Sentencia 6610 de febrero 24 de 2003 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE NULIDAD DE UN CONTRATO

RESPECTO DE TERCEROS POSEEDORES

EXTRACTOS: «1. La declaración judicial de nulidad de un contrato, pronunciada en sentencia con fuerza de cosa juzgada, genera para los contratantes una serie de efectos, tanto de carácter ex nunc, como ex tunc.

Por virtud de los primeros, le pone fin, hacia el porvenir, a la eficacia que el acto tuvo entre las partes, privándolas del derecho a exigirse recíprocamente el cumplimiento de las obligaciones hasta ese momento insolutas.

Por los segundos, destruye retroactivamente los efectos que alcanzó a producir entre la fecha de su celebración y el momento de su invalidación judicial, alcance que reglamenta el artículo 1746 del Código Civil al estatuir que “...La nulidad pronunciada en sentencia que tiene la fuerza de cosa juzgada, da a las partes derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo; sin perjuicio de lo prevenido sobre el objeto o causa ilícita”, es decir, al conferirles el derecho a que se les restablezca al estado de cosas anterior a la celebración del contrato invalidado, como si no hubiese tenido existencia legal, mediante las restituciones que, con el alcance y las excepciones ya vistas, deben hacerse mutuamente.

Empero, la referida declaración no proyecta sus efectos exclusivamente sobre las partes contratantes, sino que, de acuerdo con lo previsto por el artículo 1748 ejusdem, permea la órbita jurídica de terceros poseedores, es decir, de quienes por contrato posterior adquirieron las cosas materia del negocio jurídico invalidado, ya que conforme a su texto, “...La nulidad judicialmente pronunciada da acción reivindicatoria contra terceros poseedores, sin perjuicio de las excepciones legales”.

La citada norma encuentra su razón de ser en el carácter retroactivo de la sentencia declarativa de la nulidad, por el cual, como ya se anotó, se deshacen hacia el pasado todos los efectos que el acto anulado llegó a generar y las partes quedan en situación semejante a la que tenían antes de celebrarlo, debiendo consecuentemente entenderse que las cosas transferidas con ocasión de él jamás lo fueron, y tampoco se adquirieron por el otro contratante, quien no podía por tanto traspasarlas al tercero con el cual contrató posteriormente, por no ser propietario de ellas (nemo plus juris transfere potest quam ipse habet), colocándolo en la condición de mero poseedor de tales cosas, y como tal, sujeto a la acción reivindicatoria del verus dominus, es decir, de quien las enajenó mediante el acto jurídico declarado nulo y que por efecto de la mentada declaración recupera el dominio sobre ellas.

Como lo explica Luis Claro Solar,

“... Esto es simple aplicación de los principios generales que rigen la nulidad y la adquisición del dominio de las cosas: anulado un acto o contrato por sentencia judicial pasada en autoridad de cosa juzgada, los efectos de esta declaración se producen retroactivamente hasta dejar a las partes en la situación que antes tenían como si el acto o contrato no se hubiera celebrado; y por consiguiente que no ha habido adquisición por parte del adquirente del dominio que el otro contratante ha entendido transferirle en virtud del contrato nulo; y que ese dominio no ha salido jamás de poder del que en virtud de ese acto o contrato nulo ha figurado como tradente”.

Y, prosigue,

“...como nadie puede transferir a otro más derechos que los que tiene, ni puede adquirir más derechos que los que tenía la persona con quien contrató, la persona que deriva sus derechos del que, por ejemplo, había comprado y recibido la cosa en virtud de un contrato nulo, no ha podido adquirir el dominio; y como el verdadero dueño es el que la vendió primero en virtud de un contrato nulo, puede ejercitar la acción reivindicatoria contra el actual poseedor no dueño (...).

Lo mismo ocurriría en caso que la cosa hubiera sido gravada con hipoteca, censo, servidumbre, etc.: el verdadero dueño, después de pronunciada la nulidad tiene acción para hacer caducar esos gravámenes por haber sido constituidos por quien no era dueño de la cosa” (Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado Volumen VI, De las Obligaciones, pág. 638).

2. En el anterior orden de ideas, como el tribunal entendió que “...De acuerdo con lo dispuesto por el Código Civil, artículo 1748, la nulidad judicialmente pronunciada da acción reivindicatoria contra terceros poseedores, sin perjuicio de las excepciones legales. Es decir que, si un tercero ha adquirido un derecho, y la fuente de adquisición de su antecesor es inválida, también se invalida la suya”, la fundabilidad de la protesta del recurrente no se remite a duda, pues como ha quedado visto, el precepto invocado por el ad quem, no consagra el efecto por él asignado. Dicho en otros términos, no prevé, como efecto propio de la sentencia declarativa de la nulidad de un acto jurídico, la invalidez de los negocios jurídicos celebrados con terceros adquirentes, como lo entendió aquél, sanción que por lo demás está reservada por la ley para aquellos actos en cuya formación se omiten las exigencias expresamente requeridas para dotarlos de validez —C.C., arts. 1740 y 1741— y por ello sólo se puede fulminar por las causas expresamente determinadas por el legislador.

Como el desacierto del fallador en el punto trascendió a la parte resolutiva de la decisión, en cuanto decretó la rescisión del contrato contenido en la escritura pública Nº 3815 del 23 de noviembre de 1989, en lo concerniente al derecho de cuota enajenado por Doris Lucía Caicedo Pachón a Paulino Millán Girardot, haciendo obrar para el efecto una disposición que no reglamenta tal solución, el cargo resulta eficaz y conduce a la casación del fallo en lo que a tal contratación atañe.

3. No ocurre lo mismo con la orden de restituir la cuota parte del inmueble enajenada al último, pues si bien no puede disponerse como consecuencia de la nulidad del contrato por el cual la adquirió, dado que ésta no adviene como secuela de la anulación del título de su causante, sí cabe ordenarla como resultado de la acción de dominio acumulada por la sociedad demandante a la acción rescisoria de los contratos ya mencionados, como puede leerse en el literal f de las pretensiones principales de la demanda, razón por la cual, dada la prosperidad de la pretensión de nulidad del contrato celebrado por la actora con los demandados Ballesteros y Caicedo, en sede de instancia, en todo caso tendría que condenársele a entregarla a su dueño».

(Sentencia de casación, 24 de febrero de 2003. Expediente 6610. Magistrado Ponente: Dr. José Fernando Ramírez Gómez).

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