Sentencia 6721 de diciembre 12 de 2001 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

UNIÓN MARITAL DE HECHO

CONVIVENCIA DEBE SER PERMANENTE Y CONTINUA

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Santos Ballesteros

Bogotá, D.C., doce (12) de diciembre de dos mil uno (2001).

Ref. Expediente Nº 6721

Se decide el recurso de casación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de fecha tres (3) de diciembre de mil novecientos noventa y seis (1996), proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín —Sala de Familia—, para ponerle fin, en segunda instancia, al proceso ordinario promovido por María Teresa Escobar Pérez contra la sucesión testada de Rodrigo Arroyave Arango representada legalmente por Ignacio Mejía Velásquez, la Fundación Rodrigo Arroyave Arango y los herederos indeterminados del causante.

I. Antecedentes

1. Mediante demanda cuyo conocimiento correspondió al Juzgado 4º de Familia de Medellín, la citada actora entabló proceso ordinario contra los demandados mencionados, para que con su citación y audiencia se profirieran las siguientes o similares declaraciones:

a) Que entre el señor Rodrigo Arroyave Arango y la actora María Teresa Escobar Pérez existió una unión marital de hecho en los términos de la Ley 54 de 1990, cuya vigencia fue desde el año 1967 hasta el 6 de abril de 1993, fecha del fallecimiento del señor Rodrigo Arroyave Arango.

b) Que como consecuencia de la anterior pretensión se declare que entre los compañeros citados hubo sociedad patrimonial en los términos de la misma ley, compuesta por los bienes que se señalan en la demanda y los que se establezcan con posterioridad, desde 1967 hasta el momento de su disolución.

c) Que se declare disuelta la sociedad patrimonial y se disponga su posterior liquidación conforme a las normas del libro 4º título XXII, capítulo I a Vl del Código Civil, por los trámites del título XXX del Código de Procedimiento Civil, o dentro del proceso de sucesión del señor Rodrigo Arroyave Arango si no se hubiere terminado.

2. Para sustentar las anteriores pretensiones la demandante presenta los siguientes hechos:

a) Desde el año de 1967 hasta la fecha de la muerte de Rodrigo Arroyave, ocurrida en Medellín el 6 de abril de 1993, la demandante tuvo unión marital de hecho con el causante de manera estable y singular.

b) Ambos compañeros ostentaban el estado civil de solteros, el mismo que la actora conserva en la actualidad.

c) La demandante y el señor Rodrigo Arroyave Arango se trataban y presentaban como esposos, permaneciendo juntos a su estilo, de acuerdo con su propio modo de ser, viajaron juntos en muchísimas ocasiones, dentro y fuera del país, por lo que todas las personas que los conocían, familiares, amigos y vecindario en general, los reputaban como marido y mujer.

d) La actora y el señor Arroyave compartieron sus esfuerzos comunes y su trabajo, socorro y ayuda mutuas en la adquisición de un patrimonio y en el incremento del mismo desde que se inició su unión marital, por lo que al fallecer el señor Arroyave, la sociedad patrimonial tenía numerosos bienes muebles e inmuebles, los que se relacionan en la demanda.

e) Como prueba de la unión marital de hecho y del amor del causante por la actora existe el testamento cerrado otorgado por Rodrigo Arroyave por medio de la escritura pública número 494 del 8 de marzo de 1993 de la Notaría 17 de Medellín, en el que instituyó donataria a la actora en forma significativa frente a otros asignatarios singulares, entre los cuales están sus familiares.

f) En dicho testamento el testador nombró como albacea con tenencia y administración de bienes al señor Ignacio Mejía Velásquez y la diligencia de apertura y publicación del mismo se efectuó el 16 de abril de 1993 en la Notaría 17 de Medellín, protocolizada con la escritura pública número 817 de la misma fecha y notaría.

g) Rodrigo Arroyave Arango y María Teresa Escobar Pérez, en ningún momento, ni cuando decidieron formar su unión marital, ni durante ésta, estipularon que no existiera sociedad patrimonial entre ellos.

h) El proceso de sucesión del señor Rodrigo Arroyave Arango cursa en el Juzgado 8º de Familia de Medellín, en donde se declaró abierto y radicado por auto del 25 de agosto de 1993, y en él se reconoció como albacea con tenencia y libre administración de bienes al doctor Ignacio Mejía Velásquez, quien en tal carácter es el representante legal de la sucesión a falta de heredero determinado y reconocido, puesto que la Fundación Rodrigo Arroyave Arango, instituida heredera, no existía jurídicamente en esa fecha.

3. Subsanada la demanda de conformidad con lo ordenado por el a quo, surtida la notificación del auto admisorio de la demanda, de ella se corrió traslado a los demandados, quienes en tiempo se opusieron a las pretensiones, y frente a los hechos, negaron casi todos y aceptaron otros y propusieron las excepciones de mérito de inexistencia del derecho y prescripción de la acción y algunas previas; estas últimas fueron denegadas por el juzgado. El curador ad litem de los herederos indeterminados, no se opuso a las pretensiones y respecto a los hechos, estuvo de acuerdo con algunos y acerca de los restantes manifestó que debían probarse.

4. Finalizó la primera instancia mediante fallo del 9 de noviembre de 1995 (fls. 311 a 321 c. 1) el cual denegó las excepciones de mérito propuestas por la parte demandada, declaró la existencia de la unión marital de hecho solicitada, ordenó la inscripción de la sentencia en las notarías donde reposan los registros civiles de la demandante y del señor Arroyave y la consulta de la sentencia ante el tribunal.

5. Inconforme con lo resuelto, el albacea testamentario y representante de la fundación interpuso recurso de apelación, y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín profirió sentencia el 3 de diciembre de 1996 (fls. 51 a 69 c. 3) que revoca íntegramente la providencia apelada, no accede a las pretensiones de la demanda y condena en costas a la parte vencida.

Il. Fundamentos de la sentencia recurrida

Luego de resumir los antecedentes procesales así como las apreciaciones decisorias del juzgador de primera instancia y los argumentos expuestos para sustentar el recurso de apelación interpuesto, estima el tribunal que se encuentran reunidos los presupuestos procesales, sin que se observe vicio de nulidad que pueda invalidar lo actuado, y sobre esta base pasa a examinar el fondo de la controversia.

Al efecto transcribe el ad quem los artículos 1º y 2º de la Ley 54 de 1990 que definieron y establecieron los requisitos para la unión marital de hecho y cuándo se presume que existe la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes y hay lugar a declararla judicialmente, siendo ésta consecuencia de la primera siempre que se cumplan los requisitos señalados en la misma disposición, diferenciándose si los compañeros son solteros o si existe el vínculo de una unión anterior, pues en este último caso, sólo se puede presumir la aludida sociedad patrimonial cuando ha transcurrido por lo menos un año desde su liquidación.

Añade el tribunal que en el presente caso se pretende que se declare que entre la actora y el señor Arroyave Arango existió una unión marital de hecho y como consecuencia de ella la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes desde 1967 hasta el 6 de abril de 1993, con base en el literal a del artículo 2º de la Ley 54 de 1990, por ser ambos solteros, pero en sentir del ad quem, si se demuestra que fue así, es decir, que se dieron los presupuestos señalados en dicha ley, ésta es aplicable pero solamente a partir de su vigencia, el 31 de diciembre de 1990, criterio que reafirma con lo expresado por un tratadista nacional cuyos apartes pertinentes transcribe, en los que se indica que el término de dos años de convivencia se cuenta desde la iniciación de la unión marital, si este hecho ocurrió después de entrar en vigencia la Ley 54 de 1990, esto es, a partir del 1º de enero de 1991, pero para las que ya existían antes de esta fecha, sólo puede contarse el término a partir de su vigencia, pues el legislador no le señaló efectos retroactivos a la ley.

Afirma el tribunal que para que la actora salga airosa en sus pretensiones, de conformidad con el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, le corresponde la carga de probar que entre ella y el causante existió una comunidad de vida permanente y singular durante el tiempo establecido en la ley a partir del 31 de diciembre de 1990, por lo que es necesario analizar el haz probatorio existente en el proceso que aporte certeza.

Dice el ad quem que en la misma demanda, en el numeral 4º del acápite de los hechos, se insinúa que entre la demandante y Rodrigo Arroyave existió una relación de características particulares, pues se trataban y se comportaban como esposos y “.... permanecían juntos a su estilo de acuerdo con su propio modo de ser y de pensar y según razones y circunstancias especiales de seguridad que no impedían la disposición permanente y recíproca de cada uno para compartir y desarrollar su vida con el otro”, y agrega que la ley no da entidad de unión marital de hecho a cualquier relación afectiva por estrecha que sea, ni según el modo de ser de cada pareja, sino que exige una comunidad de vida permanente y singular, es decir una convivencia continua, basada en el socorro y ayuda mutuas, similar a la que se debe dar dentro del vínculo del matrimonio.

Esta insinuación se convierte en evidencia incontrovertible al analizar los dichos de los testigos Nelly Jiménez Agudelo, José Arturo Giraldo Cañas, Darío Aristizábal Ceballos, Horacio Vargas, Concepción Beleño Cordero, Rafael de Jesús Ospina Yepes, Luz Marina Rueda de Madrid, Amanda de Jesús Gaviria Gaviria, Gloria María Duque López y Horacio Eduardo Arroyave Soto, este último sobrino del causante y quien era muy allegado a él, de los que se concluye claramente que entre la actora y Rodrigo Arroyave Arango no existió una unión marital de hecho, pues entre ellos no se dio una comunidad de vida permanente como lo exige el artículo 1º inciso 1º de la Ley 54 de 1990, pues si bien es cierto que compartieron mucho tiempo juntos, permaneciendo en el apartamento del último los fines de semana, también lo es que “en semana cada uno de ellos vivía en lugar aparte, ella en un apartamento con su madre y él en otro con la del servicio”.

Reitera que es indudable que entre la demandante y Rodrigo Arroyave, por más de veinte años se dio una relación afectiva muy estrecha y constante, compartiendo muchos aspectos de su vida, pero que no se acreditó de ninguna manera que entre ellos existió la comunidad de vida permanente y singular que configura la unión marital de hecho, por lo que no puede presumirse que existió sociedad patrimonial entre compañeros permanentes por cuanto la ley no le atribuye esa virtualidad a cualquier relación afectiva entre un hombre y una mujer si no existe la permanencia, y en el presente caso, en la misma demanda se advierte que diversas circunstancias impidieron que se diera la comunidad de vida, entre ellas el estilo de la pareja y su manera de ser y de pensar, porque el causante nunca dio su consentimiento, como se desprende del dicho de los testigos, especialmente el de Nelly Jiménez Agudelo.

En consecuencia el ad quem consideró que no se acreditó la existencia de la unión marital de hecho y por lo tanto no existe base para presumir la existencia de la sociedad patrimonial entre María Teresa Escobar y Rodrigo Arroyave como compañeros permanentes, por lo que revoca en su totalidad el fallo impugnado y consultado.

lIl. La demanda de casación

Con apoyo en la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, se formulan tres cargos contra la sentencia, el primero por la vía directa y los otros dos por la indirecta, los cuales se resolverán conjuntamente por tener elementos comunes.

Primer cargo:

Con fundamento en la causal 1ª de casación y por la vía directa, el censor acusa la sentencia de ser violatoria de las siguientes normas de derecho sustancial, por los conceptos que indica así: por interpretación errónea de la Ley 54 de 1990 en su artículo 1º extensiva a los artículos 176, 177, 178 y 179 del C.C., modificados por el Decreto-Ley 2820 de 1974, artículos 9º, 10, 11 y 12; y por falta de aplicación derivada del yerro interpretativo de aquella, los artículos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º y 9º de la misma Ley 54 de 1990; así mismo e igualmente por falta de aplicación, los artículos 16 y 42 de la Constitución Política.

Al desarrollar el cargo la parte recurrente comienza por destacar que el legislador desde el momento mismo en que reglamenta positivamente el régimen patrimonial entre compañeros permanentes sobre la base de la unión marital de hecho, no sólo reconoció una realidad social que era preciso tutelar, sino que la hizo ética y moralmente respetable, lo cual complementó cuando en la Constitución de 1991 estableció en el artículo 16 el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad y, en su artículo 42, que, la familia, como núcleo sobre el que se funda la sociedad, se constituye también por vínculos naturales “...por la voluntad libre de un hombre y una mujer, ora por contraer matrimonio ora por su voluntad responsable de conformarla”, por lo que dentro de la protección integral a la familia, que corresponde al Estado, se tiene que su honra, la dignidad y la intimidad son inviolables.

Añade el censor, que desde la vigencia de la Ley 54 de 1990 y de la Constitución de 1991 no se discute el carácter de interés público que rodea la unión marital de hecho y que, en el presente caso se estableció fehacientemente la relación entre un hombre y una mujer, que nunca se casaron y su comunidad de vida fue permanente y singular y tuvo continuidad hasta la muerte del compañero permanente, pero que el punto radica en determinar el alcance del presupuesto “comunidad de vida”, por cuanto para el ad quem exige necesariamente convivencia permanente bajo un mismo techo”.

El casacionista transcribe los apartes pertinentes sobre este punto señalados por el tribunal en la sentencia atacada y considera que éste entendió que para cumplirse el presupuesto de la comunidad de vida se requiere la convivencia sin la más mínima separación física, en la que están vedados, el modo de ser o el estilo propio de cada pareja, de donde concluyó el juzgador de segunda instancia que por no haberse dado la comunidad de vida entre la pareja, no podía predicarse la existencia de una sociedad patrimonial entre ellos.

En sentir del recurrente el ad quem en evidente exceso, creó la “insólita doctrina” según la cual para que exista comunidad de vida debe darse la convivencia continua bajo un mismo techo, sin tener en cuenta la responsabilidad y madurez con que cada pareja decida formalizar su relación. Agrega que el legislador en ninguna parte ha definido el concepto señalado, por lo que no le era lícito al fallador “entrar motu proprio a imaginarlo con desvarío interpretativo y menos con el inusitado alcance conferido para tener por tal únicamente la convivenciacontinua bajo el mismo techo”, criterio que viola el espíritu de la Ley 54 mencionada y los artículos 16 y 42 de la Constitución Política, por los que se reconoce el hecho social de las uniones maritales de hecho y de que en virtud del libre desarrollo de la personalidad para conformar una familia, por su decisión voluntaria y responsable, sin que para esto tenga que darse la permanente y continua convivencia de la pareja bajo un mismo techo.

Considera que esta interpretación del tribunal va más allá inclusive de lo que se predica para el matrimonio, por cuanto la obligación de vivir juntos establecida en el artículo 178 del C.C., tiene causas justificadas que exoneran a los cónyuges de esta obligación, como es la libre voluntad de la pareja en razón de su modo de ser y de pensar, lo cual se aplica con mayor razón a las uniones maritales de hecho, sin que por tal razón se falte a su permanencia, socorro, respeto, fidelidad y ayuda mutuas.

Manifiesta que confundir comunidad de vida permanente y continua, con convivencia continua, sin tener en cuenta la voluntad de la pareja o sus particulares necesidades y forma de ser, constituye un retroceso sobre todo lo señalado para las relaciones matrimoniales de derecho o de facto, como lo señaló el fallo de primera instancia acerca del criterio adoptado por la Ley 54 de 1990 sobre este punto y que el tribunal pasó por alto, cuyos apartes transcribe el recurrente.

Por último, afirma el censor que el tribunal desbordó el alcance del artículo 1º de la Ley 54 citada especialmente en lo que se refiere al presupuesto de la comunidad de vida permanente y singular de una pareja para que pueda predicarse que existió unión marital de hecho que habilite para la declaración de la sociedad patrimonial entre ellos y que, para el caso en estudio se complementa con la declaración hecha por uno de los compañeros, acerca de la existencia de esa unión desde 30 años atrás, “en torno a una supuesta aversión a la celebración formal de matrimonio”, manifestación que no implica la falta de consentimiento hacia esa unión sino su ratificación puesto que es de la esencia de esta clase de uniones, que se formen sin la celebración de un matrimonio civil o religioso.

Segundo cargo:

Con fundamento en la causal 1ª de casación, acusa la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial, por la vía indirecta por errada apreciación de la demanda y de las pruebas, en evidente error de hecho manifiesto, que condujo por equivocada fijación de la cuestión fáctica, a la violación por falta de aplicación, de la Ley 54 de 1990, en sus artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º y 7º, los artículos 16 y 42 de la Constitución Política y 176 a 179 del C.C., modificados por el Decreto-Ley 2820 de 1974 en sus artículos 9º a 12.

Señala el recurrente que las pruebas que fueron objeto del error evidente de hecho, aparte de la errada apreciación de la demanda, son las declaraciones de Nelly Jiménez Agudelo, José Arturo Giraldo Cañas, Darío Aristizábal Ceballos, Horacio Vargas, Concepción Beleño Cordero, Rafael de Jesús Ospina Yepes, Luz Marina Rueda de Madrid, Amanda de Jesús Gaviria Gaviria, Gloria María Duque López y Horacio Eduardo Arroyave Soto, por suposición, en cuanto que se las hizo aparecer como no demostrativas de la comunidad de vida permanente entre la demandante y Rodrigo Arroyave Arango, y por preterición, por haberse desechado sus testimonios los que contienen todos los elementos demostrativos de la unión marital de hecho entre los citados compañeros permanentes.

Para fundamentar el cargo, el censor indica que el ad quem incurrió en el error evidente y manifiesto en la interpretación armónica de la demanda, en su alcance, por cuanto en ella se dice que la unión marital de hecho existió desde el año 1967 hasta la muerte del compañero permanente ocurrida en abril de 1993, también hace referencia el libelo al cariño y respeto mutuos entre la pareja, a su intimidad y dignidad, su trabajo hombro a hombro en todas las actividades que desarrollaron, el haber sido instituida la demandante como legataria en el testamento del causante, con una suma significativa.

En sentir del recurrente, lo anterior se desechó bajo el inusitado alcance dado por el fallador al numeral 4º de la relación de hechos de la demanda, del cual el tribunal, en forma inexplicable deduce que

“...la ley no da categoría de unión marital a cualquier relación afectiva por estrecha que sea, incluso va más allá, “...no permite que ésta se configure de acuerdo con el modo de ser y de pensar de cada pareja o al estilo de cada una de ellas...” y que exige entonces para que se dé la comunidad de vida, una “convivencia continua”, similar a la del vínculo del matrimonial formal”.

Reitera el casacionista, que aún dentro de la más amplia hermenéutica es incomprensible que del citado numeral 4º el ad quem pueda concluir, “fijando equivocadamente el supuesto de hecho de la cuestión fáctica”, que para el presupuesto de la comunidad de vida se requiera la convivencia continua, la que no se exige necesariamente en la relación matrimonial formal, rompiendo de paso con las normas constitucionales que consagran el derecho al libre desarrollo de la personalidad y del respeto a la decisión voluntaria de dos personas de conformar una pareja.

Considera el censor, que además de lo anterior, el tribunal, sin efectuar ningún análisis pues se sintió relevado de hacerlo, englobó a todos los testigos arrimados al proceso, en evidente error de hecho, para concluir que no existió comunidad de vida ni unión marital de hecho, decisión a la que llegó sin realizar un examen de sus dichos, ni llegar al contenido de ninguna de las declaraciones, lo que en sentir del censor, es totalmente errado, por cuanto es precisamente con dichos testimonios que se demuestra la comunidad de vida permanente y singular entre la demandante y Rodrigo Arroyave Arango, como lo estableció el juzgado de primera instancia.

A continuación transcribe los apartes pertinentes de las declaraciones de los testigos, con las que según su criterio, se demostró la existencia de la unión marital de hecho que se solicitó fuera declarada, así:

Nelly Jiménez Agudelo, quien afirma que el trato entre Rodrigo Arroyave y María Teresa Escobar era de una verdadera relación de pareja, que ella viajaba con ellos los sábados y recorrían las granjas por lo que le consta que fue una relación estable y recíproca, respetuosa, sin interrupción, que inclusive el señor Arroyave en una ocasión le manifestó: “...vea mija, por eso es que yo no me caso porque con el matrimonio las cosas se acaban y uno nunca termina por conocer a su pareja, María Teresa y yo llevamos más de 30 años y todos los días estamos mejor...”.

Respecto a esta declaración afirma el censor que es tan nítido el error del tribunal, que de la frase transcrita deduce que el compañero permanente nunca dio su consentimiento para la unión marital de hecho, cuando es todo lo contrario puesto que lo que caracteriza esta unión es la ausencia de la solemnidad matrimonial o de un vínculo formal, por lo tanto, lo narrado por la testigo confirma el consentimiento expreso para la citada unión.

José Arturo Giraldo Cañas, Concepción Beleño Cordero, Gloria María Duque López, Horacio Eduardo Arroyave Soto, Amanda de Jesús Gaviria, Horacio Vargas, Darío Aristizábal, Rafael de Jesús Ospina Yepes, coinciden en sus declaraciones en que conocieron a Rodrigo Arroyave y a la actora, quienes estaban juntos especialmente los fines de semana, y tenían el trato de una pareja normal, cariñoso, afectuoso y amoroso que se proyectaba en las situaciones de dificultades de salud que tuviera ocasionalmente alguno de ellos. Viajaban juntos con frecuencia y compartían la misma habitación, aunque por sus actividades de trabajo muchas veces no compartían la totalidad de la semana “pero cuando lo hacían parecían un par de novios”.

Agrega el censor que con dichas declaraciones se evidencia el error manifiesto de hecho en que incurrió el tribunal al apreciar erróneamente el numeral 4º de la relación de hechos de la demanda, el que ni siquiera interpretó en su contexto, y además por haber supuesto, por cuanto ni siquiera los analizó por sentirse expresamente relevado de hacerlo, que de los testimonios se deduce que no existió comunidad de vida entre los compañeros permanentes bajo el criterio de cambiarla por la necesidad de convivencia continua, y en consecuencia, de no haberse dado este yerro, la conclusión a la que hubiera llegado hubiera sido la contraria.

Tercer cargo:

Igualmente con fundamento en la causal 1ª de casación y por vía indirecta, acusa la sentencia de ser violatoria de norma sustancial por falta de aplicación de la Ley 54 de 1990 en sus artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º y 9º y los artículos 16 y 42 de la Constitución Política; por aplicación indebida los artículos 176 a 179 del C.C., modificados por el Decreto-Ley 2820 de 1974, artículos 9º a 12; por vía indirecta y como violación medio, por falta de aplicación de las normas de regulación probatoria consagradas en los artículos 187 y 304 del Código de Procedimiento Civil, por error de derecho igualmente evidente y determinante que condujo a la violación denunciada.

Fundamenta el cargo indicando que en el presente caso el tribunal no apreció las pruebas en su conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, ni el fallo contiene el examen crítico de ellas, como lo establece el artículo 304 del Código de Procedimiento Civil, pues guiado por la fijación de entender por comunidad de vida la convivencia continua bajo un mismo techo, llegó a la “evidencia incontrovertible” de que no existió la comunidad de vida entre los compañeros permanentes, al explorar los dichos de los testigos citados anteriormente, cuando lo cierto es que no los analizó, “no hay apreciación de sus dichos ni de su conjunto ni sana crítica y menos exposición del mérito que se debe asignar a cada uno de éllos (sic). Más aún se abroga el tribunal, una facultad insólita y es la de sentirse relevada —la Sala— de transcribirlos o sintetizarlos”.

Considera el casacionista que este cuadro descrito implica y tipifica un error de conducta de parte del fallador que conlleva el desconocimiento y violación, por falta de aplicación, de las normas medio o de actividad probatoria en aras de la garantía constitucional del debido proceso, según el cual el juez debe apreciar las pruebas, conforme a su contenido, con las reglas de la sana crítica, con exposición del mérito que le merezcan, análisis que debe consignar en la parte motiva de la sentencia.

Esta falta de apreciación de las declaraciones por parte del tribunal llevado de su parecer de sustituir el presupuesto de comunidad de vida por el de convivencia continua, llevó al ad quem al error de derecho denunciado que debe conducir al quiebre de la sentencia.

Consideraciones de la Corte:

Es conveniente recordar que en el sub lite invocó la demandante lo estatuido en la Ley 54 de 1990 que define las uniones maritales de hecho y su régimen patrimonial entre compañeros permanentes, para que con apoyo en esos preceptos y los que fueren concordantes se declarara la existencia de una unión marital de hecho y la consecuente sociedad patrimonial entre compañeros permanentes y se ordenara su posterior liquidación.

En el aparte destinado a las consideraciones quedó visto que el tribunal ad quem concluyó que entre la demandante María Teresa Escobar Pérez y Rodrigo Arroyave Arango no existió una convivencia marital entre compañeros permanentes, por cuanto no se acreditó de ninguna manera que entre ellos se dio la comunidad de vida permanente y singular, y por lo tanto no existe base para edificar la presunción de existencia de una sociedad patrimonial entre ellos que permita declararla judicialmente, y en consecuencia revocó el fallo de primera instancia y desestimó todas las pretensiones contenidas en la demanda.

Por su parte el recurrente fustiga la apreciación jurídica del tribunal por considerar que no se puede confundir comunidad de vida permanente y continua con vivencia continua por cuanto hay que tener en cuenta la voluntad de la pareja y sus particulares necesidades y forma de ser.

Bajo la perspectiva y orientación del primer cargo, según lo indicado, estima pertinente la Corte abordar el tema propuesto, tal como lo considera el artículo 1º de la Ley 54 de 1990 al determinar que “para todos los efectos civiles, se denomina unión marital de hecho la formada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados hacen una comunidad de vida permanente y singular” (se resalta).

Sobre el particular es preciso reiterar que en la Constitución Política de 1991 se reconoce no sólo al matrimonio como fuente de la familia que promete proteger el Estado, sino también la constituida por un hombre y una mujer con voluntad responsable de conformarla, como lo señala el artículo 42, inciso primero de la Carta.

Lo anterior significa que el Estado colombiano reconoce y promete proteger tanto la familia matrimonial como la extramatrimonial, siempre que esta última sea formada por un hombre y una mujer que lo hagan de manera responsable y seria y asumiendo las obligaciones que implican formar parte de un grupo familiar, de tal manera que para configurar la familia matrimonial solamente faltara el vínculo conyugal.

Esta corporación en sentencia del 25 de octubre de 1994 (G.J. Tomo CCXXXI, pág. 866) puntualizó que, la unión marital de hecho, es una comunidad formada por un hombre y una mujer, sin impedimento para que puedan casarse, constituida esa comunidad para formar una familia es decir; de manera permanente y estable y que al faltar tan sólo la constitución del vínculo conyugal, tiene que recibir un tratamiento jurídico semejante por muchos aspectos al que merece la unión conyugal”. Por consiguiente dos son los presupuestos que a juicio de esta Corte son fundamentales para reconocerle a la unión marital de hecho la situación jurídica prevista por la ley, “la licitud y la permanencia y estabilidad de la familia presupuestos que sin ninguna hesitación se advierten en la familia matrimonial y que en cuanto aparezcan en la unión marital de hecho dan pie para encontrar la familia extramatrimonial que reconoce la Carta Política de 1991”.

Desde luego que la conformación de una familia, como presupuesto para la existencia de la unión marital de hecho, exige la presencia de una “comunidad de vida permanente y singular” de tal manera que toca dicha permanencia “con la duración firme, la constancia, la perseverancia y, sobre todo, la estabilidad de la comunidad de vida, y excluye la que es meramente pasajera o casual” (Sent. Cas. Civ. 20, sep./2000. Exp. 6117), comunidad de vida que por lo demás, “por definición implica compartir la vida misma formando una unidad indisoluble como núcleo familiar, ello además de significar la existencia de lazos afectivos obliga el cohabitar compartiendo techo...”.

La comunidad de vida, o comunidad vital o consorcio de vida, es pues un concepto que como acaba de apreciarse está integrado por elementos fácticos objetivos como la convivencia, la ayuda y el socorro mutuos, las relaciones sexuales y la permanencia, y subjetivos otros, como el ánimo mutuo de pertenencia, de unidad y la affectio maritalis, que unidos además a la descendencia común y a las obligaciones y deberes que de tal hecho se derivan, concretan jurídicamente la noción de familia. Destaca la Corte cómo derivado del ánimo a que se ha hecho referencia, deben surgir de manera indubitable aspectos tales como la convivencia de ordinario bajo un mismo techo, esto es la cohabitación, el compartir lecho y mesa y asumir en forma permanente y estable ese diario quehacer existencial, que por consiguiente implica no una vinculación transitoria o esporádica, sino un proyecto de vida y hogar comunes que, se insiste, no podría darse sin la cohabitación que posibilita que una pareja comparta todos los aspectos y avatares de esa vida en común.

Por tanto la permanencia referida a la comunidad de vida a la que alude el artículo 1º de la Ley 54 de 1990 debe estar unida, no a una exigencia o duración o plazo en abstracto, sino concretada en la vida en común con el fin de poder deducir un principio de estabilidad que es lo que le imprime a la unión marital de hecho, la consolidación jurídica para su reconocimiento como tal. En consecuencia, insiste la Corte, la comunidad de vida permanente y singular, a voces de la Ley 54, se refiere a la pareja, hombre y mujer, que de manera voluntaria han decidido vivir unidos, convivir, de manera ostensible y conocida por todos, con el ánimo y la intención de formar una familia con todas las obligaciones y responsabilidades que esto conlleva.

El artículo 42 de la Constitución Política señala que la familia es el núcleo esencial de la sociedad y como tal debe protegerse por el Estado, la que puede constituirse por vínculos jurídicos o naturales o por la voluntad responsable de conformarla, disposición que sirve de fundamento al artículo 1º de la Ley 54 de 1990, norma que como ya se dijo, precisa que la unión marital de hecho es la formada por un hombre y una mujer que sin estar casados hacen comunidad de vida permanente y singular, es decir, que el Estado protege esta unión por cuanto es una de las fuentes de la familia como consecuencia de una decisión libre de la pareja de conformarla, esto es, de compartir la vida mediante una comunidad de vida permanente y singular, con iguales propósitos y fines, a fin de proporcionarse mutuamente ayuda y socorro de manera estable y permanente, para lo cual los compañeros deben compartir los aspectos fundamentales de su vida, dado que la sola unión esporádica no garantiza la permanencia, ni demuestra la intención de conformar una familia.

Al partir de las nociones que acaban de exponerse, las cuales muestran el derecho objetivo que los falladores de instancia estaban llamados a hacer actuar en sus providencias de fondo, es suficiente la lectura de la de segundo grado para notar que la decisión allí adoptada, al revocar el pronunciamiento del a quo y desestimar en su totalidad las pretensiones de la demanda entablada, no aplicó indebidamente la norma de derecho sustancial indicada por el casacionista en su escrito sustentatorio del recurso, que en esencia descansa en el texto contenido en el artículo 1º de la Ley 54 de 1990. Todo lo contrario, ateniéndose a los extremos que por fuera de dudas sitúan las pretensiones de la actora dentro de la “unión marital de hecho, el tribunal, después de tomar en consideración las pruebas obrantes en autos, dedujo que no se configuró dicha unión ni la correspondiente sociedad patrimonial entre María Teresa Escobar Pérez y Rodrigo Arroyave Arango porque no se acreditó que entre ellos hubiere existido una comunidad de vida permanente y singular, es decir, el ad quem comprendió, como lo hizo ver en varios apartes de su sentencia, que tratándose de la invocación de una unión marital de hecho entre compañeros permanentes, forzoso era indagar los factores que la conforman de conformidad con la ley anteriormente citada, toda vez que si bien es cierto, existió una relación amorosa entre Rodrigo Arroyave y María Teresa Escobar que se prolongó por muchos años, ésta no constituyó una comunidad de vida como lo exige la norma en comento dado que la cohabitación es uno de los elementos que la caracterizan, según se ha precisado, como derivación del propósito y el ánimo de conformar una familia, y al encontrar que entre ellos no hubo esa narrada convivencia, sino encuentros esporádicos, particularmente los fines de semana consideró que no existió unión marital de hecho, como la concibe la Ley 54 de 1990.

Como se observa fácilmente en el presente caso, el tribunal consideró que si bien existió por muchos años una relación amorosa entre la pareja nunca conformaron una familia extramatrimonial. Por lo tanto, el tribunal, contrario a lo afirmado por el recurrente, no desbordó el alcance del artículo 1º de la Ley 54 de 1990 al considerar que para que exista una unión marital de hecho entre compañeros permanentes debe existir comunidad de vida, con el presupuesto de la convivencia de la pareja en la forma dicha y no ocasionalmente, como emanación de ese propósito de vida en común.

Respecto al segundo cargo, como lo ha sostenido invariablemente la jurisprudencia de esta corporación la violación indirecta de normas sustanciales por error de hecho en la apreciación de las pruebas exige que el juzgador haya incurrido en una equivocación de juicio en esa actividad, que, además de ser sostensible, protuberante, de carácter evidente, sea trascendente, o lo que es lo mismo que guarde relación de causa a efecto con la decisión judicial que se combate.

Dado que en el presente caso la censura se endereza a demostrar que el tribunal incurrió en error de hecho en la apreciación de la demanda y de las pruebas que señala, es indispensable establecer primero si se cometió el error mencionado, y posteriormente, si tiene la trascendencia suficiente exigida por la ley para destruir la sentencia impugnada.

Afirma el censor que el tribunal incurrió en esta especie de error al darle un inusitado alcance al numeral 4º, de los hechos de la demanda en el que se indica que la pareja se trataba y presentaba como esposos y que “...permanecían juntos a su estilo, de acuerdo con su propio modo de ser y de pensar y según razones y circunstancias especiales de seguridad...”, pues de allí dedujo el fallador que no se configuraba la unión marital de hecho dado que, para la comunidad de vida se requiere convivencia continua, lo que en su sentir no es así, ni siquiera para la relación matrimonial formal.

Reiteradamente ha sostenido esta Sala que el recurso de casación no tiene las características de una instancia adicional, ni los propósitos que lo orientan apuntan a dicho fin. Al contrario, tal recurso es eminentemente formalista y dispositivo, razón por la cual mediante él no se puede hacer una nueva evaluación de la demanda, de su réplica o de las pruebas que sirven de fundamento a las pretensiones de la parte actora o a las defensas del demandado. De consiguiente, en virtud de la autonomía que el juzgador de instancia tiene en la actividad apreciativa de las pruebas, el yerro de facto para que tenga entidad en casación y pueda, por ende, ocasionar la rotura del fallo, tiene que ser, como se dijo anteriormente, manifiesto y trascendente, o, debe ser tan grave y notorio que a simple vista se imponga a la mente, sin mayor esfuerzo ni raciocinio, o, en otros términos, de tal magnitud, que resulte contrario a la evidencia procesal. No es, por tanto, error de un fallo aquel a cuya demostración sólo se llega mediante un esforzado razonamiento.

Como quiera que la censura considera que el tribunal cometió yerros fácticos en la apreciación de la demanda y de los testimonios señalados, es preciso contemplar de manera objetiva las diversas pruebas en que los ubica el recurrente:

1. Dice el casacionista que el ad quem desechó lo manifestado en la demanda acerca del tiempo de duración de la unión marital de hecho, del cariño y respeto mutuo entre la pareja, del trabajo desarrollado entre los dos y el haber sido instituida la demandante como legataria de una suma considerable en el testamento del causante, cuando inexplicablemente deduce que la ley no permite que la unión señalada en la Ley 54 de 1990 se configure según el estilo de cada pareja sino que exige convivencia continua, comunidad de vida similar a la del vínculo matrimonial formal, lo cual, en su sentir no es así y por el contrario, esta interpretación contraría las normas constitucionales que consagran el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

2. También indica el censor que el tribunal llegó a su decisión sin efectuar ningún análisis de los testimonios rendidos dentro del proceso, sin un examen de sus dichos pues se sintió relevado de hacerlo, cuando precisamente con esas declaraciones se demuestra la comunidad de vida permanente y singular entre Rodrigo Arroyave y la actora.

En relación con el alcance que el sentenciador dio a lo manifiesto por la demandante en el hecho 4º de la demanda, la Sala reitera lo anotado en el estudio del cargo primero, acerca de la cohabitación de la pareja como presupuesto para la existencia de la unión marital de hecho.

Respecto a los testimonios de Nelly Jiménez Agudelo, José Arturo Giraldo Cañas, Darío Aristizábal Ceballos, Horacio Vargas, Concepción Beleño Cordero, Rafael de Jesús Ospina Yepes, Luz Marina Rueda de Madrid, Amanda de Jesús Gaviria Gaviria, Gloria María Duque López y Horacio Eduardo Arroyave Soto, observa la Sala que el tribunal no se sintió relevado de analizarlos, sino simplemente de transcribirlos o sintetizarlos por estar transcritos en su mayoría en la parte motiva de la sentencia de primera instancia, pero claramente indica que de ellos se concluye que

“...entre María Teresa Escobar Pérez y el finado Rodrigo Arroyave Arango no existió una unión marital de hecho, pues entre ellos no se dio la comunidad de vida permanente que exige el artículo 1º, inciso 1º, de la Ley 54 de 1990, ya que si bien es cierto compartían mucho tiempo juntos, permaneciendo en el apartamento del último los fines de semana, también lo es que en semana cada uno de ellos vivía en lugar aparte, ella en un apartamento con su madre y él en otro con la del servicio”.

En ese orden de ideas no se encuentra desvirtuada la presunción de legalidad y acierto que acompaña al fallo de segundo grado, en el cual el tribunal no halló que la relación que existió entre Rodrigo Arroyave Arango y María Teresa Escobar tuviera las características que configuran una unión marital de hecho que permita declarar la existencia de sociedad patrimonial entre ellos en los términos de la Ley 54 de 1990, por cuanto entre la pareja, si bien existieron relaciones amorosas permanentes y singulares, no hubo comunidad de vida, propósito de conformar una familia, ni convivencia bajo un mismo techo, conclusión esta que apoyó en lo afirmado por la actora en el hecho 4º de la demanda y con los dichos de los testigos citados, como lo señala expresamente en el fallo (fl. 68 c3).

De esta manera, surge como conclusión necesaria que el análisis del acervo probatorio por parte del censor, difiere del realizado por el tribunal, pero no alcanza a destruir la presunción de legalidad y acierto del fallo que combate, pues la discrepancia que plantea sobre la cuestión fáctica no es de envergadura tal que permita aseverar que las conclusiones probatorias a que llegó el tribunal se encuentran reñidas por completo con la lógica o con la realidad que emerge de los autos, es decir, no reúne la acusación de haberse cometido error de hecho en la apreciación de las pruebas el requisito de que éste sea manifiesto, ostensible, transparente, como reiteradamente ha sido exigido por la ley y por la jurisprudencia, pues las conclusiones del fallador sobre la cuestión fáctica debatida en este proceso, son razonables y verosímiles, lo cual descarta la evidencia del yerro en la apreciación de las pruebas y deja incólume la sentencia impugnada.

En relación con la acusación formulada en el cargo tercero, reitera la Corte que el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil le impone al fallador el deber de exponer siempre el mérito que le asigne a cada prueba de manera razonada, exigencia que se constituye en el pilar del sistema de la sana crítica para la valoración probatoria, el cual, contrario a lo que sucede con el método de la tarifa legal, se funda en la autonomía y libertad del juzgador para ponderar las pruebas y obtener su propio convencimiento, claro está dentro del sentido común y la lógica. Así, tanto la doctrina como la jurisprudencia reconocen que dicho sistema se funda en la libertad del juez para razonar sobre la prueba, sin las ataduras de una tarifa legal, sin que le sea dado a la Corte, como tribunal de casación, imponer límites a esa facultad legal.

Esta corporación ha indicado que se incurre en violación del artículo 187 del Código de Procedimiento Civil cuando el tribunal no aprecia las pruebas en conjunto como lo ordena dicho artículo, dado que esta disposición es una norma probatoria que debe acatar el juez; y precisa la Sala a este respecto que:

“Sin embargo debe advertirse que en ese preciso tipo de error, de derecho, no es suficiente su mera afirmación, sino que es imperativo que, además de la individualización de los medios de prueba no estimados globalmente, se indique por la censura los apartes de cada una de elIas que evidencien y demuestren de modo completo la falta total de dicha integración, a consecuencia de la cual se produzca la violación de una norma de derecho sustancial so pena de que como secuela de no hacerse así permanezca inalterable la presunción de acierto que cobija toda decisión judicial y por lo mismo incólume la sentencia atacada con el recurso de casación. Es decir, el recurrente debe singularizar las pruebas e hilvanarlas todas de modo que en conjunto aflore ese sentido que el tribunal no halló, y que era determinante o trascendental para el fallo, teniendo cuidado sumo en que el planteamiento no derive hacia el aspecto de la objetividad de los hechos, esto es, achacándole al tribunal falta de apreciación, suposición de prueba o tergiversación del evidente sentido de la que aprecia, pues en tales casos entremezcla los errores, de derecho y de hecho”. (Cas. Civil. Sent., mar. 26/01).

Si el recurrente afirma que el juzgador no apreció en forma conjunta las pruebas, infringiendo así el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, su demostración entraña poner en evidencia que la labor valorativa desarrollada por el juzgador, fue ajena al análisis de conjunto requerido por dicha norma, es decir, debe poner de manifiesto que la apreciación de los medios de prueba fue una tarea aislada en la cual no se buscaron sus conexidades y coincidencias.

Al aplicar lo anteriormente expuesto al caso en estudio observa la Corte que, contrario a lo afirmado por el casacionista, el tribunal sopesó y evaluó las pruebas allegadas, tanto de manera individual como en su conjunto y así lo expresó en la sentencia impugnada. En efecto, a folios 67 vto., 68 y 69 del cuaderno 3 el sentenciador de segunda instancia se refiere a la demanda y a los testimonios rendidos e indica de la primera que “...en el numeral 4º del acápite de los hechos, se empieza a insinuar que la relación entre María Teresa Escobar Pérez y el finado Rodrigo Arroyave Arango tuvo características particulares...” y más adelante agrega: “Dicha insinuación se convierte en evidencia incontrovertible al explorar los dichos de los testigos Nelly Jiménez Agudelo, José Arturo Giraldo Cañas, Darío Aristizábal Ceballos, Horacio Vargas, Concepción Beleño Cordero, Rafael de Jesús Ospina Yepes, Marina Rueda de Madrid, Amanda de Jesús Gaviria Gaviria, Gloria María Duque López y Horacio Eduardo Arroyave Soto principalmente este úItimo, quien por ser sobrino de Rodrigo Arroyave Arango ya fallecido, era muy allegado a él y por ello compartió constantemente con la pareja...”, también se refiere especialmente a la declaración de Nelly Jiménez Agudelo, pruebas de las cuales concluye que entre el señor Arroyave y la actora no existió unión marital de hecho con las características exigidas por el artículo 1º de la Ley 54 de 1990, pues aunque compartían muchos aspectos de su vida, entre ellos no existió comunidad de vida, requisito indispensable para la existencia de esta clase de uniones, y por lo tanto no puede presumirse tampoco que entre ellos existió sociedad patrimonial entre compañeros permanentes.

De lo expuesto se colige que el tribunal analizó las pruebas aportadas, tanto en forma individual como en su conjunto, dentro de la órbita de su autonomía y competencia y siguiendo los dictados de la sana crítica, sin que se observe que sus conclusiones sean contraevidentes o absurdas.

Por lo tanto, teniendo en cuenta las anteriores consideraciones no observa la Corte que el tribunal hubiera incurrido en la violación de las normas señaladas por el casacionista, y en consecuencia los cargos no prosperan.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 3 de diciembre de 1996 pronunciada por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso ordinario promovido por María Teresa Escobar Pérez contra la sucesión testada de Rodrigo Arroyave Arango, representada por el albacea testamentario doctor Ignacio Mejía Velásquez, la Fundación Rodrigo Arroyave Arango, representada legalmente por Ignacio Mejía Velásquez y los herederos indeterminados del causante.

Condénase en costas del recurso a la parte recurrente. Tásense en su oportunidad.

Notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo, con salvamento de voto—Manuel Ardila Velásquez—Nicolás Echara Simancas—Jorge Antonio Castillo Rugeles—José Fernando Ramírez Gómez—Jorge Santos Ballesteros—Silvio Fernando Trejos Bueno.

SALVAMENTO DE VOTO

“La libertad, ese bien que hace gozar de los demás bienes.... Todo ser humano es libre si su libertad no atenta contra la de los demás” (Montesquieu). 

Con el acostumbrado respeto hacia mis distinguidos colegas de Sala, debo apartarme de la decisión adoptada, pues estimo que el cargo primero ha debido prosperar, en la medida en que la “relación amorosa entre Rodrigo Arroyave y María Teresa Escobar que se prolongó por muchos años”, como el tribunal y la Corte lo aceptaron, sí es constitutiva, en mi entender, de la “comunidad de vida permanente y singular” que la Ley 54 de 1990 exige para la conformación de una unión marital de hecho, dado que el concepto de convivencia que —ciertamente— es inherente al vínculo familiar, no puede ligarse total e inexorablemente al de cohabitación —en sentido locativo—, menos aún condicionarlo a un determinado número de días, como se entendió en este específico caso por la honorable Sala, para colegir de esa consideración, que como aquellos sólo compartían aposentos en determinados días, de ordinario los fines de semana —sin perjuicio de que en veces permanecían un lapso mayor—, su proyecto de vida no fue permanente, pues para serlo, a juicio de la Corte, han debido compartir, en el “diario quehacer existencial”, lecho, techo y mesa.

1. En mi opinión, la noción de comunidad de vida a que se refiere la ley en cuestión, debe perfilarse, primero, desde una perspectiva estrictamente constitucional, y luego legal, de modo que se preserven inalterados, ante todo, los derechos fundamentales de las personas, lo mismo que las garantías reconocidas por la Carta Política a la familia. Sólo de esta manera puede arribarse a la recta y genuina interpretación de la aludida disposición, alejada de toda cavilosidad que pueda contaminar o eclipsar la tarea hermenéutica que se impuso a la Corte.

a) En efecto, se sabe que una de las más diáfanas expresiones de la concepción liberal que —en parte— inspira nuestra Constitución Política, es el reconocimiento del derecho al libre desarrollo de la personalidad (art. 16), en virtud del cual toda persona tiene gobierno de sí misma, en orden a decidir de qué manera quiere vivir su propia vida, bajo qué condiciones y cuál su contenido y propósito. Trátase de un derecho que, en línea de principio, únicamente puede ser restringido en función del respeto que igualmente es debido a la libertad ajena, lo que significa que no es posible limitarlo a voluntad del legislador o del intérprete del ordenamiento jurídico, pues ese derecho “abarca la posibilidad de ser y de obrar en forma diferente a como lo hace el promedio de la comunidad, así esto genere reacciones críticas de parte de los demás” (1) . Por ello, amparado en ese derecho, el individuo puede “decir simplemente: el Estado no tiene por qué intervenir en esta materia; ni el Estado juez, ni el Estado legislador, ni el Estado administrador; este es un ámbito que me corresponde sólo y exclusivamente a mi decidir como persona” (2) .

(1) Manuel J. Cepeda E. Los Derechos Fundamentales en la Constitución de 1991. Bogotá. Temis. 1997. Pág. 147.

(2) Enrique Alonso. Derecho a la Intimidad y a la Autonomía. En La Carta de Derechos. Su interpretación y sus implicaciones. Bogotá. Temis. 1993. Pág. 202.

En torno a ese derecho, ha precisado la Corte Constitucional que

“No corresponde al Estado ni a la sociedad sino a las propias personas decidir la manera como desarrollan sus derechos y construyen sus proyectos de vida y sus modelos de realización personal. En eso consiste el derecho al libre desarrollo de la personalidad, frente al cual, como se desprende de la amplia jurisprudencia de esta corporación al respecto, debe hacerse énfasis en la palabra “libre”, más que en la expresión “desarrollo de la personalidad”. En efecto, este derecho del artículo 16 constitucional no significa que existen determinados modelos de personalidad que son admisibles y otros que se encuentran excluidos por el ordenamiento, sino que esa norma implica que corresponde a la propia persona optar por su plan de vida y desarrollar su personalidad conforme a sus intereses, deseos y convicciones, siempre y cuando no afecte derechos de terceros, ni vulnere el orden constitucional” (Sent. C-309, jun. 25/97).

Por eso, entonces, “La primera consecuencia que se deriva de la autonomía, consiste en que es la propia persona (y no nadie por ella) quien debe darle sentido a su existencia y, en armonía con él, un rumbo”, lo que implica aceptar, en forma inexorable, “que los asuntos que sólo a la persona atañen, sólo por ella deben ser decididos. Decidir por ella es arrebatarle brutalmente su condición ética, reduciría a la condición de objeto, cosificarla, convertirla en medio para los fines que por fuera de ella se eligen” (se resalta; sent. C-221, mayo 5/94 (3) .

(3) Cfme: Sents. C: 221/94; T-477/95, T-90/96; C-239/97; T-67/98; T-516/98; SU-642/98 y T-15 de enero 21 de 1999, entre otras.

Desde esta perspectiva, es claro que para respetar la vigencia de ese aquilatado derecho, que no se pierde por la sola circunstancia de que un hombre y una mujer decidan conformar una familia, es necesario aceptar que en la constitución de una unión marital de hecho, cada uno, hombre y mujer, dentro de su respetabilísimo fuero, es libre de decidir los términos y condiciones de la “comunidad de vida” que se proponen conjuntamente desarrollar, sin que nadie distinto de la pareja —propiamente dicha—, una vez concertadas y explicitadas sus voluntades, pueda apropiarse de la facultad de establecer las condiciones en que ese proyecto de vida común debe realizarse, so pretexto de fungir como legislador, o, incluso, como administrador de justicia.

De allí que lo determinante para que exista unión marital de hecho, es que esa comunidad de vida singular, cualquiera que ella sea, tenga el carácter de permanente, es decir, como la propia sentencia lo reconoce colacionando jurisprudencia de la Sala, “con la duración firme, la constancia, la perseverancia y, sobre todo, la estabilidad...” (cas. civ., sep. 20/2000, exp. 6117), lo que pone de presente que una cosa es la manera como la pareja decide convivir y otra bien diferente la vocación que ese proyecto de vida tenga de prolongarse en el tiempo.

En este orden de ideas, considerar que la única comunidad de vida permanente es aquella que presupone compartir lecho, techo y mesa en el “diario quehacer existencial”, como lo estimó la Sala, significa minar el preciado y granado atributo de la libertad —autonomía— de la persona —y de la pareja— para decidir de qué manera quiere vivir, mejor aún, convivir. Es, en otras palabras, poner a la institución por delante de la persona; a ésta en función de aquella; en suma, hacer del hombre un objeto de la familia —y, por supuesto, del Estado—, a cuyos parámetros —fijados por éste— debe sujetarse, pasando por aIto que “mediante la protección a la autonomía personal, la Constitución aspira a ser un marco en el cual puedan coexistir las más diversas formas de vida humana, frente a las cuales el Estado debe ser neutral” (se resalta; C. Const., sent. C-481, sep. 9/98).

Es cierto que la unión marital de hecho presupone la convivencia, como elemento sub conditione de la comunidad de vida que le es propia; pero ello no significa, per se, que los compañeros permanentes tengan el ineludible e irrefragable deber de convivir de determinada manera, menos aún bajo la arquitectura de otros tipos familiares, asunto que, por lo demás, es del resorte exclusivo de aquellos y frente al cual la ley —y sus intérpretes— debe mantenerse extramuros, pues esa materia está blindada —nada menos que— por el espesor de la intimidad familiar, de suyo inviolable y por contera intangible. Y ello es así porque en la hora de ahora, no existe un modus vivendi que, a manera de unicum, pueda ser impuesto o dictado como obligatorio, según acontece, sólo por vía de ejemplo, en determinados regímenes fundamentalistas, permeados por un peculiar tinte de carácter “religioso”. Podemos no compartir o incluso censurar una determinada forma de vida; puede aún ser contraria a nuestras propias creencias e íntimas convicciones, pero ello no legitima que le impartamos reprobación, por la vía de negarle los efectos jurídicos que la ley le concede a las uniones maritales de hecho.

b) A este respecto cumple anotar que la Constitución, como se anticipó, consagra el derecho a la intimidad familiar (art. 15), intimidad que, “entendida como un estadio de la conciencia ajeno por completo al ámbito jurídico” (C.Const., sent. T-377, ago. 24/95), es inviolable, según lo precisa el inciso 3º del artículo 42, lo que supone que nadie puede inmiscuirse en los asuntos privados de la familia, menos aún para juzgar el tipo de proyecto de vida marital, en cuanto permanente y singular, o para calificarlo en función de otro tipo de vínculos familiares, por ejemplo, el que nace en virtud del matrimonio civil, o del religioso. Al fin y al cabo, “no existe un tipo único y privilegiado de familia sino un pluralismo evidente en los diversos vínculos que la originan” (C.Cons., sent. T-523, sep.18/92); por ello mismo,

“Ni el Estado ni los particulares pueden interferir en las determinaciones que las personas adopten en esa materia, según sus propias necesidades y conveniencias. En este campo, como en todos los que conciernen a la vida privada, ninguna institución, ni pública ni particular, puede erigirse en autoridad para desestimar o desconocer las decisiones autónomas de un individuo respecto de la unión amorosa, sentimental, matrimonial o de convivencia familiar que desee establecer” (se resalta; C.Const., sent. T-543, nov. 23/95).

Fluye de lo expuesto que la comunidad de vida, entendida como la disposición soberana de un hombre y de una mujer para compartir un proyecto de vida —el suyo, y no el de los demás, necesariamente—, no puede ser confundida, o asimilada a la cohabitación. Esta, ni siquiera, es un elemento esencial a dicho consorcio exigido por la Ley (54/90), menos aún si se tiene en cuenta que la pareja, libre y autónomamente, esto es, ad libitum, puede decidir de qué manera quiere y desea vivir. Sólo de esta forma se entiende que la familia, como “núcleo fundamental de la sociedad” (C.P., arts. 5º y 42 ), sea uno de los escenarios más apropiados para que el ser humano se realice como tal. Por ello es por lo que la institución familiar no traduce un sacrificio de los derechos fundamentales de cada uno de sus miembros, sino que, antes bien, debe ser el reflejo del adecuado y recto ejercicio de los mismos.

2. En este sentido, entonces, la permanencia, como requisito indispensable para la configuración de la unión marital de hecho, tan sólo devela que ese proyecto de vida debe ser firme, constante y estable, esto es, que no sea endeble, casual, esporádico, meramente pasajero o fugaz. Por lo tanto, no resulta de recibo afirmar que únicamente la comunidad de vida que involucra la cohabitación locativa, es permanente, lo que equivale a introducir un elemento ajeno aI concepto mismo de permanencia y, por esa vía, decir que la ley —que guardó silencio consciente sobre este particular— sólo le otorga protección a determinados modelos de vida: a aquellos que implican que la pareja, así sea contra su voluntad o designio, compartan —aún por deber— techo, lecho y mesa, en forma sistemática.

Lo que la ley ha pretendido al señalar que sólo se considera unión marital de hecho, la comunidad de vida que sea “permanente” (L. 54/90, art. 1º), es relievar que la institución familiar, por esencia, tiene propósito de durabilidad; de ser estable; de perpetuarse; de trascender; o, si se quiere, de ser “eterna”. Es este el sentido natural y obvio de dicha expresión (art. 28); más aún, esa es su precisa significación gramatical, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Pero en forma aIguna ha establecido la norma —ello es capital—, ni se desprende de su texto o de su espíritu, que la permanencia está ligada a la cohabitación, como lo estimó la Sala, toda vez que si “cohabitar”, conforme al mismo diccionario, es “Habitar juntamente con otro y otros”; “Hacer vida marital el hombre y la mujer”, no es dable afirmar, sin que se incurra en pleonasmo, que la unión marital de hecho consiste en la vida marital que hacen el hombre y la mujer, pues con ello nada distinto se dice de lo que, ex ante, ya había sido afirmado. Al fin y al cabo, al tenor de un conocido axioma, lo definido no debe estar en la definición, por manera que —a riesgo de parecer tautológicos— entender que hay unión marital de hecho cuando un hombre y una mujer hacen “vida marital”, es un ejercicio incoloro, amén de infértil.

A lo anterior se agrega que la Corte, al insistir en que toda pareja, para ser tal, debe cohabitar, se coloca en una compleja situación frente a la realidad actual, pues

“La familia en su contexto histórico, sociológico y jurídico ha cambiado; esa la realidad repetida en todos los tonos y en todos los ambientes, con independencia del juicio de valor político, ético o religioso que cada cual emita a propósito. Sin embargo muchos obran como si nada hubiera cambiado, o como si la transformación pudiera detenerse o pudiera “enderezarse” su rumbo, o esperan un regreso a maravillas y delicias fantásticas que tampoco volverán: la familia patriarcal, de cuño campesino, fundada exclusivamente en el matrimonio sacramental, autoritaria, comprensiva de cognados y agnados en enumeración indefinida. Los cambios se manifiestan en la anatomía, pero más en la fisiología de la familia. La familia única asimilada a un modelo ético-religioso, fue sustituida por un abanico amplio y heterogéneo de uniones o comunidades calificadas como familias, que implican cambios y, por supuesto, problemas para todos...” (se resalta) (4) .

(4) Fernando Hinestrosa F. Discurso inaugural del Xl Congreso Internacional de Derecho de Familia, Bogotá, septiembre de 2000.

La familia de hoy, como soslayarlo, realmente no es la misma de ayer. En una sociedad industrializada, competitiva, en la que el Estado ha asumido; —en parte— muchos de los compromisos que otrora eran del resorte exclusivo de los padres (la educación, la salud, e incluso la alimentación de los hijos menores; arts. 43, 44, 50, 67 —incs. 3º y 4º—, entre otros), no puede seguir predicándose que la convivencia sólo puede darse en términos locativos, como si lo determinante, en un plano típicamente ontológico, fuera la simple y llana cohabitación para pernoctar. El hogar de hay no es hijo de una concepción meramente espacial o material, sino, primordialmente, afectiva y, de suyo, espiritual, en la que se antepone el trato o comunión familiar; la vida en familia, por sobre la mera circunstancia de compartir un mismo lugar, o tener una fría e inconexa convivencia diaria, sólo por el prurito de que todos los días, por regla, la pareja esté virtualmente junta, sin percatarse que, en veces, ese criterio hiperobjetivo no está en consonancia con la adamantina y realista teleología de la institución en comento.

De qué vale, desde una perspectiva afectivo-espiritual, propia de este tipo de uniones, la sola presencia física del día a día, si esa relación es vacía y ayuna de fundamento marital. Quizá de muy poco, o por lo pronto, únicamente para pretextar la materialización de un vínculo simulador o de fachada, en sí mismo hueco, insípido, inexpresivo y carente de las notas prototípicas de la familia, rectamente entendida, de esas uniones que, con arreglo al dictado de sus legítimas y respetables reglas, profesan y cultivan el más sublime, enaltecedor y grandilocuente de los sentimientos: el amor. Bien puntualizó Confusio: ¿Hay un precepto que pueda guiar la acción de toda una vida?: Amar.

Huelga advertir que la Corte, al exigir la cohabitación como presupuesto de la comunidad de vida permanente, se verá en la difícil tarea de precisar en qué términos ella se debe consolidar para que la relación califique como unión marital: bajo un mismo techo, aunque en diferentes recintos o aposentos; en un mismo lecho o en talamos divergentes, etc, situaciones todas que no deben, ni pueden interesar al derecho, pues ello hace parte, afortunadamente, del estrecho espacio que aún le queda al hombre.

3. Ahora bien, no puede pasarse por aIto que la sentencia, de una u otra manera, se detiene en el análisis de la unión marital de hecho, bajo el rasero de los matrimonios civil y religioso, corno si la única diferencia que existiera entre estos y aquella, fuera la existencia de unas determinadas formalidades para su floración.

La llamada unión marital de hecho es una familia nacida por vínculos naturales (C.P., art. 42), que tiene su propia fisonomía. En ella, por vía de ejemplo, los fines son fijados autónomamente por la pareja, a diferencia de lo que acontece con el matrimonio civil, en el que la ley ha precisado que su objetivo principal es la convivencia, seguido de la procreación (C.C., art. 133). Algo similar se advierte en frente del matrimonio católico, ordenado como sacramento “para engendrar la prole” (CDC, canon 1061), con todo lo que ella apareja.

Es por ello por lo que luce difícil admitir que la unión marital de hecho, en sí, es un matrimonio de facto. Aquella, ante todo, es una expresión más de los diversos tipos de familias que el hombre y la mujer pueden configurar, y no la materialización de una estructura especifica, huérfana de determinados requisitos. De ahí que el concepto de comunidad de vida no pueda condicionarse a un tipo especial de convivencia, o a la existencia de una “descendencia común”, como también lo consideró la Sala, pasando de soslayo que, por mandato constitucional, “La pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos” (art. 42, inc. 8º), pues la procreación no es una obligación que la ley le imponga a la pareja, ni la presencia de los hijos, en estrictez, es indispensable para que —en la esfera jurídica— se entienda constituida una familia, la cual nace “por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por voluntad responsable de conformarla” (art. 42).

Obsérvese cómo la Constitución procura conjugar dos valores fundantes, a saber: la libertad de la pareja y la unidad familiar. La conjunción de uno y otro es lo que permite afirmar que la unión marital de hecho no está condicionada por una manera de convivir, por generalizada que ella sea, en la medida en que para la ley superior es bastante con la decisión libre y responsable de proyectar hacia el futuro una comunidad de vida, cualquiera que ella sea. Al fin de cuentas, “si fundar una familia es un acto de voluntad, lo es también porque los que la fundan pueden, en cierta medida, escoger el modelo” (5) .

(5) Jean Carbonier. Derecho Flexible. Madrid. Tecnos. 1974. Pag. 212.

Rescatada así la libertad de los compañeros para seleccionar su modelo familiar, no puede ella restringirse, a pretexto de que en el matrimonio existe la obligación para los cónyuges de vivir juntos bajo un mismo techo (art. 178, C.C., modificado por el art. 11 del D. 2820/74), pues si aquellos no optaron por este tipo de familia, la que surge del matrimonio, es de suponer que no quisieron someterse inexorablemente a su régimen, razón por la cual no puede el intérprete imponérselos para otorgarles protección legal.

Mas aún, si, en gracia de discusión, se admitiese que —en línea de principio— los compañeros, al igual que los cónyuges, deben habitar en un mismo lugar, tendría que reconocerse también que el legislador excusa esa obligación cuando existe “causa justificada”, como dicho precepto lo establece. Y no se podrá negar, justamente, que dentro de esos motivos se encuentra la decisión soberana y reflexiva de la pareja de no cohabitar sino durante determinados días, pues así como la simple voluntad responsable es suficiente para formar una familia, ella también sirve al propósito de validar una convivencia que tan sólo comprenda una cohabitación parcial, si fue ello lo que los compañeros acordaron, acuerdo que, como tal, debe ser respetado y, en tal virtud, no profanado a través de la fijación de específicas reglas temporales o sustaciales, máxime si se tiene en cuenta, de una parte, que el acto de convivir no es cosa distinta a vivir juntos, es decir, vivir unidos, y de la otra, que los lazos de la unidad familiar no toman su fuerza del espacio y el tiempo en que se materializan.

La solidez de la pareja, en concreto de su vínculo, ora de facto, ora de jure, no emana, en efecto, de la presencia sistemática de los compañeros, como si fuera menester, ante todo, acreditar esta circunstancia, en orden a obtener el rótulo de unión marital. La permanencia de la comunidad de vida que recIamó el legislador, en manera aIguna denota cotidianidad (calidad de cotidiano, o sea, de diario), como se reseñó en líneas precedentes. Si el legislador hubiera pretendido ello, así lo habría imperado expresa y claramente (lex, ubi voluit, dixit, ubi noluit, tacuit). Empero, sólo aludió al referido término que, se reitera; significa: “Duración firme, constancia, perseverancia, estabilidad, inmutabilidad”.

4. En el caso que ocupó la atención de la Sala, los testigos fueron contestes al señalar que el señor Arroyave afirmaba que “yo no me caso porque con el matrimonio las cosas se acaban y uno nunca termina de conocer a su pareja... María Teresa y yo llevamos casi 30 años y todos los días estamos mejor”; “el matrimonio —para él— dañaba el amor y que todos los días lograban conocerse más y mejor —con María Teresa— sin que hubiera ni existieran ataduras de matrimonio por la iglesia”; que entre ellos “había una perfecta relaciónmarital”; “una verdadera relación de pareja”, “muy estable y recíproca”; “un trato de...esposos”, pues, según aquél, no se “necesitaba tener bendiciones de nadie para respetarse y permanecer juntos”; que ambos viajaban a “Santa Marta,... al Cauca, México, Costa Rica, Panamá y Estados Unidos”, viajes que planeaban “como de placer” pero era con el fin de negociar” y “terminaban haciendo colocaciones de dinero en el exterior”; que la señora María Teresa Escobar participaba entre semana en la administración de los negocios del señor Arroyave y “desde los mismos jueves o viernes” permanecía en el apartamento donde él habitaba, o en unas granjas en Santa Fe de Antioquía y Guarne, incluyendo “los fines de semana” y “días festivos”, lugares donde “compartían la misma habitación y vivienda como matrimonio”, hecho este que se presentó durante todo el tiempo en que los declarantes conocieron a la pareja; que Rodrigo, luego de que le diagnosticaron la enfermedad que lo condujo a la muerte, manifestó que quería que “María Teresa se opere antes que yo me muera”, pues, en general, afirmó uno de los médicos, era esa una “relación muy estable, mutua de preocupación del uno por el otro, en la parte de los negocios y... de la salud”, todo lo cual pone de presente, como lo atestiguó uno de los parientes del señor Arroyave —nada menos que el sobrino—, que éste y María Teresa “actuaron como compañero y compañera permanente en un estilo de vida muy propio de ellos y compartiendo como esposos” (se resalta; testimonios de Nelly Jiménez Agudelo, José Arturo Giraldo Cañas, Darío Aristizábal Ceballos, Horacio Vargas, Rafael de Jesús Ospina Yepes, Amanda de Jesús Gaviria, Gloria María Duque López, Horacio Eduardo Arroyave; fls. 221 vlto. a 232, 244 vlto. a 250, c. 1).

Estos hechos fueron advertidos por el tribunal y por la Corte, para quienes, muy a pesar de esa diciente, a fuer de insoslayable realidad, que se prolongó por más de dos décadas (prácticamente 30 años), no hubo comunidad de vida, por la sola circunstancia de que entre “semana cada uno de ellos vivía en lugar aparte, ella en un apartamento con su madre y él en otro con la del servicio” (fl. 68, c. 3). No importó para nada el amor que —fielmente— durante tanto y tanto tiempo Rodrigo y María Teresa se dispensaron y, sobre todo, su confesa intensidad; tampoco que entre ellos se forjara una estrecha y madura relación singular, de mutua colaboración y de solidaridad; que el uno contara con el otro como compañía, bien para los negocios, para el simple solaz o esparcimiento, o como soporte en la enfermedad; menos aún importó que Rodrigo le tuviera resistencia al matrimonio; que prefiriera el vínculo natural y que en ello fuera acompañado por María Teresa, su cómplice en ese consorcio de amor, como tal pasible de respeto jurídico, por más de que no se comparta o aplauda por todos, obviamente en un plano diferente al referido, que es el que debe guiar, privativamente, una decisión judicial.

La jurisdicción, entonces, no le otorgó el “exequátur” a la familia así conformada, pues a sus ojos, lo que Rodrigo y María Teresa tuvieron fue unos “encuentros esporádicos” u “ocasionales”, sin importar que el afianzamiento de esa relación por casi 30 años, no avala el propósito de calificarla como accidental, efímera, fugaz o pasajera, con el argumento de que únicamente merece atención, aquella comunidad de vida en que la pareja cohabita en el “diario quehacer existencial”. Sólo así, se dijo, la relación puede calificarse como permanente, sin importar, itérase, que más de cinco lustros de realizar un proyecto de vida narren —o mejor aún, griten— lo contrario. En suma, la autonomía de María Teresa y de Rodrigo para establecer, como lo hicieron, su peculiar forma de convivir, no fue reconocida en desarrollo del expediente de auscultar su relación bajo la lupa del matrimonio, el mismo que, paradójicamente, siempre evitaron.

Por todo ello, entonces, respetuosamente debo salvar el voto a la sentencia proferida, porque, de una parte, entiendo que la comunidad de vida, la cual trasciende lo simplemente circunstancial y, de suyo, de lo objetivo y material, para cobijar —también— lo espiritual y afectivo, no deja de ser permanente (L. 54/90, art. 1º), por el hecho de que los compañeros establezcan unas reglas de convivencia diferentes de las trazadas por el común denominador de los mortales y, de la otra, es mi criterio que en la duda, en apoyo de la centenaria y penetrante máxima latina, ha de prevalecer la libertad (in obscuro, libertas praevalet).

Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo. 

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