Sentencia 6739 de marzo 7 de 1995

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN PRIMERA

Radicación 6.739

Acta 7

Magistrado Ponente:

Dr. Ramón Zúñiga Valverde

Santafé de Bogotá, D.C., marzo siete de mil novecientos noventa y cinco.

Se estudia el ataque contra la sentencia de segunda instancia pronunciada por el Tribunal Superior de Medellín el 16 de diciembre de 1993, dentro del proceso ordinario instaurado en contra del Departamento de Antioquia por la señora Rosalba Medina Barrios en nombre propio y en el de sus hijos menores Jhony, Helvert Alberto, Ana Teresa y Néstor Salgado Medina.

Pretensiones

“1. Que la entidad demandada es responsable por el accidente de trabajo y posterior muerte de Néstor Salgado Barrios compañero permanente de Rosalba Medina Barrios y padre de los menores Jhony, Helvert Alberto, Ana Teresa y Néstor Salgado Medina.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, el Departamento de Antioquia debe proceder al reconocimiento y pago de todos los perjuicios que sufrió el núcleo familiar, tanto los materiales en sus elementos de daño emergente y lucro cesante consolidado y futuro, como los perjuicios morales en cantidad de 1.000 gramos oro puro para cada uno de los contratantes, o el valor en pesos colombianos que determine el juez al momento de la sentencia, teniendo en cuenta la jurisprudencia nacional, suma que debe ser debidamente indexada de acuerdo a la variación del índice de precios al consumidor, desde el 28 de noviembre de 1990 hasta el momento del pago.

3. El valor de los intereses corrientes.

4. La indemnización moratoria por el no pago oportuno de las indemnizaciones, según el Decreto 797 de 1949.

5. Costas del proceso a la medida en que se causen”.

Hechos

“1. La señora Rosalba Medina Barrios, fue la compañera permanente de Néstor Salgado Barrios, de cuya unión nacieron: Jhony, Hebert Alberto, Ana Teresa y Néstor Salgado Medina, todos menores de edad, a la fecha de esta demanda.

2. Néstor Salgado Barrios estuvo vinculado al servicio del Departamento de Antioquia, como trabajador oficial en la labor de conductor en la Dirección Operativa de la Secretaría de Obras Públicas desde el 17 de julio de 1980 hasta el 5 de diciembre de 1990, fecha de su muerte.

3. El 28 de noviembre de 1990 desempeñando su oficio de conductor, el señor Néstor Salgado tuvo un accidente de trabajo en Arboletes (Antioquia), descrito así en el informe de accidente elaborado por el Departamento de Antioquia: ‘Se estaba montando resorte delantero de la volqueta OL 1017 y cuando se levantaba (sic) el carro con el gato, éste resbaló y se cayó el carro aprisionando la pierna (izquierda) derecha fracturándola en dos partes’.

4. A raíz de este accidente fue el señor Salgado internado en el Hospital Pablo Tobón Uribe por cuenta del departamento para el tratamiento médico respectivo desde el 28 de noviembre de 1990 hasta el 5 de diciembre de ese mismo año, en forma continua, fecha en la cual falleció dentro del hospital.

5. Ese accidente fue por culpa del Departamento, pues no le suministró al señor Salgado los implementos y herramientas de trabajo adecuados, para su labor, ni las instrucciones correctas para el buen desempeño de sus labores, sin riesgo para su salud.

6. La compañera permanente de Néstor Salgado y sus hijos han sufrido perjuicios materiales y morales con la muerte de su ser querido, pues convivían en familia y él velaba por la subsistencia de todos y les brindaba afecto de esposo y padre.

7. Mediante Resolución 776 de mayo 3 de 1991, el departamento de Antioquia le pagó a los cuatro hijos menores de Néstor Salgado por seguro de muerte un total de $507.136,36 y posteriormente mediante Resolución 469 de marzo 16 de 1992 les reconoció otros $ 507.136,36 para un seguro por muerte en forma doblada, al demostrase que efectivamente el deceso del señor Salgado fue a consecuencia de un accidente de trabajo.

8. El médico de la Dirección de Prevención y Asistencia en Salud certificó a solicitud del departamento de Antioquia: ‘En respuesta a su oficio de febrero 25 de 1992, le informé que con base en la historia clínica 61.688 correspondiente al señor Néstor Salgado Barrios identificado en vida con c.c. 6.687.746 se puede certificar que su muerte sí fue consecuencia del accidente sufrido el 28 de noviembre de 1990’.

9. El último salario promedio diario de Néstor Salgado Barrios fue de $ 3.490.92, o el superior que se demuestre en el proceso.

10. La parte demandante agotó la vía gubernativa el 29 de agosto de 1991.

11. El señor Néstor Salgado había nacido el 26 de febrero de 1955”.

El conocimiento del proceso correspondió en primera instancia al Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín que dictó la correspondiente sentencia el día 25 de mayo de 1993 absolviendo totalmente a la demandada, decisión que fue confirmada por el Tribunal en la providencia que es materia del presente estudio.

La apoderada de la demandante interpuso el recurso de casación que fue concedido por el Tribunal y admitido por la Corte que en consecuencia procede a estudiar la demanda extraordinaria. No se presentó escrito de réplica.

Como alcance de la impugnación se señaló el siguiente:

“Invoco la causal primera de casación laboral establecida por el artículo 87 del Código Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 60 del Decreto 528 de 1964 y otras disposiciones posteriores, como la Ley 16 de 1969 y el Decreto 2651 de 1991 artículo 51, para formular el siguiente.

Cargo único

La sentencia acusada viola indirectamente y por concepto de aplicación indebida los artículos 11, 12 literal b, inciso 5º de la Ley 6ª de 1945; Decreto Reglamentario 2127 de 1945 artículo 26 ordinal 2º; Decreto 3135/68 artículo 22; Decreto Reglamentario 1848 de 1968 artículo 19; Ley 9ª de 1979 artículo 84 y 123. Resolución 2400 de 1979 artículo 2º, literal b., g. y 176 proferida por el Ministerio de Trabajo; Código Civil artículos 63, 1604, 1613 y 1614.

La violación de la ley se produjo a consecuencia de los siguientes errores de hecho que afloran de manifiesto en los autos:

1. Dar por demostrado sin estarlo que al trabajador se le dieron las herramientas adecuadas para el cumplimiento de su labor.

2. Dar por demostrado sin estarlo que la entidad demandada posee el programa de Salud Ocupacional y que ha impartido instrucción educativa en accidentes de trabajo.

3. No dar por demostrado estándolo, que el patrono incumplió sus deberes de proporcionar seguridad suficiente al trabajador, pues no le suministró los implementos adecuados para evitar el accidente de trabajo.

4. Dar por demostrado sin estarlo que la entidad demandada acreditó el cumplimiento de las obligaciones de seguridad que le impone la Resolución 2400 de 1979, emanada del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, Decreto Reglamentario 2127 de 1945 y Ley 9ª de 1977.

5. No dar por demostrado estándolo que el patrono incurrió en culpa al no suministrar los instrumentos adecuados de seguridad y protección.

Los anteriores errores fácticos se debieron a la falta de apreciación de la siguiente prueba:

Informe de accidente de trabajo del Grupo de Seguridad y Salud Ocupacional, Departamento de Relaciones Laborales del departamento de Antioquia.

Y la apreciación errónea de la siguiente prueba:

El programa de Salud Ocupacional del Departamento de Antioquia.

Demostración del cargo

La sentencia enjuiciada dice que:

‘... Al trabajador se le dieron las herramientas de trabajo necesarias para el cumplimiento de su labor, elementos que se encontraban al momento de operarios (sic) en buen estado, así se desprende del cúmulo probatorio allegado al proceso.

‘(...) también posee la entidad demandada su programa de salud ocupacional y en cumplimiento del mismo ha impartido instrucciones a sus asalariados, tendientes a educarlos en prevención a accidentes de trabajo. Tampoco debemos olvidar que el Señor Salgado era versado en su oficio.

‘Así las cosas puede afirmarse que el perjuicio sufrido por el Señor Salgado Barrios no tuvo su origen en un proceder de la empleadora, bien conscientemente o bien por imprudencia’.

Ahora bien la prueba calificada que se dejó de estimar por el ad quem denota en forma lógica y razonada que el accidente de trabajo es debido a culpa del patrono que incurrió en la omisión de no suministrar al trabajador los elementos ‘adecuados’ de protección contra accidentes, de modo que realice su trabajo en condiciones que garanticen la salud que como obligación especial a cargo del patrono establece el art. 26-2 del Decreto Reglamentario 2127 de 1945.

El documento auténtico anexado por el demandado denominado ‘Informe de Accidentes de Trabajo’, no apreciado por el Tribunal, es un documento elaborado por el mismo Departamento de Antioquia y recoge las condiciones en que sucedió el accidente de trabajo, dice así en su parte pertinente:

En letra preimpresa: ‘Qué medidas deben tomarse para evitar accidentes similares?’ Y a mano: ‘Mandar a fabricar trípodes para cuñar carro que se levante con gatos’.

Y el renglón inmediatamente anterior también preimpreso: ‘Cómo ocurrió el accidente?’. Y a mano: ‘Se estaba montando resorte delantero de volqueta OL 1017 y cuando se levantaba el carro con el gato, éste resbaló y se cayó el carro aprisionando la pierna (izquierda) derecha fracturándola en dos partes’.

Más adelante: También preimpreso: ‘Causas del Accidente’. Y a continuación a mano: ‘Se resbaló el gato’.

Si el mismo Departamento manifiesta en ese documento que ella misma elaboró que las causas del accidente fue que se resbaló el gato, y que debe mandar elaborar trípodes para cuñar el carro que se levanta con gato nos está demostrando con lógica que el trabajador accidentado las tenía, que si hubiera tenido esos implementos necesarios y adecuados el accidente no se hubiera producido. Es decir el trabajador no tenía los implementos de trabajo adecuados para evitar accidentes de trabajo y por tanto hay culpa patronal.

Si el ente demandado no tenía los elementos adecuados para dar seguridad y protección al trabajador, mal puede concluirse como lo hizo el Tribunal que sí le dio los elementos necesarios.

La Resolución Ministerial 2400 de 1979, exige a los patronos ‘equipos adecuados’ (art. 176) nos dice que los elementos de trabajo deben ser eficientes y seguros tal como lo dice la Ley 9ª de 1979, en cuanto reclama en su artículo 84 ‘sistemas de seguridad eficientes’ y equipos de protección ajustados a normas oficiales y a las regulaciones técnicas (art. 123).

De tal manera entonces que si el Honorable Tribunal hubiera tenido en cuenta el documento que se dejó examinado, hubiera deducido que la empresa demandada había incurrido en culpa por no suministrar al trabajador fallecido los elementos adecuados de protección y seguridad. Pues los elementos que debe suministrar el patrono no son los ‘necesarios’ como lo dice la sentencia, sino ‘los adecuados’ para que se garantice la seguridad del operario. Y si el Departamento, dice que es por ella no los tenía porque debe mandarlos a elaborar, no pudo habérselos suministrado al trabajador.

Al concluir la sentencia que la entidad demandada tenía su programa de salud ocupacional apreció erróneamente la documentación que contiene el programa de salud ocupacional, anexado al expediente, sin autenticar, pues no miró que la fecha es posterior a la del accidente de trabajo y por tanto no estaba vigente en ese momento.

Que la entidad demandada impartió instrucciones a sus asalariados tendientes a educarlos en prevención de accidentes, a más de ser una conclusión sin sustento probatorio, ello no exonera de responsabilidad al patrono, cuando incurre en culpa así sea leve.

Demostrado los errores de hecho aducidos, debe la Honorable Corte examinar los testimonios de Leopoldo Morales (folios 54) y de Teobaldo Arcángel Alzate García (folios 58) que fueron mal estimados por el ad quem porque de ellos no se deduce que al trabajador le hubieran dado las herramientas de trabajo necesarias ni adecuadas para el cumplimiento de su labor ni que el Departamento impartiera instrucciones sobre seguridad o para evitar accidentes. Aunque sin mencionar los testimonios la sentencia dice: ‘Así se desprende del cúmulo probatorio allegado al proceso’. Tácitamente se está refiriendo a los testigos, tal vez esos testimonios denoten que le dio elementos necesarios pero no los adecuados. Veamos:

Leopoldo Morales Zarza, (folios 53) declaró: ‘Preg. informe si para desvarar esas volquetas y evitar que estas se rueden o volteen es indispensable que le suministren al trabajador cuñas de madera o en su concepto qué otro implemento? Cont.: Uno utiliza las cuñas de madera cuando va a levantar el carro lo cuña con bloque de olleto o barco que es madera fina que se consigue por allá en la zona, esto no le es suministrado por el Departamento sino que uno mismo lo consigue’ (ver folio 54).

Teobaldo Arcángel Alzate García, (folios 56) Sírvase informar al despacho si existe un empleado que suministre las cuñas de madera para las volquetas. Cont.: esas cuñas de madera las consiguen entre el mismo personal de conducción, no hay quien suministra eso, ellos viendo la necesidad van a las carreteras y las consiguen o las hacen cortar allá mismo. Preg.: es decir, el departamento según su respuesta anterior, no compra cuñas de madera para desvarar vehículos, sino que el empleado se las encuentra en carretera? Cont.: sí. Preg.: sabe usted, si le consta y ha visto, que el Departamento mediante un funcionario encargado reúna a los trabajadores conductores y ayudantes y les dé instrucciones para evitar esos accidentes de trabajo. Con.: no me consta ni he visto. Preg.: Sabe usted si en el Departamento existe comité de Higiene y Seguridad Industrial? Cont.: Creo que tienen una comisión de Seguridad Industrial, pero no sé cómo opera (ver folio 58).

De la prueba testimonial tampoco surge imprudencia del trabajador y si la hubiere ella sería imprudencia profesional que como lo tiene enseñado la honorable Corte ella no exonera de responsabilidad al patrono, conforme se aprecia en sentencia de casación de febrero 9 de 1984 publicada en la Revista Jurisprudencia y Doctrina de marzo de 1984, pág. 78.

Con base en las consideraciones anteriores solicito a la Honorable Corte Suprema de Justicia, Case Totalmente la sentencia atacada dentro de los términos establecidos en el aparte ‘Alcance de la Impugnación’, con la observación siguiente: Los perjuicios materiales pueden ser deducidos por la honorable Corte sin necesidad de perito, pues en el proceso considero se encuentran los elementos de juicio necesarios para su determinación y el sistema está suficientemente divulgado como para considerarse de conocimiento de la Honorable Corte”.

Se considera

No ha sido materia de cuestionamiento en las instancias ni en la etapa de casación la ocurrencia del accidente de trabajo sufrido por el extinto trabajador cuyos beneficiarios actúan como demandantes. La problemática estriba exclusivamente en el fenómeno de la culpa comprobada negada por el empleador y sostenida por la actora; situación de la que ha de ocuparse la Corte.

“El artículo 12, literal b, inciso quinto de la Ley 6ª de 1945, establece: ‘en caso de enfermedad profesional, y de accidente de trabajo por culpa comprobada del patrono, el valor de la indemnización se descontará del monto de la condenación ordinaria de perjuicios’.

Se ha de resaltar que la adecuada aplicación de la seguridad industrial previene los accidentes de trabajo. La prevención en esta materia ha de ser el objetivo del empleador más que la reparación del daño causado.

En lo atinente a la prevención de los accidentes de trabajo, la Organización Internacional del Trabajo se ha ocupado del tema y es así como en la Recomendación 31 de 1929 recordada en sentencia de la Corte cuando dijo: ‘En la reunión de Ginebra, celebrada entre el 30 de mayo y el 21 de junio de 1929, se produjo la recomendación 31 sobre la prevención de los accidentes de trabajo, en donde se consideró ‘que los accidentes de trabajo no solamente constituyen una fuente de privaciones y sufrimientos para los trabajadores y sus familias, sino que también representan una pérdida económica importante para la comunidad en general’. La conferencia, igualmente recomendó un ‘control sistemático de los establecimientos, de las máquinas y de las instalaciones, a fin de garantizar la seguridad y, en particular, comprobar si todos los aparatos de protección y demás dispositivos de seguridad se encuentran en posición adecuada y en buen estado (...) La ley debería obligar al empleador a equipar y dirigir la empresa de suerte que los trabajadores estén suficientemente protegidos, habida cuenta de la naturaleza de la empresa y del estado de desarrollo técnico. También debería obligarse al empleador a que instruya a sus trabajadores sobre los peligros del trabajo, si los hubiere, y a que les informe de las reglas que deben observar para evitar los accidentes’.

Igualmente la legislación colombiana, sobre el particular ha promulgado la Ley 9ª de 1979 y la Resolución 2400 del mismo año, emanada del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Cabe observar, que corresponde a los patronos la obligación de llevar a la práctica las medidas de prevención y seguridad insertas en el ordenamiento jurídico, pero no solo se halla obligado el empleador a la simple provisión de las medidas de seguridad, sino que le compete vigilar que esos medios protectores sean utilizados correctamente por los trabajadores, ya que aquellos (patronos) les compete velar por la integridad física de los trabajadores que tienen a su servicio” (CSJ, Radicación 3,985).

Con fundamento en lo precedente, la Corporación entra a examinar si en el caso en debate, el empleador incurrió en culpa al no dotar de los elementos adecuados de seguridad y protección al trabajador, considerando que cuando se reclama la indemnización prevista en el artículo 12, literal b, inciso quinto de la Ley 6ª de 1945, debe demostrarse la culpa patronal, la cual se establece cuando los hechos muestran que faltó la diligencia y cuidado necesarios para evitar el infortunio en que el trabajador resultaría afectado.

El informe del accidente de trabajo del Grupo de Seguridad y Salud Ocupacional de la Dirección de Relaciones Laborales del Departamento de Antioquia es del siguiente tenor: “Se estaba montando resorte delantero de volqueta OL 1017 y cuando se levantaba el carro con el gato, este resbaló y se cayó aprisionando el carro la pierna derecha, fracturándola en dos partes”. También informa que esta clase de accidentes pueden evitarse con trípodes para “cuñar carros que se levanten con gato” (Folio 125).

Examinada la decisión del Tribunal aparece que ciertamente este documento no fue valorado, siendo trascendente en el asunto debatido, porque de haberlo apreciado el Tribunal habría concluido en que, efectivamente, al momento del trágico suceso el trabajador no estaba utilizando el trípode que impidiera el descenso del automotor en caso de fallar el sistema hidráulico y de cuñas o bloques de madera utilizado en la operación para reparar una rueda o un resorte como ocurrió en el presente caso.

Es pertinente observar, que aún dando por sentado como lo dio el Tribunal que el extrabajador tuvo culpa en la ocurrencia del referido accidente, éste no hubiese ocurrido si la entidad empleadora hubiese suministrado a su operario el trípode o el conjunto de elementos adecuados para evitar que el automotor se cayera por fallas hidráulicas mientras era reparado, es decir, que de haberse suministrado al trabajador los elementos pertinentes de prevención seguramente el accidente no hubiera sucedido, siendo innecesario así el examen de la acción del trabajador de la que el tribunal refiere en su decisión deducida del examen parcial del testimonio de Leopoldo Morales que será objeto de análisis en esta providencia.

El Tribunal se ocupó de la circunstancia de que la demandada tenía su programa de salud ocupacional lo cual resulta irrelevante en los casos y momentos en que se requiere la adecuada y debida seguridad para evitar el accidente de trabajo. De esta suerte resulta manifiesto el error de hecho en la apreciación de este documento, pues del mismo no se desprende que el trabajador accidentado tuviese a disposición el necesario trípode que evitara el accidente en la forma acreditada.

Entonces, demostrados los errores con la prueba calificada en que incurrió el Tribunal, para abundar es pertinente el examen de los testimonios señalados por la recurrente como mal estimados.

El testigo Morales Zarza, trabajador al servicio del Departamento de Antioquia por aproximadamente 15 años que se encontraba trabajando en compañía del trabajador fallecido, manifestó que para componer los vehículos utilizaban bloques de madera fina que se consigue en la zona de trabajo, pero que tales elementos no los suministra el Departamento, sino que ellos deben conseguirlos. Cuando se le interrogó si sabía de la existencia del comité de higiene y seguridad industrial. Respondió; “no lo sé” (folios 54 y 55).

El testigo Alzate García al ser interrogado sobre el mismo asunto dijo “... Preg.: sírvase informar al despacho si existe un empleado que suministre las cuñas de madera para las volquetas? Cont. esas cuñas de madera las consiguen entre el mismo personal de conducción, no hay quien suministre eso (...) Preg.: sabe usted, si le consta y ha visto, que el Departamento mediante un funcionario encargado, reúna a los trabajadores conductores y ayudantes y les dé instrucciones para evitar esos accidentes de trabajo? Cont.: no me consta ni he visto. Preg.: sabe usted si en el Departamento existe comité de higiene y seguridad industrial? Cont.: creo que tiene una comisión de seguridad industrial, pero no sé cómo opera” (folios 54 a 58).

La claridad y precisión de los testigos sobre la inactividad del Departamento de Antioquia respecto a la obligación de dotar de los elementos necesarios para la seguridad de sus trabajadores y la falta de instrucción para evitar los accidentes, ponen de manifiesto la existencia de la culpa alegada por la recurrente, por consiguiente la sentencia impugnada se casará parcialmente, como quiera que su soporte fáctico (prueba testimonial) no acredita que la demandada hubiese dotado al trabajador de los elementos propios para evitar situaciones y accidentes como el que originó finalmente la muerte del trabajador, cuyos sustitutos procesales demandan en este proceso.

Casada la sentencia, procede dictar la de instancia. Mas como observa la Sala que para ello se requiere la práctica de una peritación a fin de establecer, en concreto, la cuantía de los perjuicios materiales sufridos por los demandantes para lo cual se requiere de conocimientos especiales en materia actuarial, se designa a Yolanda Neira Mendoza, quien figura en la lista de calculistas actuarios, residenciada en la Diagonal 22C Nº 27-50, Manzana K Interior 2, Apto 504, Teléfonos 2698978 y 2354807, en Santafé de Bogotá, D.C., por Secretaría notifíquesele, para que en el término de quince días a partir de su posesión, rinda el dictamen correspondiente.

Una vez en firme el dictamen, se dictará la sentencia de instancia.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley Casa Parcialmente la sentencia en cuanto absolvió al Departamento de Antioquia por la pretensión de los actores a ser indemnizados plenamente en los perjuicios materiales y morales sufridos con ocasión del fallecimiento de su compañero permanente y padre de los demandantes. No la casa en lo demás.

Sin costas en el recurso de casación.

Cópiese y notifíquese.

Magistrados: Ramón Zúñiga Valverde—Francisco Escobar Henríquez—Jorge Iván Palacio Palacio.

Laura Margarita Manotas González, Secretaria.