Sentencia 6669 mayo 8 de 2001 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA

CONTRATO SOBRE VEHÍCULO DE TRANSPORTE

CRITERIO PARA SABER SI ES CONTRATO DE TRANSPORTE O DE ARRENDAMIENTO

EXTRACTOS: «I. De manera liminar debe la Corte dejar sentadas las siguientes premisas que incidirán en el despacho del cargo segundo, a saber:

1. En la especie de este proceso, las compañías aseguradoras demandantes acuden a demandar a la sociedad Sipsa S.A., respaldadas en que ésta es la responsable del siniestro consistente en la avería grave de parte de la mercancía que había llegado al puerto de Cartagena, la cual se presentó en el momento en que la misma era izada por la grúa de propiedad de la demandada para ser trasladada dentro de las instalaciones del terminal marítimo, labor para la que fue contratada por las Empresas Públicas de Medellín, en cuyos derechos se subrogan aquéllas en los términos del artículo 1096 del Código de Comercio, por razón del pago de la indemnización que hicieron a la última de la póliza automática para seguros de transportes Nº 106472-4 (C. 1, fl. 46).

2. Según las condiciones generales de dicha póliza, donde aparecen las Empresas Públicas de Medellín en su carácter de tomador y asegurado, la misma ”asegura contra los riesgos de pérdida o daño material de los bienes que se produzcan con ocasión de su transporte”, y con apoyo en ella las demandantes pagaron a la beneficiaria del seguro las indemnizaciones causadas a raíz de la avería antes mencionada, pago que entonces las legitima para subrogarse ”por ministerio de la ley y hasta concurrencia de su importe, en los derechos del asegurado contra las personas responsables del siniestro”, según manda la norma última citada. En esas circunstancias, los derechos del asegurado materia de subrogación legal se concretan en este caso a exigir la responsabilidad civil derivada del incumplimiento que se le imputa a la demandada, respecto del contrato que ésta celebró con las Empresas Públicas de Medellín; de allí que la fijación de la naturaleza de ese vínculo contractual adquiera significación esencial para los efectos de este proceso y, por ende, para determinar el éxito o fracaso de la impugnación.

3. Ahora bien, sobre este preciso punto, el tribunal definió, fundado en distintos medios de prueba, que el contrato celebrado entre las Empresas Públicas de Medellín y Sipsa S.A. fue de arrendamiento, y no de transporte, de lo cual dedujo que como se invocó en la demanda éste y no aquél, no le era dable definir el litigio sin contradecir el principio de la congruencia por cuya aplicación precisamente se limita su función decisoria; pero a la par, y como consecuencia de lo anterior, concluyó que la demandante ”no demostró los fundamentos fácticos en que apoyó sus pretensiones”.

En lo suyo, el casacionista tilda de errónea la apreciación de la demanda y de las pruebas que fueron apreciadas por el sentenciador para dictar el fallo absolutorio en los términos referidos, apoyado esencialmente en que éste no consideró que por fuera del contrato de arrendamiento de cosas, podía darse el arrendamiento de transporte, o de suministro del mismo, o un contrato innominado relativo a una particular especie de transporte, a los cuales se aplican, por analogía, las normas que rigen tal actividad; en esa dirección, aduce, el tribunal no podía exigir que la demanda dijera literalmente que se trataba del incumplimiento de un contrato de arrendamiento de cosas; además, le imputa haber pasado por alto los términos de la solicitud del servicio de ”alquiler” hecha a Sipsa en la cual se expresó que la grúa se necesitaba para el cargue de una mercancía de 47 toneladas, que en la misma demanda se alude al ”izaje, cargue y traslado de parte de estator”, y que, según los testimonios acogidos por el mismo fallador, no hubo entrega de la cosa arrendada, la grúa, por lo que tampoco hubo un verdadero contrato de arrendamiento; amén de que el aparato estaba bajo el cuidado y conservación de la demandada y era operado por un empleado suyo. Añade, por último, que el sentenciador dejó de ver el certificado de cámara de comercio donde obra que el objeto social de Sipsa S.A. incluye el servicio de cargue y descargue y el manejo terrestre de carga, más no el de alquiler en mención.

4. En ese orden de ideas, como el quid del asunto estriba en dilucidar a quién se le da razón, es necesario afirmar, de un lado, que el contrato de arrendamiento de cosas que por su naturaleza sirven para transportar otras es distinto del contrato de transporte y no implica una operación asimilable a éste, por lo que resulta indispensable distinguir entre una y otra figura.

1) En ese sentido, según las voces del artículo 1973 del Código Civil, ”el arrendamiento es un contrato en que las dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa y la otra a pagar, por el mismo, un precio determinado”; la ejecución de una obra o la prestación de un servicio, incluidas en la misma definición legal de origen como otras especies de prestaciones a cargo de una de las partes a cambio de un precio determinado, han sido sustituidas por otras figuras autónomas que tienen denominación y régimen propios, como ocurre, justamente, con el arrendamiento de transporte que, al menos en las relaciones entre comerciantes, se hallan reguladas en el Código de Comercio bajo el nombre de contrato de transporte.

2) A su vez, el artículo 981 del Código de Comercio, modificado por el artículo 1º del Decreto 01 de 1990, consagra que ”el transporte es un contrato por medio del cual una de las partes se obliga para con la otra, a cambio de un precio, a conducir de un lugar a otro, por determinado medio y en el plazo fijado, personas o cosas y entregar éstas al destinatario”.

3) De acuerdo con esas definiciones, si bien el objeto de uno y otro contrato marca la diferencia sustancial que los separa y distingue, pues el arrendamiento consiste en proporcionar el goce de una cosa respecto de la cual el arrendatario se sirve de ella en los términos pactados, o, a falta de acuerdo, según el uso natural a que está destinada; y el transporte implica la prestación del servicio a cargo del transportador de conducir personas o cosas de un lugar a otro; se impone dilucidar a cuál de esa dos especies de contrato pertenece el que celebran dos partes en el que una le permite a otra gozar de un vehículo, cuyo uso natural a su vez es el de trasladar cosas de un lugar a otro, punto sobre el cual cabe hacer la siguiente distinción:

a) Si se entrega el goce del mismo sin conductor, es claro que se da un contrato de arrendamiento de cosas, pues las operaciones de transporte que pueden llevarse a cabo con el vehículo son enteramente por cuenta y riesgo del arrendatario, quien, como usuario, ejerce el control absoluto de aquéllas; y así, si él lo destina a transportarse o a transportar cosas suyas no se ejecuta un contrato de transporte, desde luego que tampoco se puede confundir el objeto del contrato, consistente en el goce del vehículo, con los modos en que el arrendatario satisfaga éste; en cambio, si lo destina a transportar pasajeros o cosas ajenas exigiendo el pago de un precio o flete, funge frente a tales terceros como transportador. En aquéllos eventos, claro está, el arrendador jamás obra como transportador.

b) Si se entrega el vehículo provisto de conductor, lo que ocurrirá con más frecuencia cuando se trata de maquinaria especializada o que de alguna manera requiere precisos conocimientos técnicos que no están al alcance del común de las personas (un tractor, una grúa, un avión, etc.), el escrutinio sobre la naturaleza jurídica del contrato celebrado entre quien proporciona el goce del mismo y quien lo recibe pagando un precio, reclama un análisis más detallado de las particularidades que ofrece cada caso concreto, puesto que para saber si se trata de arrendamiento o de transporte, dependerá de quién efectivamente ejerza el control de la operación de conducción de personas o cosas; siempre en el entendido de que para que se pueda configurar el de transporte resulta esencial que quien se aviene a prestar ese servicio, a cambio de un flete, sea el director, ejecutor y guardián del mismo, bien que lo haga con vehículos propios o ajenos; directamente o por conducto de sus dependientes. En esa medida, si quien proporciona el vehículo con conductor, está al tanto de la operación de transporte en los términos indicados, obra como transportador, pues la finalidad del acuerdo estriba en llevar personas o cosas de un lugar a otro; pero si, por el contrario, se coloca al margen de tal actividad porque quien solicita el vehículo con conductor se encarga de dirigir y controlar la respectiva operación, como suele suceder cuando se contrata un servicio por un determinado número de horas para darle en ese tiempo el uso que corresponde, no obra como transportador sino como arrendador, sin que ese carácter se desvirtúe por el hecho de que el conductor del mismo dependa laboralmente de él, lo que puede incidir para otros efectos pero no para estructurar el contrato de transporte, cuya específica finalidad es el desplazamiento de personas o cosas, la que no se cumple desde la perspectiva del contratante que permite el goce del vehículo con conductor.

5. De otro lado, desde el punto de vista del recurso de casación, debe verificarse si las apreciaciones probatorias del tribunal que lo condujeron a dar por demostrado un contrato de arrendamiento, en lugar del de transporte, con las consecuencias antes indicadas, son erróneas de modo manifiesto, para lo cual se tendrá en cuenta que ”los yerros en que incurra el fallador en la interpretación de los contratos, y, por ende de las obligaciones que de él emanan, pueden conducir a la violación indirecta de la ley sustancial, siempre y cuando dicha violación resulte contraevidente y notoria, atacable en casación con respaldo en la causal primera que señala el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil” (Cas. Civ., marzo 14 de 1996).

II. A partir de las anteriores reflexiones, la Corte observa y concluye en la especie de este proceso, lo siguiente:

1. Cuando el contrato celebrado entre las partes ha sido concebido en términos precisos que se ajustan con absoluta nitidez a una de las figuras contractuales definidas por la ley, la determinación de su naturaleza, por lo general, no acarrea mayor dificultad. No ocurre igual y, por ende, la labor interpretativa del juez cobra significación trascendental cuando dicho vínculo es complejo y, por serlo, no se ajusta a ninguno de los contratos típicos, evento en el cual ”debe imperar la facultad judicial de calificar los contratos, la cual consiste en el deber que incumbe al fallador de desentrañar el sentido, la significación o alcance de las declaraciones de voluntad, o el comportamiento de los contratantes, con el fin de determinar los efectos jurídicos de aquellas o de éste. En dicha tarea, como lo ha expuesto insistentemente la doctrina, el criterio normativo que debe guiar al juzgador ha de encaminarse siempre a darle efectividad a la voluntad convencional, indagando, dentro de los principios generales de la hermenéutica contractual, cuáles fueron realmente los objetivos y las finalidades que se propusieron las partes al ajustar la convención” (G. J., tomo CXLII, pág. 102).

En esos casos el juez debe valerse de las declaraciones de voluntad en cuanto puedan reflejar la común intención de las partes, y de la forma como estas hayan ejecutado las prestaciones convenidas, o de cualquier otro medio de convicción que permita realizar un escrutinio tendiente a esclarecer de modo suficiente cuál es el verdadero vínculo jurídico que las ata; y de no ser ello posible, debe acudir a los principios generales de derecho, la costumbre y la equidad. Sea lo que fuere, la labor de hermenéutica judicial que así se realiza, cuando se pretende confrontar en casación, debe ser analizada siempre en la inteligencia de que ”como la interpretación de los contratos es cuestión que corresponde a la discreta autonomía de los juzgadores de instancia, la que haga el tribunal no es susceptible de modificarse en casación, a menos de aparecer de modo manifiesto en los autos que el sentenciador en su apreciación incurrió en ostensible error de hecho” (Sentencia antes citada).

2. Ahora bien, para definir la naturaleza del contrato que rigió la relación jurídica entre las partes como arrendamiento de cosas y no de transporte, el tribunal tuvo en cuenta la solicitud remitida por las Empresas Públicas de Medellín a la sociedad demandada el 24 de agosto de 1992 (fl. 29 cdo. 1); lo manifestado por el representante legal de la parte demandada y lo expuesto por varios testigos; apreciaciones probatorias que, como pasa a verse, no riñen rotundamente con la realidad que ofrecen esos medios de convicción, y, en esa medida, no se atisba la presencia de un error ostensible o manifiesto que habilite el rompimiento del fallo acusado; antes bien, el acervo probatorio conduce a apuntalar la tesis de que en efecto se trata de un contrato de arrendamiento de grúa, el cual no se desvirtúa porque se haya facilitado su goce con un conductor de la misma, que por no semejarse al de transporte ni a ninguna de las operaciones propias de ésta actividad, en los términos atrás explicados, se sustrae a los términos de la demanda que se basa precisamente en la responsabilidad civil de la demandada derivada de un vínculo de la última especie mencionada».

(Sentencia de casación, mayo 8 de 2001. Expediente 6669. Magistrado Ponente: Dr. Silvio Fernando Trejos Bueno).

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