Sentencia 6623 de enero 22 de 2004 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

BIENES DEL ESTADO INENAJENABLES

SU VENTA SE IMPUGNA MEDIANTE ACCIÓN DE NULIDAD

EXTRACTOS: «Se decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto por el apoderado del municipio de Tumaco (Nariño) contra la sentencia de 30 de agosto de 2000, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, por medio de la cual declara la nulidad de la Resolución 357 de 4 de septiembre de 1989, expedida por la alcaldía municipal de Tumaco, por medio de la cual se transfiere a título de venta, un lote de propiedad del municipio, en proceso instaurado en ejercicio de la acción pública de nulidad.

(...).

La Resolución 357 de 4 de septiembre de 1989, que constituye el acto acusado, prevé:

“ART. 1º—Transfiérese a título de venta por el valor de un mil doscientos sesenta pesos mcte. ($ 1.260), la posesión y dominio a favor de Nemesio Quiñónez Caicedo... situado en el perímetro urbano de la ciudad de Tumaco, barrio Santander, circunscrito por los siguientes linderos y dimensiones (...).

ART. 2º—Otórguese a favor del señor Nemesio Quiñónez Caicedo... la correspondiente escritura de compraventa del predio determinado en el artículo precedente...”.

Básicamente, la inconformidad del recurrente descansa en el hecho de que la acción procedente en este caso debe ser la de nulidad y restablecimiento del derecho que, a juicio del municipio demandado, está caducada y frente a la cual la actora carece de legitimación.

Al respecto, estima la Sala que no le asiste razón al recurrente, por lo siguiente:

Según el artículo 136, parágrafo 1º del numeral 12 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998 “Cuando el objeto del litigio lo constituyan bienes estatales imprescriptibles e inenajenables, la acción no caducará” (negrilla fuera de texto).

Con la disposición anterior quiso el legislador que cualquier persona, en cualquier tiempo, pudiera demandar los actos administrativos de carácter particular a través de los cuales estuvieran involucrados los bienes del Estado que por su naturaleza de uso público tienen como característica esencial su inenajenabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad.

Como quiera que en este caso, precisamente, los cargos de la demanda están orientados a dejar sin efecto el acto acusado, porque el mismo recae sobre la venta o disposición de un bien del Estado INENAJENABLE, la acción procedente es la de nulidad instaurada, en la que cualquier persona está legitimada para demandar y no está sujeta a término de caducidad alguno.

Según se desprende del dictamen pericial obrante a folio 55 del cuaderno de pruebas, el bien objeto de la venta que se dispuso en el acto administrativo acusado corresponde a un terreno de bajamar.

En la demanda se invocan como quebrantadas, entre otras disposiciones, las siguientes:

El artículo 63 de la Constitución Política, conforme al cual los bienes de uso público son inalienables, imprescriptibles e inembargables.

El artículo 674 del Código Civil, que consagra que los bienes de uso público son aquellos cuyo uso pertenece a todos los habitantes del territorio, como calles, plazas, puentes y caminos.

El artículo 166 del Decreto-Ley 2324 de 1984, que establece que las playas, los terrenos de bajamar y las aguas marítimas son bienes de uso público, por tanto intransferibles a cualquier título a los particulares.

Al confrontar el acto acusado, el dictamen del perito oceanográfico obrante a folio 55 del cuaderno de pruebas, según el cual el inmueble de marras corresponde a un terreno de bajamar y las disposiciones antes reseñadas, fácilmente se advierte que aquel resulta violatorio de estas, razón por la que es procedente declarar su nulidad.

Ahora, como la declaratoria de nulidad produce efectos ex tunc, es decir, que implica que las cosas vuelvan al estado anterior, es menester que como consecuencia de ella desaparezca del folio de matrícula inmobiliaria la anotación sobre la venta efectuada en cumplimiento del acto acusado por el municipio de Tumaco a favor del señor Nemesio Quiñónez, por recaer sobre objeto ilícito, pues, de otra manera la sentencia resultaría ilusoria. En consecuencia, la sentencia apelada se adicionará en ese sentido.

Es de resaltar que en esta instancia se dispuso poner en conocimiento del mencionado señor Quiñónez la causal de nulidad en que se incurrió en la primera instancia al no haberlo vinculado al proceso, no obstante tener interés directo en las resultas del mismo, dándosele un término de tres días siguientes a su notificación para que la alegara so pena de que quedara saneada (fls. 50 a 55 del cdno. 2º).

A folio 74, ibídem, consta la notificación personal efectuada al señor Nemesio Quiñónez.

Como quiera que el tercero no hizo manifestación alguna al respecto, de acuerdo con el artículo 144, numeral 1º, del Código de Procedimiento Civil, en armonía con los artículos 140, numeral 9º, y 145, ibídem, la nulidad se considera saneada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada, en cuanto dispuso declarar la nulidad del acto acusado.

Adiciónase dicha sentencia, así:

Como consecuencia de la declaratoria de nulidad, se ordena la cancelación de la escritura pública 555 de 12 de septiembre de 1989, de la Notaría Única de Tumaco. Ofíciese a dicha notaría y a la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Tumaco para que haga la correspondiente anotación en el folio de matrícula inmobiliaria 252-0010.406.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen».

(Sentencia de 22 de enero de 2004. Expediente 6623. Consejero Ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).

______________________________