicios estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, que podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas o por particulares. Igualmente prevé que es a la ley a la que le corresponde determinar, entre otros, los deberes y derechos de los usuarios, el régimen de su protección y sus formas de participación en la gestión y fiscalización de las empresas estatales que presten el servicio y “Expedir las leyes que regirán el ejercicio de las funciones públicas y la prestación de los servicios públicos” (C.N., art. 150, num. 3º).

4. Naturaleza de las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios.

Partiendo de las conductas que puede desplegar una empresa oficial de servicios públicos y prosiguiendo con la integración del ordenamiento jurídico sobre la atribución, por el legislador, de conocimiento de los litigios y controversias de dichas empresas a las jurisdicciones correspondientes es de natural consecuencia, que la generalidad de dicha actividades sea de conocimiento de la justicia ordinaria y por excepción de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, como se ve en precisos aspectos contractuales; así lo ha indicado la jurisprudencia tanto de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado como de su Sección Tercera, con base en la ley (4) .

El conocimiento por parte de alguna jurisdicción puede provenir directamente de la Carta Política, de una ley especial o puede inferirse de la ley general de atribuciones o reparto de competencias. Por lo mismo, la jurisprudencia de esta corporación al precisar sus facultades en relación con asuntos judiciales que tengan que ver con empresas de servicios públicos domiciliarios, ha tenido en cuenta:

• De una parte, la ley especial —Ley 142 de 1994— en la cual se señalan aspectos concretos de atribución de jurisdicción, cuando califica de administrativos algunos actos, cuando remite en la misma materia de atribución judicial a otras leyes etc., y,

• De otra parte, la ley general de atribución de conocimiento a la Justicia Contencioso Administrativa en la cual señala que “juzga los actos administrativos, los hechos, omisiones, las operaciones administrativas y los contratos (5) de las entidades públicas y de las personas privadas que ejerzan funciones administrativas, de conformidad con este estatuto”.

Indicador evidente de lo anterior resultan las siguientes anotaciones:

Ley especial —142 de 1994— en aspectos concretos de atribución de jurisdicción especial:

En primer lugar por la calificación de la conducta: El legislador al cualificar de acto administrativo indirectamente asigna su control judicial a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa.

ART. 11.—Función social de la propiedad en las entidades prestadoras de servicios públicos. Para cumplir con la función social de la propiedad, pública o privada, las entidades que presten servicios públicos tienen las siguientes obligaciones: Parágrafo. Los actos administrativos de carácter individual no sancionatorios que impongan obligaciones o restricciones a quienes presten servicios públicos y afecten su rentabilidad, generan responsabilidad y derecho a indemnización, salvo que se trate de decisiones que se hayan dictado también para las demás personas ubicadas en la misma situación.

ART. 38.—Efectos de nulidad sobre actos y contratos relacionados con servicios públicos. La anulación judicial de un acto administrativo relacionado con servicios públicos solo producirá efectos hacia el futuro. Si al declararse la nulidad se ordena el restablecimiento del derecho o la reparación del daño, ello se hará en dinero si es necesario, para no perjudicar la prestación del servicio al público ni los actos o contratos celebrados de buena fe.

ART. 116.—Entidad facultada para impulsar la expropiación. Corresponde a las entidades territoriales, y a la Nación, cuando tengan la competencia para la prestación del servicio, determinar de manera particular y concreta si la expropiación de un bien se ajusta a los motivos de utilidad pública e interés social que consagra la ley, y producir los actos administrativos e impulsar los procesos judiciales a que haya lugar.

ART. 117.—La adquisición de la servidumbre. La empresa de servicios públicos que tenga interés en beneficiarse de una servidumbre, para cumplir su objeto, podrá solicitar la imposición de la servidumbre mediante acto administrativo, o promover el proceso de imposición de servidumbre al que se refiere la Ley 56 de 1981.

ART. 118.—Entidad con facultades para imponer la servidumbre. Tienen facultades para imponer la servidumbre por acto administrativo las entidades territoriales y la Nación, cuando tengan competencia para prestar el servicio público respectivo, y las comisiones de regulación.

ART. 120.—Extinción de las servidumbres. Las servidumbres se extinguen por las causas previstas en el Código Civil; o por suspenderse su uso por dos años; o si los bienes sobre los cuales recae se hallan en tal estado que no sea posible usar de ellos durante el mismo lapso; o por prescripción de igual plazo; o por el decaimiento a que se refiere el artículo 66 del Código Contencioso Administrativo, si provinieren de acto administrativo.

En segundo lugar, por la remisión al conocimiento exacto de un conflicto o controversia a determinada jurisdicción:

En el título II sobre régimen de actos y contratos de las empresas se lee:

ART. 33.—Facultades especiales por la prestación de servicios públicos. Quienes presten servicios públicos tienen los mismos derechos y prerrogativas que esta ley u otras anteriores, confieren para el uso del espacio público, para la ocupación temporal de inmuebles, y para promover la constitución de servidumbres o la enajenación forzosa de los bienes que se requiera para la prestación del servicio; pero estarán sujetos al control de la Jurisdicción en lo Contencioso Administrativo sobre la legalidad de sus actos, y a responsabilidad por acción u omisión en el uso de tales derechos.

Y en la ley general de conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa —Decreto-Ley 1 de 1984 con sus reformas—, se determinan las conductas de las entidades públicas y de los particulares en ejercicio de función administrativa, de la cual se deducen claramente las conductas que no serán de su conocimiento.

5. El caso concreto.

5.1. Lo demandado.

Los actores pretenden que se declare administrativamente responsable a la entidad “Empresas Públicas de Pereira” y a la sociedad “Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP”, por los perjuicios ocasionados el día 22 de julio de 1997 cuando el señor Gustavo Duque Maya, al pisar una tapa que se encontraba en mal estado y sin señalización, cayó dentro de un cárcamo para la conducción de redes eléctricas, ubicado en la carrera 5ª Nº 19-57 del municipio de Pereira. Para esa fecha, La Sala observa,

• Que mediante Acuerdo 30 del 16 de mayo de 1996, artículo 1º, el Concejo Municipal de Pereira autorizó al Alcalde de Pereira a transformar el establecimiento público “Empresas Públicas de Pereira” en cuatro sociedades por acciones para la prestación de servicios públicos domiciliarios, a saber: Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP; Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. ESP; Empresa de Telecomunicaciones de Pereira S.A. ESP; Empresa de Aseo de Pereira S.A. ESP. También autorizó al Alcalde de Pereira a constituir, como resultado de la misma escisión una empresa denominada Empresa de Servicios Múltiples Compartidos S.A., la cual realizará actividades de lectura, facturación, recaudos, talleres y las demás funciones necesarias para asegurar la eficiencia de las empresas de servicios públicos creadas (art. 1º, par. 2º) (fls. 13 a 18, cdno. 2).

• Que mediante escritura pública Nº 1327 del 16 de mayo de 1997 otorgada en la Notaría 4ª de Pereira, se constituyó la sociedad Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP, con el objeto de prestar el servicio de energía eléctrica y sus actividades complementarias (fls. 53 a 57 cdno. ppal.).

• Y que en la Carrera 5ª Nº 19-57 de la ciudad de Pereira (lugar de ocurrencia de los hechos objeto del presente proceso), existe un cárcamo de servicios públicos múltiples, “tales como Eléctrica-Acueducto-Alcantarillado-Telecomunicaciones” (fl. 32 cdno. 2).

Como se aprecia de la relación fáctica en que se apoya la demanda, la conducta impugnada corresponde a un hecho de una empresa oficial de servicios públicos domiciliarios, vinculada por el instrumento o cosa a la ejecución de un servicio público. Por tanto, la causa petendi se fundamenta entonces en una conducta extracontractual ligada con una cosa destinada a la prestación del servicio público de energía eléctrica.

Y como la ley especial sobre servicios públicos domiciliarios no contiene norma sobre la atribución judicial de conocimiento respecto de hechos generadores de responsabilidad extracontractual de las empresas de servicios públicos domiciliarios, como es el caso aquí demandado, puede concluirse con base en las tareas legales que tiene el demandado de prestador de servicio público domiciliario que su juez natural lo constituye la justicia ordinaria y no es la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

5.2. Falta de jurisdicción.

La conclusión de falta de jurisdicción conduce a la Sala, necesariamente, a definir que el presente proceso en el cual se discute la responsabilidad extracontractual de la administración por los hechos arriba señalados es de conocimiento de la justicia ordinaria.

El Código Contencioso Administrativo, remite en materia de nulidades a las causales señaladas en el Código de Procedimiento Civil (art. 165). Este último estatuto prevé, de una parte, la facultad oficiosa del juez para declarar nulidades insaneables, hasta antes de dictar sentencia y, de otra parte, que una de las causales de nulidad insaneable consistente en que el asunto corresponda a otra jurisdicción (art. 145, art. 140 num. 1º).

Como la nulidad que se declarará no permite la renovación de la actuación declarada nula, por provenir de falta de jurisdicción, la actuación surtida desaparece desde que se dictó el primer auto en el proceso.

Por lo tanto, queda por proveer sobre la demanda, a consecuencia de la declaratoria que se hace de todas las actuaciones en el juicio.

El Código Contencioso Administrativo, que señala en el artículo 143 (inc. 4º) que: “En caso de falta de jurisdicción o de competencia mediante decisión motivada el juez ordenará remitir el expediente al competente, a la mayor brevedad posible. Para todos los efectos legales se tendrá en cuenta la presentación inicial hecha ante la corporación o juzgado que ordena la remisión”.

Por lo tanto, además de declarar la nulidad por falta de jurisdicción, esta falta también se convierte en causa para remitir el expediente al Juzgado Civil del Circuito de reparto de la ciudad de Pereira, de acuerdo con lo previsto en el Código de Procedimiento Civil, el cual expresa:

“ART. 16.—Sin perjuicio de la competencia que se asigne a los jueces de familia, los jueces de circuito conocen en primera instancia de los siguientes procesos:

1. De los procesos contenciosos que sean de mayor cuantía, salvo los que correspondan a la Jurisdicción Contencioso Administrativa”.

Así las cosas, comoquiera que en el caso sub examine se discute la responsabilidad extracontractual de empresas prestadoras de servicios públicos, cuyo daño no tiene relación con las funciones administrativas de esta, la jurisdicción ordinaria debe ser la encargada de examinar la conducta que le imputan a la administración.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

RESUELVE:

1. DECLÁRASE la nulidad de lo actuado en este proceso a partir del auto admisorio de la demanda inclusive, esto es de la providencia dictada por el Tribunal Administrativo de Risaralda el día 23 de octubre de 1997.

2. REMÍTESE, como consecuencia del numeral anterior, el expediente al Juez del Circuito —Reparto— de la ciudad de Pereira para lo de ley. Por secretaría háganse las anotaciones del caso.

Cópiese, notifíquese y devuélvase».

(2) La parte resaltada quedó derogada implícitamente con la entrada en vigencia de la Ley 80 de 1993.

(3) A título de ejemplo lo que se relaciona con los contratos estatales y todas las conductas que acaezcan en relación con ellas, como lo dispone la Ley 80 de 1993 (art. 75), y el Código Contencioso Administrativo (art. 132-5).

(4) Se hace referencia a las excepciones contenidas en el artículo 32 de la Ley 142 de 1994. *) Auto de Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del 23 de septiembre de 1997, Expediente S-701, actor: Diego Girado Londoño. *) Auto de la Sección Tercera que reiteró la providencia anterior, Expediente 14.000, actor: Sociedad Ichi Ban Motors S.A. *) Auto de 28 de octubre de 1998, Sección Tercera, Expediente 15.225, actor: Luis Adelmo Cometa. *) Auto de 21 de enero de 1999, Sección Tercera, Expediente 15.620, actor: Construcciones Pico y Pala Ltda. *) Auto de 4 de febrero de 1999, Sección Tercera, Expediente 15.154, actor: Gladys Ballesteros Frade y otros. *) Auto de 12 de agosto de 1999, Expediente 16.446, actor: Chamat Ingenieros Ltda; demandado: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. ESP.

(5) Ver pié de página 2.

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