Sentencia 6605 de octubre 1º de 1992 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

REFORMATIO IN PEJUS

APELACIÓN DE AUTOS

EXTRACTOS: «De igual modo es improcedente, el motivo de nulidad que asoma el casacionista por quebranto del art. 31 de la C. N. y que hace consistir en que el Tribunal al revisar por vía de apelación el auto calificatorio hizo más gravosa la situación del procesado en su calidad de único recurrente.

Este aspecto de la prohibición de la reformatio in pejus, que impide al juez de segunda instancia agravar la situación jurídica del recurrente, cuando éste es apelante único, ha sido objeto de muy diverso tratamiento en la jurisprudencia y en la legislación penal colombiana.

Así, en vigencia del C. de P. P. de 1938, la jurisprudencia, siguiendo la orientación de dicho código, se negó a dar aplicación a la prohibición de la reformatio in pejus, desechando en el campo criminal la limitación que sí existía en materia civil.

La Corte Suprema de Justicia en sentencia del 6 de diciembre de 1944, acogiendo magnífico concepto del Procurador Jorge Gutiérrez Gómez dijo al respecto lo siguiente:

“Opina la Procuraduría, que las disposiciones del Código de la Organización Judicial, se refieren exclusivamente al procedimiento civil, porque en ese terreno sí es explicable que la apelación no pueda empeorar la situación jurídica del apelante, siendo así que en materia civil se discuten propiamente intereses de carácter privado o patrimonial y que el juez asume un papel semejante al del árbitro, supeditado a la iniciativa y actividad de las partes.

Pero en materia penal el asunto es sustancialmente diferente. En el proceso penal se ventilan cuestiones de un elevadísimo interés público, desde luego, que allí se persigue la defensa de la sociedad contra los delincuentes, la aplicación de la ley penal al caso concreto debatido, la investigación de la verdad material, efectiva o histórica de los hechos y la determinación de la personalidad antisocial del responsable. Verdad, certeza, justicia y defensa social se confunden en las investigaciones criminales y por eso el proceso no representa una contienda de partes, un haz de relaciones jurídicas entre el acusado y la sociedad en que cada uno tenga derechos igualmente respetables y que predomine la autonomía de la voluntad. No. El proceso penal es el medio práctico de que se vale el Estado, para ejercer su alta función de reprimir los delitos y dar seguridad al conglomerado.

Como síntesis de lo expuesto, se tiene: la prohibición de la reformatio in pejus, buena en el derecho civil, resulta inadmisible en el derecho penal, de acuerdo con los principios en que éste se inspira; no se puede trasplantar esta institución de lo civil a lo penal, sino mediante un texto expreso que así lo disponga; en defecto de ese mandato expreso, la interpretación analógica no cabe; y en nuestro procedimiento criminal no existe la prohibición de la reformatio in pejus y por consiguiente, el juez puede empeorar la situación jurídica del reo, aún en los recursos ordinarios intentados por éste ...”.

Sin embargo, al entrar a regir el Código de Procedimiento Penal de 1971 (Decreto 409 de dicho año) la Corte Suprema con apoyo en la nueva legislación varió diametralmente de criterio y siguiendo un jurídico estudio presentado por Luis Eduardo Mesa Velásquez a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, estableció en forma plena y en materia penal, la prohibición de la reformatio in pejus.

A la sentencia del 27 de noviembre de 1972 con ponencia del H. Magistrado Alario Di Filippo, pertenecen los siguientes apartes:

“... Estima la Corte, que el juez o Tribunal ad quem, en los casos en que el apelante es sólo el procesado, o su apoderado o defensor puede proferir una resolución con el contenido que halle más acorde con el derecho, pero con la restricción de que no puede modificar la providencia recurrida en apelación, en perjuicio de quien promovió el recurso. Porque, es enteramente contrario a los fines de la alzada, el motivo que de apreciarse causaría aumento en la penalidad o agravaría los cargos que son materia de la acusación.

El control pleno del acto jurisdiccional recurrido en apelación, sólo puede hacerse en cuanto al thema decidendum de naturaleza penal, a través de la consulta o de la apelación interpuesta por el Ministerio Público. También dispone el superior jerárquico de una especie de recurso excepcional y oficioso, cual es el de la nulidad que puede declararse sin requerimiento alguno, al llegar los autos a su conocimiento en virtud de la consulta o por cualquier motivo, cuando encuentre que el superior incurrió en violaciones flagrantes de la ley...”.

Esta acertada jurisprudencia, fue ratificada por la Corte en numerosas decisiones y se pueden citar entre ellas, la sentencia del 21 de agosto de 1973, con ponencia del H. Magistrado Luis Eduardo Mesa Velásquez, la del 13 de diciembre del mismo año con ponencia del Dr. Humberto Barrera Domínguez y en ellas se sentó el principio de que la apelación interpuesta únicamente por el procesado, sólo faculta al superior para revisar la providencia del inferior, limitando el examen a los agravios que el acto impugnado hubiera podido causar al apelante.

Pero no fue del agrado del legislador que el proceso penal estuviera regido por la prohibición de la reformatio in pejus y mediante el art. 3º de la Ley 17 de 1975, volvió a otorgar al juez de segunda instancia la facultad de revisar sin limitación alguna la decisión del inferior.

Idéntico criterio adoptó el CPP de 1987 al establecer en su art. 538 que “El recurso de apelación, otorga competencia al juez o tribunal de segunda instancia para decidir sin limitación alguna sobre la providencia impugnada ...”.

El artículo 31 de nuestra Constitución Nacional adopta en buena parte la jurisprudencia anterior de la Corte, al establecer la prohibición de la reformatio in pejus, aunque no con la amplitud consagrada en la jurisprudencia, sino limitándola a las sentencias y a la prohibición de agravar la pena impuesta al condenado cuando fuere apelante único.

En desarrollo de este principio constitucional, el CPP de 1991, entre sus normas rectoras, consagra el principio de la prohibición de la reformatio in pejus, al establecer lo siguiente:

“ART. 17.—Reformatio in pejus.—El superior no podrá agravar la pena impuesta en la sentencia, cuando el condenado sea apelante único”.

Y al señalar la competencia del juez de segunda instancia en su art. 217 otorga el Código al superior, la facultad de decidir sin limitación sobre la providencia apelada, advirtiendo que si de sentencia condenatoria se trata, no se podrá agravar la pena impuesta, salvo que el Fiscal, el Agente del Ministerio Público o la parte civil fueren recurrentes y tuvieren interés jurídico para recurrir.

Quiere decir lo anterior, que la prohibición de la reformatio in pejus, está referida por la ley únicamente a las sentencias teniendo por tanto el juez de segunda instancia facultad para revisar sin limitación alguna la providencia apelada cuando de autos se relacione.

Como en el caso que se examina, no se trata de la apelación de la sentencia, sino del auto calificatorio, es a todas luces improcedente la pretensión del casacionista. No se puede por vía jurisprudencial o doctrinaria variar la voluntad del legislador, expresada en forma manifiesta y diáfana».

(Sentencia de casación, octubre 1º de 1992. Radicación 6605 . Magistrado Ponente: Dr. Jorge Carreño Luengas).

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