Sentencia 6729 de septiembre 16 de 1992 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

PENAS ACCESORIAS

RELACIÓN CON EL DELITO COMETIDO

EXTRACTOS: «Las penas accesorias fueron instituidas por el legislador para limitar algunos derechos del sentenciado, aparte de su libertad de locomoción, dadas las modalidades del hecho punible por el que fue condenado y las circunstancias que rodearon su comisión. Así por ejemplo, la prohibición relacionada con el consumo de bebidas alcohólicas, se aplica “... Cuando uno de los factores del delito haya sido el consumo de bebidas alcohólicas...”, según reza el artículo 59 ibídem.

De la misma manera han de atenderse las demás penas accesorias como la suspensión de la patria potestad que si bien se aplica “... de hecho mientras dure la pena privativa de la libertad concurrente con ellas...” (art. 58 del C. P.), su imposición depende de las características mismas del delito cometido, de tal forma que hagan aconsejable una pérdida transitoria de la tutela sobre los hijos, cuando quede redimida la pena principal. De ahí que resulte inexplicable que, en este caso, a la procesada se le castigue con ella cuando el homicidio culposo no se desprendió de una agresión al núcleo familiar. Ni nada parecido. Su revocatoria se imponía e hizo bien el Tribunal al decretarla.

De otro lado, la expulsión del territorio nacional, es medida que no tiene ninguna razón de ser en el supuesto de autos e infortunadamente, la carencia de motivación sobre el particular dificulta estar al tanto de las razones que tuvo el Tribunal para hacerlo. Aquí cabe llamar la atención sobre este silencio que le impide conocer a la acusada las razones tenidas en cuenta para sancionarla, coartando su derecho de defensa, pues no se puede controvertir lo que no se conoce. La Sala rechaza con energía estas imposiciones escuetas que no sólo comprometen en forma severa la legalidad del fallo, sino que contrarían las bases mismas del Estado de Derecho .

Ahora bien, volviendo al tema de la expulsión del territorio nacional, su imposición debe guardar una estrecha relación entre la conducta reprochable y esta severa sanción accesoria, demostrando el juzgador que la una es la lógica consecuencia de la otra. Sin embargo, en el caso de la especie, el Tribunal calla sobre el porqué, resultando jurídicamente inexplicable la expulsión del país para un extranjero que aplicó en un paciente colombiano sus conocimientos científicos en forma negligente. No se entiende, por tanto, cómo un hecho aislado de este tenor sea de tal magnitud que haga desaconsejable la permanencia en Colombia de la ciudadana nicaragüense inculpada.

Además, la desproporción entre el hecho cometido y esta sanción accesoria, es innegable y agrava en grado sumo la situación personal de la sentenciada, puesto que, como lo advera la Delegada, “...carece de rehabilitación, cerrándole la posibilidad de reintegrarse a él en caso de que su hija deba permanecer por voluntad de su padre en el país, la expulsión de Colombia es pena de innegable drasticidad frente a la de suspensión de la patria potestad por dos años, que no acarrea efectos de tan profundo sentir...”.

Así las cosas, al quebrantarse el artículo 31 de la Carta, se invalidará esta pena accesoria, permitiéndosele a la procesada su permanencia en el país.

3. Una acotación final:

Sobre la interdicción de derechos y función es públicas, la Corte advierte que la Colegiatura no podía, a su arbitrio, revocarla, pues esta sanción que ordinariamente accede a la de prisión no es potestativa del juzgador sino una prescripción expresa y obligatoria del artículo 52 del Estatuto punitivo, como se detallara en precedencia En tal orden de ideas, únicamente podía dejar sin efecto la suspensión de la patria potestad, por lo que su decisión carece de efecto alguno.

Y bien: la condición de extranjera que tiene la procesada no le impide disfrutar de los derechos civiles propios de los nacionales colombianos, así como ejercer algunas funciones públicas reservadas en principio a los naturales del país, amén de que podrá poseer ciertos derechos políticos como el de votar en las elecciones y consultas populares de carácter municipal o distrital (art. 100 de la C.N.), quedando vigente la eventualidad de que, dado el tiempo de permanencia en el país y sus vínculos familiares y laborales con él, pueda acceder a la nacionalidad colombiana y su titularidad y, en consecuencia, se le abra la posibilidad de ejercer los derechos y deberes inherentes a dicho status.

Es clara, por consiguiente, la contrariedad con el derecho de tal decisión, lo que obliga a la Sala a dejar sin valor alguno esta determinación, restableciéndose con ello la interdicción en comento con lo cual se resguarda en debida forma la legalidad del fallo, al acatarse la imposición obligatoria de dicha sanción, conforme lo dispone el artículo 52 antes citado».

(Sentencia de casación, septiembre 16 de 1992. Radicación 6729. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Enrique Valencia M.).

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