Sentencia 6720 de agosto 24 de 1994 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN SEGUNDA

REINTEGRO DEL TRABAJADOR

NO HAY INDEXACIÓN DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR

EXTRACTOS: «La pérdida del poder adquisitivo de la moneda como consecuencia de la inflación rompe el equilibrio en las relaciones jurídicas. Sobre esa realidad —pero desde luego sin adoptarla como factor único— tanto el legislador como la jurisprudencia han procurado que el acreedor de una obligación en dinero no se vea afectado por la mora del deudor que retarda el cumplimiento durante un ciclo económico inflacionario en términos de forzar al primero a conformarse con el valor nominal del crédito que por el solo transcurso del tiempo ha sufrido deterioro en su valor real y en su capacidad de compra. Principios generales de derecho (guarda de la buena fe y prohibición del enriquecimiento sin causa) han justificado la intervención del legislador en determinadas áreas de la economía para proteger a los acreedores, garantizar la equidad entre las partes y evitar que el retardo en el pago de las deudas constituya por sí mismo un beneficio para los deudores que estimule por tanto el incumplimiento de las obligaciones con la consecuente desestabilización jurídica.

Las conclusiones derivadas de la jurisprudencia de la Corte Suprema en materia de indexación de las obligaciones monetarias no permite concluir sin embargo, como lo argumenta el recurrente, que en todos aquellos casos en los que el legislador ha omitido fijar la compensación de perjuicios por el incumplimiento de las obligaciones deba el juez laboral aplicar la corrección monetaria y que por ello sería pertinente —según el mismo censor— indexar los salarios dejados de percibir entre la fecha del despido y la del reintegro.

Lo que se advierte en la jurisprudencia, desde las primeras sentencias de la Sala de Casación Civil de la Corte, es el carácter restrictivo de la indexación de las obligaciones contraídas en dinero. El criterio ha sido el de aplicar la corrección monetaria como medio de compensar el daño que el deudor moroso le causa al acreedor que debiendo haber recibido el pago en tiempo, por causa de la mora del primero no puede verse obligado a recibir una prestación de inferior valor real. Pero las generalizaciones no son admisibles en este campo. La naturaleza, modalidades y garantías de la obligación de que se trate son determinantes para aplicar o no la indexación. A tal punto lo anterior es cierto, que en la sentencia de la Sala Civil de la Corte del 19 de marzo de 1986 se advirtió “de la cautela que se debe tener en la aplicación de esos criterios —los que justifican la indexación— en las relaciones obligatorias puesto que el designio, por falta de prudencia, de su generalización inconsulta, lejos de lograr una solución en el tráfico jurídico lo hace inseguro y peligroso, en menoscabo de la justicia misma”.

El criterio según el cual debe consultarse la naturaleza de la obligación, en orden a determinar si es posible o no aplicar la corrección monetaria, fue el seguido por esta Sección de la Sala de Casación Laboral en la sentencia del 8 de abril de 1991 (expediente 4087) para definir la procedencia del reajuste monetario de la indemnización por despido en el sector privado. Se hicieron allí estas observaciones:

1. Si el patrono incumple su obligación de mantener vigente el contrato de trabajo en los términos convenidos y lo rompe sin justa causa, se hace automáticamente responsable y deudor de la indemnización correspondiente.

2. La indemnización por despido injusto debe ser satisfecha en el mismo momento en que el empleador rompe unilateralmente el contrato, de modo que es en dicha oportunidad y no después cuando el valor de la deuda debe ingresar al patrimonio del trabajador.

3. Como existe certeza no sólo respecto del momento en que debe hacerse el pago sino respecto de su valor, el pago posterior a la terminación del contrato coloca automáticamente en mora al empleador, y siendo ello así, el daño o perjuicio que afecte el crédito como consecuencia del retardo y la depreciación monetaria debe asumirlo el deudor.

4. La conclusión que surge de los anteriores puntos es que el pago de la indemnización por despido injustificado que se realiza efectivamente después del momento de su causación sólo será completo si comprende la corrección monetaria correspondiente al lapso de la mora en su cumplimiento.

El reintegro que consagró el artículo 8º del Decreto 2351 de 1965 presenta una diferencia sustancial con la indemnización tarifada de perjuicios establecida por la misma disposición. De conformidad con el numeral 5º el reintegro está condicionado a la decisión del juez del trabajo que podrá ordenarlo cuando las circunstancias lo hagan aconsejable. Esta modalidad, que la propia ley le asigna al reintegro, pone de presente que la obligación de pagar los consecuentes salarios dejados de percibir no se causa de manera automática a la terminación del contrato y por lo mismo el empleador no se coloca en mora de cumplir la prestación por el solo hecho del despido, pues en ese caso, y sin perjuicio de que el trabajador haya recibido oportunamente el valor de la indemnización por privación del empleo, la posibilidad de la reanudación del contrato está supeditada a la decisión del juez y no depende de la voluntad del deudor.

La indexación de los salarios dejados de percibir consecuenciales al reintegro resulta entonces improcedente. Aun cuando eventualmente esos salarios, causados sin prestación del servicio, resulten afectados por la depreciación de la moneda y el trabajador deba recibirlos liquidados con su valor nominal, la corrección monetaria no tiene por qué ser asumida por el empleador, quien sólo estará en mora cuando retarde el cumplimiento de la decisión judicial.

No se opone a esta conclusión la argumentación del recurrente en el sentido de que esta Corporación ha considerado que el derecho a devengar los salarios dejados de percibir debe ser entendido desde un enfoque real y por lo mismo comprender los aumentos legales y convencionales que el nivel de remuneración haya tenido, para lo cual toma apoyo en la sentencia de casación del 8 de marzo de 1989, porque esa doctrina parte de una consideración diferente. Allí no se dijo que el empleador asume la obligación de pagar los aumentos legales o convencionales de los salarios dejados de percibir por causa del retardo en el pago de un crédito laboral sino como consecuencia del alcance de la expresión “salarios dejados de percibir” que utilizó el legislador y que conforme a esa sentencia no se limita al último salario básico devengado por el trabajador pues comprende todos los que efectivamente se hayan causado, entre los cuales figuran los incrementos legales o convencionales producidos en el interregno entre el despido y el reintegro.

Como el Tribunal Superior no interpretó erróneamente los preceptos legales que cita el recurrente, el cargo no prospera».

(Sentencia de casación, agosto 24 de 1994. Radicación 6720. Magistrado Ponente: Dr. Hugo Suescún Pujols).

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