Sentencia de homologación 6731 de abril 19 de 1994 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN PRIMERA

FACULTADES DE LOS ÁRBITROS

LIMITACIONES LEGALES

EXTRACTOS: «Es criterio reiterado por esta Sala el que la denuncia de la convención colectiva de trabajo por las dos partes las faculta para que ellas se aparten de las condiciones laborales pactadas anteriormente, amplitud que se advierte no tienen los árbitros en razón a que ellos están limitados por el pliego de peticiones, no obstante estos también pueden modificar las condiciones de trabajo dispuestas en convenciones o laudos preexistentes cuando el marco de la denuncia hecha por el empleador coincida con el pliego de peticiones presentado por el sindicato o los trabajadores no sindicalizados, para promover el conflicto colectivo.

La limitación legal impuesta a los árbitros no afecta el derecho a la negociación colectiva de las partes, consagrado en el artículo 55 de la Constitución Nacional, dado que éstas tienen la potestad de convenir nuevas fórmulas que armonicen sus intereses dentro de la delimitación prevista por la ley, pero conforme ya se dijo los árbitros no tienen la misma atribución en virtud a que el artículo 458 del C. S. del T. restringe sus facultades al disponer que “los árbitros deben decidir sobre los puntos respecto de los cuales no se haya producido acuerdo entre las partes en la etapa de arreglo directo y de conciliación, y su fallo no puede afectar derechos o facultades de las partes reconocidos por la Constitución Nacional, por las leyes o por normas convencionales vigentes”.

La contratación colectiva en el derecho laboral y más propiamente la solución del conflicto colectivo a través de los tribunales de arbitramento, cuando la partes no hayan llegado a un acuerdo en la etapa de arreglo directo, están orientados por unos principios diferentes a los que prevalecen en otras ramas del derecho como son la civil y comercial; es postulado fundamental en el derecho laboral la protección del trabajador como parte débil de las relaciones de trabajo, esto explica la limitación impuesta a los árbitros de no modificar las normas convencionales vigentes que no hayan sido objeto del pliego de peticiones.

Lo anterior no es óbice para que los tribunales de arbitramento puedan restringir hasta donde sea necesario y justo las nuevas aspiraciones de las agremiaciones sindicales, o de los trabajadores regidos por pactos colectivos, cuando la situación económica del empleador así lo aconseje, siempre que esas pretensiones no hayan sido materia de acuerdo en la etapa de arreglo directo. Pero es más, los empleadores cuentan con la institución jurídica de la revisión de la convención colectiva de trabajo prevista en el artículo 480 del C.S. del T. como medio para lograr la modificación de aquellas cláusulas que resulten gravosas para el equilibrio económico de la empresa; de manera que no es atendible la tesis acerca de que la limitación legal impuesta a los árbitros resulta contraria a la Constitución Nacional por instituir un carácter irredimible a las obligaciones laborales.

Conviene aclarar que las imprevisibles y graves alteraciones de la normalidad económica que dan lugar a la revisión de la convención colectiva de trabajo erigida en el artículo 480 del C.S. del T., anteriormente citado, tienen que ver no sólo con la situación general de la economía del país o de un sector de ella, sino también del propio estado financiero de la empresa, más si ellas están vinculadas a la prestación de un servicio público, pues en últimas esta norma pretende en esencia la protección o perdurabilidad del medio de producción como fuente social imprescindible del trabajo. Disposición ésta que se encuentra acorde con la finalidad del artículo 25 de la nueva Carta Política que preceptúa “El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”».

(Sentencia de homologación, abril 19 de 1994. Radicación 6731. Magistrado Ponente: Dr. Manuel Enrique Daza Álvarez).

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