Sentencia 6622 de septiembre 4 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente C-6622

Magistrado Ponente:

José Fernando Ramírez Gómez

Bogotá, D.C., cuatro de septiembre de dos mil dos.

Decídese el recurso de casación interpuesto por María Gladys Varela Flórez, respecto de la Sentencia de 13 de enero de 1997, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, en el proceso ordinario que la recurrente promovió contra Inversiones Boyacá Limitada.

EXTRACTOS: «Antecedentes

1. En la demanda que originó el proceso, la actora solicita que se declare que la demandada incumplió el contrato comercial de sociedad de hecho, suscrito el 15 de abril de 1986, y que se le condene a pagar a su favor la suma de 86.699.739, con indexación e intereses, por concepto de perjuicios materiales, y lo que se establezca por daños morales.

2. En lo pertinente, las pretensiones se fundamentan en que mediante el aludido contrato las partes acordaron asociarse de hecho para la “explotación, extractación, comercialización y venta de materiales” adheridos a la cantera “La Loma”, situada en la vereda “La Fiscala” del municipio de Usme.

El aporte de la demandada consistió en el mineral a explotar y en el usufructo de una casa, de las bodegas, establos y carreteras existentes en el predio. El de la demandante se redujo a la suma de $ 1.232.000, destinados a los gastos que se requerían para la consecución de la licencia, al talento y a los conocimientos profesionales en el trámite del permiso, y a gestionar ante las autoridades competentes los asuntos tendientes a obtener la explotación de la cantera.

En la cláusula tercera del contrato se pactó que por períodos semestrales se distribuirían las utilidades, las cuales se calcularían sobre las ventas brutas: “un noventa por ciento (90%) pertenecería a Inversiones Boyacá Ltda., firma propietaria de la cantera en mención y quien asumiría los gastos de explotación”, y un “diez por ciento (10%)” para la demandante.

Obtenida la licencia Nº 0566 del 11 de marzo de 1986, la sociedad demandada procedió a explotar y comercializar la arena que se encontraba en la cantera, durante seis meses contados a partir de mayo del mismo año, efectuando ventas por $ 12.992.408.

El representante de la sociedad demandada fue requerido, al terminar el primer semestre, para que pagara el porcentaje de utilidades que correspondía a la demandante, respondiendo que los compradores de la arena aún no la habían pagado y que en lo sucesivo no contara con dinero por ese concepto, por cuanto la explotación había arrojado pérdidas, según balance que presentó.

Sobre el motivo por el cual se había suspendido la explotación, el representante de la demandada explicó, en una ocasión, que el administrador se “encontraba enfermo”, en otra, que la sociedad “no estaba urgida” en hacerlo por los bajos precios de los materiales, no obstante haber comunicado a la Secretaría de Obras Públicas del Distrito, el 21 de abril de 1987, que la explotación se encontraba en receso por “mantenimiento de la maquinaria y falta de demanda de materiales”. Finalmente, luego de algunas diligencias adelantadas por la demandante con terceras personas para reanudar los trabajos, al punto de ceder a título oneroso sus derechos que emanaban de la sociedad de hecho, igualmente manifestó que cerraba definitivamente la cantera por el “uso urbanístico que tendrían sus terrenos”.

Frente a la negativa de la sociedad demandada en cumplir lo pactado, así como la firme posición sobre que nadie podía obligarla a hacerlo, la demandante le propuso al representante legal de la misma, en varias ocasiones, que procediera judicialmente para que se “resolviera, disolviera y liquidara el contrato”.

A pesar de todo, ofreció pagar la suma de $ 5.000.000, más las utilidades por la explotación inicial, así como el traspaso de un carro, pago que la demandante rehusó porque desde 1987 hasta la fecha de presentación de la demanda, 13 de noviembre de 1992, se dejaron de explotar 225.650 metros cúbicos de arena, que en ventas brutas, el 10% equivale a la suma de $ 86.699.739.00.

Tramitado el proceso con oposición de la sociedad demandada, el Juzgado Veinticinco Civil del Circuito de Bogotá, mediante sentencia de 15 de diciembre de 1993, acogió las pretensiones de la demanda, salvo la condena al pago de perjuicios morales, decisión que el tribunal revocó al resolver el recurso de apelación que interpuso la demandada, para, en su lugar, desestimarlas.

(...).

Consideraciones

1. Para negar las pretensiones de la demanda, el tribunal tuvo en cuenta varias razones, pero en verdad sólo dos se erigen en fundamentales, cada una en forma autónoma e independiente, a ese mismo propósito, pues unas parten de reconocer la existencia y validez del contrato social, condición necesaria, bien para encontrar que el incumplimiento imputado a la sociedad demandada no existía, ora para concluir en gracia de discusión, que la imposibilidad de explotar la cantera después del 17 de diciembre del mismo año, se debió al incumplimiento de la demandante.

El otro, en tanto, lo que admite es la pérdida de “vigencia de la sociedad de hecho”, “desde enero de 1987”, época a partir de la cual, precisamente, se reclama la indemnización de perjuicios, por haber desaparecido uno de sus elementos esenciales, como es la “affectio societatis”.

2. En la sentencia se señala que el mencionado requisito no aparecía demostrado “para los años subsiguientes” a la “creación e iniciación” de la sociedad de hecho, es decir, por los que “se reclama indemnización. Esto significa que para el tribunal la sociedad de hecho tuvo existencia hasta diciembre de 1986, porque como lo expuso, siendo de “ejecución sucesiva” este contrato, necesariamente en cada momento de su desenvolvimiento tenían que estar presentes sus requisitos esenciales, entre ellos, el “elemento subjetivo que ha sido conocido desde los romanos como affectio societatis o animus contrahendi societatis”, requisito sin el cual, amén de los aportes, no podía “hablarse de sociedad y menos derivarse perjuicios con ocasión de ella”.

3. Como se sabe, al lado de las sociedades regulares e irregulares, existen dos tipos de sociedades que se forman de hecho, unas por derivación o degeneración y otras por los hechos. Las primeras surgen cuando no obstante el consentimiento expresamente manifestado para asociarse, los constituyentes han omitido una o varias de las formalidades exigidas en la ley para su formación, en tanto que las segundas nacen sin que los socios se lo hayan propuesto, a partir precisamente de un consentimiento tácito o implícito.

Pero sea de derecho o de hecho, la sociedad siempre se ha considerado como un contrato en que dos o más personas estipulan poner un capital y otros efectos en común, con el objeto de repartirse entre sí las utilidades y pérdidas que resulten de la especulación. Entre unas y otras, empero, existen diferencias, dentro de las cuales cabe destacar, para el caso, que las de derecho se disuelven por las causas señaladas en la ley o en los estatutos, mientras que en las de hecho, su disolución y liquidación procede “en cualquier tiempo”, a solicitud de cualquier socio, sin que los demás asociados tengan posibilidad de oponerse (C. Co., art. 505).

Desde luego que la desaparición de uno cualquiera de los requisitos esenciales para la existencia de la sociedad de hecho, necesariamente comporta su extinción, porque así como su naturaleza social es fáctica, lo mismo debe predicarse de su duración, en cuanto por no tratarse de una persona jurídica real y permanente, desde su propio nacimiento carece de estabilidad. De ahí que como lo tiene dicho la Corte, la duración de una sociedad de hecho debe ubicarse entre su nacimiento fáctico y el desaparecimiento de algún elemento en su conformación, “como sería el mutuo acuerdo o la ruptura fáctica del acuerdo social u otra causa que determine la declaración judicial de su existencia —léase extinción—” (sent., jun. 3/98, CCLII-1572, vol. II, primer semestre).

4. Ahora, como en el caso las pretensiones se fundamentan en un contrato de sociedad de hecho, por lo menos “desde enero de 1987”, hasta la fecha de presentación de la demanda, 13 de noviembre de 1992, esto supone que tal contrato tuvo existencia y validez durante ese interregno, con independencia de que igualmente la haya tenido con anterioridad, como ocurrió en el segundo semestre de 1986, lo cual, entre otras, en manera alguna fue materia de controversia.

Por supuesto que antes de examinar si las partes cumplieron sus compromisos sociales, necesariamente se imponía elucidar, como presupuesto, lo relativo a la existencia y validez del contrato de sociedad de hecho, repítese, “desde enero de 1987”, época a partir de la cual se reclama la indemnización de perjuicios, porque si la fuente de las obligaciones es el contrato, es elemental que ningún incumplimiento se podría imputar en el mismo período, frente a un contrato de sociedad de hecho que aunque hubiere existido, su extinción habría sucedido con anterioridad.

5. El tribunal, seguramente para abundar, refiriéndose al lapso que comprende la indemnización de perjuicios demandada, 1987-1992, dejó averiguado que la obligación de explotar la cantera no era de cargo de la sociedad demandada, por lo que no había incurrido en cumplimiento. Pero a la vez señaló que el contrato de sociedad de hecho se había extinguido “desde enero de 1987”, por haber desaparecido uno de sus elementos esenciales, como es la “affectio societatis”.

Observa la Corte que los anteriores razonamientos, referidos a un mismo período, son excluyentes, porque simultáneamente no podía sostenerse la existencia e inexistencia del contrato de sociedad de hecho. Por lo tanto, como cada uno de dichos argumentos era “suficiente”, tal cual lo sostuvo el tribunal, para “denegar las pretensiones de la demanda”, era deber del recurrente atacarlos todos, en el orden lógico que correspondiera, toda vez que el éxito del recurso se supeditada igualmente a la desvirtuación de todos.

Independientemente de si son acertadas las razones, jurídicas o probatorias, que a bien tuvo el tribunal para arribar a esas conclusiones, para ese cometido el censor debió atacar primero el argumento que reconoció la extinción del contrato de sociedad de hecho, a la postre erigido en basilar de la decisión, no sólo por haberlo invocado como fuente de responsabilidad, sino porque removido ese obstáculo quedaba expedito el camino para examinar, ya desde el punto de vista contractual, cuál de las partes incumplió las obligaciones.

Empero, como el recurrente se sustrajo a impugnar el referido argumento, la Corte se encuentra relevada de analizar las censuras que el cargo contiene, las cuales se edifican sobre la base de un existente contrato de sociedad de hecho. Por supuesto que dado el carácter estricto y dispositivo del recurso de casación, así como a la presunción de acierto de que está investida la sentencia impugnada, a la Corte le está vedado estudiar de oficio si el tribunal se equivocó al concluir como lo hizo, es decir, que “desde enero de 1987 se perdió el ánimo de asociarse y por ende no puede predicarse la vigencia de la sociedad de hecho por el período cuya indemnización se demanda”.

Como lo tiene dicho la Corte, cuando el recurso de casación se apoya en la causal primera, el escrito destinado a sustentarlo debe contener una crítica concreta y razonada de las partes de la sentencia que se estiman equivocadas, pero no cualquier crítica, por supuesto, sino una que guarde consonancia con lo esencial de la motivación a descalificar, es decir, un ataque preciso y directo contra “las bases importantes y decisivas de la construcción jurídica sobre la cual se asienta la sentencia, habida cuenta que si blanco de ataque se hacen los supuestos que delinea a su mejor conveniencia el recurrente y no los que objetivamente constituyen fundamento nuclear de la providencia, se configura un notorio defecto técnico por desenfoque que conduce el fracaso del cargo correspondiente” (sent., mar. 26/99).

6. En ese orden, el cargo está llamado al fracaso.

Decisión

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 13 de enero de 1997, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, en el proceso ordinario de María Gladys Varela Flórez contra Inversiones Boyacá Limitada.

Las costas del recurso corren a cargo de la parte demandante recurrente. Tásense.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».

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