Sentencia 6668 de enero 25 de 2000 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal

Acta 008, ene. 25/2000

M.P. Jorge Aníbal Gómez Gallego

VISTOS:

Subsanada la irregularidad sustancial a la que se contrae el auto de la Sala del 14 de septiembre de 1999, se procede a decidir lo pertinente en relación con la impugnación promovida por el apoderado especial del actor Elder Efrén Gómez Alegría, contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá el 11 de noviembre del mismo año, por cuyo medio denegó, por improcedente, la tutela de derechos constitucionales fundamentales supuestamente menoscabados por la liquidada Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero y el Banco Agrario de Colombia S.A.

Contenido de la acción.

A partir del 28 de junio de 1999, aduce el actor, “de hecho y de manera intempestiva” fue despedido de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, institución para la que laboró durante 18 años siendo su último cargo el de cajero (e) en la dependencia de Peispamba, Cauca. Previo a su desvinculación, agrega el libelista, la cual se produjo acorde con lo estatuido en el Decreto 1065 del mismo año y por cuyo medio se dispuso la disolución y liquidación de la mentada entidad, tanto él como el resto de trabajadores que resultaron afectados con aquella medida recibieron todo tipo de presiones para que renunciaran a sus cargos, entre ellas, el ofrecimiento dizque de un “plan de retiro voluntario”, hasta que finalmente el 25 de junio anterior se les impidió el acceso al sitio habitual de trabajo por orden de la administración.

Empero, de acuerdo con la situación fáctica atrás reseñada y conforme con lo reglado en la legislación laboral, considera el accionante que lo que en verdad se operó en la citada entidad fue la “sustitución de empleador (...), dado que la empresa, establecimiento o negocio que venía perteneciendo a la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, sigue siendo el mismo, y pasa a pertenecer al Banco Agrario de Colombia S.A.”.

Ese procedimiento arbitrario además de vulnerar el debido proceso, burla el derecho a la sustitución patronal y, como si fuera poco, amén de dejarlo huérfano de recursos con los cuales procurar el sustento familiar, le conculca el derecho al trabajo en la medida en que prácticamente quedó sin posibilidades de hallar un nuevo empleo, habida cuenta de la “situación de desprestigio y lesión a su buen nombre provocados por las declaraciones del gobierno y los medios de comunicación”.

Aspira pues el demandante a que el juez constitucional “con carácter definitivo o subsidiariamente como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”, y a falta de un medio judicial idóneo diferente a la tutela con el cual lograr la defensa de sus derechos fundamentales, disponga su reintegro efectivo al cargo que venía desempeñando —en similares o mejores condiciones a las que ostentaba previo a su retiro, aclara—, y así mismo, ordene el pago inmediato de los salarios y prestaciones dejados de percibir, so pena de las sanciones a que se hagan acreedoras las entidades accionadas por el desacato en que puedan incurrir.

Respuesta de las entidades demandadas.

Las instituciones accionadas se oponen a las pretensiones del demandante aduciendo su improcedencia no sólo por la presunción de legalidad de la que goza la normatividad que dispuso la disolución y liquidación de la entidad para la cual el actor prestó sus servicios —hasta el momento de la instauración de la respectiva acción aún se hallaban vigentes los decretos 1064 y 1065 de 1999, se aclara— por lo que, conforme con lo reglado en el artículo 15 del mentado Decreto 1064, al desaparecer las funciones que venía desempeñando Gómez Alegría “se opero la causa justificativa de la terminación del contrato de trabajo”, sino también porque la competencia para resolver la controversia laboral que con ocasión de la supresión de aquel empleo pueda surgir, es del exclusivo resorte del “juez del trabajo a través del proceso ordinario y no del juez de tutela”.

El fallo impugnado.

Ante “la claridad jurídica” del asunto debatido, de entrada el a quo advirtió sobre la improcedencia del amparo constitucional incoado, habida consideración del “carácter fragmentario (...), subsidiario y excepcional” de la acción de tutela, cuyo objeto, dado lo breve y sumario de su trámite, no son propiamente juicios de valor que necesiten de complejas controversias probatorias, pues basta la constatación de la existencia de un acto, en este caso oficial, que contrariando los postulados constitucionales y legales, menoscabe una garantía fundamental.

Dentro de la órbita que la propia Carta confiere al ejecutivo en materia de facultades extraordinarias, se emitió una normatividad “para liquidar y reemplazar un organismo público crediticio, con las consecuencias laborales y prestacionales que esa drástica medida aparejaba”, cuyos reparos, objeciones o críticas, si bien caben hacerse, no es asunto que le corresponda ventilar al juez de tutela, puesto que nuestro ordenamiento jurídico proveyó a los ciudadanos en general y a los afectados en particular, de los “instrumentos legales y las acciones jurisdiccionales, tanto de control directo, como de impugnación”, para que mediante su libre ejercicio propendieran por la defensa de sus intereses. Lo anterior significa que la acción de tutela no procede contra normas de carácter abstracto, llámense actos legislativos o reglamentarios, como acontece en el presente asunto, es la conclusión a la que arriba la colegiatura cuyo fallo se cuestiona.

Es que no sólo las garantías prestacionales e indemnizatorias reclamadas resultaron amparadas con lo que sobre la materia se reguló en la legislación criticada —artículo 8º, inciso 3º del Decreto 1065 de 1999—, sino que además el actor cuenta con mecanismos judiciales diversos a la acción de tutela que bien puede hacer valer ante la jurisdicción pertinente para lograr satisfacer sus pretensiones, aduce finalmente el juez colegiado para denegar el recurso incoado.

La impugnación.

Como quiera que el fallo del Tribunal “no consulta la existencia real de la Constitución Política y su aplicación”, se vio precisado a impugnarlo, aduce el actor, pues los derechos constitucionales fundamentales cuya protección reclama, insiste en sostener, fueron vulnerados por las autoridades que expidieron los actos injustos que en sede de tutela ataca. Contrario a lo que el a quo considera, el restablecimiento de los derechos cuya violación se atribuye a las autoridades públicas, “exigen un mecanismo preferente y sumario para que los mismos gocen de una protección pronta de conformidad con el artículo 3º, 4º y 5º del Decreto 591 de 1991 (sic)”, puesto que la acción de tutela se concibió de conformidad con los principios de publicidad, prevalencia del derecho sustancial, economía, celeridad y eficacia.

En el fallo cuestionado se desconoce que la normatividad que ordenó la liquidación de la entidad accionada, entró en vigencia con posterioridad a la situación de hecho que dio origen a la petición del amparo tutelar —el desalojo de los empleados de su lugar habitual de trabajo—; luego entonces su aplicación devino en forma retroactiva. Ahora, mal pueden ampararse las instituciones demandadas en una legislación declarada inexequible, con ostensible violación de postulados superiores tales como los derechos a la igualdad, al buen nombre, a la paz y al debido proceso, razón suficiente para que de prosperar el amparo impetrado, se ordene cumplir con lo dispuesto en el artículo 90 de la Carta en relación con la acción de repetición, la cual debe operar contra de los agentes estatales que propiciaron los actos acusados. En su momento, por lo menos se debió aplicar el artículo 4º de la Carta, arguye a manera de colofón el impugnante, dada la inconstitucionalidad de las normas criticadas.

Consideraciones de la Corte

Sea lo primero advertir que si bien es cierto mediante la Sentencia C-918 del 18 de noviembre de 1999 la Corte Constitucional en Sala Plena decidió declarar en su totalidad la inexequibilidad de los decretos 1064 y 1065 de 1999, fuente esta de reproche del actor, no lo es menos que la Superintendencia Bancaria en ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las que le confiere el estatuto orgánico del sistema financiero en armonía con la Ley 510 de 1999, además de tomar posesión de los bienes, haberes y negocios de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, dispuso su inmediata liquidación ante la imposibilidad de la entidad intervenida en desarrollar su objeto social y la carencia de mecanismos que permitieran superar la crisis económica y financiera en la que ella se sumió.

Tal estado de cosas que fueron verificadas por el propio Fondo de Garantías de Instituciones Financieras el 19 de noviembre de 1999, quedaron plasmadas en la Resolución 1726 de la misma fecha mediante la cual se adoptó la referida determinación.

Huelga decir entonces que el argumento central del proveído impugnado, esto es, la existencia de otros mecanismos de defensa diversos a la acción de tutela con los cuales velar por la salvaguarda de los derechos que se reputan conculcados, conserva su entera vigencia, puesto que en tratándose de un acto administrativo como lo es la susodicha Resolución 1726 de la Superintendencia Bancaria, tiene su propia vía de ataque, es decir, su legalidad o ilegalidad es menester debatirlas ante la jurisdicción contencioso administrativa mediante la acción de nulidad, pudiendo inclusive solicitarse el restablecimiento del derecho debido. Ni siquiera cabe esgrimirse el amparo invocado a manera de mecanismo transitorio, porque ante la eventualidad de la existencia de un daño irreparable, la solicitud de suspensión provisional del acto que originó el agravio pretextado ante la misma autoridad, es el remedio indicado.

Desconocer la existencia de aquellos instrumentos defensivos y la competencia que le asiste a otras jurisdicciones para ventilar los asuntos que le son propios, insiste en reiterar la Sala, desnaturaliza el carácter residual y subsidiario de la acción de tutela convirtiéndola en vía alterna o paralela de reclamación, a expensa de la violación del postulado constitucional de la autonomía e independencia de los diferentes órganos estatales —artículo 113 superior—, principio éste que igualmente rige la actividad y estructura internas de la rama judicial —artículo 228 ibídem—.

En conclusión, no es el amparo constitucional el mecanismo indicado para procurar que los efectos de una desvinculación laboral originada en un acto administrativo, cesen, que es en últimas a lo que aspira el actor, dada la supresión del cargo que desempeñaba en la entidad accionada y la consiguiente liquidación de ésta en atención a circunstancias expresamente previstas en la ley, lo que de suyo conllevó a la terminación de la relación laboral cuya continuación hoy se demanda, pero haciéndose uso del medio equivocado.

Por consiguiente, hechas las precisiones que anteceden, el fallo impugnado merece el aval de esta Corte.

En mérito a lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

CONFIRMAR el fallo de fecha, origen, naturaleza y contenido indicados, conforme a las motivaciones plasmadas en el cuerpo de este proveído.

REMITIR a la Corte Constitucional lo actuado para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Édgar Lombana Trujillo—Fernando Arboleda Ripoll—Jorge E. Córdoba Poveda—Carlos A. Gálvez Argote—Jorge Aníbal Gómez Gallego—Mario Mantilla Nougues—Carlos E. Mejía Escobar—Álvaro Orlando Pérez Pinzón—Nilson Pinilla Pinilla.

Teresa Ruiz Núñez, Secretaria.

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