Sentencia 661-09 de julio 23 de 2009 

• CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

Rad.: 68001-23-15-000-2000-01289-01(0661-09)

Consejero Ponente:

Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila

Actor: Lency Sabogal Torres

Demandado: Departamento de Santander - Contraloría Departamental de Santander.

Bogotá, D.C., veintitrés de julio de dos mil nueve.

Recurso de queja

Decide la Sala el recurso de queja presentado por la Contraloría Departamental de Santander, contra el auto de 7 de noviembre de 2008 proferido por el Tribunal Administrativo de Santander, en virtud del cual denegó por improcedente el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de 11 de abril de 2008.

Antecedentes

Por conducto de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, la demandante solicitó la nulidad del Decreto 401 de 30 de diciembre de 1999 en virtud del cual el gobernador del departamento de Santander suprimió unos cargos de la contraloría departamental, dentro de los cuales se encontraba el desempeñado por la accionante; la nulidad del Oficio 7957 de 30 de diciembre de 1999 mediante el cual el jefe de la unidad de recursos humanos le comunicó a la demandante que el cargo que venía desempeñando había sido suprimido y le concedió cinco días para optar por el reconocimiento y pago de una indemnización en los términos del artículo 39 de la Ley 443 de 1998 o tener tratamiento preferencial para ser incorporada a un empleo equivalente. Adicionalmente pidió la inaplicación por excepción de inconstitucionalidad de la Ordenanza 050 de 8 de enero de 1999 y del Decreto 400 de 30 de diciembre del mismo año.

A título de restablecimiento del derecho solicitó, ordenar el reintegro al cargo que venía desempeñando o a otro de igual o superior categoría en la contraloría departamental; ordenar la actualización del escalafón en el régimen de carrera administrativa; el pago de los sueldos, primas, bonificaciones, vacaciones, cesantías, dotación y demás emolumentos dejados de percibir desde la fecha de desvinculación y hasta cuando sea efectivamente reintegrada al cargo, con los intereses correspondientes; reconocer el valor equivalente a mil gramos oro por concepto de daños y perjuicios ocasionados; declarar que no ha existido solución de continuidad en los servicios prestados y; dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 176, 177, 178 y 179 del Código Contencioso Administrativo.

A través de sentencia de 11 de abril de 2008, el Tribunal Administrativo de Santander, accedió parcialmente a las súplicas de la demanda.

Inconforme con la decisión adoptada, la Contraloría del departamento de Santander interpuso recurso de apelación contra dicha providencia, que fue denegado por improcedente por el tribunal a través de auto de 7 de noviembre de 2008 (fls. 63 a 65).

Finalmente, la apoderada del ente demandado solicitó la reposición de la decisión y, en subsidio, pidió la expedición de las copias necesarias para interponer el recurso de queja, las cuales fueron ordenadas en la providencia de 6 de febrero de 2009 al haber sido negada la reposición del auto de 7 de noviembre de 2008 (fls. 69 a 72).

La providencia recurrida

En virtud del proveído de 7 de noviembre de 2008, el Tribunal Administrativo de Santander, negó por improcedente la concesión del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada al estimar que el artículo 40 de la Ley 446 de 1998 determinó que los tribunales administrativos conocen en primera instancia de los procesos cuya cuantía supere los cien salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir que, la segunda instancia ante el Consejo de Estado prosperaría, siempre y cuando los procesos superen dicho monto.

Dijo que como en el presente caso la cuantía fue determinada en $ 1.788.404, dicha suma es inferior a la exigida por la ley y, por ello, no es posible conceder el recurso de apelación interpuesto.

El recurso

Mediante escrito dirigido a esta corporación, la apoderada de la contraloría departamental manifestó su inconformidad frente a la providencia que negó el recurso de apelación y mencionó el artículo 31 de la Constitución Política referente al principio de la doble instancia, según el cual, las providencia judiciales pueden ser apeladas, salvo excepciones.

Hizo referencia al auto de 12 de julio de 2007 proferido por esta sección, en el que se determinó que los procesos que a la fecha de presentación de la demanda fueran de única instancia, en virtud de la Ley 446 de 1998 pasaron a ser de doble instancia, en aplicación del principio de la garantía a la doble instancia. Por ello, solicitó revocar el auto que negó el recurso de apelación interpuesto y dar aplicación a la providencia mencionada.

Para resolver se, CONSIDERA

La Sala de la Sección Segunda, con el objeto de unificar las posiciones sostenidas entorno a la procedencia de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas por los tribunales administrativos, cuyas demandas fueron admitidas en única instancia, hace el siguiente pronunciamiento:

El 1º de agosto de 2006 entraron en operación los juzgados administrativos y a partir de entonces cobraron vigencia los parámetros establecidos en la Ley 446 de 1998, ordenando que los procesos cuyas demandas hubieran sido admitidas como de única instancia en los tribunales del país, y que, por los efectos de la readecuación de competencias, al entrar en funcionamiento los juzgados administrativos, quedaran de doble instancia, debían ser remitidos al competente, en el estado en que se encontraran, salvo que hubieren entrado al despacho para sentencia.

En dichos procesos, los tribunales administrativos han venido negando por improcedentes los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias, por que las demandas fueron admitidas en única instancia; pero, han llegado a esta corporación mediante recurso de queja, como el que se desata en la presente oportunidad.

El artículo 164 de la Ley 446 de 1998, determinó que los recursos interpuestos debían regirse por la ley vigente a la fecha de interposición del mismo; Así:

“ART. 164.—Vigencia en materia contencioso administrativa:

En los procesos iniciados ante la jurisdicción contenciosa administrativa, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, los términos que hubieren empezado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones y citaciones que se estén surtiendo, se regirán por la ley vigente cuando se interpuso el recurso se decretaron las pruebas, empezó a correr el término, se promovió el incidente o principió a surtirse la notificación” (resaltado fuera de texto).

Sin embargo, dicha normatividad no estableció procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral en única instancia, por lo tanto, esta Sala, de conformidad con el artículo transcrito, ha considerado (1) necesario conceder y admitir los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en demandas admitidas, como de única instancia bajo los parámetros del Decreto 597 de 1988 y la Ley 954 de 2005, sin apego a la cuantía establecida por las mismas, en aras a proteger los derechos constitucionales de quienes afrontan un debate judicial contencioso, y dando prevalencia al principio constitucional a la doble instancia.

Para la Sala es claro que el Estado social de derecho debe ofrecer al administrado las garantías suficientes para que los procesos judiciales tramitados ante las diferentes jurisdicciones del país, estén gobernados por los principios que rigen el ordenamiento jurídico. Así las cosas, el artículo 31 de la Carta Política, que establece, toda sentencia puede ser apelada o consultada salvo las excepciones que consagre la ley, permitiendo de esa manera que los debates judiciales sean conocidos por dos jueces con jerarquía disímil, cuando las partes así lo soliciten mediante la interposición del recurso de apelación, cuyo objeto es llevar a conocimiento del superior lo resuelto por el inferior, para que, si el primero, legalmente lo considera, adopte los correctivos de rigor que permitan garantizar la imparcialidad, la objetividad y la justicia en cada una de las decisiones tomadas en los procesos que cursan en la jurisdicción.

Lo señalado, nos permite concluir que los recursos de apelación interpuestos con posterioridad al 1º de agosto de 2006 (2) , contra sentencias proferidas en procesos cuyas demandas fueron admitidas bajo los regímenes anteriores, en única instancia y que no fueron enviados al competente por estar al despacho para fallo, tendrán doble instancia ante esta corporación, en aplicación al principio constitucional mencionado y al haber sido interpuestos en vigencia de la Ley 446 de 1998, que ordena que, los recursos se tramiten por la ley vigente al momento de su interposición, es decir esta misma norma.

Ahora bien, en relación con las demandas presentadas como de única instancia ante esta corporación con anterioridad a la entrada en funcionamiento de los juzgados administrativos, y que, en virtud de la readecuación de competencias quedaron radicadas en cabeza de los tribunales administrativos o de los jueces del distrito, la Sala, a partir de este pronunciamiento, ordenará remitir al competente los procesos que actualmente cursan en esta Sección para que continúen su trámite, salvo los que, a la fecha de esta decisión, hayan entrado al despacho para sentencia.

Conforme a lo anterior, en el caso concreto encuentra la Sala que el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 11 de abril de 2008 por el Tribunal Administrativo de Santander, fue radicado el 26 de abril de 2008 (fl. 51), es decir, bajo el amparo de lo dispuesto por la Ley 446 de 1998, lo que lleva a concluir, que se debe declarar mal denegado el recurso de apelación interpuesto y conceder el recurso de alzada.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

RESUELVE:

DECLARAR MAL DENEGADO el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de 11 de abril de 2008 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, dentro del proceso de la referencia.

En su lugar se dispone:

CONCEDER en el efecto suspensivo el recurso de alzada.

Por Secretaría ofíciese a l Tribunal Administrativo de Santander para que remita el expediente.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Magistrados: Víctor Hernando Alvarado Ardila—Gerardo Arenas Monsalve—Gustavo E. Gómez Aranguren—Bertha Lucía Ramírez de Páez—Alfonso Vargas Rincón—Luis Rafael Vergara Quintero.

(1) Recurso de queja de 11 de octubre de 2007, radicación número 0014-2007. Actor: Mariela Arzayus Vélez, Sección Segunda, C.P. Alejandro Ordóñez Maldonado.

(2) Fecha de entrada en funcionamiento de los juzgados administrativos y con ellos, las normas de competencia previstas en la Ley 446 de 1998.

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