Sentencia 6658 de julio 15 de 1994 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN SEGUNDA

SOBRESUELDOS PAGADOS POR FUERA DE NÓMINA

INDEMNIZACIÓN MORATORIA

EXTRACTOS: «El único argumento de que se valió el Tribunal para revocar la condena por salarios moratorios que había proferido el a quo y, en cambio, absolver por ese concepto a la demandada, lo constituyó su consideración según la cual la indemnización prevista en el artículo 65 del C.S. del T. “no se genera cuando se tienen en cuenta los sobresueldos pagados por fuera de nómina para liquidar prestaciones” (fl. 7). En respaldo de su decisión invocó y transcribió parcialmente la sentencia proferida por esta Sala de la Corte el 28 de junio de 1985(*). Como la providencia acusada, en este punto, no examinó los hechos debatidos ni las pruebas del proceso que se revisa, el cargo aparece bien formulado por la vía directa.

Al considerar que, de modo general, la indemnización del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo no es imponible al empleador que deja de pagar los salarios y prestaciones que adeuda a la terminación del contrato cuando el trabajador haya recibido sobrerremuneraciones por fuera de nómina, el Tribunal hizo sin duda una aplicación indebida de la norma.

Recientemente la Sala precisó que “Los jueces laborales deben valorar en cada caso, sin esquemas preestablecidos, la conducta del empleador renuente al pago de los salarios y prestaciones debidos a la terminación del vínculo laboral, para deducir si existen motivos serios y atendibles que lo exoneren de la sanción moratoria, pues de acuerdo a lo dicho por la jurisprudencia de la Corte, el contenido del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo introduce una excepción al principio general de la buena fe, al consagrar la presunción de mala fe del empleador que a la finalización del contrato omite pagar a su ex trabajador los salarios y prestaciones que adeude” (sent. del 30 de mayo de 1994, Rad. 6666).

Al considerar el Tribunal que están necesariamente exentos de la indemnización moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo los empleadores que pagan sobresueldos por fuera de nómina aunque queden debiendo salarios y prestaciones a la finalización del contrato, no efectuó al respecto ninguna exégesis de la norma pero le hizo producir efectos distintos a los queridos por el legislador.

Para la recta aplicación del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, deben los jueces valorar ante todo la conducta asumida por el empleador que no satisface a la extinción del vínculo laboral las obligaciones a su cargo, valoración que debe hacerse desde luego con los medios probatorios específicos del proceso que se examina.

La circunstancia de que el trabajador reciba por fuera de nómina el pago de sumas de dinero que tienen por objeto la retribución de sus servicios puede ser libremente convenida por los contratantes, pero puede también ser inducida, provocada o impuesta por el empleador para su propio o principal beneficio, de modo que no constituye por sí misma un factor que determine la exoneración de la indemnización moratoria prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. Como ha dicho la Corte, la presunción de mala fe del empleador que la citada disposición contempla se fundamenta en la desigualdad de las partes en la relación sustancial de trabajo que el derecho laboral se ha propuesto contrarrestar mediante la elaboración de principios y la expedición de preceptos protectores de quienes derivan su subsistencia de la enajenación de su fuerza de trabajo y que procura garantizarles la percepción oportuna y completa de los salarios y prestaciones que tienen para ellos naturaleza alimentaria y vital. Este marco protector aparece consagrado, entre otras disposiciones, por los artículos 1º, 25 y 53 de la Constitución y se concreta en figuras como la irrenunciabilidad (arts. 14, 142 y 340 CST), la prohibición de cederlos (arts. 142 y 143), la inembargabilidad (arts. 154 y 344), la condición de créditos privilegiados (arts. 157 —11 del Decreto 2351 de 1965— y 345), y la garantía de su pago oportuno e íntegro (arts. 59-1, 57-4, 65, 134, 136, 140 y 149) que obliga al empleador a satisfacer de manera diligente las deudas laborales a su cargo, de modo que, cuando incumple, sea suya la carga de probar que actuó de buena fe para poder liberarse de la indemnización moratoria.

El cargo resulta fundado. Procede en consecuencia la Sala a examinar si está demostrada la buena fe de Suprapak S.A. al haber dejado de pagar la totalidad de las prestaciones sociales que correspondían a Alfonso Londoño Trujillo a la terminación del contrato de trabajo que los vinculó.

Al contestar la demanda (fls. 79 y 80) la empresa no afirmó ningún hecho ni invocó argumento alguno que le sirviera de excusa para haber omitido computar como salario devengado por el demandante el monto de las comisiones cuya cuantía era cuatro veces superior a la asignación básica, único factor que tuvo en cuenta para liquidar el auxilio de cesantía.

Al absolver el interrogoratorio de parte, el representante legal de la demandada fue evasivo ante las preguntas encaminadas a demostrar que la cuenta corriente contra la cual se giraron los cheques por comisiones a favor del demandante —la Nº 6106294200 del Banco Industrial Colombiano sucursal carrera 1ª de Cali— correspondía a la empresa, limitándose a manifestar que no recordaba ese hecho ni otros relacionados con el manejo de dicha cuenta (fl. 192), no obstante la certificación del propio banco (fl. 201) en la que consta que los cheques que recibió el demandante fueron girados de cuentas corrientes pertenecientes a Suprapak S.A. El testigo Hernando Díez Marmolejo (fls. 272 vto. a 273 vto.), representante de ventas de la demandada en la zona de Cali, declaró que tanto a él como al demandante se les pagaron las comisiones por fuera de nómina aunque posteriormente al testigo se le solicitó que se cambiara la modalidad declarando la totalidad del salario, solicitud que aceptó y que refleja indudablemente la existencia de una situación irregular en la compañía, por decir lo menos, en cuanto al pago de la remuneración de su personal de ventas.

La Corte llega a la misma conclusión del juez de primera instancia en el sentido de que en el expediente no hay prueba que acredite buena fe en la demandada al haber excluido para el cómputo final del auxilio de cesantía la parte principal de la remuneración que como contra-prestación de sus servicios recibió el demandante.

Para la determinación del monto de la indemnización moratoria la Sala tiene en cuenta que durante el último año de servicios a la demandada el actor devengó un salario básico mensual de $ 65.000 (fls. 170 y 172) y un promedio por comisiones de $ 253.399,91, igual al que por este concepto dedujo el Tribunal Superior (fl 28 c. del Tribunal), lo que da un total de $ 318.399,91. Por consiguiente, el valor de la condena será de $ 10.613,33 diarios desde el 1º de enero de 1986 hasta cuando la empleadora cancele lo que adeuda por reajuste de cesantía».

(Sentencia de julio 15 de 1994. Radicación 6658. Magistrado Ponente: Dr. Hugo Suescún Pujols).

ACLARACIÓN DE VOTO

Conforme tuve oportunidad de expresarlo al discutirse la ponencia, en mi personal criterio, no existe la aplicación indebida negativa de un precepto legal y, por lo mismo, el concepto de violación de la ley que se da en una situación como la que planteó el recurrente en el segundo cargo es el de la interpretación errónea del artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo, dado que en este caso el fallador resolvió el caso a la luz de lo que consideró equivocadamente constituía una jurisprudencia y no la mera decisión de un caso concreto.

Sin embargo, como a pesar de estar yo convencido de este aspecto técnico del recurso de casación laboral, no pude convencer a la mayoría de la Sección sobre lo acertado de mi enfoque, y es cierto que hay fallos en los que se habla de la aplicación indebida de una norma para absolver, considero que resulta más prudente plantear este criterio mío como una simple aclaración y no apartarme de la decisión que se tomó en la sentencia, a fin de que no se me censure por estar sacrificando el derecho sustancial a una cuestión puramente procesal y en la que no hay claramente una opinión dominante que, por su reiteración, pudiera calificarse como doctrina legal más probable o jurisprudencia sobre este punto de derecho.

Rafael Méndez Arango. 

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