Sentencia 6715 de noviembre 15 de 2001 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

PRUEBA DE LAS RELACIONES SEXUALES

NO ES ÚNICA NI TARIFADA

EXTRACTOS: «Aduce el acusador que el tribunal equivocó el entendimiento de los citados artículos de la Ley 45 de 1936 y de la Ley 75 de 1968, en tanto que dio a la prueba genética “valor de causal para demostrar la paternidad”, haciendo decir a la ley lo que ella no dice. “Las relaciones sexuales únicamente podrán inferirse del trato personal o social entre la madre y el presunto padre, no por medio de prueba genética”, agrega el acusador; y en el punto concluye: “el error de derecho en la interpretación de las disposiciones legales (...) es suficiente para quebrar la sentencia”.

(...).

Cuando el impugnador, con el ánimo de endilgar al ad quem un error de derecho, asegura que, atendido el ordinal 4º del artículo 6º de la Ley 75 de 1968, dichas relaciones sexuales “únicamente” pueden inferirse del trato personal y social habido entre la madre y el presunto padre, desatina igualmente.

Tiénese, en efecto, que puesta la ley en medio de averiguación tan delicada como es la que entraña el misterio de la fecundación, estimó razonable inferir la paternidad del hombre que por la época de la concepción entró en contacto sexual con la madre de la criatura, tal como desde la Ley 45 de 1936 se consagró. Y admitido que ese de la cópula es un hecho cuya prueba no es fácil, vino después a indicar que bien podía colegirse del signo revelador hallado en el trato social y personal de la pareja (L. 75/68). Pero tal devenir legislativo no puede ser interpretado con el criterio restrictivo que propone el recurrente, en el sentido de que la relación sexual se comprueba únicamente a través del susodicho trato, lo cual, como salta a la vista, se opondría al espíritu de la norma y al sentido de la lógica. Lo uno, por cuanto la previsión legal, consciente de la complejidad demostrativa sobre el particular, antes que limitar, sin duda alguna vino en pos de la pesquisa paterna y recordó al punto la posibilidad de las deducciones; es lo que se desprende incluso de la misma redacción normativa, al emplear la expresión “podrá”. Y después, porque es ilógico pensar que de aquella manera clausure la ley todo otro sendero apto a la consecución de la verdad, de modo de señalarse que de cara a pruebas que en un momento dado son tanto o más contundentes, verbigracia la confesión misma de las relaciones o incluso el supuesto exótico de un registro fílmico, aún así cupiera reclamar a ultranza la prueba del trato social y personal habido entre los amantes; profanaríase la sapiencia legislativa con la imputación de semejante desprecio probatorio, puntualmente traducido en que cuando la ley acude a la inferencia, malquiere todo lo demás, incluso las pruebas directas; en una palabra, que por encima de todo, se encuentra la mera probabilidad que anuncia una presunción. Bien es verdad que los antecedentes de las supradichas leyes dan cuenta de un legislador cauto en punto de pruebas, pero, eso sí, siempre dentro de una línea racional.

Así que no es cierto lo de la prueba única o tarifada de las relaciones sexuales; por ende, lo del trato social y personal de la pareja es apenas un camino para llegar a ella. Ahora, en ese orden de ideas, otra conclusión se impone, y es la de que consecuentemente cabe admitir que no habría base jurídica para descartar la prueba genética con ese fin, pues si, como lo ha expresado la Corte, su poder persuasivo “es sencillamente sorprendente (...), al extremo que existen pruebas de tal naturaleza que pueden determinar la paternidad investigada en un grado de verosimilitud rayano en la seguridad” (Cas. Civil, abr. 23/98), no está fuera de propósito admitir que como mínimo contiene tan buena señal como la que emite el mismo trato personal o social de los amantes. Tema este respecto del cual conviene todavía memorar que la prueba científica de que se trata “le presta tal apoyo a su veredicto (del juez), que se constituye en pilar de su sentencia“, y que, en fin, “la paternidad biológica, esto es, la posibilidad de que un gameto femenino haya sido fecundado por uno de determinado hombre (...) es hoy posible demostrarla con alcances de certidumbre casi absoluta (...)”. (Cas. Civil, mar. 10/2000, exp. 6188). Se ha llegado, pues, al punto en que el problema no es el de cómo creer en la prueba genética, sino el de cómo no creer en ella, de manera que, en cualquier caso, quienquiera desvirtuar esa alta dosis demostrativa, que lo acredite.

En suma, que, cual se anunció en un comienzo, fallido deviene el intento del recurrente por demeritar el valor de la mencionada pericia, a través de la restrictiva interpretación que de la ley propone. Prueba, por cierto, cuya fidelidad, calidad, precisión, firmeza y conclusiones, no discute el censor en este caso».

(Sentencia de casación, noviembre 15 de 2001. Expediente 6715. Magistrado Ponente: Dr. Manuel Ardila Velásquez ).

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