SENTENCIA 6750 DE JULIO 17 DE 1992

 

Sentencia 6750 de julio 17 de 1992 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

PERJUICIOS MORALES

PARA HERMANOS DE LA VÍCTIMA

EXTRACTOS: «En punto tocante con perjuicios morales, hasta ahora se venían aceptando que éstos se presumen para los padres, para los hijos y los cónyuges entre sí, mientras que para los hermanos era necesario acreditar la existencia de especiales relaciones de fraternidad, o sea, de afecto, convivencia, colaboración y auxilio mutuo, encaminados a llevar al fallador la convicción de que se les causaron esos perjuicios resarcibles(*). Ocurre sin embargo, que la Constitución Nacional que rige en el país actualmente, en su artículo 2o, señala que Colombia como Estado Social de derecho que es, tiene como fines esenciales el de servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la misma; también el de facilitar la participación de todos en las decisiones que los afecte y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; al igual que defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

(*) Véase la sentencia de febrero 7/89, J. y D., tomo XVIII, pág. 271. (N. del D.).

Por su parte el artículo 42 de la Carta Política, estblece que el Estado y la sociedad tienen como deber ineludible el de garantizar la protección integral de la familia, núcleo fundamental de la sociedad, que ``se constituye por vínculos naturales y jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarlá''. Y agrega que ``cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad y será sancionada conforme a la ley. Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica tienen iguales derechos y deberes''''. (Subrayas fuera de texto).

La ley no ha definido taxativamente las personas que integran la familia que goza de la especial protección del Estado y de la sociedad en general. Así las cosas, podría adoptarse como criterio interpretativo el concepto amplio de familia, como aquellos parientes próximos de una persona a los que se refiere el artículo 61 del C.C., que es del siguiente tenor:

``En los casos en que la ley dispone que se oiga a los parientes de una persona, se entenderá que debe oírse a las personas que van a expresarse y en el orden que sigue:

1. Los descendientes legítimos;

2. Los ascendientes legítimos;

3. El padre y la madre naturales que hayan reconocido voluntariamente al hijo, o éste a falta de descendientes o ascendientes legítimos;

4. El padre y la madre adoptantes, o el hijo adoptivo, a falta de parientes de los números 1º, 2º y 3º;

5. Los colaterales legítimos hasta el sexto grado, a falta de parientes de los números 1º, 2º y 4º;

6. Los hermanos naturales, a falta de los parientes expresados en los números anteriores, y

7. Los afines legítimos que se hallen dentro del segundo grado, a falta de los consanguíneos anteriormente expresados.

Si la persona fuere casada, se oirá también, en cualquiera de los casos de este artículo a su cónyuge; y si alguno o algunos de los que debe oírse, no fueren mayores de edad o estuvieren sujetos a potestad ajena, se oirá en su representación a los respectivos guardadores, o a las personas bajo cuyo poder y dependencia estén constituidos''''.

También resulta procedente tomar como familia lo que los tratadistas definen como familia nuclear, esto es, la integrada por los parientes en primer grado a que alude el artículo 874, ordinal 3o ibídem, que reza:

``La familia comprende (además del habitador cabeza de ella) a la mujer y a los hijos; tanto los que existen al momento de la constitución, como los que sobrevivieren después, y esto aun cuando el usuario o habitador no est''e casado, ni haya reconocido hijo alguno a la fecha de la constitución''''.

La familia para fines de las controversias indemnizatorias, está constituida por un grupo de personas naturales, unidas por vínculos de parentesco natural o jurídico, por lazos de consanguinidad, o factores civiles, dentro de los tradicionales segundo y primer grados señalados en varias disposiciones legales en nuestro medio.

Así las cosas, la Corporación varía su anterior posición jurisprudencial, pues ninguna razón encuentra para que en un orden justo se continúe discriminando a los hermanos, víctimas de daños morales, por el hecho de que no obstante ser parientes en segundo grado, no demuestren la solidaridad o afecto hasta hoy requeridos, para indemnizarlos. Hecha la corrección jurisprudencial, se presume que un daño antijurídico inferido a una persona, causado por la acción u omisión de las autoridades pública, genera dolor y aflicción entre sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y primero civil, ya sean ascendientes, descendientes o colaterales.

Como presunción de hombre que es, la administración está habilitada para probar en contrario, es decir, que a su favor cabe la posibilidad de demostrar que las relaciones filiales y fraternales se han debilitado notoriamente, se han tornado inamistosas o, incluso que se han deteriorado totalmente.

En síntesis, la Sala tan solo aplica el criterio lógico y elemental de tener por establecido lo normal y de requerir la prueba de lo anormal. Dicho de otra manera, lo razonable es concluir que entre hermanos, como miembros de la célula primaria de toda sociedad (la familia), exista cariño, fraternidad, vocación de ayuda y solidaridad, por lo que la lesión o muerte de algunos de ellos afecta moral y sentimentalmente al otro u otros. La conclusión contraria, por excepcional y por opuesta a la lógica de lo razonable, no se puede tener por establecida sino en tanto y cuanto existan medios probatorios legal y oportunamente aportados a los autos que así la evidencien.

Lo anterior, se traduce en que los hermanos del fallecido Luis María Calderón, tienen derechos al resarcimiento del daño moral ocasionado por los perjuicios causados, en la cuantía que se señalará más adelante.

En cambio, no se accederá a la condena al pago de los perjuicios materiales que reclaman tanto el padre como los hermanos del mismo occiso, atendida la orientación jurisprudencial seguida hasta la fecha, que se mantiene incólume, según la cual, sin importar el grado de parentesco para su otorgamiento, los perjuicios materiales deben estar plenamente probados. En el asunto sub-lite es evidente el vacío por este aspecto, vale decir, que esos demandantes dejaron de observar el principio general de derecho procesal consagrado en el artículo 177 del CPC, el cual enseña que a las partes incumbe probar los supuestos de hecho de las disposiciones legales de las cuales pretenden derivar los derechos que reclaman en el juicio.

Cuantía de los perjuicios morales

En el fallo que se examina, ninguna observación hay que hacer a la suma que se otorgó a algunos de los demandantes por concepto de perjuicios morales, tópico en el que opera hasta cierto grado

la autonomía del juzgador y visto como está que esa limitación no se desborda.

Según el nuevo criterio jurisprudencial que se dejó expuesto, los demandantes José Fernando Calderón Llantén, Jorge Isaac Calderón Llantén y Carlos Eduardo Calderón Llantén tienen derecho a recibir como indemnización por perjuicios morales el equivalente en pesos colombianos a quinientos (500) gramos de oro fino, para cada uno de ellos.

El precio del gramo de oro que se tendrá en cuenta será el interno, para cuando cobre ejecutoria este fallo, el que certificará el Banco de la República para entonces, a favor de cada una de las personas beneficiadas con ese reconocimiento. A tal efecto la parte actora allegará con la cuenta de cobro, la citada certificación».

(Sentencia de julio 17 de 1992. Expediente 6750. Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández).

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