Sentencia 6674 de febrero 24 de 2003 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 6674

Magistrado Ponente:

Dr. César Julio Valencia Copete

Bogotá, D.C., veinticuatro de febrero de dos mil tres.

EXTRACTOS: «Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por el demandado contra la sentencia de 17 de marzo de 1997, dictada por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, dentro del proceso ordinario de filiación extramatrimonial instaurado por la menor Carolina Andrea Santos Toscano, representada por su madre Narda Lupe Santos Toscano, en contra de Juan de Jesús Álvarez Lizarazo.

(...).

IV. Consideraciones

1. Como es sabido, el yerro de hecho en la ponderación probatoria ha de ser manifiesto o evidente, según lo exige el artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, lo cual significa que en orden a demostrarlo debe surgir de modo palmario, al punto que, por ser tan claro, a simple vista muestre un enorme desacierto que repugne al sentido común, de suerte que no surgirá o no tendrá incidencia el que para llegar a ubicarlo sea menester emplear “esforzados o complicados razonamientos” (G.J. t. CXLII, pág. 245; CXLVII, pág. 37; CXXXIV, pág. 146). Por tanto, no sería dable invalidar la apreciación del tribunal, aun cuando el impugnante ensaye una distinta interpretación en torno a la manera como debió ser ponderada la prueba, y ni siquiera en el evento en que la Corte alcance a tener un criterio diverso al del sentenciador, debido a que en esta hipótesis, al admitir determinado suceso varias apreciaciones que no riñen con la razón, en nada se afecta la conclusión de hecho deducida en el fallo.

Sobre el punto, ha dicho insistentemente esta corporación que “la sentencia acusada por vía de casación llega amparada con la presunción de acierto y que, en esa medida y en principio, queda a salvo la apreciación que sobre los hechos y las pruebas haya realizado el fallador de instancia; principio que se quiebra únicamente a condición de que el recurrente demuestre de manera precisa y contundente que dicha apreciación resulta manifiestamente contraevidente, tarea en la cual no se puede desembocar con éxito si se limita a hacer una formulación propia que, sin embargo de razonable, no alcanza para sustituir las conclusiones del tribunal, en el bien entendido de que la Corte no se halla habilitada para hacer un escrutinio general del acervo probatorio. Bajo esas circunstancias el error de hecho en la apreciación de las pruebas que se denuncia debe ser de tal entidad que se descubra sin necesidad de prolijas lucubraciones y que derrumbe por completo la sustentación táctica del fallo acusado, desde luego que, valga anotarlo, deben destruirse todos los argumentos y apreciaciones que constituyen los pilares en que éste se apoya” (Sent. nov. 27/2000, exp. 6220, aún no publicada oficialmente).

2. Los derroteros anteriores cobran una notoria significación cuando la apreciación probatoria que se tilda de equivocada versa sobre la que ha efectuado el fallador para dar por sentada la existencia de las relaciones sexuales entre la madre y el presunto padre del hijo reclamante de la filiación paterna extramatrimonial, toda vez que en materia de valuación de la prueba testimonial la jurisprudencia ha señalado directrices que, en aplicación de la Ley 75 de 1968, se orientan a atemperarla de un rigor excesivo, en aras de permitir establecer con apoyo en ella el suceso del trato íntimo y la época de su ocurrencia, referida ésta a aquella en que debió suceder la concepción.

En efecto, ha sido doctrina repetida de la Corte que “En torno a esta presunción nacida del trato carnal en la época de la concepción, ... el legislador de 1968 suprimió las exigencias de que estas relaciones fueran estables y notorias que en antes eran indispensables para que fueran indicativas de la paternidad natural y, bajo la consideración de que son casi imposibles de demostrar por percepción directa, dispuso que ellas podían “inferirse del trato personal y social entre la madre y el presunto padre, apreciado dentro de las circunstancias en que tuvo lugar y según sus antecedentes, y teniendo en cuenta su naturaleza, intimidad y continuidad”.

“Y con respecto a la consideración de la prueba testimonial sobre el particular, igualmente ha manifestado esta corporación que no es necesario que los testigos hayan apreciado la intimidad o realización de las relaciones sexuales, ni que expresen el día exacto en que ellas principiaron o terminaron, ya que puede acontecer que los deponentes ignoren el momento preciso en que se iniciaron o cesaron.

“Empero así mismo ha reiterado y precisado la Corte, que los testimonios sí deben forzosamente, al referir la época en que aconteció el trato carnal, coincidir en parte o con cualquier día de que integran el lapso al en que conforme al Código Civil se presume que hubo de ocurrir la concepción” (G.J. t. CLXXXVIII, pág. 306; en el mismo sentido G.J. t. CCXIX, pág. 278).

3. En ese orden de ideas, que se ajustan a la medida que ofrece el presente litigio, observa la Sala que, según el resumen que atrás se hizo de los fundamentos del fallo impugnado y del cargo único propuesto, la labor del impugnante denota apenas su gran esfuerzo en presentar un examen crítico de la prueba testimonial distinto del realizado por el tribunal, en pos de señalar que no aparece probado que hubiese existido trato sexual fecundo entre Juan de Jesús Álvarez Lizarazo y Narda Lupe Santos Toscano y, menos, por la época en que fue concebida la menor demandante, pero insuficiente para infirmar los razonamiento de esa corporación.

De suerte que, pese al destacado empeño del recurrente y a que el análisis que propone se encuentra afincado en razones que de alguna manera pudieran ser atendibles, propio es colegir que la acusación, en los términos en que aparece concebida, carece de virtualidad para provocar el desquiciamiento del fallo combatido, por cuanto las conclusiones fácticas a que llegó el tribunal no riñen con la lógica, ni son producto de una interpretación amañada de su parte, máxime que en tratándose de la comprobación de relaciones sexuales de una pareja las pruebas e inferencias directas de su ocurrencia no son de fácil consecución, ni se cuenta en la mayoría de los casos con testigos que refieran todos los hechos de manera suficientemente expresiva y detallada, ni de modo tan preciso que indiquen las fechas exactas en que pudieron suceder, siendo suficiente que, del estudio conjunto de los diferentes elementos de juicio de que se disponga, alcance a establecerse la causal de paternidad reclamada, como cuando a unos deponentes les consten parcialmente unos hechos y a los demás otros supuestos de facto, siempre que del examen integral de la prueba emerja diáfana la ocurrencia del trato íntimo dentro del tiempo en que, conforme a lo dispuesto por el legislador, se presume tuvo lugar la concepción.

4. Desde esa perspectiva, entonces, observa la Sala que el núcleo de la sentencia acusada estriba en que, de acuerdo con las versiones de los testigos presentados por la parte demandante, entre los nombrados Juan de Jesús y Narda Lupe sí existió una relación personal que no se limitó al trato de cliente de un banco y de empleada del mismo, sino que, por las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se dio, trascendió hasta la intimidad, cubriendo la época en que pudo ser concebida la actora.

En efecto, nótese que si, según la fecha de nacimiento de Carolina Andrea, dicha época transcurrió entre el 9 de abril y el 7 de agosto de 1985, no fulgura yerro evidente de hecho en la apreciación de las declaraciones de terceros con apoyo en las cuales el sentenciador dedujo la ocurrencia del trato sexual, puesto que en las versiones dadas por los testigos se encuentran expresiones más o menos coincidentes en aspectos tales como que entre Juan y Narda existió “una relación afectiva estable ... entre octubre de 1984 y en el año de 1985” y que en esa época el testigo viajó junto con la pareja a Cartagena, ocasión en que ellos permanecieron “acompañándose el uno al otro”, afirmaciones provenientes de Ariel González Vesga —fl. 18, cdno. 1—; que Juan recogía a Narda en la puerta del banco, lo que presenció varias veces, remitiéndose a sucesos ocurridos a principios de 1985, y que la relación de ellos era conocida por varias personas del banco, en donde se la calificaba como de novios, exposición efectuada por Gustavo Rodríguez Gómez —fls. 19 vto. y 20, cdno. 1—; que, según percepción personal y directa de Eda Santamaría, ellos tenían una “relación afectiva, ... salían, se divertían, él iba y la recogía al banco ... o sea prácticamente un noviazgo”, lo que sucedió “hace como diez años”, precisión temporal que no se opone a colegir que los relatados hechos se desarrollaron en la señalada época de la concepción, como arguye el casacionista, si se aprecia que la declaración fue rendida el 4 de mayo de 1995 y que no es dable exigir del testimonio fechas exactas.

Se acota complementariamente, que los testigos, particularmente Rodríguez y Santamaría, fueron empleados del banco por un tiempo amplio, el cual comprendió el período de la concepción, y que fue por esa circunstancia que conocieron del vínculo personal y social continuo de la pareja, del cual justamente el tribunal infirió el trato sexual.

5. Tampoco se ve que se haya dado una apreciación indebida a la conducta procesal del demandado, quien, en verdad, en la contestación de la demanda negó cualquier relación con Narda Lupe y luego, en el interrogatorio de parte que absolvió, aceptó que a finales de agosto de 1985 acudieron juntos a un motel donde intentaron tener relaciones sexuales, con lo que evidenció la falta de veracidad de su negativa inicial, comportamiento que con sujeción al artículo 95 del Código de Procedimiento Civil bien podía calificarse como indicio grave en contra del demandado, resultando entonces descaminado el error que, sobre el particular se enrostra, consistente en la carencia del hecho indicador.

Ahora, si fue el propio demandado quien, como acaba de registrarse, confesó el fallido intento de acceder sexualmente a la progenitora de la menor demandante, con consentimiento de esta, colígese que fueron razonables las deducciones que de ese hecho extrajo el tribunal, en el sentido de que el contacto que a la sazón se daba entre Narda Lupe y el demandado superaba el ámbito del mero conocimiento personal o de la amistad y que adquirían mayor fuerza los hechos relatados por los testigos.

6. Y si a lo anterior se suma la prueba científica, cuyo resultado fue de compatibilidad de la paternidad del demandado, ciertamente que la decisión del tribunal encuentra suficiente fuerza probatoria y, por lo mismo, se impone descartar la ocurrencia de los yerros de hecho denunciados.

7. En consecuencia, el cargo no prospera.

V. Decisión

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 17 de marzo de 1997, dictada por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga dentro del presente proceso ordinario de filiación extramatrimonial.

Costas del recurso a cargo de la parte recurrente. Liquídense por la secretaría.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y, en oportunidad, remítase el expediente al tribunal de origen.

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