Sentencia 6730 de julio 11 de 2001 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA

NULIDAD DEL TESTAMENTO

EL TESTAMENTO TIENE A SU FAVOR UNA PRESUNCIÓN DE VALIDEZ

EXTRACTOS: «2. De conformidad con el artículo 1072 del Código Civil, lo que constituye esencialmente el testamento abierto, es el acto solemne en que el testador hace sabedor de sus disposiciones al notario, si lo hubiere, y a los testigos; es un acto único y continuo, puesto que debe ser presenciado en todas sus partes por el testador, por un mismo notario y por unos mismos testigos. Además, según los términos del artículo 1074 ibídem, aunque el testador lo haya escrito previamente, es imperativo que todo él sea leído en alta voz por el notario, o, a falta de éste, por uno de los testigos designados por el testador a ese efecto; mientras se lee, estará el testador a la vista, y las personas cuya presencia es necesaria oirán todo el tenor de sus disposiciones (C.C., art. 1074); y, en fin, ha de terminar el acto correspondiente con las firmas del testador, los testigos y el notario. (C.C., art. 1075).

3. Estas reglas condensan el rigor con que el legislador ha querido rodear la expresión de la última voluntad del testador, para garantizar de ese modo el necesario carácter genuino de este acto personalísimo, y evitar yerros o deformaciones de su expresa voluntad, merecedora ésta, por sus consecuencias en el ámbito del parentesco y el patrimonio, de la mayor seguridad jurídica. Por eso, el Código Civil sanciona con nulidad el testamento solemne, abierto o cerrado, en que se omita cualquiera de las formalidades a que debe sujetarse, según las reglas antes citadas. (C.C., art. 1083).

Con todo, conviene precisar que el testamento tiene a su favor una presunción de validez, según la cual se estima en cada caso que dicho acto fue otorgado con el lleno de los requisitos legales; dicha presunción es de índole legal y, por tanto, admite prueba en contrario, lo que en el ámbito del debate judicial relativo a su validez impone, a quien pretenda impugnarlo, una carga probatoria especial, cuyas características es del caso recordar para darle un marco teórico adecuado al examen del cargo que aquí se despacha.

4. Si la acción de nulidad se apoya, como aquí sucede, en que la escritura pública contentiva de la memoria testamentaria no se otorgó en un acto único y continuo, ni con la presencia del número de testigos que exige la ley, a pesar de que las respectivas anotaciones notariales digan lo contrario, es indispensable que el demandante asuma la carga procesal de probar fehacientemente esos hechos, y, en cumplimiento de tal cometido, se halla habilitado para acudir a cualquier medio de convicción que sea admisible y eficaz para ese propósito.

De otra parte, si bien es verdad que el Código de Procedimiento Civil impone al juzgador el deber de apreciar los distintos medios persuasivos producidos dentro de la actuación, “en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica” (art. 187), a fin de permitir un examen a fondo de la situación fáctica que estructura el litigio, conducente a establecer los hechos o a obtener su mejor representación, no lo es menos que tal ejercicio debe hacerse —como también lo manda la misma norma procesal citada—, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos.

De manera complementaria, importa referir que conforme al artículo 264 de la misma codificación, los documentos públicos hacen fe de su otorgamiento, de su fecha y de las declaraciones que en ellos haga el funcionario que los autoriza, lo cual no obsta para que en el proceso civil pueda demostrarse lo contrario acudiendo a diversos medios de prueba, como pretende la parte demandante en el caso presente. Pero si la presunción de validez del testamento otorgado ante notario, es susceptible de ser desvirtuada, únicamente lo será con pruebas que ciertamente demuestren lo contrario de lo que muestra el documento notarial.

5. De otro lado, conviene recordar que en torno a la apreciación de las pruebas que en ese sentido haya apreciado el sentenciador, el fallo impugnado en casación llega a la Corte amparado con la presunción de acierto, por lo que le corresponde al recurrente desvirtuar ésta mediante la demostración de errores manifiestos de hecho que, por su naturaleza, muestren al rompe que el tribunal incurrió en contraevidencia, o errores de derecho resultantes de haberse quebrantado las normas de disciplina probatoria que regulan su admisión, decreto, producción o valoración.

6. De acuerdo con todo lo anterior, el quid del asunto estriba en determinar si fue equivocado el análisis probatorio efectuado por el tribunal para concluir en la denegación de la nulidad del testamento pedida, basado en que el testamento se otorgó en legal forma; y a ese respecto la Corte observa y concluye lo siguiente:

a) Para el tribunal, la omisión detectada en el instrumento notarial relativa a que en el acto no se dejó constancia de la lectura del testamento, no es motivo para invalidarlo, en la medida en que tal omisión no indica, per se, la ausencia del cumplimiento de ese requisito. En esa dirección, la parte impugnante, en cuanto funda la acusación contra la sentencia en la ocurrencia de errores de hecho del tribunal en la apreciación de las versiones de los testigos instrumentales del testamento, dedica su labor a demostrarlos mediante la exposición de su propio criterio sobre el particular, los que, de existir, no inficionan necesariamente de nulidad el acto testamentario. Pero como el cargo apunta a demostrar la contraevidencia anotada, o sea que el testamento no fue leído y no se otorgó en un solo acto, con todos los sujetos exigidos: testador, notario y tres testigos, ni fue leído por el notario, ni suscrito por el testador, es preciso hacer referencia a esas apreciaciones, como pasa a verse enseguida.

b) Los tres testimonios tienen la característica común de mostrar algunas inconsistencias que no permiten reconstruir los hechos fidedignamente: González Torrente, en efecto, no recuerda haber colocado la huella al pie de su firma, si el notario fue solo a la casa del testador, quién leyó el testamento o si éste estaba manuscrito o escrito a máquina; Flórez Benítez, por su parte, afirma con vacilación que Sánchez Kerguelen leyó el testamento en voz alta, pero no recuerda si había notario; Sánchez Kerguelen no recuerda el número de testigos, ni sus nombres, si estampó su huella dactilar en el documento, si fue él o el notario quien leyó el testamento y no recuerda las decisiones que contenía el testamento a pesar de haber leído el borrador.

c) Empero, estas referencias sirven para ilustrar sobre la mala memoria que aqueja a los testigos, pero no pasan de ser enunciados que no alcanzan a revelar, por fuera de toda duda, los vicios que se le achacan al testamento, dado que se trata de proposiciones inciertas o equívocas. Así, apenas por vía de dar ejemplos, por supuesto muy dicientes, basta observar que no recordar un testigo si se imprimió la huella dactilar, es diverso a no haberse impuesto, y menos cuando ella figura en el documento; o no recordar si el testamento se leyó por una u otra persona, o en esa circunstancia atribuirle tal acción a quien no lo hizo, es distinto a afirmar que en verdad no se leyó en voz alta, o a que efectivamente no lo hizo el notario; o igualmente, ignorar detalles en torno a quién acompañaba al notario, o si el testamento estaba manuscrito o en mecanografía, tampoco evidencia con plena certeza las irregularidades arriba reseñadas que se le apuntan al instrumento contentivo del testamento impugnado.

7. En consecuencia, aunque no le falta razón al recurrente al destacar tales inconsistencias que fluyen de las versiones de los testigos citados, pronto se detecta que los aspectos que comprenden del acto cuya nulidad se pretende, no alcanzan para decretar ésta, máxime cuando la apreciación de las pruebas permite igualmente, de manera razonable, verificar el cumplimiento de los requisitos formales, como sucede con la prueba grafológica que recayó sobre la firma del testador para establecer positivamente su autenticidad, de cuya apreciación, valga decirlo, nada dice el censor; con las afirmaciones de los testigos instrumentales, y de lo que emana de la simple lectura del testamento.

De ese modo, es dable concluir, con vista en la prueba considerada ya en forma individual o ya de manera conjunta, que no se compromete inequívocamente la validez de la memoria testamentaria; por lo menos, no afloran de manera ostensible los errores de apreciación denunciados en el cargo, ni, por ende, la existencia inobjetable de los vicios o irregularidades en el otorgamiento del testamento, todo lo cual, como se anotó, impide casar la sentencia.

8. A ese respecto, importa recordar que en los términos del artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, cuando se alega la violación de la ley sustancial como consecuencia de error de hecho en la apreciación de las pruebas, se impone hacer una labor de contraste entre lo que extrajo el sentenciador de las pruebas que se tildan erróneamente apreciadas y lo que ellas dicen o dejan de decir, a fin de establecer, sin mayores esfuerzos, el real alcance que dimana de su supuesta preterición o desfiguración; y en este caso, de la comparación expuesta por el censor, verificada por la Corte, se deduce que no se ha configurado error de hecho con el carácter de manifiesto que se exige en casación, en la medida en que de acuerdo con lo detallado atrás no se advierte que la estimación de las pruebas que propone el cargo sea la única razonable y posible en relación con los medios de convicción examinados en la especie de este proceso.

9. En síntesis, pues, la sentencia impugnada, en cuanto se funda en una de las posibles alternativas de apreciación razonable de las pruebas, no revela la presencia de un error evidente que conduzca a la casación de la misma, y, por lo tanto, el cargo único propuesto no está llamado a prosperar».

(Sentencia de casación, julio 11 de 2001. Expediente 6730. Magistrado Ponente: Dr. Silvio Fernando Trejos Bueno).

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