Sentencia 6684 de diciembre 2 de 1994 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN PRIMERA

SOLICITUD DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR

EN EL CASO DE DESPIDOS COLECTIVOS INEFICACES

EXTRACTOS: «Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado de Distribuidora Química Holanda de Colombia S.A., contra la sentencia de fecha 12 de noviembre de 1993, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, en el juicio adelantado por Myriam Moreno Guevara contra la recurrente.

La demanda inicial

La demandante reclamó los salarios dejados de percibir desde el 12 de octubre de 1985, cuando fue despedida colectivamente sin el cumplimiento de los correspondientes requisitos legales.

La contestación

La demandada se opuso a lo pretendido mediante la alegación de las excepciones de prescripción, cosa juzgada e inexistencia del derecho. La prescripción se sustentó en que la demanda fue presentada casi seis años después de la terminación del contrato de trabajo. La cosa juzgada se fundó en que la justicia laboral ya había denegado a la demandante su petición de reintegro y salarios dejados de percibir, mediante sentencias que quedaron en firme. La inexistencia del derecho se sustentó básicamente en sostener que el artículo 140 no es aplicable a una situación como la de la accionante.

Los fallos de las instancias

En audiencia de juzgamiento celebrada el 30 de julio de 1993, el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Bogotá accedió a reconocer salarios a la demandante desde el 11 de mayo de 1987. Declaró la prescripción de los salarios causados con anterioridad a esta fecha y dispuso la devolución por la actora de lo que percibió por prestaciones sociales e indemnización por despido injusto.

Esta decisión fue confirmada en todas sus partes mediante la sentencia que es objeto del recurso de casación.

El recurso de casación

Persigue la anulación del fallo impugnado y en instancia la absolución de la compañía demandada. Formula cuatro cargos que se estudiarán en su orden así:

El primer cargo

Se enuncia así:

“Por la causal primera de casación, acuso la sentencia impugnada por violar directamente, en el concepto de interpretación errónea, el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por analogía de acuerdo a lo establecido en los artículos 19 del Código Sustantivo del Trabajo y 145 del Código de Procedimiento Laboral, lo que condujo de la misma forma al quebrantamiento directo de la ley al aplicar indebidamente el ordinal 3º del artículo 40 del Decreto 2351, reglamentado por el artículo 40 del Decreto Reglamentario 1469 de 1978 y los artículos 140, 249 y 253 subrogado por el Decreto Legislativo 2351 de 1965 y 306 del Código Laboral, así como el artículo 1º de la Ley 52 de 1975” (fl. 7 cuaderno de la Corte).

En la demostración sostiene en suma el censor que las pretensiones de la demanda incoativa del proceso, fueron resueltas desfavorablemente en otro anterior, de suerte que se dan los supuestos de la cosa juzgada establecidos en el artículo que se tiene por mal interpretado, pese a lo cual el fallador no lo estimó así.

Réplica

La apoderada del actor advierte: a) Que el censor no comparte los supuestos fácticos del fallo, como corresponde a la vía directa escogida pues, contrariamente a lo que dice el juzgador, sostiene que hay identidad de causa entre los procesos que se confrontan para los efectos de la cosa juzgada. b) Que para determinar si hay cosa juzgada o no, se hace indispensable confrontar el material probatorio, lo cual es propio de la vía indirecta en casación. c) Que el impugnador no indica cuál fue la interpretación del fallador que consideró errónea ni menos aún opone la interpretación que estima correcta. d) Que dados los supuestos fácticos del fallo impugnado no se dio la cosa juzgada, pues se parte de la base de que no existe identidad de causa en las demandas.

Considera la Corte

Observa la Sala que el Tribunal interpretó correctamente el artículo 332 del C. de P.C., pues conforme se observa en las consideraciones del fallo recurrido se atuvo estrictamente a su letra hasta el punto de que prácticamente lo trascribió como premisa para resolver la excepción de cosa juzgada. En lo pertinente dice el fallo:

“En los términos del artículo 332 del C.P. Civil, aplicable por integración al procedimiento laboral, se da la condición de cosa juzgada a las sentencias ejecutoriadas proferidas en procesos contenciosos, siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, y se funde en la misma causa que el anterior y que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes” (fl. 112 del cuaderno del Tribunal).

Por consiguiente, carece de fundamento la censura en tanto acusa la interpretación errónea del referido artículo 332.

Con todo, lo que en verdad denuncia el impugnador, por lo que se desprende de la sus-tentación, es la inaplicación del canon en cuestión ya que a su juicio el fallador dejó de aplicarlo, pese a que se dan los supuestos de la cosa juzgada.

Sin embargo de la no prosperidad del cargo, conviene que la Sala observe que en el asunto de los autos no se da la cosa juzgada que propone el impugnador, dado que en ambos procesos se persiguen objetos diversos así: en el primero se reclamó el reintegro al mismo cargo que la demandante venía desempeñando junto con el pago de los salarios dejados de percibir, con sus incrementos legales y convencionales. Al paso que en el segundo se pretendió el valor de los salarios dejados de percibir desde el 12 de octubre de 1985, en el entendido de que se presenta la situación del artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo.

Es que entre reclamar el reintegro con sus salarios dejados de percibir y pretender las consecuencias salariales de un despido ineficaz existen diferencias que se desprenden de la naturaleza misma de las figuras y de la forma como han sido legalmente reguladas. Así, entre otras, pueden puntualizarse las siguientes distinciones:

a) El derecho de reintegro supone la acción tendiente a la anulación judicial de un despido que produjo inicialmente todas sus consecuencias jurídicas de terminación del nexo contractual, y que seguirá produciendo efectos al menos hasta que el respectivo fallo lo anule. En cambio, si la ley tiene por ineficaz un despido, no hay lugar a reclamar judicialmente la anulación del mismo sino la declaratoria de su ineficacia, ya que esta ineficacia ocurre ipso iure desde el mismo momento de la emisión del acto rescisorio, vale decir que es un hecho jurídico anterior a la sentencia la cual sencillamente lo reconoce.

b) La prosperidad de la acción de reintegro conduce a la reanudación de un contrato que había terminado, mientras que si procede la declaración de ineficacia, corresponde entender que el respectivo contrato no terminó por el despido cuestionado, sino que siguió vigente aún después del mismo.

c) Porque así lo disponen las normas generadoras (D. 2351 de 1965, art. 8º, ordinal 5º y D. 204 de 1957, art. 7º) o por interpretación doctrinal, el reintegro apareja los salarios dejados de percibir. Al paso que la ineficacia del despido coloca al trabajador en la situación del artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo, vale decir en disponibilidad de laborar pero sin poder hacerlo efectivamente por disposición o culpa del patrono. Esto implica que el empleado tiene derecho a los salarios y demás emolumentos laborales que le corresponden al servidor activo, hasta que el patrono acceda a ofrecerle trabajo o finalice eficazmente el nexo laboral mediante cualquiera de los modos válidos de terminación.

d) La acción de reintegro junto a sus salarios anexos es susceptible de extinguirse por prescripción y por lo general en corto tiempo. En cambio la acción para declarar la ineficacia de un despido, dado que lo que busca es el reconocimiento judicial de un hecho jurídico anterior, no prescribe en cuanto tal, sino que prescriben ordinariamente los derechos que sucesivamente se van causando como consecuencia de hallarse el trabajador en la situación del artículo 140.

Se refuerza, entonces, la improsperidad del cargo.

El segundo cargo

Se plantea así:

“Por la causal primera de casación acuso la sentencia recurrida por haber infringido indirectamente la ley, en la modalidad de aplicación indebida del artículo 61 del Código de Procedimiento Laboral, así como del artículo 332 del Código de Procedimiento Civil aplicable por analogía de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo y 145 del Código de Procedimiento Laboral, lo que determinó la aplicación indebida del artículo 40 del Decreto 2351 de 1965, el 40 del Decreto 1469 de 1978 y el 140 del Código Sustantivo del Trabajo, a consecuencia del evidente error de hecho en la apreciación del acta de conciliación que obra como anexo de la contestación de la demanda en cuanto tal documento implica confesión de parte.

El error de hecho es “no haber dado por demostrado estándolo, que el acta de conciliación celebrada ante la Inspección Décima del Trabajo con fecha 15 de abril de 1985 hizo tránsito en autoridad de cosa juzgada en cuanto a salarios pagados a favor de la ex trabajadora”.

En la sustentación se busca demostrar que la conciliación, visible a folio 31 del cuaderno 2 del proceso, incluye un acuerdo entre las partes del juicio sobre salarios, de modo que por este aspecto se da la cosa juzgada respecto de los salarios reclamados en la demanda.

Réplica

La opositora objeta: a) Que hay proposición jurídica incompleta en razón a que se omitieron las disposiciones relativas a la conciliación y sus efectos. b) Que no se criticó concretamente la conclusión que extrajo el fallador del acta en cuestión. c) Que no se mencionaron como mal apreciadas todas las pruebas en que se fundó el fallador para emitir su fallo. d) Que el Tribunal apreció correctamente el acta de conciliación.

Considera la Corte

Sobre el acta cuya errada apreciación se acusa, el Tribunal sencillamente observó que la conciliación en ella consignada no comprende el derecho que ahora se disputa (ver fallo, fl. 113). Y basta observar el documento del folio 31 el cuaderno 2 para concluir que tiene toda la razón el fallador.

En efecto, se trata del acta levantada en la inspección del trabajo, de una diligencia de conciliación efectuada entre las partes en litigio el 15 de abril de 1986, donde acuerdan el pago a la trabajadora de una incapacidad fijada por el ISS, así como también de una bonificación. Igualmente figura la empleada declarando a paz y salvo a la empresa por conceptos prestacionales y salariales causados antes de haber sido despedida. Es ostensible, por lo tanto, que los salarios concedidos en el fallo impugnado no están contemplados en la conciliación, dado que su causación es posterior al despido de la demandante.

No es necesario, por consiguiente, que la Sala se pronuncie sobre los defectos formales observados en la oposición, para concluir que el cargo no es viable.

El tercer cargo

Se formula así:

“Por la causal primera de casación acuso la sentencia impugnada por violar directamente en el concepto de interpretación errónea el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo y por infracción directa (falta de aplicación) de los artículos 151 del Código de Procedimiento Laboral y el 2535 y 2539 del Código Civil, aplicables por analogía conforme a lo establecido por los artículos 19 del Código Sustantivo del Trabajo, y 145 del Código de Procedimiento Laboral, lo que condujo por ese camino al quebrantamiento directo de la ley al aplicar indebidamente el ordinal 3º del artículo 40 del Decreto 2351 de 1965, reglamentado por el artículo 40 del Decreto Reglamentario 1469 de 1978, y los artículos 140, 249 y 253 subrogado por el D.L. 2351/65 y 306 del Código Laboral y el artículo 1º de la Ley 52 de 1975”.

En la sustentación el recurrente aduce que como quiera que el contrato de trabajo entre las partes se dio por terminado el día 11 de octubre de 1985 y la demanda se presentó el 19 de julio de 1990, transcurrieron casi cinco años entre los dos eventos, dándose los supuestos del artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo, para que opere la prescripción de la acción. Entonces, dado que “...el Tribunal consideró que la prescripción o su iniciación comenzaba no en el momento del incumplimiento de la demandada sino en la fecha de la presentación de la demanda, que no es el sentido del artículo 488 y que tal como se ha visto permite concluir que es desde el mismo momento en que el derecho se hace exigible que comienza a contarse el término prescriptivo, el Tribunal incurrió en la interpretación errónea de esta norma en cuanto distorsiona el sentido de la misma confundiendo la acción laboral con la prestación reclamada” (fl. 14 C. de casación).

Réplica

La opositora anota: a) Que hay proposición jurídica incompleta ya que no se mencionó el artículo 90 del C. de P.C. b) Que el Tribunal sí aplicó el artículo 151 del CPL, dado que declaró una prescripción parcial. c) Que se contradicen los fundamentos fácticos de la sentencia, contrariándose así la vía directa seleccionada, ya que en la censura se sostiene que el contrato terminó el 11 de octubre de 1985, mientras el sentenciador sostiene la invalidez del despido. d) Que el Tribunal no hizo ninguna interpretación del artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo sino que simplemente lo aplicó. e) Que la aplicación de las normas sobre prescripción fue correcta.

Considera la Corte

Acerca del tema de prescripción dijo el Tribunal:

“No se puede tampoco declarar probada la excepción de prescripción por el tiempo que ha transcurrido desde el despido, 11 de octubre de 1985, a la presentación de esta demanda, 11 de mayo de 1990; esta afirmación se debe a que el salario que es lo que se está reclamando es una prestación de tracto sucesivo, es decir que el patrono está obligado a pagar mientras esté vigente el contrato de trabajo en forma continua o repetida cada día que ese contrato esté vigente el salario (sic), y en esas condiciones pueden estar prescritos los salarios que no se hayan reclamado dentro de los tres años de la prescripción ordinaria, pero en los que se causan y se continúan causando por el mismo hecho de la prestación de tracto sucesivo que no cobijen esos tres años no están prescritos, precisamente vemos que el señor juez de primera instancia consideró interrumpida la prescripción con la presentación de la demanda, 11 de mayo de 1990 (fl. 5 del cuaderno principal), y en su sentencia procedió a contar hacia atrás tres años, que cubrieron hasta el 11 de mayo de 1987, explicando que los salarios causados hasta el 10 de mayo de 1987 ya estaban prescritos, y del 11 de mayo de 1987 hacia adelante estaban vigentes y condenó a ellos” (ver, folio 113 C. del Tribunal).

El examen de estos resultandos permite establecer que, como lo señala la opositora, el recurrente atribuye al juzgador errores que no ha cometido como el de interpretar erróneamente el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo, siendo que el Tribunal no expuso propiamente ninguna hermenéutica de su texto sino que lo aplicó ciñéndose a su genuino sentido, sólo que tuvo en cuenta el fenómeno de la interrupción del término prescriptivo con la presentación de la demanda (CPC, art. 90), cosa que no advirtió el impugnador, fuera de que éste, contrariando la técnica propia de la formulación de los cargos por la vía directa en casación, supone que el contrato de trabajo entre las partes culminó efectivamente el 11 de octubre de 1985, al paso que la sentencia parte del supuesto contrario cual es el de la ineficacia de la terminación en dicha fecha.

El cargo, por lo tanto, no prospera.

El cuarto cargo

Se propone así:

“Acuso la sentencia recurrida por haber infringido indirectamente la ley en la modalidad de aplicación indebida del artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo, lo que condujo a aplicar igualmente en forma indebida el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil aplicable por analogía de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo y 145 del Código de Procedimiento Laboral, el artículo 40 del Decreto 2351 de 1965, el 40 del Decreto 1469 de 1978 y el 140 del Código Sustantivo del Trabajo, a consecuencia de evidente error de hecho en la apreciación del acta de conciliación que obra como anexo de la contestación de la demanda en cuanto tal documento implica confesión de parte.

El error de hecho es no haber dado por demostrado estándolo, que el contrato de trabajo celebrado entre Distribuidora Química Holanda Colombia S.A. y la señora Myriam Moreno Guevara se dio por terminado el día 11 de octubre de 1985”.

En la demostración se explica que el “acta conciliada” cuya copia aparece al folio 31 del cuaderno 2 contiene la confesión de la demandante acerca de que su contrato de trabajo culminó el 11 de octubre de 1985, de modo que los derechos reconocidos por el Tribunal se hallan en realidad prescritos.

Réplica

La opositora observa: a) Que el reconocimiento de salarios por el Tribunal obedece a un hecho posterior a la conciliación, cual fue la declaración de despido colectivo mediante resoluciones proferidas por el Ministerio del Trabajo. b) Que la base de la sentencia fue la declaración de despido colectivo efectuada por el Ministerio del Trabajo y este fundamento no es atacado. c) Que el Tribunal apreció correctamente el acta de conciliación.

Considera la Corte

Al resolver el segundo cargo ya se observó que la apreciación que hizo el fallador del acta de conciliación visible a folio 31 del cuaderno 2 fue acertada.

De otra parte es ostensible que el acta en cuestión nada tiene que ver con las condenas fulminadas, pues éstas se fundan en que el despido de la demandante fue declarado como colectivo por el Ministerio del Trabajo, lo cual además aconteció después de la diligencia de conciliación a que se refiere el aludido documento.

El cargo, por tanto, no ataca los verdaderos supuestos del fallo impugnado, de ahí que por ser incompleto e infundado no esté llamado a prosperar.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de fecha doce (12) de noviembre de mil novecientos noventa y tres (1993) proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, en el juicio promovido por Myriam Moreno Guevara contra Distribuidora Química Holanda de Colombia S.A. Sin costas.

Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Francisco Escobar Henríquez—Jorge Iván Palacio Palacio—Ramón Zúñiga Valverde, con aclaración de voto.

Luz Emilia Jiménez de Molina, Secretaria.

ACLARACIÓN DE VOTO

Me permito presentar aclaración de voto a la sentencia pronunciada por la Sección Primera en el proceso radicado bajo el número 6684 en el proceso, a lo cual procedo en la siguiente forma y por los siguientes motivos:

Determinado está que los actos ineficaces no producen efectos jurídicos de ninguna naturaleza y de consiguiente no requieren declaración judicial que así lo disponga.

En el caso de los despidos colectivos declarados ilegales por el Ministerio de Trabajo que con arreglo al artículo 40 del Decreto 2351 de 1965, reglamentado por el artículo 40 del Decreto Reglamentario 1469 de 1978 no producen ningún efecto, es decir, tienen naturaleza de ineficaces y de consiguiente no requieren que así lo declare una sentencia judicial.

Siendo esto así no compete procesalmente recurrir al juicio ordinario laboral para la obtención de declaratoria de ineficacia que opera por ministerio de la ley de manera ipso iure. Basta para efectos del ajuste de los derechos perseguidos pero ocultos por razón del acto ineficaz recurrir a la justicia para que a través del proceso especial se dé cumplimiento a las obligaciones que apareja la existencia y vigencia del contrato de trabajo.

De esta suerte y desde el ángulo procesal la utilización del juicio ordinario implica haber seguido un procedimiento distinto, lo cual sería causal de nulidad con arreglo al numeral 4º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, aun cuando saneable en atención al artículo 144 de la misma obra.

Sería aconsejable que la Corte profundizara en estos asuntos que se enmarcan en el terreno eminentemente jurídico, que no fáctico, para en el futuro definir no sólo los aspectos relativos a las nulidades e ineficacia de determinados actos de frecuente ocurrencia en las cuestiones de trabajo.

En los términos anteriores dejo sustentada mi aclaración de voto.

Ramón Zúñiga Valverde. 

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