Sentencia 6727 de noviembre 8 de 2002 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 6727

Consejero Ponente:

Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

Actor: Eduardo Rafael Noriega De la Hoz

Bogotá, D.C., ocho de noviembre de dos mil dos.

EXTRACTOS: «El ciudadano y abogado Eduardo Rafael Noriega de la Hoz, obrando en su propio nombre y en ejercicio de la acción pública de nulidad consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, presentó demanda ante esta corporación, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de un aparte del artículo 2º del Decreto 088 de 2 de febrero de 2000, “por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Educación Nacional y se dictan otras disposiciones”, expedido por el Gobierno Nacional.

(...).

IV. Consideraciones de la Sala

La norma acusada, prevé:

“ART. 2º—Integración del sector administrativo de la educación. El nivel nacional del sector administrativo de la educación está constituido por el Ministerio de Educación Nacional y sus organismos adscritos y vinculados.

Además de las entidades que sean creadas por la ley como adscritas y vinculadas, son entidades adscritas al Ministerio de Educación Nacional las siguientes:

• ...Universidad del Pacífico”.

El decreto parcialmente acusado fue expedido por el Gobierno Nacional con fundamento en el numeral 16 del artículo 189 de la Constitución Política y el artículo 54 de la Ley 489 de 1998, conforme a los cuales, corresponde al Presidente de la República, como Jefe de Estado, jefe del gobierno y suprema autoridad administrativa, modificar la estructura de los ministerios, departamentos administrativos y demás entidades u organismos administrativos nacionales, con sujeción a los principios y reglas generales que defina la ley; y que tal atribución debe sujetarse a los principios y reglas generales, consagrados en el citado artículo 54.

La demanda, básicamente, descansa en el hecho de que el Gobierno Nacional no podía adscribir la Universidad del Pacífico al Ministerio de Educación Nacional, porque ello desconoce la autonomía universitaria, además de que contraría el artículo 40 de la Ley 489 de 1998, que prevé un régimen especial, entre otros, para los entes autónomos; y que como el artículo 57 de la Ley 30 de 1992 le da a las universidades el carácter de vinculadas ello prohíbe el tratamiento de adscritas.

Sobre el particular, cabe señalar lo siguiente:

La Universidad del Pacífico fue creada por el artículo 1º de la Ley 65 de 1988 como “establecimiento público nacional de carácter docente”.

Es cierto que la Universidad del Pacífico tiene el carácter de universidad estatal, por lo siguiente:

Según la citada Ley 65, dicha universidad tiene como objetivos la formación científica, técnica y cultural; la investigación científica y técnica y prestar asesoría técnica y científica, a través de las facultades de arquitectura naval, ingeniería de puertos y canales; ingeniería hidráulica; agronomía, acuicultura, ciencias marinas y pesquerías, tecnología de alimentos y sociología (arts. 2º y 3º).

De acuerdo con el artículo 19 de la Ley 30 de 1992, “Son universidades las reconocidas actualmente como tales y las instituciones que acrediten su desempeño con criterio de universalidad en las siguientes actividades: La investigación científica o tecnológica; la formación académica en formaciones o disciplinas y la producción, desarrollo y transmisión del conocimiento y de la cultura universal y nacional...”, aspectos estos que encuadran dentro de los objetivos que la Ley 65 de 1988 le reconoció a la Universidad del Pacífico, y que difieren, sustancialmente, de los que se prevén en los artículos 16 (1) y 18 (2) para las instituciones técnicas profesionales o las instituciones universitarias o tecnológicas.

(1) “Son instituciones de educación superior:

a) Instituciones técnicas profesionales.

b) Instituciones universitarias o escuelas tecnológicas.

c) Universidades.

(2) “Son instituciones universitarias o escuelas tecnológicas, aquellas facultades para adelantar programas de formación en ocupaciones, programas de formación académica en profesiones o disciplinas y programas de especialización”.

De otra parte, el artículo 57 de la Ley 30 previó que “Las universidades estatales u oficiales deben organizarse como entes universitarios autónomos, con régimen especial, y vinculados al Ministerio de Educación Nacional”.

Es preciso resaltar que el régimen especial que se predica de los entes universitarios en el mencionado artículo 57 se reitera en el artículo 40 de la Ley 489 de 1998, al establecer que:

“El Banco de la República, los entes universitarios autónomos, las corporaciones autónomas regionales, la Comisión Nacional de Televisión y los demás organismos y entidades con régimen especial otorgado por la Constitución Política se sujetan a las disposiciones que para ellos establezcan las respectivas leyes”.

A juicio de la Sala, independientemente de la consideración acerca de si la adscripción atenta o no contra la autonomía universitaria, lo verdaderamente relevante es que el numeral 16 del artículo 189 de la Carta Política, norma esta que sirvió de sustento al acto acusado, condiciona la atribución allí prevista a los principios y reglas generales que defina la ley; y si la Ley 30 de 1992 en su artículo 57 previó para las universidades estatales un régimen especial en el que, dada su calidad de entes universitarios autónomos, deben estar vinculados al Ministerio de Educación Nacional, toda modificación que se haga a su estructura, mientras subsista como tal, debe estar acorde con su régimen especial y con las características reconocidas por la ley. De ahí que en este aspecto deba considerarse que, en lo pertinente, la Ley 30 de 1992 modificó cualquier regulación contraria que pudiera desprenderse de la Ley 65 de 1988, la cual, inclusive resulta anterior a la Constitución de 1991, que reconoció a los entes universitarios un régimen de especial autonomía, que hasta el momento, con dicho rango, no había sido previsto. Por ello la ley que desarrolla esta nueva realidad constitucional tenga que aplicarse de preferencia.

Es preciso resaltar que en este caso si bien es cierto que el objeto del decreto cuestionado es la reestructuración del Ministerio de Educación Nacional, no lo es menos que al incluir en su estructura como organismo adscrito a la Universidad del Pacífico, de contera está afectando la estructura de ésta, pues, conforme lo señaló la Sala en sentencia de 8 de junio de 2000, con ponencia del consejero doctor Juan Alberto Polo Figueroa (exp. 5914, actora: Georgina Ballera Rivera) “La adscripción es un aspecto de la estructura del organismo de que se trate...”.

Destaca la Sala que, conforme al artículo 42 de la Ley 489 de 1998 corresponde a la ley o al Gobierno Nacional darle el carácter de adscritas o vinculadas a las entidades que conforman el sector administrativo; empero, es del caso enfatizar en que las entidades a las que alude el artículo 40, ibídem, dentro de las cuales se encuentran los entes universitarios autónomos, tienen un especial tratamiento pues, de acuerdo con su texto, su régimen especial dimana directamente de la Constitución.

En consecuencia, es del caso acceder al decreto de nulidad de la expresión “Universidad del Pacífico”, contenida en el artículo 2º del Decreto 088 de 2000.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DECLÁRASE la nulidad de la expresión “Universidad del Pacífico”, contenida en el artículo 2º del Decreto 88 de 2000, acusado.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase».

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