Sentencia 6642 de marzo 21 de 2003 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

INTERÉS ASEGURABLE

NO LO TIENE ÚNICAMENTE EL PROPIETARIO

CONTABILIDAD INCOMPLETA

INEFICACIA PROBATORIA

Ref.: Expediente 6642

Magistrado Ponente:

Dr. César Julio Valencia Copete

Bogotá, D.C., veintiuno de marzo de dos mil tres.

EXTRACTOS: «Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de 18 de febrero de 1997, pronunciada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario seguido por Manuel Ángel Madrigal Madrigal frente a la Compañía Mundial de Seguros S.A.

I. Antecedentes

1. Manuel Ángel Madrigal Madrigal demandó a la Compañía Mundial de Seguros S.A. con el fin de que se condene a ésta a pagar a él “y/o Pantalones Ormar”, la suma de $ 63.000.000, como indemnización por el siniestro ocurrido el 23 de agosto de 1994 en el almacén “Generación Dos Mil”, ubicado en el municipio de Segovia, amparado por la póliza de seguros Nº IN-60008713; el valor equivalente a mil gramos oro, a título de perjuicios morales, por no haberse indemnizado oportunamente; así como la indexación de la condena desde el 23 de septiembre de 1994, momento en que debió pagársele, o en subsidio, desde la fecha de notificación del auto admisorio de la demanda, hasta la de pago total.

2. La causa petendi puede resumirse así:

a) La póliza en mención, adquirida por el demandante el 27 de octubre de 1993 con vigencia hasta el 21 de octubre de 1994, amparaba los riesgos de incendio y/o rayo del nombrado almacén “Generación Dos Mil”, así: $ 68.000.000, en cuanto a las mercancías existentes, y $ 2.000.000, los muebles y enseres.

b) El incendio que ocasionó la pérdida casi total de los bienes asegurados acaeció el 23 de agosto de 1994, y de ello se informó a la compañía, que envió al lugar de los hechos al ajustador de seguros Diego Estrada Garcés, por cuyo conducto la aseguradora donó la mercancía parcialmente destruida a la entidad “Compartir”.

c) Después de rendido el informe sobre el ajustador, la aseguradora se negó a pagar la indemnización aduciendo que no se había podido cuantificar el monto de las pérdidas, razón por la que apenas reconoció la suma de $ 2.000.000 por el valor de los muebles y enseres, hecho que dio lugar a que el demandante elevara quejas y reclamos, inclusive ante la Superintendencia Bancaria.

d) De la contabilidad de la mercancía se pudo establecer que al momento del siniestro las pérdidas ascendieron a $ 63.000.000; el demandante como propietario del establecimiento de comercio surtía dicho almacén, siendo así como obran en su poder las remisiones de las mercancías efectuadas a través de distintos transportadores.

e) El no pago oportuno de la indemnización obligó al demandante a vender las mercaderías existentes a bajos precios, para poder cumplir de esta forma con sus obligaciones, por lo cual sufrió perjuicios materiales y morales.

3. En el escrito de respuesta al libelo (C. 1, fl. 231), la demandada se opuso a las pretensiones del actor y formuló las excepciones que denominó “inexistencia de la obligación de indemnizar a cargo de la aseguradora, por falta de prueba de la cuantía de la pérdida sufrida por el asegurado”, “La aseguradora no se encuentra en mora”, “No existe fundamento alguno para el cobro de perjuicios morales”, “Límite de valor asegurado” y “Pago”. En cuanto a los hechos, aceptó que Manuel Ángel Madrigal “es tomador, asegurado y beneficiario de la póliza Nº 60008713”, la vigencia de ésta, la ocurrencia y la información que recibió del siniestro, así como la designación del ajustador; en cambio, negó que de las cuentas o contabilidad presentada por el reclamante pudiera deducirse el valor de las pérdidas, carga demostrativa que no cumplió el actor.

4. Concluido el trámite de la primera instancia, el Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado de Medellín dictó sentencia en la que declaró no probados los medios exceptivos; condenó a la demandada a pagar $ 76.791.000 a Manuel Ángel Madrigal Madrigal, como importe del contrato de seguro contenido en la póliza referida, por razón de los daños ocasionados por el incendio ocurrido el 23 de agosto de 1994, valor que corrigió mediante auto para elevarlo a $ 81.081.000.

5. Apelado el fallo por la demandada, el tribunal, en la sentencia que es materia del presente recurso de casación, lo confirmó.

(...).

Consideraciones de la Corte

1. De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 1045 y 1083 del Código de Comercio, el “interés asegurable” constituye uno de los elementos esenciales del contrato de seguro, y, particularmente en los seguros de daños, lo tiene “toda persona cuyo patrimonio pueda resultar afectado, directa o indirectamente, por la realización de un riesgo”.

Por tanto, ha de expresarse que el interés asegurable estriba en la relación de carácter económico o pecuniario lícita que ostenta el asegurado sobre un derecho o un bien, o sobre un conjunto de éstos, cuyo dominio, uso o aprovechamiento resulte amenazado por uno o varios riesgos.

En principio, sobre un mismo objeto pueden concurrir diversos intereses, sean directos o indirectos, motivo por el cual cuando varias personas son titulares de unos u otros, cada una separada o conjuntamente, simultánea o sucesivamente, puede asegurar lo que a su interés corresponda, siempre que ello no conduzca a que se produzca un enriquecimiento indebido, es decir, guardando que la indemnización no exceda del valor total que tenga la cosa en el momento del siniestro, como lo previene el artículo 1084 ibídem.

Ahora, por cuanto el interés asegurable atañe a una cierta relación económica, no resulta indispensable que coincidan la persona o personas involucradas en ella con quienes son los titulares del derecho de dominio como principal relación jurídica predicable del bien afectado con la realización del riesgo, mucho más, si inclusive el interés puede ser indirecto, como expresamente lo consigna la ley comercial. Así por ejemplo, dependiendo de las circunstancias, podrían tener interés asegurable el dueño y el poseedor material de la misma cosa, o el dueño y el usufructuario; la sociedad que sufre directamente la pérdida y sus socios que indirectamente pueden verse afectados. En cada una de estas hipótesis todos los sujetos tendrían, en su medida, un interés pecuniario lícito y nada les impediría, entonces, que por medio del contrato de seguro cualquiera de ellos pretendiera cubrirse de las secuelas dañinas de un riesgo que, derechamente o por reflejo, alcance a significarles un menoscabo patrimonial.

Sobre el particular, ha expuesto esta corporación que “...en desarrollo de las disposiciones —genéricas y específicas— que reglamentan el elemento esencial conocido mediante las locuciones “interés asegurable” (C. Co., arts. 1045, 1083, 1124 y 1137), se tiene establecido que éste, grosso modo, es una relación —relatio— de carácter económico que liga —o vincula— a una persona con una cosa, con una universalidad, consigo misma, etc., in potentia amenazadas.

“En la esfera del seguro de daños, en el que campea con fuera el socorrido principio indemnizatorio, el artículo 1083 del Código de Comercio, es preciso al disponer que, “tiene interés asegurable toda persona cuyo patrimonio pueda resultar afectado, directa o indirectamente, por la realización de un riesgo. Es asegurable todo interés que, además de lícito, sea susceptible de estimación en dinero”.

“Es obvio que la prenotada relación, indefectiblemente, no supone vínculo de origen dominical, en razón de que ella puede darse respecto a ligámenes de naturaleza y génesis diversa, v. gr. de índole tenencial. Es lo que que sucede, justamente, en punto al usufructo, al depósito, al arrendamiento, al “leasing”, etc.” (Sent. de 30 de septiembre de 2002, exp. 4799).

(...).

Consideraciones de la Corte

1. Entre los deberes que de manera perentoria impone la ley a todo comerciante, uno de los de mayor importancia, por los diversos fines que con ello se persigue, es el previsto en el artículo 19, numeral 3º, del Código de Comercio, según el cual ha de “llevar la contabilidad regular de sus negocios, conforme a las prescripciones legales”.

Esta exigencia viene, a su vez, reiterada por el artículo 48 de la misma obra que dispone que la contabilidad, libros, registros contables, inventarios y estados financieros en general se conformarán a las disposiciones del código y demás normas sobre la materia, señalando, igualmente, que será permitida la utilización de procedimientos de reconocido valor técnico-contable con el fin de asentar las operaciones, siempre que faciliten el conocimiento y prueba de la historia clara, completa y fidedigna de los asientos individuales y el estado de los negocios, siendo, además, este último propósito, refrendado por el artículo 50 del estatuto mercantil.

Si la debida consignación de los hechos y actos ocurridos en la empresa o establecimiento alcanza su máxima expresión en los libros de comercio, es por lo que se impone para quien ejerce esta actividad la obligación legal de llevar en forma ordenada, plena y uniforme la contabilidad, tener los libros necesarios para tal fin, haciendo los registros pertinentes, toda vez que sólo así esos documentos vienen a constituir garantía de autenticidad y veracidad.

(...).

El supuesto que ahora se presenta es el último, dado que la contabilidad era incompleta, habida cuenta que no todas las operaciones de compra o venta de mercancías llevadas a término por la sociedad eran registradas en los libros, situación que, a todas luces, riñe con los propósitos que aquélla debe cumplir y con los requisitos que el ordenamiento impone, en especial, si se recuerda que los artículos 48 y 50 del Código de Comercio perentoriamente prevén que la contabilidad debe suministrar una historia clara, “completa” y fidedigna de los negocios del comerciante, no siendo dable hacerlo por partes, como aquí ocurrió. Por tanto, si en este caso la contabilidad desatendía las exigencias legales, se produjo su ineficacia probatoria, con independencia de la veracidad o no de los datos incorporados en ella».

_______________________________