Sentencia 6649 de marzo 18 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 6649

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo

Bogotá, D.C., dieciocho de marzo de dos mil dos.

DOCUMENTO DECLARATIVO EMANADO DE TERCERO

EFICACIA PROBATORIA

Se decide el recurso extraordinario de casación interpuesto por el apoderado de la codemandada Expreso Trejos Ltda., respecto de la sentencia del 16 de diciembre de 1996 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Civil, dentro del proceso ordinario adelantado por Moisés Cadena Lozano, en nombre propio y en representación de sus hijas menores Linda Catalina y Diana Cristina Cadena Franco, contra Expreso Palmira S.A. y la sociedad recurrente.

Antecedentes

1. Las sociedades demandadas fueron convocadas a proceso ordinario por los demandantes, para que se declare que aquellas son civil y solidariamente responsables de los perjuicios causados a estos con ocasión del accidente de tránsito ocurrido el 29 de junio de 1985 en jurisdicción del municipio de Buga, a causa del cual falleció violentamente la señora María Cristina Franco M., esposa y madre de los peticionarios, por lo que solicitaron se condenara a las demandadas a pagarles, en forma solidaria, el valor de los perjuicios materiales y morales, los primeros estimados en la suma de $ 12.000.000 y los segundos en $ 3.000.000, junto con su corrección monetaria e intereses, desde la aludida fecha hasta cuando el pago se verifique, o subsidiariamente los perjuicios que se determinen por medio de peritos o por el procedimiento legal.

2. Fueron soporte de las pretensiones los hechos que se resumen de la siguiente manera:

A. El día 29 de junio de 1985, los vehículos de placas VVA-1108 y VP 1410, pertenecientes y afiliados a las empresas Expreso Trejos Ltda. y Expreso Palmira S.A., respectivamente, fueron despachados de la ciudad de Cali con destino a Bogotá, siendo conducidos por José Hugo Escobar C. y José Leonel Rodríguez, empleados o dependientes de dichas empresas, quienes se dieron a la peligrosa e irresponsable tarea de “guerrear” a lo largo de la vía, maniobrando a cada momento para adelantarse un vehículo al otro a velocidades excesivas.

B. En esa misma fecha, el demandante Moisés Cadena Lozano, acompañado de su esposa María Cristina Franco y de Soraya Coromoto Hernández L., partieron de la ciudad de Girardot con destino a Cali, en viaje de paseo, en el vehículo Toyota de placas GP 5619, conducido por el primero, automotor de propiedad del señor Gustavo Vallejo, a quien le había sido secuestrado dentro del proceso ejecutivo que el referido demandante le seguía en el Juzgado 38 Civil Municipal de Bogotá, por lo que éste lo tenía como usuario y depositario, con obligación de responder el mismo.

C. Al llegar al kilómetro 122, frente a la hacienda “La Chepa” o “La Campiña”, jurisdicción del municipio de Buga, el vehículo conducido por Moisés Cadena fue colisionado de frente y en forma violenta por el bus de la empresa Trejos de placas VVA 1108, siendo desalojado de su carril para quedar en una cuneta, al lado izquierdo de la dirección que llevaba, accidente que se produjo al pretender el conductor de bus rebasar en forma imprudente al de placas BP 1410 manejado por José Leonel Rodríguez, automotor que también alcanzó a impactar al vehículo Toyota, el cual quedó completamente destruido y los buses de ambas empresas atravesados en la vía.

D. Como consecuencia de la triple colisión, Moisés Cadena, su esposa y su compañera de viaje, recibieron heridas y lesiones de suma gravedad, siendo trasladados de urgencia al Hospital de San José de Buga, para sus primeros auxilios. Pero ante la gravedad de las heridas, se ordenó su inmediato traslado al Hospital Departamental de Cali, en cuyo trayecto falleció la señora María Cristina Franco C., víctima de las múltiples heridas recibidas en el accidente.

E. El vehículo Toyota, para el día del accidente, tenía un valor superior a $ 1.000.000, pero a la fecha de la demanda de $ 3.500.000, suma por la que debe responder el señor Cadena, como usuario y depositario que era. Éste, además, sufrió en el accidente la rotura del hígado y de las piernas, por lo que debió ser hospitalizado e intervenido quirúrgicamente en tres oportunidades. Fue necesaria también asistencia médica permanente, radiografías, consultas especiales, fisioterapia etc., con un costo aproximado de $ 2.500.000. Igualmente, por prescripción médica, se vio obligado a trasladarse a los Estados Unidos de América para ser tratado en la Clínica Physical Medicine and Rehabilitation de New York, lo que le demandó el pago de servicios médicos profesionales, pasaje de traslado y suspensión de sus actividades comerciales.

F. El mismo demandante pagó a las funerarias R. Muñoz I. de Cali y Marzo T. González e Hijo y Cía Ltda. de Girardot, la suma de $ 380.000 por concepto del traslado del cadáver de su esposa de Cali a Girardot, preparación y exequias, oficios religiosos y lote para su inhumación. Así mismo, como consecuencia de las graves heridas que sufrió, quedó imposibilitado para adelantar sus actividades durante varios meses, lo que le demandó el pago de cerca de doscientos mil pesos ($ 200.000) para atender el cuidado de sus hijas en la orfandad, así como la vigilancia y control de sus bienes patrimoniales.

G. El señor Moisés Cadena Lozano había contraído matrimonio civil con la fallecida María Cristina Franco, el 29 de noviembre de 1979, dentro del cual fueron procreadas sus hijas Linda Catalina y Diana Cristina Cadena Franco, nacidas el 3 de marzo de 1982 y 29 de enero de 1984, respectivamente. Todos ellos han padecido daño moral al quedar en la orfandad y privados del auxilio, cuidado y cariño de su ser querido, perjuicio que estiman en la suma de $ 3.000.000.

3. Enteradas del libelo petitorio las sociedades demandadas, le dieron contestación oponiéndose a las pretensiones.

4. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Palmira, a quien correspondió el conocimiento del proceso, profirió sentencia el 12 de abril de 1996, en la que accedió a las súplicas de la demanda frente a la sociedad Expreso Trejos Ltda., a la que condenó a pagar a los demandantes la suma de $ 113.040.000 por daño emergente, incluida la corrección monetaria, y $ 1.200.000, como daño moral para cada uno de aquellos. La Sociedad Expreso Palmira S.A., por el contrario, fue exonerada.

5. Inconforme con la anterior providencia la codemandada Expreso Trejos Ltda., interpuso contra ella el recurso de apelación, impugnación que también formularon los demandantes en desacuerdo con la absolución de la Expreso Palmira. Estos alzamientos fueron resueltos por el Tribunal Superior de Buga en sentencia del 16 de diciembre de 1996, en la que confirmó el fallo recurrido, modificándolo en lo tocante con el monto de la condena, que redujo a $ 66.419.976, la cual incluye la corrección monetaria al 12 de septiembre de 1996, ordenando además el pago de intereses a la tasa del 6% anual sobre los valores nominales indicados como capital en pesos hasta el pago total de la obligación. De la misma manera, disminuyó el valor de los perjuicios morales a la suma de $ 1.000.000 para cada demandante, de acuerdo a lo pedido en la demanda. Finalmente, adicionó la sentencia impugnada para negar las peticiones indemnizatorias en lo relacionado con el vehículo; condenar a los demandantes en costas de ambas instancias, en favor de la sociedad Expreso Palmira S.A. y, finalmente, condenar a la demandada Expreso Trejos en costas de la segunda instancia en favor de la parte demandante.

La sentencia del tribunal

1. Precisó delanteramente el ad quem que los demandantes estaban legitimados en la causa, excepto en lo tocante con el vehículo automotor que conducía Moisés Cadena, quien no acreditó su calidad de depositario. En cuanto a las demandadas, señaló que también fue demostrada su legitimación con los certificados allegados al proceso, en los que consta la afiliación de los vehículos de placas VVA 1108 y VP 1410 a las empresas Expreso Trejos Ltda. y Transporte Expreso Palmira S.A., para la fecha del accidente, lo que permitía establecer que eran guardianes de la actividad por tener el poder y dirección de los automotores (D. 1393/70, vigente en tal época), así como la vinculación con los conductores, supuestos necesarios para su configuración, dado el tipo de responsabilidad que de ello se pretende derivar.

Luego se ocupó de señalar las diferentes clases de responsabilidad aquiliana, para establecer que, en esta ocasión, se predica la “responsabilidad del hecho de otro y por la derivada del ejercicio de una actividad peligrosa”, cuyos elementos pasó a determinar.

2. Descendiendo a las pruebas, consideró que con soporte en: a) las copias autenticadas de la actuación surtida dentro del proceso que por homicidio y lesiones personales en accidente de tránsito se adelantó contra José Hugo Escobar Camacho y otros y, principalmente, en la sentencia condenatoria que por el primero de esos delitos profirió el Juzgado Primero Superior de Buga el 23 de octubre de 1989; b) el certificado librado por la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de Manizales del 23 de enero de 1996, donde consta que el bus de placas VVA 1108 se encuentra afiliado a la empresa Expreso Trejos; c) varios recibos y cuentas de cobro expedidas por clínicas, médicos y establecimientos de salud de diferentes fechas, correspondientes a los años de 1985, 1986 y 1993, documentos con pleno valor probatorio toda vez que, proviniendo de terceros, pueden estimarse sin necesidad de ratificación, la que no fue solicitada de manera expresa por la parte demandada; d) el dictamen médico practicado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Bogotá, de fecha 10 de febrero de 1993, en el que se señalan las múltiples cicatrices que presenta el señor Moisés Cadena, al igual que la marcha espontánea con cojera del miembro inferior derecho y la hipotrofia evidente en el miembro superior derecho con limitación para movimientos activos del mismo y, e) la declaración del doctor Jaime Quintero Laverde, médico ortopedista de profesión y traumatólogo, quien atendió a aquel a raíz del accidente automovilístico, se podía deducir la existencia del hecho, la culpabilidad y la autoría del señor Escobar, conductor del bus de Expreso Trejos, como también el daño causado y la relación entre una y otra, factores todos configurativos de la responsabilidad civil extracontractual en el ejercicio de actividades peligrosas.

A continuación, expresó el tribunal que “la sentencia penal por sus efectos erga omnes aún contra quien no estuvo vinculado al proceso, no permite poner en duda la ocurrencia del accidente ni la culpabilidad del conductor del bus, soportes de la decisión, ni mucho menos el daño así como su vinculación con aquella, reafirmados con las demás pruebas relacionadas en esta providencia”. Y “en relación a la vinculación o dependencia del autor del daño con la empresa demandada —Expreso Trejos Ltda.—, factor determinante para establecer la procedencia de la responsabilidad civil por el hecho de otro, también se encuentra demostrada en esa oportunidad, pues como lo ha establecido nuestro máximo tribunal de justicia ella emerge de la afiliación del vehículo a tales empresas en razón al poder y manejo de que la actividad implica, agregando que no puede exigirse, como lo está haciendo el demandado apelante, la prueba de un contrato de trabajo para establecer tal dependencia, pues es muy amplia la concepción sobre el punto que la deduce de la virtual potestad de control y dirección sobre la conducta de otro” (fls. 23, 23 vlto. y 24, cdno. 8).

Al amparo de estas reflexiones, consideró el sentenciador de segundo grado que estaban satisfechos los supuestos necesarios para la procedencia de la responsabilidad solicitada frente a la sociedad Expreso Trejos Ltda., no así frente a Expreso Palmira S.A., porque la parte demandante no cumplió la carga probatoria que le correspondía, ya que ninguna prueba se practicó para establecer la responsabilidad en el accidente de dicho demandado.

2. Perfilado el fallador hacia la determinación de los perjuicios, señaló que al proceso se acompañaron certificados de registro; recibos, facturas y cuentas de cobro; constancias autenticadas de Custodio Cárdenas y José A. Franco; certificación auténtica del gerente de Viajes y Excursiones Las Acacias; cartas e historias clínicas sobre el tratamiento y rehabilitación suscritas por Pedro A. Suárez, con los cuales se acreditó el parentesco de la difunta señora Franco de Cadena con los demandantes y los costos que debió asumir su cónyuge en razón a esa defunción. Agregó que también se probaron los desembolsos efectuados por el señor Cadena para recuperar su salud por motivo del accidente sufrido, lo mismo que los gastos que tuvo que hacer para proveerle cuidado a sus menores hijas, dada la edad de las mismas a la fecha del accidente y la necesidad de atención que precisaban en tal época, erogación ésta que debía reconocerse, pero no hasta el año de 1993 como se pretende, sino hasta el año de 1988, cuando regresó al país su padre después de la rehabilitación en el exterior, porque podían ser atendidas por él y remitidas ya al colegio o jardín infantil.

Probados entonces, según el tribunal, los “perjuicios ciertos (daño emergente) causados por el accidente a los demandantes, los mismos deberán ser reconocidos de acuerdo a las bases sentadas, no sin antes anotar que el dictamen pericial no está debidamente sustentado ni explica el por qué introduce todos los rubros que contiene, de ahí que no se tenga como prueba en este caso, más, si la carencia de actividad probatoria de la parte demandante, no permitió establecer todos los presupuestos que se derivan de este tipo de responsabilidad” (fl. 26, cdno. 8).

En cuanto a las obligaciones contraídas en dólares, por concepto de consultas médicas y terapia física, manifestó el fallador que “como no corresponden a operaciones de comercio exterior, su liquidación será a la tasa vigente en el mercado de capitales para diciembre de cada uno de los años en que se adquirieron” (fl. 26, vlto., cdno. 8), valor que se reajustará igualmente con corrección monetaria al 12 de septiembre de 1996. Y en lo atinente a los perjuicios morales, subrayó que el monto fijado por el a quo excedió las pretensiones de la demanda, en la que se solicitó la suma de $ 3.000.000, de manera que debía respetarse esa limitación, motivo por el cual a tal valor se rebajaron, arrojando para cada uno de los demandantes un monto de $ 1.000.000.

La demanda de casación

Se formularon dos cargos con soporte en la causal primera de casación, que serán despachados en el orden propuesto por el impugnante.

Cargo primero

Con fundamento en la causal 1ª de casación, el recurrente acusó la sentencia, el recurrente acusó la sentencia por violación indirecta de normas sustanciales, por indebida aplicación de los artículos 2341, 2343, 2344, 2347, 2350, 2351, 2355 y 2356 y 1617, 1626 y 1649 inciso 2º del Código Civil, como consecuencia de errores manifiestos de hecho en la apreciación de la demanda, que llevaron al juzgador a suponer el presupuesto procesal de demanda en forma, con violación de medio por falta de aplicación de los artículos 4º, 5º, 6º, 37-8, 75-5, 85-1, 97-7, 99-4-5, 304, 305 inciso 1º y 333-4 del Código de Procedimiento Civil, y de los artículos 4º, 5º y 8º de la Ley 153 de 1887.

Para sustentar su acusación, el censor sostuvo, luego de transcribir las súplicas formuladas en el libelo introductorio, que los demandantes acumularon indebidamente sus pretensiones, toda vez que, en la pretensión segunda, persiguieron una condena global de $ 12.000.000 por concepto de perjuicios materiales, sin especificar el interés de cada uno de ellos y sin señalar ningún porcentaje para el efecto, lo que también se advierte en lo tocante con la condena que se solicita por perjuicios morales, “curiosa forma de acumular pretensiones, en tanto no permite en modo alguno determinar qué es lo que pretende concretamente cada uno de los tres demandantes”, lo que conlleva la ineptitud de la demanda, falencia que no podía ser suplida oficiosamente por el fallador, quien incurrió, entonces, en error de hecho al apreciar la demanda.

Por tanto, como no era posible identificar el concreto interés de cada uno de los demandantes con respecto a las condenas globales solicitadas, no podía proferirse sentencia de mérito, sino fallo inhibitorio o formal.

Consideraciones

1. De tiempo atrás se tiene establecido que el objeto de los procedimientos es la realización de los derechos reconocidos en la normas jurídicas sustantivas, criterio este de interpretación de la ley procesal que, incorporado al Código de Procedimiento Civil (art. 4º), fue recogido luego como principio por el ordenamiento constitucional patrio, en cuyo artículo 228 se consagró que en las actuaciones que adelante la administración de justicia, “prevalecerá el derecho sustancial”, lo que tiene el importante significado de resaltar la función del proceso como mecanismo o escenario adecuado para administrar justicia y, por ende, para ponerle civilizado y racional fin a las disputas sobre derechos, propósito que, en línea de principio rector y, por contera, informador, justifica ampliamente el repudio de cara a las sentencias inhibitorias, como expresión meramente formal de una decisión judicial, en la medida en que con ellas nada se resuelve, motivo por el cual el legislador le impuso a los jueces el deber ineludible de evitar, hasta donde ella sea posible, ese tipo de providencias (CPC, art. 37, num. 4º in fine), detonantes de entendibles y justificadas frustraciones en cabeza de los justiciables.

En este sentido ha expresado la Sala que “Hay consenso, entonces, en torno a lo anterior. Es que todo proceso judicial está organizado para que el juzgador adopte una decisión que dirima la controversia planteada, pues esa y no otra constituye su razón de ser, su justificación, de manera que puede calificarse como un verdadero fracaso el trámite que culmina con una resolución de carácter inhibitorio” (Cas. Civ. de feb. 5/2001; exp. 5663).

Claro está, ello no se discute, la sentencia, para ser legítima, debe ser secuela de un debido proceso, esto es, de una actuación válida y, por tanto, acorde con las reglas inherentes a dicha garantía (C. Pol., art. 29), razón por la cual el juez, antes de proferirla, debe verificar que se hallen estructurados los denominados presupuestos procesales de: demanda en forma, capacidad para ser parte, capacidad procesal y competencia, cuya ausencia impide que la jurisdicción dirima el litigio, bien porque se ha generado una nulidad —en el caso de las dos últimas—, ora porque no es posible decidir —en el evento de las dos primeras—, hipótesis esta que conduce a la sentencia inhibitoria, en la medida en que no cabe decir el derecho cuando una de las partes no podía ser —ab initio— sujeto de los mismos, por haber dejado de ser persona, como tampoco cuando el libelo genitor del proceso contiene deficiencias de tal significación y envergadura, que se tornen imposibles de superar.

Importa destacar que, tratándose del presupuesto procesal de demanda en forma, la Corte ha precisado que “el defecto que debe presentar una demanda para que se la pueda calificar de inepta o en indebida forma tiene que ser verdaderamente grave, trascendente y no cualquier informalidad superable lógicamente, pues bien se sabe que una demanda ‘... cuando adolece de cierta vaguedad, es susceptible de ser interpretada por el juzgador, con el fin de no sacrificar un derecho y siempre que la interpretación no varíe los capítulos petitorios del libelo ...’; ‘... en la interpretación de una demanda —afirma categóricamente la Corte— existe el poder necesario para ir tras lo racional y evitar lo absurdo’ (G.J. XLIV, pág. 439)” (se resalta; CCXXXI, págs. 260 y 261). Y no puede ser de otra manera, se itera, porque si, como quedó señalado, en las actuaciones judiciales debe prevalecer el derecho sustancial, no pueden los jueces escudarse en la existencia de cualquier error de la demanda, para proferir decisión inhibitoria y, por esa vía, lisa y llanamente se señala, abstenerse de administrar justicia, lo que constituiría, per se, inaceptable —amén que reprochable— incumplimiento a sus elevados deberes.

2. En este orden de ideas, no se discute que toda demanda debe contener “Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad”, exigencia que obliga, en caso de acumulación, a que los varios pedimentos, principales, consecuenciales o subsidiarios, deban formularse por separado, con respeto a los requisitos que la ley establece para su procedencia (CPC, arts. 75, num. 5º, y 82 ).

En el caso de la acumulación subjetiva de pretensiones, ciertamente lo apropiado es que en la demanda se determinen individualmente las aspiraciones de cada uno de los demandantes, cuando aquella se presenta en el extremo activo del litigio (CPC, art. 82, inc. 3º), pero ello no significa que si las súplicas se formulan de otra manera, el juez indefectiblemente, esto es, como única vía posible, deba abstenerse de dictar sentencia de mérito, lo que significaría sacrificar —no exento de aleve atentado— el fondo por la forma. Antes bien, si de la demanda, integralmente considerada, se puede deducir cuál es en concreto la aspiración de cada uno de los litigantes, deberá el juzgador, en uso de los amplios y extendidos poderes que —como director del proceso que es— la ley procesal le confiere, interpretar racionalmente el libelo para desentrañar la pretensión, o para precisarla, aún en lo atinente a la estimación cuantitativa del derecho, punto este que, bueno es advertirlo, no es un requisito esencial para la estructuración de la pretensión, stricto sensu, como sí lo es —las más de las veces— para la determinación de la competencia (art. 75, num. 8º ib.) y para la fijación de los límites del fallo, por cuanto la expresión del interés económico particular, tiene relievancia en la congruencia de la sentencia (art. 305, inc. 2º ib.).

Sobre el particular ha precisado la Sala, que “lo que hace inepta a la demanda es la imposibilidad o dificultad suma para desentrañar su verdadero sentido y fijar sus verdaderos alcances; lo otro, como aquí lo pretende el impugnante, es propender por la elaboración paradigmática de las demandas. Recuérdese que la ley lo que exige es una demanda que no imposibilite definitivamente su entendimiento. Perspectiva desde la cual se puede afirmar que el requisito consiste en que el libelo se ajuste a unas condiciones mínimas, y no en que esté incomparablemente logrado” (se resalta; CCLV, pág. 917).

Por consiguiente, aunque la medida del derecho litigado contribuye a darle precisión a la pretensión y, en tal virtud, es aconsejable que el demandante establezca —ab initio— el alcance cuantitativo del derecho cuyo conocimiento persigue, la omisión de ese específico tópico no se erige en detonante de una decisión inhibitoria, a pretexto de la falta de configuración del presupuesto procesal de demanda en forma, habida cuenta que “no es condición para la idoneidad formal de la demanda el que se puntualicen todos los pormenores que se estimen relevantes en las súplicas (petitum) o en los hechos que las fundamentan (causa petendi), sino que basta fijar ‘...los que son primordiales en orden a especificar el origen la identidad de la pretensión...’ (G.J. T. CII, pág. 38)” (CCXLVI, pág. 1208).

3. Bajo este entendimiento, aunque es cierto que la demanda que le dio lugar a este proceso no singularizó, en el acápite de pretensiones, cuál es “el concreto interés de cada uno de los demandantes con respecto a las condenas globales deprecadas” (fl. 23, cdno. 9), no puede afirmarse que del contexto del libelo no se podía colegir, como lo hizo el tribunal, cuál era la aspiración individual de los demandantes, pues de una desprevenida lectura de los hechos se deduce que el valor de los perjuicios materiales, cuantificados en la suma $12.000.000.00, se reclamó para el señor Moisés Cadena Lozano, mientras que los perjuicios morales, estimados en $3.000.000, se suplicaron tanto para aquel como para las menores Diana Cristina y Linda Catalina Cadena Franco (fl. 15, cdno. 1).

Obsérvese que en los hechos atinentes a los daños materiales causados por el accidente de tránsito (19 a 23, fls. 4 y 5, cdno. 1), consistentes en la destrucción del automotor, las intervenciones quirúrgicas y procedimientos de rehabilitación adelantados tanto en Colombia como en el exterior, así como los gastos de inhumación del cadáver de la señora María Cristina Franco y los de cuidado de sus hijas, hacen relación a erogaciones que tuvo que realizar el señor Cadena por dicha causa, mientras que en los hechos 25 y 26, alusivos a los perjuicios morales, se involucra a todos y cada de los peticionarios.

Por ello, entonces, no estuvo desatinado el tribunal cuando habilitó la sentencia estimatoria, sobre la base de respetar el “monto de $ 12.000.000 pedidos por la parte demandante”, sin perjuicio de la corrección monetaria, así como la cuantía reclamada por concepto de perjuicios morales, que tiene “para cada uno de los demandantes un monto de $ 1.000.000” (fls. 26 vlto y 27, cdno. 8), interpretación que, no sólo no es absurda, antojadiza o amañada, sino que responde, por el contrario, a una adecuada y debida comprensión —in globo— de la demanda, lo que excluye, delanteramente, la materialización del error de hecho que predica el recurrente, referido a la indebida apreciación del libelo genitor.

En consecuencia, el cargo no prospera.

Cargo segundo

También con fundamento en la causal 1ª de casación, el censor acusó la sentencia de ser violatoria, en forma indirecta, de normas sustanciales, por indebida aplicación de los artículos 2341, 2343, 2344, 2347, 2350, 2351, 2355, 2356 y 1617, 1626 y 1649 inciso 2º, del Código Civil, como consecuencia de errores trascendentes de derecho en la apreciación de las pruebas, con violación de los artículos 174, 177 inciso 1º, 178, 252, 254 y 279 del Código de Procedimiento Civil, y por aplicación indebida del artículo 22-2 del Decreto 2651 de 1991.

Para sustentar este cargo, el recurrente transcribió las consideraciones del ad quem en lo tocante con las pruebas documentales que le sirvieron para cuantificar los daños materiales, resaltando que el tribunal el otorgó plena eficacia probatoria a los documentos emanados de terceros, por cuanto no se solicitó su ratificación por la parte demandada (D. 2651/91, art. 22, num. 2º).

Sin embargo, sostuvo la censura que el sentenciador dio por acreditada —sin estarlo debidamente— la existencia y el momento de dichos perjuicios, como consecuencia de errores trascendentes de derecho en la apreciación de la prueba documental, habida cuenta que, respecto a los pagos hechos en pesos colombianos y con soporte en el artículo 22 del decreto citado, le “reconoció pleno mérito probatorio a los documentos obrantes a folios 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 298, 299, 300, 301, 302, 303 y 357 del cuaderno Nº 3”, los cuales “carecen de autenticidad, pues se trata de documentos privados que no encajan en ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, aparte de que ni siquiera ostentan el valor de pruebas sumarias, por no estar suscritos ante dos testigos (art. 279 in fine ibídem). Ello, máxime cuando no existe ni la más remota certeza sobre las personas que respectivamente elaboraron, manuscribieron (sic) o firmaron dichos documentos (certeza que se exige en la primera proposición del inciso 1º del citado art. 252), ya que se trata de documentos con firmas ilegibles o sin firma en algunos casos —esto último acontece con los que obran a folios 286, 288, 291, 292, 293, 294 y 300 del cuaderno 3” (fl. 29, cdno. 9).

Concluyó la censura argumentando que si bien el artículo 22 del Decreto 2651 de 1991, permite la apreciación de los documentos sin necesidad de ratificación, en todo caso debe entenderse que debe tratarse de documentos auténticos, requisito este que exigen otras disposiciones y que la norma en comento no eliminó.

En consecuencia, excluyendo los documentos aludidos, la condena debe limitarse en la suma de $ 21.313.200 por concepto de pagos hechos en pesos colombianos, con intereses legales sólo sobre las respectivas sumas nominales resultantes.

En similares términos hizo alusión el recurrente a los errores de derecho en la apreciación de los documentos relacionados con los perjuicios atinentes a pagos realizados en dólares, acotando que, por las mismas razones atrás aludidas, los documentos visibles a folios 11 a 30 y 408 a 421 del cuaderno 3, no podían ser apreciados, motivo por el cual la condena, por este concepto, debía reducirse a la suma de $3.540.000.

Por tanto, se solicitó casar la sentencia, para que en sede de instancia se modificara el fallo de primer grado en el sentido aludido, previo decreto oficioso de certificación del Banco de la República que permita la actualización de las sumas.

Consideraciones

1. En el régimen legal de la prueba documental, la eficacia probatoria de un documento privado está indisolublemente ligada, de una parte, a su origen o a su etiología, esto es, según provenga de una de las partes o de un tercero, y de la otra, a si es de contenido dispositivo, representativo, o meramente declarativo.

En efecto, siguiendo las directrices trazadas por el legislador en el capítulo VIII del título XIII de la sección III del libro II del Código de Procedimiento Civil, lo mismo que en Decreto 2651 de 1991, algunas de cuyas disposiciones fueron acogidas por la Ley 446 de 1998, (arts. 10 a 13), fácilmente se advierte que, en orden a otorgarle valor probatorio a un documento privado, debe el juez distinguir la naturaleza de su contenido. Con este específico propósito, ya ha precisado la Sala: “sabido es que los documentos son simplemente representativos cuando, sin plasmar narraciones o declaraciones de cualquier índole, contienen imágenes, tal como acontece con las fotografías, pinturas, dibujos, etc. Y son declarativos, cuando contienen una declaración de hombre y en tal caso se les suele clasificar en dispositivos y testimoniales, según correspondan a una declaración constitutiva o de carácter negocial (los primeros), o a una de carácter testimonial (los segundos)” (CCXXII, pág. 560).

En tratándose de los documentos de naturaleza dispositiva y representativa, su valor probatorio dependerá de la autenticidad, sin importar si provienen de una de las partes o de un tercero, según lo establecen los artículos 277 numerales 1º y 279 del código de los ritos civiles, así como el artículo 11 de la Ley 446 de 1998, que reprodujo —con algunas modificaciones— lo otrora establecido en el artículo 25 del Decreto 2651 de 1991. Por consiguiente, mientras no se tenga certeza sobre quién es el autor del documento, no se le podrá dar crédito a su contenido, en los términos de los artículos 258 y 264 del Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio, por supuesto, de la valoración que debe hacer el juez conforme a las reglas de la sana crítica, según lo impera el artículo 187 de dicha codificación.

Por el contrario, cuando se trate de documentos declarativos, su eficacia probatoria estará condicionada al carácter auténtico del mismo, únicamente cuando provenga de una de las partes, tanto más si son de contenido confesional; pero si dichos documentos emanan de un tercero, podrá el juez estimarlos “sin necesidad de ratificar su contenido, salvo que la parte contraria solicite su ratificación”, según lo dispone, expressis verbis, el numeral 2º del artículo 10 de la Ley 446 de 1998, trasunto —en lo pertinente— del numeral 2º del artículo 22 del Decreto 2651 de 1991. En este sentido la Corte recientemente ha señalado que, “si el documento proviene de un tercero, la posibilidad de apreciarlo está dada por su naturaleza, como quiera que sólo cuando son de contenido dispositivo o representativo, se requerirá que sean auténticos (art. 277 ib., num. 1º), mientras que si son simplemente declarativos, podrá el juez concederles valor, siempre que la parte contra quien se oponen no solicite, oportunamente, su ratificación (num. 2º art. 10 L. 446/98 derogatorio del num. 2º del art. 277 ib.)” (se resalta; Cas. Civ. de sep. 4/2000; exp. 5565).

Expresado de otra manera, en lo tocante con su eficacia probatoria, ninguna norma procesal ha exigido la autenticidad de los documentos declarativos emanados de terceros que, “por sus características especiales, han tenido una regulación también particular que, en la legislación permanente, ha consistido en asimilarlos a los testimonios para efecto de su ratificación (o, más bien, su recepción directa), salvo cuando, por acuerdo de las partes se acepta el documento como tal (CPC, arts. 277, num. 2º, y 229 inc. 2º)” (CCXLIII, págs. 297 y 298). Pero a partir de la vigencia del decreto especial de descongestión antes aludido, “Esa ‘ratificación’, que en realidad consiste en recibir una declaración testimonial juramentada, fue la que se relegó..., con la salvedad de que debe producirse siempre y cuando la parte contra quien se presenta lo solicite de manera expresa. En caso contrario, el documento será estimado por el juez, sin ninguna otra formalidad” (se resalta; CCXXII, pág. 560). En suma, “el requisito de autenticidad, por otros medios que la censura echa de menos, está reservado para verdaderas copias y para los documentos de naturaleza dispositiva o simplemente representativa (art. 254 y 277- 1º ib.)” (CCXXXVII, pág. 879).

2. Sentadas estas premisas de estirpe general, a manera de prolegómenos, se colige la improcedencia del cargo formulado, pues en él se parte de la errónea creencia de que todo documento, sin importar su contenido u origen, sólo podrá ser apreciado por el juez si es auténtico, “requisito este que rigen otras disposiciones y que la norma en comento —se alude al D. 265/91— no elimina” (fl. 30, cdno. 9).

Obsérvese que el recurrente no discutió que los documentos que le sirvieron de soporte al tribunal para establecer la cuantía del daño emergente, provenían de terceros. Más aún, tampoco controvirtió la naturaleza declarativa que les atribuyó el ad quem al estimar que tenían “plena eficacia probatoria por cuanto no se solicitó su ratificación”, según lo establece el numeral 2º del artículo 22 del Decreto 2651 de 1991 (fls. 22 vlto., 23 y 25, cdno. 8). Lo único que alega el recurrente, es que esta norma “permite obviar es la ratificación del contenido de dichos documentos, lo que no tiene que ver con la exigencia de su autenticidad, la cual sigue operando” (fls. 30 y 31, cdno. 9).

En consecuencia, circunscrita privativamente la impugnación a este aspecto —lo que en virtud del principio dispositivo impide que la Corte desborde el marco trazado por la censura—, se colige que el fallador no incurrió en el error de derecho que se le endilga, habida cuenta que el mérito probatorio de un documento declarativo emanado de tercero, como se advirtió, no depende de su carácter auténtico. De ahí que el entonces vigente artículo 25 del Decreto 2651 de 1991, al igual que lo hace el actual artículo 11 de la Ley 446 de 1998, al establecer la presunción de autenticidad de los documentos privados presentados por las partes al proceso, haya precisado que “todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en relación con los documentos emanados de terceros”, para los cuales, como quedó examinado, existe un régimen de suyo especial, por ende, llamada a imperar.

De otra parte, en lo que atañe a la censura formulada por habérsele dado mérito probatorio a “documentos con firmas ilegibles o sin firma” (fl. 29, cdno. 9), debe resaltarse que la ley considera como firma, no sólo “la expresión del nombre del suscriptor o de alguno de los elementos que la integren”, sino también “de un signo o símbolo empleado como medio de identificación personal” (C.Co, art. 826), razón por la cual, no puede restársele mérito probatorio a un documento con firma, a pretexto de que ésta es ilegible. De igual forma, como los documentos que —según el censor— carecen de firma, esto es, algunas de las facturas de la Clínica de Cirugía Ortopédica (fls. 286, 288, 291 a 294 y 300, cdno. 3), en todo caso refieren la razón social de la persona jurídica que las habría creado, bien pudo la sociedad demandada exigir que, respecto de ellas, se diera cumplimiento a las formalidades legales, para que pudieran ser apreciadas por el juez. Pero como ello no ocurrió, no puede ahora la censura dolerse de la señalada circunstancia.

Por tanto, el cargo no prospera.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de fecha y procedencia preanotadas.

Condénase al recurrente al pago de las costas del recurso. Liquídense.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen.

________________________________