SENTENCIA 6693 DE JULIO 11 DE 1994

 

Sentencia 6693 de julio 11 de 1994 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

RESPONSABILIDAD DE LAS SUPERINTENDENCIAS

FALLA DEL SERVICIO POR FALTA DE VIGILANCIA

EXTRACTOS: «Los actores demandaron a la Superintendencia de Notariado y Registro, entidad de derecho público, con personería jurídica otorgada por el Decreto 1659 de 1978 y calificada como establecimiento público, según sentencia del 14 de febrero de 1985 de la Corte Suprema de Justicia, vale decir, que es un centro de imputación y relaciones jurídicas y cuya función fundamental es ejercer inspección y vigilancia (art. 3º del Decreto 1659 de 1978) sobre el servicio público de notariado a cargo de la Nación.

Como se demandó a la Superintendencia, debe interpretarse la demanda en el sentido que ella puede comprometer su responsabilidad administrativa, en el ejercicio de su función de inspección y vigilancia, sobre el servicio de notariado. Por ello no prospera la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

En el caso sub judice se tiene probado lo siguiente: el Notario Tercero del Círculo de Medellín diligenció unos poderes en favor del señor Jesús Salvador Domínguez Restrepo, sin la comparecencia física de los otorgantes, señores Gonzalo Medina, Angela Medina y Teresita Medina y con los cuales defraudó a los demandantes, mediante la venta de los lotes que se describen en los hechos de la demanda ya transcritos.

Falla del servicio por falta de vigilancia. 

La falla del servicio en que puedan incurrir determinados entes a quienes la ley les ha atribuido la competencia para ejercer la inspección y vigilancia sobre la prestación de determinados servicios públicos, puede originarse ya sea porque se omita o retarde, o se extralimite la debida inspección y vigilancia y consecuen-cialmente ocasionen un daño a los usuarios. La policía administrativa funciona en primer lugar, para preservar los intereses generales y en este caso sería oficiosa, puesto que implica una actividad cotidiana de la administración, en segundo lugar, a petición del particular interesado, en este caso deben seguirse los procedimientos que las normas reglamentarias prevean. Si existe relación de causalidad entre la falta de vigilancia y el daño causado, el Estado responderá conforme al artículo 90 de la Constitución Nacional.

En cuanto a la vigilancia que ejerce la Superintendencia de Notariado y Registro sobre el servicio de notariado, es necesario tener en cuen-ta las particularidades de sus funciones señaladas en el Decreto 1659 de 1978, así:

El artículo 3º reza: “Corresponde a la Superintendencia la dirección, la inspección y la vigilancia de los servicios públicos de notariado...”.

El artículo 4º es del siguiente tenor: “Para el logro del objeto señalado en el artículo anterior, la Superintendencia cumplirá las siguientes funciones: (...) b) Ejercer de manera prioritaria las funciones de inspección y vigilancia sobre los notarios...”.

El artículo 11 dispone: “El Superintendente de Notariado y Registro es el representante legal del organismo y ejerce las siguientes funciones: a) Ordenar lo necesario para la correcta prestación de los servicios de notariado (...) u) Indagar sobre las quejas presentadas contra los notarios y registradores cuando la falta que se les impute sin ser grave no dé lugar a visita para su comprobación...”.

Artículo 19: “Son funciones de la División de Vigilancia de Notariado y Registro del Estado Civil de las Personas: (...) b) Prepararar los programas de visitas a las notarías y elaborar los manuales reglamentarios de tales diligencias”.

De las normas transcritas se desprende que la vigilancia que ejercía para la fecha de los hechos la Superintendencia de Notariado y Registro podía ser de oficio o a petición de parte.

Al actor le incumbía probar que la Superintendencia de Notariado y Registro incumplió con las funciones previstas en las normas transcritas, respecto a la inspección y vigilancia sobre las Notarías Tercera, Once, Doce y Quince del Círculo de Medellín. En el proceso no obra prueba alguna que tienda a demostrar la omisión del servicio de policía administrativa a cargo de la entidad demandada. Por el contrario, en el interrogatorio de parte a los llamados en garantía Notarios Tercero, Doce y Quince, Dres. Castor Iván Correa, Hernando Hoyos Castaño y Joaquín Molina Alvarez, manifiestan que la Superintendencia de Notariado y Registro hacía las visitas periódicas a sus Notarías. No está probada la falla del servicio por falta de vigilancia, para imputar responsabilidad a la Superintendencia».

(Sentencia de julio 11 de 1994. Expediente 6693. Consejero Ponente: Dr. Juan de Dios Montes Hernández).

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