Sentencia 6632 de enero 17 de 2000 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal

M.P. Fernando E. Arboleda Ripoll

Sent. T-6632. Acta 03, ene. 17/2000

1. Asunto

Desatar la impugnación interpuesta por Rosa Martínez Mejía en representación de su hermano Gabriel contra el fallo de 28 de septiembre de esta anualidad, mediante el cual una Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá denegó la tutela de los derechos fundamentales a la salud y a la seguridad social en conexidad con los derechos a la vida y a la igualdad, presuntamente vulnerados por el Instituto de Seguros Sociales- seccional Cundinamarca y Distrito Capital.

2. Fundamentos de la acción

Obrando como agente oficiosa, la hermana de Gabriel Martínez Mejía, instauró acción de tutela contra el Instituto de Seguros Sociales-seccional Cundinamarca y D.C., para que autorice la prórroga de la hospitalización de aquél, quien desde el 11 de enero de 1976 —fecha en que fue pensionado por invalidez—, viene siendo tratado en la Clínica San Juan de Dios de Chía (Cundinamarca), por presentar "esquizofrenia paranoide, enfermedad pulmonar obstructiva, síndrome compulsivo e hipertensión arterial", enfermedades que requieren asistencia médica especializada permanente.

Explicó la postulante que su consanguíneo lleva más de siete años recluido en el referido centro médico, y no obstante ser evidentes las necesidades de tratamiento intrahospitalario, el 1º de septiembre del presente año el instituto demandado, sin fundamento alguno decidió "no autorizar la prórroga de hospitalización", ocasionándoles grave perjuicio, pues la enfermedad de su hermano se manifiesta en aversión y agresividad hacia la familia.

Hace algunos años aceptó la custodia de su hermano, quien en uno de los episodios de agresividad, propios de su enfermedad, le propinó una golpiza en el rostro que le afectó la córnea, y limitó su capacidad visual en una proporción cercana al 100%, quedando físicamente imposibilitada para atenderlo, y, además, carece de recursos económicos para sufragar los elevados costos que implicaría un tratamiento particular.

3. El fallo recurrido

Sin formular reparo alguno a la intervención de la hermana del paciente en cuyo favor se instauró la tutela —pues por la enfermedad que éste padece no tiene la disposición mental para instaurarla a nombre propio— el tribunal denegó el amparo al establecer que a Gabriel Martínez no se le ha suspendido el tratamiento que requiere para su enfermedad, pues aunque el Instituto de Seguros Sociales no haya autorizado la prórroga para su hospitalización, de acuerdo a la evolución del paciente, se le está proporcionando el tratamiento médico requerido.

Precisó que la vulneración del derecho a la igualdad se presentaría si hallándose el afectado en estado de gravedad, la entidad prestadora de servicios de salud le demora el otorgamiento de citas médicas, o no le provee la asistencia médica necesaria, situación que no se presenta en este evento, pues desde el año de 1976 se le está brindando el tratamiento que su enfermedad requiere.

Al amparo de esas premisas descartó la vulneración de derecho fundamental alguno por parte del Instituto de Seguros Sociales con la negativa a autorizar la prórroga de la hospitalización del paciente, pues tal determinación se avaló en el concepto del equipo terapéutico de la Clínica San Juan de Dios, que es el llamado a establecer si Gabriel Martínez debe continuar, o no, hospitalizado.

4. La Impugnación

Según la actora, la negación de la vulneración por parte del Instituto de Seguros Sociales, del derecho fundamental a la salud del afectado, contraría las constancias que se observan en la historia clínica aportada al expediente, donde se evidencien las manifestaciones de agresividad del interno, que le impiden su incorporación a un medio social o familiar (fl. 39).

Destacó la impugnante la omisión de considerar que la patología de su hermano está asociada a un rechazo al entorno familiar, que precisamente le ha originado a ella la pérdida de la visión en un límite cercano al 100%, secuela derivada de una agresión pretérita de su hermano.

Consideró incomprensible la decisión desfavorable del fallo de tutela, pues el mismo tribunal, en casos muy similares de pacientes recluidos en la misma clínica, ha tutelado los derechos de estos discapacitados mentales, a quienes en consecuencia se les debió continuar suministrando tratamiento intrahospitalario.

En escrito presentado ante esta instancia la apoderada de la peticionaria reiteró los argumentos de la impugnación, insistió en la conducta agresiva del paciente en cuyo favor se instauró la tutela, y solicitó la recepción del testimonio de varios de los médicos que lo han tratado.

5. Consideraciones de la Corte

Dada la limitación que de la capacidad mental de Gabriel Martínez Mejía implica la esquizofrenia paranoide que padece, lo que obviamente le coloca en imposibilidad de ejercer su propia defensa, a la luz del artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, ninguna objeción cabe formular a la legitimidad de la actuación de la peticionaria como gestora oficiosa de la reclamación en favor de su hermano.

Y si bien es indudable el interés particular de la actora en que se prorrogue la hospitalización de su hermano, lo cual lleva a inferir que la reclamación ha debido instaurarla a nombre propio para precaver el riesgo que para ella representaría el tener que convivir con aquél, del análisis de la situación planteada se evidencia que al ejecutarse la suspensión del tratamiento bajo hospitalización, la vida de su consanguíneo resultaría expuesta, legitimándose así la actuación oficiosa por ella emprendida.

Sin cuestionar el soporte científico de la determinación anterior —pues no es ese el alcance de la acción de amparo—, y sí en cambio examinando sus efectos frente a los derechos fundamentales de Gabriel Martínez Mejía, resulta pertinente hacer las siguientes precisiones, que emergen de un examen en conjunto de la situación que refiere la accionante, de los medios de convicción que obran en la actuación, y de las eventuales consecuencias que para Ia vida de su hermano, en las condiciones de limitación psíquica en que se halla, le acarrearía la suspensión del tratamiento intrahospitalario y la consiguiente asunción de una vida de relación de modo abrupto, sin que haya sido precavida la situación en que quedaría al no contar con alguien que se haga cargo de él, indispensable para el ejercicio de varios de los derechos básicos de los cuales es titular, como el cumplimiento de las citas en la fase ambulatoria del tratamiento, el suministro de los medicamentos, el cobro de su pensión, etc.

Omitiendo examinar la relación de conexidad que debería existir entre los derechos a la salud y a la seguridad social y la vida del paciente —aspecto este indispensable en el estudio del conflicto planteado, dado que de conformidad con la jurisprudencia constitucional, la salud y la seguridad social no ostentan el carácter de derechos fundamentales de primer grado—, el tribunal sustentó la denegación del amparo en que desde tiempo atrás se ha estado brindando atención médica al paciente, y a partir de su egreso de la Clínica San Juan de Dios, seguirá siendo atendido por control externo.

Sin embargo, no tuvo en cuenta que según la reclamación, no están dadas las condiciones familiares que permitan la suspensión abrupta del tratamiento intrahospitalario, y su acogimiento por algún allegado, pues tal como se consigna en la historia clínica, su hermana —la accionante—, quien no está obligada a recibirlo en su residencia, y manifestó que tampoco está en condiciones de hacerlo, a partir del momento en que se enteró de la determinación de la junta médica, no ha vuelto a cumplir las citaciones hechas por la trabajadora social, ni a visitar al enfermo (fl. 7 vto.), lo que permite inferir su disposición en no asumir la carga que para ella representaría el cuidado y custodia de Gabriel Martínez Mejía, a lo que tampoco podría obligársele por vía judicial, pues no existe normatividad que así lo permita.

De lo sostenido bajo la gravedad del juramento por la accionante se establece que ha sido ella quien en pasadas oportunidades ha asumido su custodia, con los resultados conocidos y médicamente ratificados, que harían razonable su rehusamiento a asumir dicho compromiso, pues según el criterio del oftalmólogo tratante, presenta "en ambos ojos una pérdida de la agudeza visual central, cercana al 100%, debido a la presencia de degeneración macular bilateral, más acentuada en OD" (fl. 57).

Ante la imposibilidad jurídica de poder obligar a la accionante a que se ocupe de prodigar a Gabriel Martínez los cuidados que en su condición requiere, y establecida si tal obligación en cabeza del Instituto de Seguros Sociales como entidad prestadora de los servicios de salud a que aquél tiene derecho en su carácter de pensionado por la invalidez que la patología que lo aqueja le reporta, habría que afirmar la relación de conexidad entre la suspensión del tratamiento médico intrahospitalario —derecho a la salud—, y el peligro que tal decisión representa para el derecho fundamental a la vida del paciente, pues de avalarse judicialmente su egreso sin asegurar previamente las condiciones del medio familiar y la existencia de vínculos afectivos que garanticen la continuidad del tratamiento, aquél quedaría desprotegido, deambulando por las calles, en imposibilidad de cobrar la mesada pensional que actualmente percibe del Seguro Social (fl. 19), reportándose con ello no la mejoría deseable en el cuadro general de salud que presenta, sino un empeoramiento de cálculo imprevisible.

Al desamparo en que quedaría el paciente se suma el riesgo de que al asumir la conducta agresiva que refiere la tutelante y de que da cuenta la historia clínica (fls. 7 y ss.), acometa contra alguno de sus semejantes, lo que haría ineficaz el tratamiento y alteraría el desarrollo de la terapia que, pretendiendo estrechar los vínculos familiares y fomentar los contactos con el entorno, ha hecho recomendable su egreso, y pondría en grave peligro la vida de aquél en cuyo favor se impetra la protección constitucional.

La referencia que bajo la gravedad del juramento se hace sobre la inexistencia de familiares dispuestos a asumir la custodia del enfermo, la imposibilidad jurídica de obligar a la hermana de éste a compartir con él su vivienda y prodigarle los cuidados que requiere, y el comportamiento agresivo de aquél, aconsejan la revocatoria de la providencia impugnada, para en su lugar conceder el amparo, y ordenar al Instituto de Seguros Sociales que se abstenga de ejecutar la orden de egreso hasta tanto establezca —como es su obligación— que las condiciones del medio social o familiar al que se integraría el paciente, no dan lugar a que su vida e integridad personal queden expuestas, derechos fundamentales estos que, independientemente de la conveniencia de la suspensión del tratamiento intrahospitalario, no pueden resultar amenazados por la omisión, por parte de la entidad demandada, de evaluar el entorno social y familiar del enfermo que se pretende dar de alta de la institución en la que desde hace más de siete años se encuentra recluido.

No se accede a la práctica de las pruebas solicitadas por la apoderada de la peticionaria, por cuanto la de carácter documental aportada a este sumario trámite, entre la que se halla la historia clínica completa de Gabriel Martínez Mejía, donde se describe el tratamiento médico que durante años se le ha brindado y la evolución de su enfermedad, aporta los elementos de juicio suficientes para decretar la prosperidad del amparo.

Para que de acuerdo con la órbita de su competencia vigile las condiciones en que se cumple el tratamiento médico suministrado a Gabriel Martínez Mejía, se ordenará la expedición de copias de la presente actuación con destino a la Superintendencia Nacional de Salud; y a la Procuraduría Delegada para el Menor y la Familia, para que de conformidad con los artículos 428 y 548 del Código Civil, examine la viabilidad de promover oficiosamente la curatela del prenombrado, para que en su estado de enajenación mental se le garantice una debida protección.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR el fallo recurrido, para en su lugar conceder el amparo de los derechos fundamentales a la salud y a la seguridad social, en conexidad con el derecho a la vida de Gabriel Martínez Mejía.

2. ORDENAR a la gerente y representante legal de la empresa promotora de salud del Instituto de Seguros Sociales, seccional Cundinamarca y Distrito Capital, que se abstenga de ejecutar la orden de egreso del paciente en referencia, hasta tanto establezca que las condiciones del medio social o familiar al que se integraría aquél, no representan un riesgo para su vida e integridad personal.

3. ORDENAR la expedición de copias de la presente actuación con destino a la Superintendencia Nacional de Salud, para que, en la órbita de su competencia, vigile las condiciones en que se cumple el tratamiento médico suministrado a Gabriel Martínez Mejía. Y a la Procuraduría Delegada para el Menor y la Familia, para que de conformidad con los artículos 428 y 548 del Código Civil, examine la viabilidad de promover oficiosamente la curatela del prenombrado, para que en su estado de enajenación mental se le garantice una debida protección.

4. NOTIFICAR esta providencia de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

5. REMITIR las diligencias a la Corte Constitucional, una vez en firme esta providencia, para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Jorge Aníbal Gómez Gallego—Fernando E. Arboleda Ripoll—Jorge E. Córdoba Poveda—Carlos A. Gálvez Argote Trujillo—Edgar Lombana—Mario Mantilla Nougues Escobar—Carlos E. Mejía—Álvaro Orlando Pérez Pinzón—Nilson Pinilla Pinilla.

Teresa Ruiz Núñez, Secretaria.

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