Sentencia 66001311000219990137 de septiembre 26 de 2005 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

RECONOCIMIENTO DE HIJO EXTRAMATRIMONIAL

Se controvierte mediante acción de impugnación y no por acción de nulidad

EXTRACTOS: «La filiación es el vínculo jurídico de parentesco establecido por la ley entre ascendientes y descendientes de primer grado, que da lugar a un estado civil, de suyo “indivisible, indisponible e imprescriptible” (D. 1260/70, art. 1º), para cuya protección fueron consagradas las apellidadas acciones de impugnación y de reclamación de estado, que “son de índole sustancial pues se confunden, respectivamente, con el derecho del interesado para liberarse de las obligaciones que le impone un estado que realmente no le corresponde, o para adquirir los derechos inherentes al que injustamente no se le ha querido reconocer en forma voluntaria” (CXXXV, 124).

También es conocido que las normas relativas al estado civil son de orden público, pues se trata de una materia que no solo concierne a quien ostenta un determinado estado, sino también a la familia y a la sociedad toda, razón por la cual fue establecida su irrenunciabilidad y, por lo mismo, la proscripción de aquellos actos jurídicos que tienen como confesado propósito derogar o desconocer las leyes que lo gobiernan, a lo que se apareja que, del mismo modo y por los mismos motivos, le está vedado a las personas implementar acciones dirigidas a repudiar o indagar su filiación, por vías distintas de las autorizadas en la ley.

Sobre este particular, ha precisado la Corte en múltiples pronunciamientos de los que son ejemplo las sentencias de febrero 14 de 1942, julio 18 de 1944, junio 8 de 1948, junio 9 de 1970, octubre 2 de 1975 y marzo 28 de 1984, que en aquellos eventos en los “que la pretensión debatida en juicio estuvo orientada, en resumidas cuentas, a obtener la declaración judicial de que una determinada persona carecía del estado civil que ostentaba en la correspondiente partida, por no corresponder ese hecho a la realidad”, lo que en últimas de debatía era “una auténtica y genuina acción de impugnación de esa filiación, así se le llame por el actor acción de nulidad del registro o de inoponibilidad o invalidez, pues lo que en el fondo prevalece e importa en todas ellas es que se declare judicialmente que es irreal el hecho afirmado en la partida” (resaltado fuera de texto; cas. civ. 25 de agosto de 2000, exp. 5215).

Posteriormente, la Corte se ocupó de manera expresa de establecer, “si la circunstancia de que el reconocimiento del hijo extramatrimonial no corresponda a la realidad, o más concretamente, si el hecho de que el hijo no haya podido tener por padre a quien lo reconoce, es situación que, a la par que permite la impugnación propiamente dicha de tal reconocimiento, da lugar a su anulación dentro de las taxativas causas legales”, que es lo que disputa el recurrente en este caso. A este interrogante, respondió la Sala en los siguientes términos, que ahora sirven para desestimar las censuras planteadas:

“... la respuesta a dicha cuestión es negativa, contundentemente negativa. No hay dos senderos que conduzcan a ese destino: es tan solo el de la impugnación, propuesta desde luego en oportunidad, el camino apropiado para aniquilar el reconocimiento realizado en condiciones tales.

La ley, efectivamente, atendidos altos intereses sociales, fijó unos precisos requisitos para que los interesados ejerzan su derecho de impugnar el reconocimiento de hijo extramatrimonial; la causal que les es dable invocar, conforme al artículo 248 del Código Civil, al cual remite el artículo 5º de la Ley 75 de 1968 para estos efectos, no es otra que la de que el reconocido no ha podido tener por padre a quien le reconoció, la cual causal, además, han de alegar dentro de los perentorios términos que se fijan; vencidos estos, caduca el derecho allí consagrado, lo cual traduce que el reconocimiento en cuestión se consolida, haciéndose impermeable a dicha acción.

De donde, si el legislador se tomó el trabajo de otorgar al evento de la falsedad en la declaración de paternidad natural un especial y cauteloso tratamiento jurídico, determinando estrictamente quiénes, cuándo y cómo pueden impugnar el reconocimiento del hijo, absurdo sería pensar que admitió simultáneamente la existencia de una acción paralela (léase la de nulidad) cuyo objetivo sería así mismo el de despojar al reconocido de su filiación con fundamento en idénticas circunstancias fácticas, acción que, por si fuera poco, no solo coexistiría con la de impugnación sino que subsistiría, y por largo tiempo, luego de fenecida esta.

Visto de otro modo, el legislador no abandonó, o mejor, sustrajo la situación de que se viene tratando del régimen general de las nulidades sustanciales y de eventos jurídicos análogos, y reservó lugar especial, cómodo y casi diríase que privilegiado para el hijo reconocido, al tiempo que fue exigente y francamente restrictivo con los interesados en desconocer dicho estado, fijando las causas y los plazos, cortos y definitivos estos, para intentar la correspondiente acción; y esta posición no es gratuita; tiene su razón de ser, como antes se expresó, en las más sentidas necesidades de la comunidad, que mal soportaría la zozobra que traerían consigo la prolongada indefinición en el punto, amén de una legislación laxa y permisiva en relación con un tema que afecta los fundamentos mismos del orden social. Tal como lo ha señalado la Corte, “por la especial gravedad que para el ejercicio de los derechos emanados de las relaciones de familia y para la estabilidad y seguridad que entraña el desconocimiento del estado civil que una persona viene poseyendo, el legislador ha señalado plazos cortos para las acciones de impugnación”; agregando que “como el estado civil, que según el artículo 346 ‘es la calidad de un individuo en tanto lo habilita para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones’, no puede quedar sujeto indefinidamente a la posibilidad de ser modificado o desconocido, por la incertidumbre que tal hecho produciría respecto de los derechos y obligaciones emanados de las relaciones de familia, y por constituir, como ya se dijo, un atentado inadmisible contra la estabilidad y unidad del núcleo familiar, el legislador estableció plazos perentorios dentro de los cuales ha de intentarse la acción de impugnación, so pena de caducidad del derecho respectivo” (Sent. jun. 9/70 y ago. 25/2000).

Todo se conjunta, pues, para señalar cómo la única interpretación valedera es la de que en estas materias del estado civil, y concretamente en lo de las acciones encaminadas a suprimirlo, ha de estarse a las causas y a los términos que específicas normas consagran para esos efectos, sin que pueda pensarse que el alegar esas mismas causas de impugnación pero situándolas en un diferente marco jurídico, —para el caso el de las nulidades—, se convierta en airoso medio de esquivar aquellas normas y evadir su tan justificado rigor” (se resalta; cas. civ. oct. 27/2000; exp. 5639).

De manera, pues, que el único camino que tiene la persona que ha reconocido a otra como hijo suyo, para controvertir ese acto sobre la base de no ser su progenitor, es el de impugnar el reconocimiento, en los términos y condiciones a que hace referencia el artículo 5º de la Ley 75 de 1968, toda vez que, en últimas, por más que se pretenda calificar esa circunstancia como falta de causa, causa irreal u objeto ilícito, lo que se habrá cuestionado por el demandante es la filiación paterna, asunto que tiene reservada una acción especial para esos fines, que no puede ser desconocida o soslayada, so capa de acudir al régimen general de las nulidades sustanciales.

2. Ahora bien, contrario a lo que sostiene el recurrente, el reconocimiento de hijo extramatrimonial también puede ser impugnado por el padre, quien es —sin duda— una de las personas con “un interés actual en ello”, como lo prevé el inciso final del artículo 248 del Código Civil.

Desde luego que no se podría entender, como lo hace la parte demandante, que solo los terceros podrían quedar comprendidos dentro de los “interesados” a que hace alusión la norma referida, no solo porque en ella no se hizo tal precisión, sino también porque, de aceptarse tal postura, se provocaría una interpretación ad absurdum, pues no se comprendería, por vía de ejemplo, que un extraño a la filiación pudiera plantear que el reconocido no pudo tener por padre al reconociente, pero que la persona que pasa por tal no puede alegarlo. Por supuesto que aquellos, los ajenos a la relación filial, pueden hacerlo en tanto acrediten un “interés actual”, que debe ser concreto, de orden pecuniario o moral y, claro está, “mensurable a partir de un juicio de utilidad” (cas. civ. sep. 16/2003; exp. 7609; cfme: cas. civ. abr. 11/2003; exp. 6657), pero a ello no le sigue que tales características no puedan predicarse de la persona que hizo el reconocimiento, cuyo interés es ostensible.

Por tanto, resulta claro que la impugnación del reconocimiento, puede ser propuesta por el padre y el hijo, amén de los ascendientes de aquel y, en general, por quien demuestre un interés actual, cierto, concreto y susceptible de protección (C.C., arts. 248 y 335; L. 75/68, art., 5º), de suerte que no puede esgrimirse la supuesta falta de legitimación del primero para tratar de habilitar la acción de nulidad, en la medida en que ese planteamiento parte de una premisa que, amén de no ser de recibo, como se explicó, desconoce las acciones especiales para cuestionar la filiación, según quedó elucidado.

3. Puestas de este modo las cosas, conclúyese que el tribunal no quebrantó la ley sustancial, al afirmar que la discusión planteada en la demanda, cuyo punto de partida consiste en que el demandado no tiene por padre al demandante, comporta una acción de impugnación del reconocimiento, que no puede ser sustituida por la pretensión de nulidad del acto propiamente dicho, en la medida en que el tema —en esencia— atañe a la filiación extramatrimonial y, por ende, al estado civil, en el que no hay espacio para que las personas obren a conveniencia de sus individuales intereses, dadas las razones de orden público que inspiran las normas que regulan la materia, las cuales, se itera, tienen diseñados mecanismos especiales para impugnar o reclamar un determinado estado civil.

Finalmente, cabe destacar de manera sucinta, la falta de pertinencia de la cita que el inconforme efectuara de los artículos 16 y 228 de la Carta Política, porque los “preceptos constitucionales no dan base por sí solos, a lo menos en principio, para fundar un ataque en casación por la causal primera, no porque carezcan de rango sustancial, sino porque son normas cuyo molde jurídico están generalmente desarrollados por la ley” (auto 217, ago. 16/95, exp. 5532), como sucede con los preceptos invocados.

Ahora, en cuanto toca con la invocación del artículo 406 del Código Civil, es ostensible su carencia de relación con el asunto en estudio, en la medida en que tal precepto consagra una prerrogativa especial para “quien se presente como verdadero padre o madre, del que pasa por hijo de otros, o como verdadero hijo del padre o madre que le desconoce”, en el sentido de que a ellos no se les podrá oponer prescripción ni fallo alguno, supuesto que es enteramente ajeno al de la persona que reconoció a otra como hijo extramatrimonial y pretende después enervar ese específico acto.

En consecuencia, no prosperan ninguno de los cargos formulados».

(Sentencia de casación, 26 de septiembre de 2005. Expediente 6600-1311-0002-1999-0137. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo).

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