Sentencia 6620 de julio 26 de 2001 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

ACCIÓN DE REPETICIÓN

ES DIFERENTE AL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

EXTRACTOS: «Se resuelve el recurso de apelación deducido por la Contraloría General de Antioquia contra la sentencia estimatoria de 20 de junio de 2000, pronunciada por el Tribunal Administrativo de Antioquia en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de Abel José Ramírez Díaz contra dicha contraloría.

(...).

Consideraciones de la Sala

Mediante el acto acusado, fallo con responsabilidad fiscal Nº 56 de 30 de septiembre de 1996, se dispuso:

“ART. 1º—Declarar responsables fiscalmente a los señores (...) y Abel José Ramírez Díaz... en sus calidades de... ex secretario de servicios administrativos por la suma de seis millones setecientos cincuenta y siete mil doscientos pesos m/l ($ 6.757.200), correspondientes a la suma de $ 5.301.428 que tuvo que pagar el municipio de Rionegro por despido injusto del señor Beltrán Calle, más la indexación de dicha suma...”.

Según se lee en este fallo, tras haber ordenado el consejo de Rionegro suprimir la secretaría de gestión y desarrollo de vivienda de interés social y la de reforma urbana, la administración municipal desvinculó del servicio al señor Mario Beltrán Calle, considerándolo erradamente como empleado público, desconociendo su condición de trabajador oficial según correspondía a la índole de las labores que realizaba. El acto administrativo de despido dio pie a que la jurisdicción laboral ordinaria condenase al municipio a indemnizar al ex trabajador en la cantidad antes expresada. La contraloría, fundamentó, entonces, su fallo en los siguientes razonamientos:

“Es evidente que con dicho acto administrativo, se vio lesionado patrimonialmente el municipio de Rionegro con la conducta descuidada y poco diligente de los funcionarios que actuaban como mandatarios de la administración y se adecua tal conducta en los parámetros del artículo 102 del Decreto-Ley 1333 de 1986 que a la letra dice “los municipios repetirán contra las personas que hubieran efectuado elecciones, nombramientos o remociones ilegales de funcionarios, el valor de las indemnizaciones que hubieren pagado por esta causa”.

El despacho considera que está determinada la existencia de responsabilidad fiscal y por lo tanto al producirse un detrimento patrimonial, la contraloría es competente, según procedimiento derivado de la gestión fiscal, que coexiste con la (sic) general del artículo 78 del Código Contencioso Administrativo, que independiente de ser acción de repetición fiscal, lo que de fondo interesa es que la finalidad es la misma, buscar el resarcimiento del perjuicio irrogado”. (Destaca la Sala).

Como se aprecia en esta transcripción, la contraloría declaró que el actor incurrió en culpa en el pronunciamiento del acto administrativo de despido, culpa que ocasionó la condena a favor de ex trabajador Beltrán Calle y de cuyo importe es fiscalmente responsable frente al municipio.

Dado que en la Constitución Política coexisten dos normas, a saber, los artículos 90 y 280 numeral 5º (éste en concordancia con el art. 267, inc. primero), que establecen sendas clases de responsabilidades de los servidores públicos para con las entidades estatales a que se encuentran vinculados, es por eso determinar la naturaleza y efectos de una y otra.

El artículo 90 de la Carta previene:

“ART. 90.—El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra éste” (destaca la Sala).

En este caso, la responsabilidad del agente deriva de su conducta dolosa o culposa que inflige un daño a terceros, por la cual debe el Estado satisfacer una indemnización y luego repetir contra su agente: es la responsabilidad civil del servidor público para con el Estado, originada en su conducta respecto de terceros. Solamente puede ser declarada por la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, según el artículo 78 del código de la materia.

A su turno, el artículo 267 de la Constitución preceptúa que la contraloría vigila la gestión fiscal “de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación”. En seguida, el artículo 268, numeral 5º ibídem otorga competencia al contralor para “establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos de la misma”. Es la responsabilidad fiscal, originada en el manejo de fondos o bienes, o sea, en una conducta que recae directamente sobre los fondos o bienes confiados a la administración o custodia del servidor público, y que se resuelve en un saldo que la Constitución denomina “alcance”. Esta especie de responsabilidad se establece mediante un acto administrativo de la contraloría.

Desde esta perspectiva, considera la Sala que no le asiste razón a la apelante en sostener que el proceso de responsabilidad fiscal es una vía igualmente válida que la acción de repetición para perseguir la reparación del detrimento patrimonial infligido al Estado. Si un servidor público, con un acto suyo, doloso o gravemente culposo, que perjudica a un particular, ocasiona una condena al Estado, incurre para con éste en responsabilidad civil, que debe ser judicialmente declarada. Pero si dicho servidor, en ejercicio de sus competencias para administrar o custodiar bienes o fondos, causa su pérdida, incurre en responsabilidad fiscal, cuyo pronunciamiento está reservado a la contraloría.

De manera que la Contraloría General de Antioquia obró sin competencia cuando declaró al ex secretario de servicios administrativos de Rionegro responsable culposo frente al municipio.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada de 20 de junio de 2000, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

Cópiese, notifíquese y, en firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen».

(Sentencia de julio 26 de 2001. Expediente 6620. Consejero Ponente: Dr. Camilo Arciniegas Andrade).

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