Sentencia 674-02 de septiembre 21 de 2006 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

Ref.: radicación 11001 03 25 000 2002 0076 01 (0674-02)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Moreno García

Decretos del Gobierno

Actor: Pablo J. Cáceres Corrales

Bogotá, D.C., veintiuno de septiembre de dos mil seis.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Las normas que la parte actora cita como transgredidas son del siguiente tenor literal:

“DECRETO 2912 DE 2001 EXPEDIENTE 0674- 02

Del campo de aplicación de este decreto

ART. 1º—Campo de aplicación del presente decreto. Las disposiciones de este decreto se aplican en las universidades estatales u oficiales del orden nacional, departamental, municipal o distrital, a quienes se vinculen por concurso como empleados públicos docentes, o reingresen a la carrera docente, a partir de la vigencia de este decreto.

Igualmente, están cobijados por el presente decreto los docentes que antes de la vigencia del mismo estén adscritos al régimen establecido en el Decreto 1444 de 1992.

También, los empleados públicos docentes vinculados, antes de la vigencia de este decreto, a un régimen diferente al 1444 de 1992 y que opten por este decreto.

Y para algunas disposiciones específicas, quedan amparados, además, los docentes vinculados, antes de la vigencia de este decreto, a un régimen diferente al del Decreto 1444 de 1992, y que no opten por este decreto.

PAR I.—Los empleados públicos docentes de las universidades definidas en el presente artículo, vinculados a un régimen diferente al 1444 de 1992, tienen como plazo máximo cinco (5) meses, contados a partir de la vigencia de este decreto, para optar por el presente régimen. Deben manifestar su decisión mediante comunicación escrita e irrevocable dirigida al rector, antes del vencimiento indicado por la fecha anterior.

PAR. II.—Los empleados públicos docentes vinculados a un régimen diferente al del Decreto 1444 de 1992, que no se acojan al nuevo sistema, continúan rigiéndose por el régimen salarial y prestacional que, de acuerdo con las disposiciones legales, efectivamente se les reconoció y pagó hasta el 31 de diciembre de 1997, salvo en las modificaciones específicas que en materia salarial se establecen en el presente decreto. No obstante, los derechos salariales y prestacionales adquiridos legalmente se mantienen, pero la estructura de tales regímenes salariales y prestacionales solo puede ser modificada por el Gobierno Nacional de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 4ª de 1992.

CAPÍTULO II

De la asignación de puntos para la remuneración inicial de los docentes que ingresan por primera vez o reingresan a la carrera docente, o para los que proceden de otro régimen.

ART. 2º—Campo de aplicación de este capítulo. Las disposiciones de este capítulo se aplican a quienes se vinculen a la universidad respectiva a partir de la vigencia del presente decreto; a quienes reingresen a la carrera docente; y a los docentes que voluntariamente opten por el mismo y procedan de un régimen distinto al Decreto 1444 de 1992.

La aplicación de este capítulo se refiere exclusivamente a la determinación del salario inicial de los docentes.

Una vez definida la remuneración inicial para los docentes de los casos anteriores, se aplican las disposiciones de los capítulos siguientes.

ART. 3º—Factores para la asignación de puntos salariales de la remuneración inicial. La remuneración mensual inicial en tiempo completo de los empleados públicos docentes se establece multiplicando la suma de los puntos, que a cada cual corresponden, por el valor del punto.

Los puntajes se establecen de acuerdo con la valoración de los siguientes factores:

a) Los títulos correspondientes a estudios universitarios.

b) La categoría dentro del escalafón docente.

c) La experiencia calificada.

d) La productividad académica.

PAR.—La asignación de puntos para los empleados públicos docentes de una dedicación diferente a tiempo completo es la misma que para esta. Al determinar la remuneración para los docentes de otra dedicación distinta a la de tiempo completo, se procede de manera proporcional.

(...).

ART. 7º—La productividad académica.

I. Definición de puntajes y topes según la modalidad productiva.

A los docentes que ingresen o reingresen a la carrera docente, se les liquida el puntaje salarial de productividad académica de acuerdo con las distintas modalidades académicas, sus criterios, y sus diversos topes. No obstante, la asignación de puntos es global y está determinada por el cumplimiento de las disposiciones previstas en el numeral IV de este artículo. Se tiene en cuenta la producción académica, sin el requisito de crédito o mención a la universidad respectiva:

a) Reconocimientos en revistas especializadas.

A. Artículos.

Para los reconocimientos de los artículos tradicionales (“full paper”), completos y autónomos en su temática, se adoptan las siguientes reglas para la liquidación de los puntajes:

1. Revistas especializadas indexadas internacionalmente.

Para las revistas indexadas internacionalmente de acuerdo con los criterios presentados en el capítulo V de este decreto los puntajes se establecen de la siguiente manera:

1.1. Por trabajos, ensayos y artículos de carácter científico, técnico, artístico, humanístico o pedagógico publicados en revistas del Current Contents, o revistas indexadas internacionalmente del tipo A, quince (15) puntos por cada trabajo o producción.

1.2. Por trabajos, ensayos y artículos de carácter científico, técnico, artístico, humanístico o pedagógico publicados en revistas indexadas internacionalmente del tipo B, doce (12) puntos por cada trabajo o producción.

1.3. Por trabajos, ensayos y artículos de carácter científico, técnico, artístico, humanístico o pedagógico publicados en revistas indexadas internacionalmente del tipo C, ocho (8) puntos por cada trabajo o producción.

2. Revistas especializadas de circulación internacional, indexadas u homologadas por Colciencias.

Para las revistas internacionales o nacionales de circulación internacional indexadas u homologadas por Colciencias, de acuerdo con los criterios presentados en el capítulo V de este decreto, los puntajes se liquidan de la siguiente manera:

2.1. Por trabajos, ensayos y artículos de carácter científico, técnico, artístico, humanístico o pedagógico publicados en revistas internacionales o de circulación internacional indexadas u homologadas por Colciencias en el tipo A, ocho (8) puntos por cada trabajo o producción.

2.2. Por trabajos, ensayos y artículos de carácter científico, técnico, artístico, humanístico o pedagógico publicados en revistas internacionales o de circulación internacional indexadas u homologadas por Colciencias en el tipo B, cinco (5) puntos por cada trabajo o producción.

3. Revistas nacionales de circulación nacional o regional indexadas u homologadas por Colciencias.

Para las revistas especializadas nacionales, de cualquier país, de circulación nacional o regional indexadas u homologadas por Colciencias, de acuerdo con los criterios presentados en el capítulo V de este decreto, los puntajes se establecen de la siguiente manera:

3.1. Por trabajos, ensayos y artículos de carácter científico, técnico, artístico, humanístico o pedagógico publicados en revistas nacionales de circulación nacional o regional indexadas u homologadas por Colciencias en el tipo A, cinco (5) puntos por cada trabajo o producción.

3.2. Por trabajos, ensayos y artículos de carácter científico, técnico, artístico, humanístico o pedagógico publicados en revistas nacionales de circulación nacional o regional indexadas u homologadas por Colciencias en el tipo B, tres (3) puntos por cada trabajo o producción.

B. Otras modalidades de publicaciones en revistas especializadas.

Para la denominada “comunicación corta” (“short communication”, “artículo corto”), según los parámetros del Current Contents, publicada en revistas especializadas indexadas u homologadas, se liquida el 70% del puntaje que le corresponde según su nivel y clasificación.

Para los reportes de caso o revisiones de tema o cartas al editor o editoriales, publicados en revistas especializadas indexadas u homologadas, se liquida el 40% del puntaje según su nivel y clasificación.

C. Restricciones a la asignación de puntajes antes de la homologación o indexación de Colciencias.

Mientras Colciencias homologa o indexa las revistas que le corresponden, a los docentes que ingresan o reingresan se les asigna el puntaje más bajo de acuerdo con el nivel y clasificación de la revista, pero siempre y cuando cumpla los criterios previstos en el capítulo V. Si la revista es, posteriormente, homologada o indexada en una categoría o nivel de puntaje superior, al docente se le reajustan los puntos, a partir de la fecha de la clasificación de Colciencias.

Las revistas que reciben estos reconocimientos deben ser remitidas a Colciencias para su clasificación respectiva.

Este literal C tiene una vigencia transitoria de un año, contado a partir de la expedición de este decreto.

b. Producción de videos, cinematográficas o fonográficas.

Con base en los criterios definidos en el capítulo V, se determinan los puntajes de la siguiente manera:

b.1. Por trabajos de carácter científico, técnico, artístico, humanístico o pedagógico producidos en el exterior mediante videos, cinematográficas o fonográficas de difusión internacional, hasta doce (12) puntos por cada trabajo o producción.

b.2. Por trabajos de carácter científico, técnico, artístico, humanístico o pedagógico, producidos mediante videos, cinematográficas o fonográficas nacionales de difusión internacional, hasta siete (7) puntos por cada trabajo o producción.

b.3. Por trabajos de carácter científico, técnico, artístico, humanístico o pedagógico, producidos mediante videos, cinematográficas o fonográficas de difusión nacional o regional, hasta cuatro (4) puntos por cada trabajo o producción.

Los puntajes anteriores se refieren a la producción con fines didácticos, y según el nivel e intensidad en el cumplimiento de estos fines se asignan los puntos; se tienen en cuenta, además, los criterios del capítulo V. Los videos, cinematográficas o fonográficas realizadas con carácter documental tienen como tope, en cada caso, hasta el ochenta por ciento (80%) de lo señalado anteriormente.

Se fija en cuatro (4) el máximo número de productos completos que se pueden reconocer anualmente, para las diversas modalidades productivas del presente literal.

c. Ponencias en eventos especializados.

Por ponencias cuyo texto se publica en las memorias de un evento especializado:

c.1. Internacional: hasta siete (7) puntos por cada una.

c.2. Nacional: hasta cuatro (4) puntos por cada una.

c.3. Evento regional: hasta dos (2) puntos por cada una.

En todas las modalidades combinadas, no se pueden reconocer más de tres (3) eventos por año calendario.

d. Libros que resulten de una labor de investigación.

Por libros que resulten de una labor de investigación, que cumplan las condiciones exigidas en el capítulo V, hasta veinte (20) puntos por cada uno.

e. Libros de texto.

Por libros de texto que cumplan las condiciones exigidas, hasta doce (12) puntos por cada uno.

f. Libros de ensayo.

Por libros de ensayo que cumplan las condiciones exigidas, hasta doce (12) puntos por cada uno.

g. Publicaciones impresas universitarias.

Por publicaciones impresas universitarias, hasta cinco (5) puntos por cada una.

El tope máximo acumulado que se puede reconocer es de cuarenta (40) puntos, sin exceder los topes generales previstos para cada categoría.

h. Premios nacionales e internacionales.

Por premios nacionales e internacionales, hasta quince (15) puntos por cada uno.

Si el premio tiene diversas categorías o niveles, se gradúan los topes con base en las jerarquías del premio.

i. Patentes.

Por patentes, hasta veinticinco (25) puntos por cada una.

j. Estudios postdoctorales.

Por estudios posdoctorales, hasta diez (10) puntos por cada uno.

k. Reseñas críticas.

Por reseñas críticas, hasta dos (2) puntos por cada una.

l. Traducciones.

Por traducciones publicadas de artículos, hasta tres (3) puntos por cada una. Por traducciones publicadas de libros, hasta cinco (5) puntos por cada uno.

m. Obras artísticas.

1. Obras de creación original artística.

Se establecen tres topes máximos así:

1.1. El primero, hasta dieciséis (16) puntos por cada obra y corresponde a una obra que tenga impacto o trascendencia internacional.

1.2. El segundo, hasta doce (12) puntos por cada obra y corresponde a una obra de impacto o trascendencia nacional.

1.3. El tercero, hasta seis (6) puntos por cada obra y corresponde a una obra de impacto o trascendencia regional o local.

Con base en esta clasificación, las universidades liquidan los puntos teniendo en cuenta la naturaleza, complejidad y calidad de la obra.

La producción, divulgación o difusión de la obra en otro país no le da carácter internacional, sino su impacto mundial o la importancia internacional del evento en que se inscribe. Similares consideraciones se hacen para el reconocimiento de la proyección nacional de una obra.

2. Obras de creación complementaria o de apoyo.

Se establecen tres topes máximos así:

2.1. El primero, hasta catorce (14) puntos por cada obra y corresponde a una obra que tenga impacto o trascendencia internacional.

2.2. El segundo, hasta ocho (8) puntos por cada obra y corresponde a una obra de impacto o trascendencia nacional.

2.3. El tercero, hasta cuatro (4) puntos por cada obra y corresponde a una obra de impacto o trascendencia regional o local.

Con base en esta clasificación, las universidades determinan los puntos teniendo en cuenta la naturaleza, complejidad y calidad de la obra.

La producción, divulgación o difusión de la obra en otro país no le da carácter internacional, sino su impacto mundial o la importancia internacional del evento en que se inscribe. Similares consideraciones se hacen para el reconocimiento de la proyección nacional de una obra.

3. Interpretación.

Se establecen tres topes máximos así:

3.1. El primero, hasta catorce (14) puntos por cada presentación que tenga impacto o trascendencia internacional.

3.2. El segundo, hasta ocho (8) puntos por cada presentación que tenga impacto o trascendencia nacional.

3.3. El tercero, hasta cuatro (4) puntos por cada presentación que tenga impacto o trascendencia regional o local.

Con base en esta clasificación, las universidades liquidan los puntos teniendo en cuenta la naturaleza, complejidad y calidad de la interpretación.

La interpretación, divulgación o difusión de la obra en otro país no le da carácter internacional, sino su impacto mundial o la importancia internacional del evento en que se inscribe. Similares consideraciones se hacen para el reconocimiento de la proyección nacional de una obra.

No se reconocen puntajes por participaciones colectivas. Únicamente, para aquellos cuyo papel o interpretación queda claramente diferenciado; tales como, directores, solistas, conjuntos de cámara, papeles protagónicos, y tiene relevancia en la obra o en el evento.

Solo hay un reconocimiento de puntajes por interpretación, una vez por cada obra. Las diversas representaciones de la misma obra, incluso en años diferentes, no generan reconocimientos adicionales.

4. Topes anuales.

En todas las modalidades combinadas de obras artísticas, solo se pueden reconocer salarialmente hasta cuatro (4) obras diferentes presentadas, expuestas, publicadas o divulgadas en el mismo año calendario.

n. Producción técnica.

Por el diseño de sistemas o procesos que constituyen una innovación tecnológica y que tienen impacto y aplicación, hasta quince (15) puntos. Por el diseño de sistemas o procesos que constituyen una adaptación tecnológica y que tienen impacto y aplicación, hasta ocho (8) puntos.

o. Producción de software.

Hasta quince (15) puntos.

p. Dirección individual de tesis.

Por cada dirección individual de tesis aprobada de magister o maestría, tres (3) puntos.

Por cada dirección individual de tesis de Ph.D o doctorado equivalente, sustentada y aprobada seis (6) puntos.

El máximo número acumulado de puntos en la carrera del docente que se puede reconocer por tesis de maestría es de dieciocho (18) puntos.

El máximo número acumulado de puntos en la carrera del docente que se puede reconocer por tesis de doctorado es de treinta y seis (36) puntos.

II. Restricción de puntajes para la misma obra o actividad productiva considerada.

No puede asignarse puntos a un mismo trabajo, obra o actividad productiva por más de un concepto de los comprendidos en el numeral I (Definición de puntajes y topes según la modalidad productiva) de este artículo.

Cuando una actividad productiva ya reconocida, pueda clasificarse posteriormente en la misma u otra modalidad de mayor puntaje, se puede hacer una adición de puntos que conserve en total el tope de la nueva clasificación.

III. Restricción de puntajes según el número de autores

Cuando una publicación o una obra o una actividad productiva tenga más de un autor se procede de la siguiente forma, en cada universidad:

a) Hasta tres (3) autores de una misma universidad o institución, se otorga a cada uno el puntaje total liquidado a la publicación, obra o actividad productiva.

b) Si son más de tres (3) autores de una misma universidad o institución, se otorga a cada uno la mitad del puntaje determinado para la publicación, obra o actividad productiva.

c) Cuando se trate de libros en los cuales la contribución de los autores se pueda separar según los capítulos o las partes de la obra, estos se pueden tratar como artículos, siguiendo los parámetros trazados para esta modalidad en este decreto. El puntaje total asignado, en estos casos, a cada docente, no puede exceder el tope máximo que le corresponde al libro, según su modalidad.

IV. Condiciones para la aceptación global del puntaje salarial por productividad académica. Topes máximos según la categoría.

Hecha la liquidación discriminada de los puntajes, de acuerdo con las directrices trazadas para las diversas modalidades productivas y sus topes (numeral I de este artículo), para la aceptación del puntaje total obtenido, se procede así:

a) Para la categoría de instructor o profesor auxiliar, o instructor asistente, la universidad reglamenta la evaluación integral para aceptar el puntaje global. El máximo puntaje salarial por productividad académica es de setenta (70) puntos.

b) Para la categoría de profesor asistente, el máximo puntaje salarial por productividad académica es de ciento cuarenta (140) puntos. El docente debe someter y obtener la aprobación por pares internos o externos, designados por la universidad, de lo que el propio profesor considera que es su mejor trabajo o producción. Si el trabajo presentado no es aprobado no se reconocen puntos para esta categoría.

c) Para la categoría de profesor asociado, el máximo puntaje por productividad académica es de doscientos ochenta (280) puntos. Para el reconocimiento del puntaje global obtenido por productividad académica, el profesor debe someter y obtener la aprobación de pares externos de un (1) trabajo que constituya un aporte significativo a la docencia, a las ciencias, a las artes o a las humanidades, y que el profesor considere como su mejor trabajo o producción. Si el trabajo presentado no es aprobado no se reconoce ningún puntaje para esta categoría.

d) Para la categoría de profesor titular, el máximo puntaje por productividad académica es de cuatrocientos ochenta (480) puntos. Para el reconocimiento del puntaje global obtenido por productividad académica, el profesor debe someter y obtener la aprobación de pares externos de dos (2) trabajos diferentes, que constituyan un aporte significativo a la docencia, a las ciencias, a las artes o a las humanidades, y que el profesor considere como sus mejores trabajos o producciones. Si los dos trabajos presentados no son aprobados no se reconoce ningún puntaje para esta categoría.

e) En las categorías de profesor asociado y titular, para garantizar que los trabajos elaborados y presentados constituyan un aporte significativo en el campo específico, Colciencias reglamenta y define, por áreas del conocimiento, las condiciones específicas mínimas o las características que deben cumplir o tener los trabajos citados, y conforma listas de evaluadores del sector público o privado, también por áreas del conocimiento, dentro de las cuales las universidades deben seleccionar los homólogos externos que evalúan a sus docentes, para las dos categorías consideradas. Cuando el trabajo propuesto por el profesor ya ha sido evaluado por pares, dentro de las directrices de Colciencias, se puede dar por cumplido ese requisito.

f) Para la categoría de instructor asociado de la Universidad Nacional de Colombia, el máximo puntaje salarial por productividad académica es de cien (100) puntos. El docente debe someter y obtener la aprobación por pares internos o externos, designados por la universidad, de lo que el propio profesor considere que es su mejor trabajo o producción. Si el trabajo presentado no es aprobado no se reconocen puntos para esta categoría.

V. Asignación de puntajes por productividad académica para los docentes vinculados a la respectiva universidad, que estaban amparados por un régimen distinto al del Decreto 1444 de 1992.

Para los docentes vinculados a un régimen salarial y prestacional diferente al Decreto 1444 de 1992, que opten por este régimen, se les hacen los reconocimientos de productividad con base en todo lo dispuesto en este artículo y con los topes previstos en el anterior numeral, pero sin la necesidad del nombramiento de los pares internos o externos, y de las condiciones adicionales, que contempla el mencionado numeral IV de este artículo.

Tampoco se les impone la restricción del literal C, del numeral I de este artículo (restricciones a la asignación de puntajes antes de la homologación o indexación de Colciencias). Para el reconocimiento de puntajes por artículos en revistas, anteriores a la vigencia de este decreto, no necesitan la homologación o indexación de Colciencias, pero sí deben cumplir los criterios que para esta modalidad productiva trae el decreto.

VI. Restricciones en la asignación de puntos para docentes que ingresan o reingresan a una universidad y hayan estado cubiertos por este nuevo régimen.

A los docentes que ingresen o reingresen a la universidad respectiva, después de haber estado cubiertos por este decreto en cualquier institución, no se les reconoce, para la determinación inicial de su salario, la productividad académica obtenida en aquellos períodos e instituciones cubiertos por este decreto, por haber disfrutado del régimen de bonificaciones, definido el capítulo IV de este decreto.

Sin embargo, se les pueden reconocer, para la determinación inicial del salario, los puntos obtenidos por el docente por concepto de la evaluación periódica de méritos, definida en este decreto.

(...).

CAPÍTULO III

De las modificaciones de los puntos salariales para los docentes amparados por este régimen.

ART. 9º—Los factores que inciden en las modificaciones de los puntos salariales. Para los docentes vinculados al presente decreto (art. 1º, capítulo I), las modificaciones de los puntos salariales se hacen con base únicamente en los siguientes factores:

a) Los títulos correspondientes a estudios universitarios de pregrado o posgrado.

b) La categoría dentro del escalafón docente.

c) La evaluación periódica de méritos.

PAR. I.—El valor salarial del punto, determinado por el Gobierno Nacional para los docentes de tiempo completo, es el mismo, tanto, para la definición inicial de los salarios, de acuerdo con lo previsto en el capítulo anterior, como para las modificaciones posteriores, contempladas en este capítulo.

PAR. II.—La asignación de puntos para las modificaciones salariales de los empleados públicos docentes es la misma cualquiera que sea la dedicación del profesor. Al determinar la remuneración de los docentes, de una dedicación distinta a la de tiempo completo, se procede de manera proporcional.

PAR. III.—Cuando el puntaje correspondiente a un docente debe ser cambiado, la modificación tiene efectos salariales a partir de la fecha en la cual el órgano o autoridad competente la aprueba. La institución dispone de un período máximo de cuatro (4) meses, después de la presentación formal de la solicitud con todos los requisitos cumplidos, para aprobarla o negarla.

En el caso de que la aprobación se haga en un plazo superior a cuatro (4) meses, se reconoce retroactividad por el período que excede a los cuatro (4) meses señalados. Estas novedades se actualizan cada seis (6) meses.

PAR. IV.—Para los docentes que proceden del 1444 de 1992, se parte del salario (o puntaje) que tienen al entrar en vigencia este decreto, y para su modificación se procede de acuerdo con este capítulo.

(...).

ART. 11.—La categoría dentro del escalafón docente.

(...).

2. Requisitos para efectos salariales por ascenso a las categorías de profesor asociado y titular.

a) Para los reconocimientos salariales (directos o indirectos) por ascenso a la categoría de profesor asociado, el profesor debe someter y obtener la aprobación de pares externos de un (1) trabajo que constituya un aporte significativo a la docencia, a las ciencias, a las artes o a las humanidades, y que haya sido realizado en los tres (3) años anteriores a la fecha en que se solicita o se inicia el proceso de ascenso.

b) Para los reconocimientos salariales (directos o indirectos) por ascenso a la categoría de profesor titular, el profesor debe someter y obtener la aprobación de pares externos de dos (2) trabajos diferentes, que constituyan un aporte significativo a la docencia, a las ciencias, a las artes o a las humanidades, y que hayan sido realizados en los cuatro (4) años anteriores a la fecha en que se solicita o se inicia el proceso de ascenso.

c) Para garantizar que los trabajos elaborados constituyan un aporte significativo en el campo específico, Colciencias reglamentará y definirá, por áreas del conocimiento, las condiciones específicas mínimas o las características que deben cumplir o tener los trabajos citados, y conformará listas de evaluadores del sector público o privado, también por áreas del conocimiento, dentro de las cuales las universidades deben seleccionar los homólogos externos que evalúan a sus docentes, para las dos categorías consideradas. Cuando el trabajo propuesto por el profesor ya ha sido evaluado por pares, dentro de las directrices de Colciencias, se puede dar por cumplido ese requisito.

PAR. I.—Para los docentes vinculados a un régimen salarial y prestacional diferente al 1444 de 1992, en el momento de entrar en vigencia este decreto, que opten por el nuevo régimen, se les liquidan los puntos para la determinación de su remuneración inicial conforme a lo previsto en el capítulo II. Para los efectos salariales por ascensos posteriores a las dos categorías consideradas, se rigen por lo dispuesto en este artículo. Igualmente, los docentes que no opten por este decreto, se rigen para los efectos salariales por ascensos posteriores a estas dos categorías por lo previsto en este artículo.

PAR. II.—Con destino al sistema nacional de información de la educación superior, las universidades deben remitir al Icfes, semestralmente (a primero de marzo y primero de septiembre de cada año), las listas de los docentes que ascendieron y de los que ingresaron a las categorías consideradas en este numeral, con las características de los trabajos que presentaron y los nombres de los evaluadores externos.

ART. 12.—Evaluación periódica de méritos.

(...).

2. Reconocimiento salariales a los mejores docentes e investigadores de acuerdo con su categoría y en cada universidad.

(...).

PAR. IV.—A todos los empleados públicos docentes se les otorgan anualmente dos (2) puntos, a partir del primero (1º) de enero del año dos mil tres (2003). Los dos puntos corresponden a un año de servicios con cualquier dedicación a término indefinido; no obstante, los docentes que tengan más de tres (3) meses de vinculación en la fecha definida reciben un incremento proporcional. Los puntos contemplados en este parágrafo son independientes de los descritos en el numeral 2º de este artículo.

A primero (1º) de enero del año dos mil dos (2002) se reconoce, por última vez, la experiencia calificada a los docentes vinculados al Decreto 1444 de 1992 y conforme a las disposiciones de este.

(...).

CAPÍTULO VI

Del comité de asignación de puntaje

ART. 19.—Composición del comité. Para la asignación de los puntajes originados en los factores contemplados en los artículos 4º, 6º y 7º del capítulo II; artículo 10 del capítulo III; artículo 14 del capítulo IV; y los artículos correspondientes a los anteriores en el capítulo IX del presente decreto; se establece un comité de asignación de puntaje integrado por:

1. El vicerrector académico, quien lo preside.

2. Dos (2) decanos designados por el consejo académico.

3. Un (1) director o jefe del centro de investigaciones o quien haga sus veces, designado por el consejo académico.

4. Dos (2) profesores asociados o titulares elegidos por los profesores.

5. El director de la división de asuntos del personal docente o quien haga sus veces.

PAR.—Para el caso de la Universidad Nacional de Colombia, el director de programas curriculares forma parte del comité de asignación de puntaje, con voz pero sin voto.

ART. 20.—Funciones. Las funciones del comité de asignación de puntajes son las siguientes:

1. Determinar los puntajes correspondientes a los factores contemplados en las disposiciones citadas en el artículo anterior, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

a) Calidad académica, científica, técnica, humanística, artística o pedagógica.

b) Relevancia y pertinencia de los trabajos con las políticas académicas.

c) Contribución al desarrollo y cumplimiento de los objetivos institucionales definidos en las políticas de la universidad.

1. Realizar la actividad de valoración y asignación de puntaje con la asesoría de especialistas de reconocido prestigio académico y científico, cuando esté determinado o se considere conveniente.

2. Comunicar la decisión de asignación de puntaje que estime adecuado a la división de personal o de personal docente, a la facultad respectiva y al docente interesado.

3. Ejercer las demás funciones que le asigne el presente decreto.

(...).

CAPÍTULO VIII

De la remuneración de los docentes de cátedra y ocasionales

ART. 23.—Docentes de cátedra de carrera de la Universidad Nacional de Colombia.

(...).

En la determinación de su salario se tienen en cuenta, de manera proporcional, los dos (2) puntos de que trata el parágrafo IV, del artículo 12, del capítulo III.

(...).

ART. 61.—Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga las disposiciones que le sean contrarias y en especial el Decreto 1444 de 1992 y los decretos que lo han modificado y adicionado.

En primer lugar, dirá la Sala que aun cuando la parte demandada alega que el decreto cuestionado fue derogado por el 1279 de 19 de junio de 2002 y que no alcanzó a tener efectos fiscales, por haber estado vigente casi durante el mismo régimen de transición que consagró el mismo ordenamiento, lo cierto es que sus efectos se extienden al tiempo de su vigencia, lo que resulta suficiente para conocer sobre la legalidad de las disposiciones demandadas.

Tres son en esencia los cargos que endilga el actor a las normas cuyo texto se tradujo: 1) Violación de los derechos sociales adquiridos, de los docentes de las universidades oficiales que venían rigiéndose por las normas anteriores y de quienes habían concursado para cargos docentes bajo las expectativas de la legislación anterior ; 2) Violación del régimen constitucional y legal de la carrera docente y de la autonomía universitaria y 3) Aplicación retroactiva del decreto demandado, al pretender subsumir en él a los profesores vinculados a las universidades públicas.

1. Violación de los derechos sociales adquiridos, de los docentes de las universidades oficiales que venían rigiéndose por las normas anteriores y de quienes habían concursado para cargos docentes bajo las expectativas de la legislación anterior.

Del régimen anterior:

El Decreto 1444 de 1992, ordenamiento derogado por el Decreto 2912 de 2001, demandado parcialmente en esta litis, gobernó el régimen salarial de los docentes de las universidades públicas del orden nacional hasta la expedición de este último, excepto para quienes no optaron por él. Consagraba un régimen de asignación salarial a través de la determinación de puntajes surgidos de la valoración de los siguientes factores:

— Títulos correspondientes a estudios universitarios;

— Categoría dentro del escalafón docente;

— Experiencia calificada;

— Productividad académica y

— Actividades de dirección académico administrativas.

Contempló la norma, igualmente, la valoración proporcional a la dedicación en tiempo, la aplicación de la modificación de puntajes a partir del mes siguiente a la aprobación del órgano competente, cuya actualización dispuso en lapsos de seis meses, con retroactividad.

La primera calificación que previó el anterior sistema fue la realizada al concurso e ingreso al ente universitario y en adelante su remuneración sería definida con la suma de los puntajes obtenidos por la valoración de los factores referidos.

La experiencia calificada estaba concebida en este ordenamiento como una forma de sumar puntaje, transcurrido cada año de servicio, cuyo valor fluctuaba de acuerdo con la categoría del docente (art. 4º); la productividad académica, por su parte, fue concebida como factor salarial, con puntajes reconocidos en guarismos que variaban de acuerdo con la modalidad y, por último, las actividades de dirección se computaban por cada año cumplido en ejercicio de cargos académico-administrativos.

Por su parte, el Decreto 2912 de 2001, que se discute en el asunto sub judice, dispuso en el artículo 1º que su aplicación tendría lugar en las universidades estatales u oficiales del orden nacional, departamental, municipal o distrital, en los siguientes casos:

— a quienes se vinculen por concurso como empleados públicos docentes a partir de la vigencia del decreto.

— a quienes reingresen a la carrera docente también a partir de su vigencia.

— a los docentes que antes de su vigencia estén adscritos al régimen establecido en el Decreto 1444 de 1992.

— a los empleados públicos docentes vinculados, antes de la vigencia del decreto 2912, a un régimen diferente del previsto en el Decreto 1444 de 1992 y que opten por aquel, dentro del plazo de cinco (5) meses contados a partir de su vigencia.

Derogó este decreto el régimen de remuneración de los docentes universitarios, como lo señaló expresamente en su artículo 61 y, en su lugar, redujo los factores que habrían de sumarse al ingreso mensual, de tal manera que el componente referido a actividades de dirección académico-administrativa desapareció de la remuneración. Así se desprende del artículo 3º que consagra los factores para la asignación de puntos salariales de la remuneración inicial. Y en cuanto a los factores que inciden en la modificación de los puntos salariales para los docentes vinculados al decreto, previó solamente los títulos correspondientes a estudios universitarios de pregrado o posgrado, la categoría dentro del escalafón docente y la evaluación periódica de méritos, a la cual se someten voluntariamente los docentes aspirantes a reconocimientos salariales por su buen desempeño, con la limitante de que solo la tercera parte de ellos podría acceder al beneficio, previa inscripción, según lo advierte el artículo 12. En el parágrafo IV se hace un reconocimiento anual para todos los docentes, cuya operancia predijo a partir del 1º de enero de 2003 y proporcional para quienes tuvieran más de tres meses de vinculación y consigna expresamente que el 1º de enero de 2002 tendría lugar el último reconocimiento de la experiencia calificada a los docentes vinculados al Decreto 1444 de 1992.

Como puede observarse, el decreto cuestionado introdujo una variación fundamental, al sustituir la experiencia calificada por la evaluación periódica de méritos, factor este para el cual previó, así mismo, una forma de valoración diferente, bajo otros parámetros y mucho más restringida.

La productividad académica, por su parte, fue concebida como factor solo para la determinación inicial del salario de los docentes que ingresen o reingresen a la carrera docente, cuya asignación de puntos será, además, global y fue expresamente eliminada como pagos desagregados para todos los docentes; pasó a convertirse en una bonificación, que según voces del artículo 13 no constituye salario y se paga por cada modalidad productiva.

Derechos sociales - frente a la Ley 4ª de 1992 y los derechos adquiridos:

La protección al trabajo instituida en el artículo 25 de la Constitución Política devela el modelo con el que fue concebido el rol del Estado dentro de la dinámica de las relaciones sociales y los propósitos del Estado intervensionista, que busca conciliar las leyes de mercado con la salvaguarda del orden justo, empleando métodos modernos de justicia redistributiva. Por ello el artículo 25 consagró el trabajo como un derecho y una obligación social que goza de especial protección del Estado y en el artículo 53 la garantía de que la libertad, la dignidad humana y los derechos de los trabajadores no podrán ser afectados ni siquiera por la ley.

Dentro de este marco teórico-finalístico del Estado, analizará la Sala los postulados de la Ley 4ª de 1992, en desarrollo de la cual fue proferido el decreto enjuiciado.

A diferencia de la Carta Política de 1886, la Constitución Política de 1991 en el artículo 150 numeral 19 le dio al Gobierno Nacional la potestad de definir las escalas salariales categorías de empleos del orden nacional, con sujeción a los objetivos y criterios generales que fije el Congreso de la República mediante una ley general.

Dentro de ese nuevo reparto de competencias, el Congreso dictó la Ley 4ª de 1992, de carácter general, y el gobierno quedó habilitado para fijar, mediante decreto, el régimen salarial y prestacional, entre otros, de los empleados públicos docentes de las universidades públicas del orden nacional. Así lo prevé igualmente el artículo 77 de la Ley 30 de 1992, por la cual se organizó el servicio público de la educación superior.

En la citada ley marco el legislador le señaló al Gobierno Nacional como uno de los objetivos y criterios para fijar el régimen salarial y prestacional de los servidores enlistados en dicha preceptiva; el siguiente:

“... a) El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto del régimen general, como de los regímenes especiales. En ningún caso se podrán desmejorar sus salarios y prestaciones sociales”.

Con base en la potestad constitucional que le fue atribuida al Gobierno Nacional, fue expedido el Decreto 2912 de 2001, por el cual se dictan disposiciones en materia salarial y prestacional para los empleados públicos docentes de las universidades públicas del orden Nacional, departamental, municipal y distrital.

Ya la Corte Constitucional mediante Sentencia C-279 de 1995, al decidir sobre la demanda de inexequibilidad de varias normas de la Ley 4ª de 1992, se pronunció sobre los derechos adquiridos, así:

“En varias ocasiones, la jurisprudencia constitucional del país, expresada por la Corte Suprema de Justicia antes de 1991, y luego por la Corte Constitucional, ha manifestado que no existe derecho adquirido a la estabilidad de un régimen legal. Las normas legales acusadas bien podían entonces disponer que no se consideran parte del salario, para efecto de liquidar prestaciones sociales, ciertas remuneraciones que, a la luz de criterios tradicionales, deberían haberse tenido como parte de aquel”.

Sobre los derechos adquiridos el artículo 58 constitucional se ocupa, garantizando la propiedad privada y aquellos adquiridos con justo título, conforme a las normas civiles. Esta noción hunde sus raíces, en el derecho colombiano, en la Ley 153 de 1887, cuyos postulados se pueden sintetizar de la siguiente manera:

— La existencia y la titularidad futura de todo derecho adquirido bajo la ley anterior, debe ser respetada por la ley nueva.

— Las consecuencias futuras de esos derechos, que hayan sido creadas por la voluntad de los particulares, se rigen por la ley derogada.

— Las consecuencias futuras derivadas directamente de la ley se rigen por la ley nueva, porque son para el futuro meras expectativas.

La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia se ha orientado a la noción de situación jurídica concreta y desde 1927 señaló que se entiende por derechos adquiridos aquellos que han entrado ya al patrimonio del sujeto. Así mismo, el Consejo de Estado, en auto de 15 de diciembre de 1965 dejó sentado que en derecho público no hay derechos adquiridos, tesis que ha sido revaluada a lo largo de los pronunciamientos jurisprudenciales y de acuerdo con la nueva dinámica del Estado. Ello es apenas lógico porque no hay duda que los derechos que ingresan al patrimonio propio no podrían ser desconocidos en manera alguna.

Lo que habría lugar a cuestionar es si las regulaciones menos favorables implican por sí mismas inconstitucionalidad; no hay duda que las situaciones jurídicas consolidadas durante la vigencia de la legislación anterior constituyen derechos adquiridos, lo que no ocurre con las meras expectativas, pues las regulaciones abstractas aunque impliquen la alteración de las probabilidades que habría de tener un grupo de personas que hasta entonces eran gobernadas por un ordenamiento más favorable, no pueden constituir derechos adquiridos en la medida en que los supuestos fácticos previstos por la norma anterior no se habían cumplido.

Sostener la perpetuidad de los regímenes jurídicos con el argumento de que frustra la posibilidad de adquirir en el futuro un derecho, no es viable, pues ello llevaría a concluir que el ordenamiento jurídico es inmodificable y por lo mismo, no podría nunca ajustarse a las nuevas condiciones socio-económicas. De manera que aunque la Constitución protege el derecho al trabajo y las garantías mínimas que le son propias, tales preceptos deben ser interpretados de manera sistemática, pues lo esencial es que no resulten vulnerados los principios mínimos que le dan sustento.

De manera que el derecho invocado a la legislación anterior, en el sentido en que lo pretende el demandante, de mantener inmodificable el régimen de reconocimientos por puntajes, no tiene sustento constitucional ni legal; los derechos adquiridos solo pueden determinarse en cada caso particular, cuando frente a un cambio de legislación, quien tenga un derecho causado (vr.gr. derecho a la pensión, salarios o vacaciones causadas, etc.) invoque la ley vigente para cuando nació su derecho.

Por ello, el artículo 1º del Decreto 2912 enjuiciado, estipula que “no obstante los derechos salariales y prestacionales adquiridos legalmente se mantienen”. Y ello es así, porque, además, el mismo artículo 2º de la Ley 4ª de 1992 ordena que no se podrán desmejorar los salarios y prestaciones. Se trata, de la protección de los derechos adquiridos, en la que debe quedar inmersa la expectativa legítima que tenían aquellos docentes que venían desempeñando cargos de dirección administrativa y, por lo tanto, tenían derecho a un cómputo de puntaje adicional por este factor. Esta condición ha de entenderse que se mantiene mientras aquellos continúen desempeñando el cargo de dirección-administrativa, que es el supuesto fáctico que tuvo ocurrencia y cuya prolongación en el tiempo, más allá de la vigencia del Decreto 2912, lo subsume en el régimen del Decreto 1444 para este factor únicamente y mientras se conserve la condición referida; los demás factores que fueron alterados por el nuevo ordenamiento, están sometidos a la realización de una nueva condición futura, como sería la presentación de un nuevo trabajo que constituya productividad académica o el cumplimiento de un año más de servicios que pudiera dar lugar a la experiencia calificada. Solo se conserva frente a ellos, el valor correspondiente al puntaje que ya había sido objeto de valoración y de ingreso al entrar en vigencia el decreto demandado.

2. Violación del régimen constitucional y legal de la carrera docente y de la autonomía universitaria.

El artículo 69 de la Constitución Política dispone:

“Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley.

La Ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado.

El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo.

El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso a todas las personas aptas a la educación superior”.

La Ley 30 de 1992 “por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior”, dispuso en su artículo 16 :

“Son instituciones de educación superior:

a) Instituciones técnicas profesionales.

b) Instituciones universitarias o escuelas tecnológicas.

c) Universidades”.

La citada ley en los artículos 18 y 19 definió el carácter de cada una de las anteriores instituciones. El segundo de ellos se ocupa de las universidades, en los siguientes términos:

“ART. 19.—Son universidades las reconocidas actualmente como tales y las instituciones que acrediten su desempeño con criterio de universalidad en las siguientes actividades: la investigación científica o tecnológica; la formación académica en profesiones o disciplinas y la producción, desarrollo y transmisión del conocimiento y de la cultura universal y nacional.

Estas instituciones están igualmente facultadas para adelantar programas de formación en ocupaciones, profesiones o disciplinas, programas de especialización, maestrías, doctorados y postdoctorados, de conformidad con la presente ley”.

Así mismo, la mencionada Ley 30 de 1992 en el título 3 sobre el régimen especial de las universidades del Estado y de las otras instituciones de educación superior, precisó en el capítulo I “artículo 57, lo siguiente:

“Las universidades estatales u oficiales deben organizarse como entes universitarios autónomos, con régimen especial y vinculados al Ministerio de Educación Nacional en lo que se refiere a las políticas y la planeación del sector educativo.

Los entes universitarios autónomos tendrán las siguientes características; personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera, patrimonio independiente y podrán elaborar y manejar su presupuesto de acuerdo con las funciones que le corresponden...”.

PAR.—Las instituciones estatales u oficiales de educación superior que no tengan el carácter de universidad según lo previsto en la presente ley, deberán organizarse como establecimientos públicos del orden nacional, departamental, distrital o municipal”.

En los artículos 28 y 29 definió claramente el concepto de autonomía universitaria, en los siguientes términos:

“ART. 28.—La autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política de Colombia y de conformidad con la presente ley, reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer y arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional”.

“ART. 29.—La autonomía de las instituciones universitarias o escuelas tecnológicas y de las instituciones técnicas profesionales estará determinada por su campo de acción y de acuerdo con la presente ley en los siguientes aspectos:

a) Darse y modificar sus estatutos.

b) Designar sus autoridades académicas y administrativas.

c) Crear, desarrollar sus programas académicos, lo mismo que expedir los correspondientes títulos.

d) Definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión.

e) Seleccionar y vincular a sus docentes, lo mismo que a sus alumnos.

f) Adoptar el régimen de alumnos y docentes.

g) Arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional.

PAR.—Para el desarrollo de lo contemplado en los literales a) y e) se requiere notificación al Ministro de Educación Nacional, a través del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes)”.

Por su parte, los artículos 75, 76 y 123 estipulan:

“ART. 75.—El estatuto del profesor universitario expedido por el Consejo Superior Universitario, deberá contener, entre otros, los siguientes aspectos:

a) Régimen de vinculación, promoción, categorías, retiro y demás situaciones administrativas.

b) Derechos, obligaciones, inhabilidades, incompatibilidades, distinciones y estímulos.

c) Establecimiento de un sistema de evaluación del desempeño del profesor universitario.

d) Régimen disciplinario”.

“ART. 76.—El escalafón del profesor universitario comprenderá las siguientes categorías:

a) Profesor auxiliar.

b) Profesor asistente.

c) Profesor asociado.

d) Profesor titular.

Para ascender a la categoría de profesor asociado, además del tiempo de permanencia determinado por la universidad para las categorías anteriores, el profesor deberá haber elaborado y sustentado ante homólogos de otras instituciones, un trabajo que constituya un aporte significativo a la docencia, a las ciencias, a las artes o a las humanidades.

Para ascender a la categoría de profesor titular, además del tiempo de permanencia como profesor asociado, determinado por la universidad, el profesor deberá haber elaborado y sustentado ante homólogos de otras instituciones, trabajos diferentes que constituyan un aporte significativo a la docencia, a las ciencias, a las artes o a las humanidades”.

(...).

“ART. 123.—El régimen del personal docente de educación superior será el consagrado en los estatutos de cada institución.

Dicho régimen deberá contemplar al menos los siguientes aspectos: Requisitos de vinculación, sistemas de evaluación y capacitación, categorías, derechos y deberes, distinciones e incentivos y régimen”.

Ha sido prolija la jurisprudencia de la Corte Constitucional al señalar qué se debe entender por autonomía. Basta citar la Sentencia C-337 del 1º de agosto de 1996, magistrado ponente: Dr. Hernando Herrera Vergara, en la que precisamente examinó la constitucionalidad del artículo 29 de la citada Ley 30 de 1992. En dicha providencia citó reiterados fallos en los que se han tratado el tema de la autonomía universitaria y se ha precisado su sentido y alcance. Rezan apartes de la sentencia:

“La autonomía universitaria... encuentra fundamento en la necesidad de que el acceso a la formación académica de las personas tenga lugar dentro de un clima libre de interferencias del poder público tanto en el campo netamente académico como en la orientación ideológica, o en el manejo administrativo o financiero del ente educativo” (1) .

“El sentido de la autonomía universitaria no es otro que brindar a las universidades la discrecionalidad necesaria para desarrollar el contenido académico de acuerdo con las múltiples capacidades creativas de aquellas, con el límite que encuentra dicha autonomía en el orden público, el interés general y el bien común. La autonomía es, pues, connatural a la institución universitaria; pero siempre debe estar regida por criterios de racionalidad, que impiden que la universidad se desligue del orden social justo” (2) .

No se trata, pues, de un derecho alternativo que impone normas diferentes al derecho “oficial”, sino que es, en cuanto a las formas jurídicas y su interpretación, un enfoque entendible que gira alrededor de una concepción ética-educativa.

Esa libertad de acción tiene esta dimensión:

La autonomía universitaria se refleja en las siguientes libertades de la institución: elaborar sus propios estatutos, definir su régimen interno, estatuir los mecanismos referentes a la elección, designación y período de sus directivos y administradores, señalar las reglas sobre selección y nominación de profesores, establecer los programas de su propio desarrollo, aprobar y manejar su presupuesto y aprobar los planes de estudio que regirán la actividad académica” (3) .

Sobre los límites a la autonomía universitaria, precisa la sentencia:

“Los límites al ejercicio de la autonomía universitaria están dados en el orden constitucional: pues el conjunto de disposiciones reglamentarias adoptadas por el centro educativo y en la aplicación de los mismos encuentra límite en la Constitución, en los principios y derechos que esta consagra, en las garantías que establece y en los mandatos que contiene y en el orden legal: la misma Constitución dispone que las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley” (4) .

La autonomía universitaria de manera alguna implica el elemento de lo absoluto. Dentro de un sentido general, la autonomía universitaria se admite de acuerdo a determinados parámetros que la Constitución establece, constituyéndose, entonces, en una relación derecho-deber, lo cual implica una ambivalente reciprocidad por cuanto su reconocimiento y su limitación están en la misma Constitución. El límite a la autonomía universitaria lo establece el contenido Constitucional, que garantiza su protección pero sin desmedro de los derechos igualmente protegidos por la normatividad constitucional. Hay que precisar que la autonomía universitaria en cierta forma es expresión del pluralismo jurídico, pero su naturaleza es limitada por la Constitución y la ley, y es compleja por cuanto implica la cohabitación de derechos pero no la violación al núcleo esencial de los derechos fundamentales”.

Para la Sala, la previsión contenida en el artículo 11 numeral 2º, que señaló requisitos para reconocimientos salariales por ascenso a las categorías de profesor asociado y profesor titular y precisó un término dentro del cual habrían de ser realizados trabajos presentados como aporte a la docencia, sin duda quebranta el artículo 76 de la Ley 30 de 1992 que dispuso la forma cómo habrían de efectuarse los ascensos en los casos de los docentes referidos, sin que señalara en manera alguna los términos que fijó la norma bajo examen. Además, la autonomía universitaria consagrada en las normas cuyo texto se reprodujo en párrafos precedentes reserva a los estatutos del Consejo Superior Universitario el régimen de vinculación, promoción, categorías, retiro y demás situaciones administrativas.

Igual conclusión es predicable de los parágrafos I y II de la misma norma. Por ello se declarará la nulidad de la disposiciones del artículo 11 demandadas.

No concluye la Sala de igual manera, en relación con los apartes de las normas discutidas en el sub judice que encargan a Colciencias la evaluación de trabajos por productividad académica, porque tratándose de la determinación del régimen salarial que compete al gobierno, este bien puede contemplar la intervención de un órgano gubernamental idóneo para coadyuvar en la definición de puntajes por tal categoría.

Con relación al parágrafo IV del numeral 2º del artículo 12 ha de señalarse que la evaluación periódica de méritos bien puede constituir un factor de cómputo de puntaje para la determinación salarial, como en efecto lo consignó el nuevo ordenamiento, en reemplazo de la experiencia calificada que consagraba el régimen anterior y bajo una modalidad diferente para la determinación de puntajes. Es apenas lógico entonces que hubiera determinado la disposición debatida una última fecha de reconocimiento del derogado factor denominado experiencia calificada para los docentes vinculados al Decreto 1444 de 1992. No se trata entonces del desconocimiento de la autonomía universitaria, pues es una previsión adicional y complementaria del sistema de evaluación que corresponde al Consejo Superior Universitario, como lo señala el texto de la primera parte del artículo 12.

Igual juicio cabe en relación con los artículos 19, 20 y 23 demandados, pues la composición del comité para la asignación de puntajes y la restricción de concursos para evaluación periódica de méritos atañen exclusivamente a la competencia del gobierno para la determinación del salario y la exclusión en el concurso de evaluación periódica de méritos de quienes conforman el comité es una previsión apenas lógica que garantiza la imparcialidad de los mismos.

3. Aplicación retroactiva del decreto demandado, al pretender subsumir en él a los profesores vinculados a las universidades públicas.

Sobre este punto caben las mismas reflexiones esgrimidas en el punto primero de estas consideraciones, comoquiera que la retroactividad de la ley está referida al desconocimiento de los derechos adquiridos.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

DECLÁRASE LA NULIDAD del artículo once (11) numeral segundo (2º) y los parágrafos I) y II) del Decreto 2912 de treinta y uno (31) de diciembre de dos mil uno (2001).

DENIÉGANSE LAS DEMÁS SÚPLICAS DE LA DEMANDA.

Una vez ejecutoriada la presente providencia, archívese el expediente.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».

(1) Sentencia T-492 de 1992. Ponente: doctor José Gregorio Hernández Galindo.

(2) Sentencia T-425 de 1993. Ponente: doctor Vladimiro Naranjo Mesa.

(3) Sentencia T-187 de 1993. Ponente: doctor Alejandro Martínez Caballero.

(4) Ibídem.

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