Sentencia 6623 de febrero 25 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo

Ref.: Expediente 6623

Bogotá D.C., veinticinco de febrero de dos mil dos.

EXTRACTOS: «Se decide el recurso extraordinario de casación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá —Sala Civil—, el 2 de agosto de 1995, en el proceso ordinario promovido por Eduardo Peña Gómez contra la corporación de viajes “Coviajes Ltda.”.

Antecedentes

1. Pretendió el demandante que se declarase a la sociedad demandada civilmente responsable, por haberlo reportado en el mes de abril de 1988, como deudor moroso de esa entidad y por la cancelación de la tarjeta de crédito 102245573, sin que tales hechos correspondan a la realidad, motivo por el cual debía imponérsele condena de indemnizar los perjuicios materiales y morales que le fueron causados, los que, por concepto de daño emergente y de lucro cesante, estimó en suma no inferior a $ 10.000.000, así como la cantidad de dinero que corresponda precio de 1.000 gramos oro al momento de ser cancelados, a título de perjuicios morales, valores estos que debían ajustarse monetariamente la fecha del pago, ordenando reconocer, además, los intereses moratorios comerciales.

2. Estas pretensiones se soportaron en los hechos que así se sintetizan:

A. La sociedad demandada otorgó un crédito al demandante, que fue registrado bajo el Nº 102245573, el cual fue cancelado por el deudor el 15 de marzo de 1988, mediante pago que se hizo a la sociedad “Recaudamos Ltda.”, a quien se había encargado el cobro.

B. No obstante lo anterior, Coviajes, en el mes de abril de ese mismo año, reportó al demandante como deudor moroso suyo, e informó sobre la supuesta cancelación de una tarjeta de crédito que le había sido otorgada, hechos estos que no corresponden a la realidad, como lo reconoció la propia sociedad demandada en certificación de 24 de abril de 1989.

C. La inclusión del señor Peña en la lista de deudores morosos en la Asociación Bancaria, en la que permaneció durante un año, le causó al demandante, arquitecto de profesión y usuario de crédito en bancos y otras entidades financieras, gravísimos perjuicios, por cuanto le fueron negados varios créditos por él solicitados, a consecuencia de haberse presentado su “imagen comercial”, como la de una persona no digna de concesión de crédito alguno, circunstancia que le ocasionó los perjuicios morales y materiales en la cuantía ya indicada.

3. Notificada la sociedad demandada del auto admisorio de la demanda, le dio contestación al libelo con expresa oposición a las pretensiones, formulando, además, las excepciones de mérito que denominó “inexistencia de causa para incoar la acción de responsabilidad civil”, e “inexistencia de los daños y perjuicios invocados por el demandante” (fls. 18 a 20, cdno. 2).

4. El Juzgado 31 Civil del Circuito de Bogotá, cumplida la tramitación previa para el efecto, le puso fin a la primera instancia con sentencia proferida el 8 de marzo de 1994, en la cual declaró fundada la segunda de las excepciones aludidas y, por lo mismo, negó las pretensiones.

5. Interpuesto por la parte vencida el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado, el Tribunal Superior de Bogotá —Sala Civil—, desató el alzamiento mediante sentencia proferida el 2 de agosto de 1995, confirmatoria del fallo del a quo.

Consideraciones

1. En forma reiterada, la Corte ha señalado que cuando se acusa una sentencia de violar la ley sustancial como consecuencia de errores de hecho en la apreciación probatoria, el recurrente tiene la carga de acreditar la anomalía o irregularidad en que afinca su censura, tarea que reclama confrontar “la sentencia con el derecho objetivo”, en orden exhibir el carácter manifiesto y trascendente del yerro enrostrado, lo que resulta de “cotejar lo expuesto en el fallo con lo representado por la prueba, a fin de que de esa confrontación brote del desacierto del sentenciador, de manera clara y evidente” (Sent. feb. 29/2000, Exp. 6184). En tal virtud, no tienen eficacia en casación aquellos cargos que se limitan a contraponer el criterio personal del impugnante, por elaborado que sea, la interpretación que de las pruebas hizo el sentenciador de segundo grado, sino que es menester exponer “argumentos tan concluyentes que la sola exposición del recurrente haga rodar por el piso la labor probatoria del tribunal” (Sent. de feb. 23/2000, Exp. 5371).

En el caso que ocupa la atención de la Sala, es preciso recordar que el tribunal encontró establecido que la sociedad demandada “actuó de manera imprudente e irresponsable”, al haber “reportado” al demandante “en el mes de abril de 1988 a la Asociación Bancaria de Colombia, para que figurara en los registros de esa entidad como deudor moroso, cuando no lo era, y que ni se le había cancelado una tarjeta de crédito, ni estaba en mora de pagar el crédito otorgado por Coviajes Ltda., habida consideración que desde el 15 de marzo de 1988 pagó la totalidad del mismo quedando paz y salvo por dicho concepto” (fl. 12, cdno. 3). Sin embargo, también concluyó que no se había probado la causación de un perjuicio, porque, de una parte, los peritos, al aclarar su dictamen, señalaron que “no existían elementos de juicio para cuantificar los presuntos daños”, y de la otra, a los testigos nada les constaba sobre créditos que se le hubieren negado al demandante por causa de ese reporte, al punto que sólo la declarante Lucía Botero se refirió a este aspecto, destacando que un crédito le había sido solicitado “a través de una sociedad denominada Urbanizando”, que finalmente se otorgó por una cantidad inferior a la solicitada. Y en torno a los perjuicios morales, enfatizó el tribunal que no se había aportado ninguna prueba sobre la alegada afectación de la imagen comercial y el buen nombre del demandante (fls. 13 y 14, cdno. 3).

La censura, por su parte, se limitó a señalar que el tribunal debió tener como acreditados los perjuicios, con soporte en los medios de prueba que, según ella, se dejaron de apreciar (confesión ficta; documentos obrantes a folios 4 a 10; dictamen pericial y Resolución 0800/II-3-92 del Ministerio de Obras Públicas y Transporte), pero sin precisar cuál había sido el error puntual del sentenciador. Tan sólo al referirse a la confesión presunta, señaló el recurrente que por causa de la inasistencia de la sociedad demandada a absolver interrogatorio de parte, debió tenerse por cierto lo afirmado en el hecho décimo de la demanda, en el sentido de que la conducta “irresponsable” de aquélla “le ha representado, un daño emergente y un lucro cesante” (fl. 8, cdno. 4). Pero en cuanto a la prueba documental y la pericial, no se manifestó por parte del recurrente, en el propósito de acreditar que, contrario a lo expresado en la sentencia, los perjuicios sí habían sido probados, en qué se había equivocado puntualmente el fallador, quedando así la referencia a tales medios de prueba, como una mención panorámica, insuficiente en casación, puesto que era menester “superar el umbral de la enunciación o descripción del yerro, para acometer, en concreto, el enjuiciamiento insoslayable de los argumentos del fallador, lo que se cumple mediante la exposición de la evidencia del error y de su incidencia en la decisión adoptada” (Cas. civ. feb. 2/2001; Exp. 5670).

Así las cosas, como la Sala no puede recrear la censura, ni suplir las deficiencias de la acusación, dada la naturaleza eminentemente dispositiva del recurso extraordinario de casación, se impone desestimar el cargo, en la medida en que no puede la Corte, “sin resquebrajar caros axiomas que de antaño estereotipan el recurso en comento, suplir o incluso complementar la tarea impugnativa asignada al recurrente, en atención a que —en línea de principio— debe circunscribirse a la demanda respectiva a la cual se erige en carta de navegación para todo el tribunal de casación, con prescindencia de si fue formulada debidamente, ya que ésta no es, no podría ser de ninguna manera, responsabilidad del juez, menos del de casación, ajeno al juzgamiento de instancia (Cas. Civ. de mar. 23/2000, Exp. 5259).

2. Allende lo anterior, tampoco encuentra la Sala que el tribunal hubiere incurrido en error alguno, toda vez que, tal como se concluyó en el fallo impugnado, la parte demandante no acreditó que con la conducta reprochada a la sociedad demandada, se le hubiere ocasionado un perjuicio, sin que para los efectos de la pretensión indemnizatoria sea suficiente el hecho de que el comportamiento de aquélla hubiere sido considerado por el sentenciador como “imprudente e irresponsable” (fl. 12, cdno. 3).

Memórase que el daño, por antonomasia, es el elemento, o mejor aún, el factor de atribución de responsabilidad civil de mayor en entidad y, de suyo, vigencia en esta especifica disciplina, como quiera que se erige en su más diáfano e indiscutido presupuesto genético, no importa la corriente, el sistema o la tesitura dogmática imperantes, dado que la comunnis opinio le reconoce su auténtico linaje y su genuina función, de suerte que la jurisprudencia y la doctrina nacional e internacional, salvo aisladas —amén de superadas— posturas prohijadas hace más de una centuria (1) , explícita y categóricamente así lo conciben y, por ende lo predican por doquier.

(1) Cfme.: G.P. Chiron. La culpa en el Derecho Civil Moderno, Reus, Madrid, 1978, págs. 89 y ss. II edición original: año 1887.

En este orden de ideas, ha precisado recientemente la Corte que el daño, mutatis mutandis, es la columna vertebral de la responsabilidad civil, en concreto de la obligación resarcitoria a cargo de su agente (victimario), sin el cual, de consiguiente, resulta vano, a fuer de impreciso y también hasta especulativo, hablar de reparación, de resarcimiento o de indemnización de perjuicios ora en la esfera contractual, ora en la extracontractual, habida cuenta de que “Si no hay perjuicio”, como lo puntualiza la doctrina especializada, “... no hay responsabilidad civil” (2) , en la inteligencia, claro está, de que converjan los restantes elementos configurativos de la misma, ellos sí, materia de aguda polémica en el derecho comparado, toda vez que su señera materialización, por potagónico que sea el “rol” a él asignado, es impotente para desencadenar, per se, responsabilidad jurídica. En este sentido ha sido explícita la jurisprudencia de la Sala, señalando que, “dentro del concepto y la configuración de la responsabilidad civil, es el daño un elemento primordial y el único común todas las circunstancias, cuya trascendencia fija el ordenamiento. De ahí que no es de responsabilidad sin daño demostrado, y que el punto de partida de toda consideración en la materia, tanto teórica como empírica, sea la enunciación, establecimiento y determinación de aquél, ante cuya falta resulta inoficiosa cualquier acción indemnizatoria” (CXXIV, pág. 62)” (Cas. Civ. abr. 4/2001; exp. 5502).

(2) LE TOUMEAU, Philippe, La Responsabilité Civile, Dalloz, 1982, París, pág. 156. En sentido muy similar, el doctrinante español Jaime Santos Briz, recuerda que, “...no puede hablarse de responsabilidad contractual ni extracontractual si no se ha causado un daño a alguien”. La Responsabilidad Civil, Montecorvo, Madrid, 1981, pág. 123.

Así, por lo demás, se ha evidenciado —sin pausa— desde tiempos inmemoriales, según dan fe las regulaciones y compilaciones de épocas remotas y precedentes, vr. gr: la Ley de las XII tablas y la lex Aquilia, a la par que las adoptadas en el derecho romano clásico y post clásico y ulteriormente en el medieval, de insoslayable influjo en las codificaciones contemporáneas que, en lo fundamental y pertinente, descansan sobre idéntico postulado, dado que ubican al daño en un destacado sitial.

En consecuencia, si con motivo de una controversia judicial, no se acredita cabal y fehacientemente la floración del aludido elemento prototípico, “presupuesto ontológico de la responsabilidad con alcances decisivos en su funcionamiento” (Sent. Cas. abr. 30/68), conocido —en el argot corriente y en el jurídico— como daño, no se podrá conminar a su reparación, justamente por sustracción de materia, en sentido lato (3) , circunstancia que explica que el “Hecho ilícito civil y —la— reparación no constituyen más que expresiones desprovistas de sentidos, si se prescinde de esa derivación perturbadora de un hecho humano conocido con los nombres de agravio, perjuicio o daño ...” (4) .

(3) Desde esta análoga perspectiva —ya esbozada en líneas que anteceden—, tienen razón los hermanos Henri y León Mazeaud, al acotar que, si “...se trata de reparar, hace falta desde luego que exista algo que reparar”. Tratado Teórico y Práctico de la Responsabilidad Civil Delictual y Contractual, E.J.E.A., Buenos Aires, 1977, T. I, Vol. I, pág. 293. Cfme.: José de Aguiar Días, Tratado de la Responsabilidad Civil, Ed. José M. Cajicá, México, 1996, Vol. II, pág. 352.

(4) BREBBIA, Roberto H., El Daño Moral, Orbir, Córdoba, 1967, pág. 27.

No en balde se exige, a título de requisito sine qua non para el surgimiento de la prenotada obligación resarcitoria, la certeza del eslabón en comento, calidad que deberá establecerse, inexorablemente, con sujeción al tamiz de la jurisdicción. De allí que si no se comprueba o determina su existencia —como hecho jurídico que es—, a la vez que su extensión y medida, el juez no poseerá argumento válido para fundar, en línea de principio, una condena cualquiera enderezada a obtener su resarcimiento, debiendo, en tal virtud, exonerar de responsabilidad al demandado, por más que el demandante, a lo largo de la litis, haya afirmado lo contrario, salvo las restrictas excepciones admitidas por la ley o por la jurisprudencia (vr. gr.: intereses moratorios). Por ello es por lo que las afirmaciones del actor, ayunas de real y eficiente soporte, son sólo una prédica que, por respetable que sea, se inscribe en el vacío probatorio, con las secuelas que irremediablemente ello supone: el fracaso de su pretensión indemnizatoria.

Sobre este particular ha señalado la jurisprudencia de la Sala, “repitiendo un principio fundamental de derecho, que el perjuicio que condiciona la responsabilidad civil no es materia de presunción legal y que como derecho patrimonial que es, debe ser demandado y probado en su existencia y en su extensión por quien alega haberlo sufrido, que es quien mejor debe saber en qué consiste y cuanto lo ha afectado. Quien afirma que su demandado le ha inferido un daño por su dolo o su culpa, está obligado, si quiere que se le repare por decisión judicial, a producir la prueba de la realidad del perjuicio demostrando los hechos que lo constituyen y su cuantía, o señalando a este respecto, cuando menos, bases para su valoración” (LVIII, pág. 113).

En este orden de ideas, aunque es cierto que la producción del daño puede acreditarse mediante confesión, sea ella real o ficta, y que el tribunal —por lo menos en forma expresa— no tuvo en cuenta la que en forma presunta se estructuró contra la sociedad demandada, por no haber asistido su representante legal a la audiencia en que debía absolver el interrogatorio de parte decretado a instancia del demandante (fls. 27 y 30, cdno. 2), omisión injustificada que, a términos del artículo 210 del CPC, comportaba tener por cierto la conducta de Coviajes Ltda. afectó “la imagen comercial” del señor Peña, irrogándole perjuicios de orden material y moral, tal y como se aseveró en el hecho 10 de la demanda (fl. 15, cdno. 1), esa sola circunstancia no traduce el quiebre de la sentencia, porque, de una parte, si la confesión es indivisible (CPC, art. 200), debe aceptarse también que la cuantía del daño, con esa sola prueba, no aparece establecida, como el propio libelista lo admite en el hecho en cuestión, al señalar que “la valoración económica exacta se determinará dentro del proceso"; y de la otra, porque si toda confesión admite prueba en contrario (art. 201, ibíd.), fuerza concluir que para el tribunal, implícitamente, la confesión aludida fue infirmada, como quiera que el dictamen pericial, por un lado, y los testimonios, por el otro, permitían concluir que “no existían elementos de juicio para cuantificar los presuntos daños y perjuicios padecidos por el demandante” (fls. 108 y 123, cdno. 2; 13, cdno. 3).

A este respecto cumple recordar que, contrario a lo que antaño se sostenía, en la hora de ahora, quien confiesa puede desvirtuar los hechos confesados. El criterio romano —clásico— conforme al cual, el que confesó en juicio no puede infirmar su confesión (qui in iure confessus est, suam confessionem infirmare non posse; Papiniano), ha sido substituido por una regla más garantista, amén que acorde con los axiomas de libertad y eficacia probatoria, lo mismo que con el sistema de valoración de las pruebas conforme a la sana crítica: “Toda confesión admite prueba en contrario”, tal y como quedó plasmada en forma categórica en el artículo 201 del Código de Procedimiento Civil, sin hacer distinción entre los diversos tipos de confesión: real o ficta (ubi lex non distinguit, nec nostrum est distinguire), principio que, “Si comprende a la confesión propiamente dicha, vale decir, la expresa, a fortiori contendrá la meramente presunta” (Cas. Civ. Oct. 30/2000; Exp. 5830).

De allí que si el juzgador encuentra “que en el proceso obraban otros elementos de convicción que infirmaban la presunción de veracidad respecto de los hechos narrados en la demanda y susceptibles de prueba de confesión, bien podía, dentro de la discreta autonomía probatoria que le asiste, desconocerle efectos probatorios a la precitada confesión ficta ... (se resalta; Sent. feb. 14/91)” (CCLV, pág. 744). Al fin y al cabo, en la hora actual, no se puede sostener —como antaño— que “ninguna misión tiene el juzgador sobre los que confiesan” (nullae partes sunt iudicandi in confitentes; Ulpiano), habida cuenta que el juez, como director que es del proceso, no puede asumir frente a la confesión, una actitud pasiva o de mero espectador, haciendo gala de reglas que —ab antique— rigieron bajo una concepción bien diferente a la que hoy predomina. Por ende, como —en el tópico— el tribunal procedió correctamente, queda descartado el error de hecho enrostrado a la sentencia.

En consecuencia, el cargo no prospera.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá —Sala Civil—, el 2 de agosto de 1995, en el proceso ordinario promovido por Eduardo Peña Gómez contra la corporación de viajes “Coviajes Ltda.”.

Costas en casación a cargo de la parte recurrente. Tásense.

Cópiese, notifíquese y devuélvase».

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