Sentencia 6758 de febrero 8 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 6758

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Santos Ballesteros

Bogotá, D.C, ocho de febrero de dos mil dos.

Se decide el recurso de casación interpuesto por los demandantes Juan Miguel, Francisco, Manuel Roberto y Elena Leonor Olga de Vengoechea Fleury contra la sentencia de fecha ocho (8) de abril de mil novecientos noventa y siete (1997), proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta —Sala Civil Familia—, para ponerle fin, en segunda instancia, al proceso ordinario promovido por los citados demandantes contra Julio Dangond Ovalle, Carlos, Armando, Julio, Víctor y Orlando Dangond Noguera.

I. Antecedentes

1. Mediante demanda cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Único Civil del Circuito de Ciénaga, los demandantes mencionados entablaron proceso contra los demandados citados anteriormente, para que previos los trámites de un proceso ordinario de mayor cuantía se profieran las siguientes o similares declaraciones y condenas:

1. a) Que pertenece en pleno y absoIuto dominio de los demandantes el siguiente inmueble: Predio rural denominado Papare o Hacienda Santa Cruz de Papare, con una cabida de 1.233 hectáreas, ubicado en jurisdicción del municipio de Ciénaga, departamento del Magdalena, alinderado así: Norte, con predio de la Sociedad Turística Piedra Hincada Ltda., entre el Mar Caribe y la carretera Santa Marta - Ciénaga; Oriente, desde la carretera Santa Marta - Ciénaga, a partir del lindero con Sociedad Turística Piedra Hincada Ltda. siguiendo las estribaciones occidentales de la montañas hasta el río Córdoba, según polígono conformado por los puntos de referencia indicados en la Resolución 4333 de 1970 del Incora, Sur, con la acequia Papare y el río Córdoba, a partir de la carretera Santa Marta - Ciénaga, hacia el oriente y predio de Ricardo Hernando de Vengoechea Riera, entre la mencionada carretera Santa Marta - Ciénaga y el mar Caribe; y Oeste y Noroeste, con el mar Caribe, playa en medio, desde el lindero norte del predio de propiedad de Ricardo de Vengoechea Riera hasta proximidades del predio o sitio conocido como Ojo de Agua y tocar el predio de Sociedad Turística Piedra Hincada Ltda, o lindero norte.

1. b) Que como consecuencia de la anterior declaración, se condene a los demandados a restituir, una vez ejecutoriada esta sentencia, o dentro del término en ella señalado, en favor de los demandantes, la parte del inmueble que ocupan como poseedores de hecho y/o de mala fe, desde finales de abril del año 1989, parte o porción cuyos linderos particulares son: por el Norte, partiendo del punto 1, localizado en el costado sureste del cruce de la quebrada del doctor, con la carretera que conduce a Santa Marta, con los siguientes azimutes y distancias: del punto 1T al 2T con az. de 170º 30'' y distancia de 1.000 m.; del 2T al 3'' con az. de 121ó 30'' y distancia de 1710 m.; del 3'' al 4'' con az. de 74º y distancia de 38 m.; del 4'' al 5'' con az. de 153º y distancia de 75 m.; del 5'' al 3T con az. de 108º y distancia de 40 m.; del 3T al 4T con az. de 157º 30'' y distancia de 825 m.; del 4T al 5T con az. de 127º y distancia de 1.140 m. Por el Este, del punto 5T al 6T con az. de 175º 30'' y distancia de 1.250 m.; y del punto 6T al 7T con az. de 233º 30'' y distancia de 2.010 In. Por el Sur, del punto 7T al 36 con az. de 323º y distancia de 115 m.; del 36 al 37 con az. de 320º y distancia de 94 m.; del 37 al 38 con az. de 307º y distancia de 215 m.; del 38 al 39 con az. de 318º y distancia de 65 m.; del 39 al 40 con az. de 297º 30'' y distancia de 250 m.; del 40 al 41 con az. de 318 ó 30'' y distancia de 35 m. Por el Oeste, con carretera que de Ciénaga conduce a Santa Marta.

1. c) Que se condene a los demandados a pagar a los demandantes el valor de los frutos naturales y civiles, no solo los percibidos, sino también los que el dueño hubiere podido percibir con mediana inteligencia y cuidado, de acuerdo a justa tasación efectuada por peritos.

1. d) Que se condene igualmente a los demandados a pagar a los demandantes los perjuicios materiales y morales que, con su ocupación de hecho, les han ocasionado, los primeros en su doble aspecto de daño emergente y lucro cesante.

1. e) Condenar a los demandados a pagar las costas del proceso incluidos los honorarios de abogado.

2. Para sustentar las anteriores pretensiones la parte actora presenta los siguientes hechos:

2.1. Los demandantes son propietarios inscritos del inmueble descrito anteriormente, calidad que acreditan con la copia de la Escritura Pública número 1612 del 5 de agosto de 1987 de la Notaría 2ª de Santa Marta y con el folio de matrícula inmobiliaria expedido por el Registrador de Instrumentos Públicos de Ciénaga (Magdalena), numero 222-0013720.

2.2. Este inmueble fue adquirido por los actores proindiviso, por adjudicación en la sucesión de su padre, señor Manuel de Vengoechea de Mier, proceso que cursó ante el Juzgado 2º Civil del Circuito de Santa Marta, protocolizada mediante la escritura pública número 1612 del 5 de agosto dé 1987 de la Notaría 2ª de la misma ciudad.

2.3. El inmueble cuya reivindicación se solicita tiene una tradición clara e incuestionable de más de cincuenta años en favor de las familias de Vengoechea Mier y de Vengoechea Fleury.

2.4. Desde el fallecimiento de su padre, Manuel de Vengoechea Mier, y hasta finales del mes de abril de 1989, los demandantes venían ejerciendo la posesión pública, quieta y pacífica sobre el inmueble antes individualizado, sin ser molestados por persona alguna, ejerciendo actos de dominio, tales como celebrar contratos de arrendamiento sobre parte del predio para colocación de vallas publicitarias como Industrias Román & Cía. S.C.A., Distribuidora Coldest Ltda., Prolicores del Magdalena S.A., así como cobros de indemnizaciones por ocupación de parte de su área, en especial a entidades públicas o empresas industriales y comerciales del estado, como la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, y la corporación Eléctrica de la Costa Atlántica, Corelca.

2.5. Desde finales de abril o principios de mayo de 1989, el derecho de dominio y en especial la posesión que los demandantes ejercían sobre el predio a que se refiere esta demanda, han sido perturbados por la ocupación de hecho de los demandados sobre gran parte del mismo, quienes invocando un derecho de dominio inexistente en cabeza suya, vienen ejecutando desde la época señalada, en ejercicio de una clásica posesión de mala fe, actos tales como destrucción de cercas, construcción de otras nuevas, cortes de árboles y/o rastrojos, construcción de caminos o veredas internas, introducción de maquinaria agrícola como buldózeres y tractores.

2.6. Los actores, una vez conocida la perturbación, trataron de impedir que esta continuara haciéndole saber a las personas que la ejecutaban, que se encontraban en un predio de su exclusiva propiedad, que cesaran los trabajos que estaban realizando y que desocuparan el predio, solicitud que no fue escuchada.

2.7. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el demandante Francisco de Vengoechea Fleury, en carta de fecha 12 de mayo de 1989 dirigida al alcalde de Ciénaga, lo puso al tanto de lo que estaba ocurriendo a manera de querella policiva o solicitud de amparo policivo, sin que hasta la fecha de la presentación de la demanda se supiera el resultado del trámite que la alcaldía le diera a la solicitud.

2.8. La ocupación de hecho por parte de los demandados respecto al predio descrito sigue inmodificable y ha sido progresiva.

3. Surtida la notificación del auto admisorio de la demanda y el traslado a los demandados, la contestaron oponiéndose a las pretensiones deducidas y negando el derecho invocado; en cuanto a los hechos, niegan unos y manifiestan no constarle otros. El demandado Julio Dangond Ovalle, por intermedio de su apoderado, propuso la excepción que denominó “prescripción de la acción reivindicatoria” pues afirma que poseen el predio desde hace más de treinta años.

4. Tramitado el proceso se puso fin a la primera instancia mediante fallo del 31 de enero de 1995 (fls. 180 a 205 cd.1) el cual acogió las pretensiones de los demandantes, declarando del dominio de estos el predio poseído por los demandados a quienes ordena restituirlo en el término de diez (10) días contados a partir de la ejecutoria de la sentencia; se abstuvo de condenar al pago de los frutos civiles y naturales, así como los perjuicios materiales por no haberse determinado, ni los perjuicios morales por no haber lugar a ellos; declaró probada la objeción formulada por la parte actora contra el primer dictamen pericial, aceptó la tacha del testigo José Antonio Rodríguez Blanco, condenó a los demandantes a pagar a los demandados la suma de $ 1''384.000 por concepto de mejoras necesarias, ordenó la inscripción de la sentencia y condenó a los demandados al pago del ochenta por ciento (80%) de las costas del proceso.

5. Inconformes con lo resuelto, los demandados Julio José Dangond Noguera, Orlando Dangond Noguera, Víctor Eduardo Dangond Noguera, Carlos Manuel Dangond Noguera y Armando Enrique Dangond Noguera, por intermedio de su apoderado interpusieron recurso de apelación, y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, mediante providencia del 8 de abril de 1997 (fls. 47 a 65 cd. 6) revocó íntegramente la sentencia apelada, declaró probada la excepción de prescripción extintiva del dominio y condenó en costas a la parte actora.

Il. Fundamentos de la sentencia recurrida

Luego de resumir los antecedentes procesales así como las apreciaciones decisorias del juzgador de primera instancia, de analizar los argumentos expuestos para sustentar el recurso de apelación interpuesto por los demandados Dangond Noguera, estima el tribunal que se encuentran reunidos los presupuestos procesales, sin que se observe vicio de nulidad que pueda invalidar lo actuado, y sobre esta base pasa a examinar el fondo de la controversia.

Al efecto advierte el ad quem que el artículo 946 del Código Civil define la reivindicación o acción de dominio como aquella con la que se pretende obtener que se declare la propiedad de una cosa por quien así lo solicita, definición de la que se desprenden los presupuestos necesarios para la prosperidad de esta acción, los que de conformidad con el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, deben probarse por quien impetra la acción, es decir la parte demandante. Estos elementos son: a) Que se trate de cosa singular o cuota proindiviso en cosa singular; b) Derecho de dominio en cabeza del actor; c) Posesión del bien reivindicado en cabeza del demandado; d) Identidad del bien poseído con aquel que se pretende reivindicar, del que es propietario el demandante.

Pasa el tribunal a analizar si en el caso sub lite se acreditan los presupuestos esenciales de la acción de dominio, a saber:

1. Cosa singular.

Considera el ad quem que no es necesario hacer énfasis sobre este tópico pues está suficientemente probado que lo pretendido es una cuota de cosa singular reivindicable.

2. Identificación del predio.

Estima el tribunal que en primer lugar debe establecerse si el predio objeto de la presente acción fue debidamente identificado, y si, como afirman los demandantes, existen dos predios en el sector donde ejercen posesión los demandados, uno, la parte de la hacienda Papare, materia de este proceso, y otro, llamado Milandia, de estos últimos como dueños o poseedores.

Agrega el ad quem que en su sentir el a quo no identificó de manera suficiente y adecuada el sector pretendido por la parte actora, pues en la demanda se determinó el lote en tres de sus lados, norte, sur y este, mediante linderos técnicos, indicándose como costado oeste la colindancia con la carretera Ciénaga - Santa Marta, mientras que en la inspección judicial el juez no verificó los linderos con expertos en la materia, sino que indicó accidentes naturales en el norte, sur y este, sin señalar el lindero oeste ni anotar que estos corresponden a los mismos del libelo, como se observa en el acta de la diligencia que obra en el expediente.

Respecto a la posibilidad de que se trate de dos predios, señala que únicamente en las alegaciones de la parte actora se esboza esa posibilidad, pero sin ningún respaldo probatorio y por el contrario, todo indica que se trata de un mismo bien como lo señala el juez y lo reiteran los testimonios recibidos.

Añade que parece ser que esa afirmación indujo a error a los peritos del Instituto Agustín Codazzi, quienes no solamente se refieren a dos bienes distintos, sino que llegan hasta a dibujar las dos propiedades, contrariando así todos los elementos de convicción aportados, los que se refieren a un solo inmueble. La identificación hecha por estos peritos es deficiente en sentir del tribunal, pues con el examen de las demás pruebas “se encuentra que el sector comprendido entre las quebradas de Marinca y el Doctor (Norte y Sur) y las estribaciones de la Sierra y la carretera Ciénaga-Santa Marta (Este y Oeste) corresponde íntegramente a una fracción de la Hacienda Papare que es la misma poseída por los demandados según se desprende concretamente de todas los testimonios y de la apreciación del juez de primer grado” y en consecuencia, considera que el dictamen pierde fuerza y credibilidad por cuanto los peritos localizaron y dibujaron un inmueble inexistente en la realidad.

3. La posesión de los demandados.

Como se desprende de lo afirmado en la demanda, aceptado por los demandados, demostrado en la inspección judicial y con el dictamen pericial, así como con las declaraciones de los testigos, no cabe duda que los demandados son poseedores de una parte del predio Papare, pero debe precisarse, dice el ad quem, el momento desde el cual surge este fenómeno, si ha sido permanente o ha sufrido interrupciones, o si se ha recuperado o no, de haberse efectivamente perdido, dado que son contradictorias las versiones de cada una de las partes, pues mientras que para la parte actora, la posesión se inició a finales de abril o principios de mayo de 1989, para los demandados, tenía más de 20 años cuando se presentó la demanda.

Con tal fin el tribunal analiza en primer lugar el interrogatorio de parte rendido por el demandante Francisco de Vengoechea Fleury, en el que afirma que en el año 1956 se presentó un conflicto entre el demandado Julio Dangond Ovalle y la familia de Mier de Vengoechea por la invasión de las tierras materia de este proceso y como consecuencia de éste se firmó por escritura pública, un contrato de arrendamiento entre Helena M. de Vengoechea como arrendadora y Julio Dangond Ovalle como arrendatario sobre un lote de terreno que hace parte de uno de mayor extensión, ubicado en el municipio de Ciénaga, comprendido entre los siguientes linderos: norte, la quebrada del Doctor; sur, la Quebrada de Marinca; este, la Serranía; oeste, la carretera de Santa Marta a Fundación. En el contrato se indica quiénes son los colonos en el predio con la advertencia de que en la entrega ”no se incluyen los terrenos que tienen ocupados los colonos arrendatarios y tenedores que se encuentran dentro de dicho globo de terreno y que se enumeran entre otras en la cláusula Tercera”; igualmente faculta al arrendatario para adquirir las mejoras de los colonos, arrendatarios y tenedores que se encuentran en el terreno arrendado y precisa también, que las mejoras que efectúe el arrendatario pasarán a propiedad del arrendador a la terminación del contrato, previo pago, las cuales serán avaluadas de conformidad con la Ley 200 de 1936.

Concluye que del estudio del contrato se colige que Julio Dangond Ovalle desde 1955 tenía la calidad de poseedor de nueve porciones de la finca Papare que había comprado a los ocupantes, de conformidad con la expresa declaración que se hizo en la escritura contentiva del contrato de arrendamiento, y que además, por cuanto en la diligencia de inspección judicial no se encontró ningún otro poseedor, y los testigos dijeron ser el único a quien han visto realizando actos de señorío se presume que, el arrendatario, previamente autorizado por la arrendadora, adquirió las mejoras de los otros ocupantes o su posesión por cualquier otro modo, sin que puedan señalarse fechas de iniciación del fenómeno posesorio, ni los linderos de los terrenos.

Se refiere luego el tribunal a la interversión del título e indica que evidentemente los demandados transformaron su título inicial para convertirse en poseedores, sin que pueda precisarse la fecha cierta en la que ocurrió, aunque tiene en cuenta la declaración de renta del señor Dangond Ovalle correspondiente al año 1972 en la que aparecen como suyas las mejoras efectuadas en la hacienda Milandia, que corresponde al mismo sector de la hacienda Papare, materia de la litis, corno se desprende de la inspección judicial y de los testimonios de Rafael Alberto Escobar Jiménez y Roberto Elías Hernández Yépez y por lo tanto, concluye el ad quem que respecto de las tierras en las que el demandado Julio Dangond Ovalle compró las mejoras en 1955, si se demuestra no haberse interrumpido la posesión, habría operado la prescripción extintiva de dominio, excepción de fondo alegada por los demandados. Señala que es prueba de la interversión del título de estos últimos el hecho de que fueron demandados en proceso reivindicatorio y no de restitución de tenencia.

Agrega el tribunal que ante la imposibilidad de determinar las áreas de los terrenos que corresponden a cada una de las tres diferentes situaciones en que se hallan los demandados respecto de la hacienda Papare, pues no aparecen los linderos de los sectores en que compraron las mejoras antes y después del contrato de arrendamiento y que permitiría alinderar los terrenos arrendados, ni tampoco es posible señalar las tierras sobre las que operó el fenómeno de la prescripción extintiva de dominio y en cuáles no, no se pueden acoger las pretensiones de la demanda porque “sería imposible hacer efectiva una sentencia en la cual no se determinara el sector que debería ser restituido”.

A continuación procede al tribunal a estudiar genéricamente la situación jurídica de los contratantes relacionada con el sector materia del contrato de arrendamiento, indicando que éste fue pactado por un término de 20 años prorrogable por igual tiempo a voluntad de las partes, por lo que, de conformidad con lo señalado en los artículos 2008 y 2012 del Código Civil, habría terminado en la fecha acordada, sin necesidad de requerimiento o desahucio, sin que esa sola circunstancia colocara a la arrendadora o a sus causahabientes en forma automática, en posesión de las tierras, sino que era necesario que recuperaran la tenencia material del bien, con ánimo de señor y dueño, lo que no aparece demostrado en el plenario, sino que por el contrario, está suficientemente demostrado, con las pruebas y la afirmación de los mismos demandantes, que el arrendatario no restituye voluntariamente el inmueble y antes bien, comenzó a detentarlo como propio realizando actos de señorío y unificando la posesión de los sectores en los que inicialmente compró las mejoras a los colonos, con el terreno tomado en arrendamiento.

El ad quem critica la actuación de la parte actora por nabar omitido en el libelo toda referencia al contrato de arrendamiento, es decir a la situación jurídica original entre Helena de Mier de Vengoechea y Julio Dangond Ovalle, iniciada como tenencia y posteriormente convertida en posesión, “porque refleja malicia al no dar cuenta de tales antecedentes y plantear la situación como si los propietarios de la Hacienda Papare desde siempre hubieran estado en posesión del lote de terreno pretendido en esta litis sin ninguna clase de perturbaciones y súbitamente los señores Dangond Ovalle y Dangond Noguera hubieran invadido una parte del predio”, conducta procesal que lleva al tribunal a deducir un indicio negativo en su contra, de conformidad con el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil.

Pasa luego a precisar si los demandados poseedores han detentado esta posesión en forma continua o si ha sido interrumpida, de tal manera que la hubieran perdido y posteriormente se reiniciará en 1989, ano en que se afirmó en la demanda, comenzó la posesión, y para ese efecto el ad quem tiene como elementos de convicción las declaraciones recibidas durante la inspección judicial así:

Rafael Alberto Escobar Jiménez, quien dijo ser residente y trabajador en la finca del doctor Julio Dangond desde 1980 hasta cuando prestó su declaración el 19 de abril de 1991, sin ninguna interrupción y suministra detalles acerca de los cultivos y mejoras realizadas por los demandados, sin intervención alguna o posesión en ninguna época, por parte de los actores.

Carlos Alfonso Acuña Parejo, en su calidad de vecino del predio, manifiesta que hace casi 30 años que conoce al doctor Julio Dangond Ovalle como dueño del predio sobre el que se efectuó la inspección judicial, quien lo ha explotado económicamente, sembrando tomate y guineo, construyendo un sistema de riego y luego plantando papaya, mango y hortaliza, y que las mejoras hechas, tales como casa de habitación, jagüey y canales de riego tienen como 25 años de haberse construido, mientras que el pozo tiene sólo dos años de construcción. Esta última parte de la declaración, en concepto del ad quem, revela que la continuidad de la posesión y los actos de invasión señalados por los demandantes en la demanda se suman a las anteriores obras posesorias, sin interrupción entre ellas.

La declaración rendida por José Antonio Rodríguez Blanco confirma lo señalado anteriormente, pues este trabajador al servicio de los demandantes indicó que cuando se dio cuenta de la presencia de un bulldozer en la finca, en compañía de uno de los propietarios observó la realización de una serie de trabajos, lo que en criterio del ad quem demuestra que los demandados se encontraban trabajando en el predio, antes de que los trabajadores advirtieran la presencia de maquinaria, lo que viene a reafirmar su criterio de que la posesión no sufrió interrupción.

Añade que si bien es cierto que el declarante Roberto Elías Hernández Yepez, manifestó conocer a la familia Dangond desde hace 30 años por haber trabajado para ellos en la finca Milandia y afirmó que se ausentaron de la finca para volver posteriormente, esta situación no puede producir ipso facto la restitución de la posesión en quien dice ser dueño del inmueble, pues le corresponde a éste demostrar actos positivos de dominio a fin de acreditar su posesión, para lo cual la parte actora acompañó unos contratos por los que autorizan la colocación de vallas de publicidad a firmas de particulares, con la constancia del pago de indemnizaciones por una entidad estatal por la construcción de obras públicas efectuadas en el terreno. Estas pruebas, en sentir del fallador, no resultaron convincentes, dado que “ninguna de ellas permite concluir que el sitio materia de las contratos se encuentre ubicado dentro de la zona poseída por los demandados”. En efecto, en los contratos celebrados con Ecopetrol, Industrias Roman, Distribuidora Coldes Ltda., la ubicación de los sitios arrendados es muy vaga o carece de linderos, por lo que es imposible determinar si se encuentran en el sector donde operó la prescripción extintiva o en otros sectores poseídos por los demandados.

Como consecuencia de lo anterior afirma el tribunal que tampoco pueden tomarse como “parámetros afirmativos” los interrogatorios rendidos por los demandantes Francisco y Juan Miguel de Vengoechea Fleury, primero, por la posición adoptada al presentar la demanda, omitiendo en los hechos la anterior posesión y calidad de arrendatario de Dangond Ovalle, pues “se carecería de un término de referencia para determinar la iniciación de las posesiones diferentes que ha clasificado la Sala”, y segundo, porque provienen de parte con interés en el proceso respecto a la cual el tribunal dedujo un indicio en contra por presentar la demanda “con reticencias” en ese sentido.

Sobre este particular, concluye por última el tribunal, en aplicación del artículo 780 del Código Civil y con base en las pruebas analizadas, que Julio Dangond Ovalle comenzó a poseer, al menos algunos sectores del terreno que se pretende restituir, desde el año 1955, y que igualmente se demostró que era poseedor cuando se presentó la demanda, por lo que puede aplicarse la presunción legal de la norma citada, de que ha sido poseedor en el tiempo intermedio, lo que no fue desvirtuado por la parte actora.

4. Títulos de los demandantes.

Reitera el tribunal que tampoco comparte el criterio del a quo en cuanto considera suficiente el título de propiedad presentado por la parte actora, pues se echa de memos los que justifican la titularidad de sus causantes y agrega, que ya ha sentado su criterio de que el demandado Julio Dangond Ovalle es poseedor de algunos sectores del predio en discusión desde el año de 1955, como se desprende de las escrituras públicas números 250 de 5 de agosto de 1955 de la Notaría Única de Ciénaga, y 51 de 21 de febrero de 1957 de la Notaría 1ª de la misma ciudad, por las cuales adquirió las mejoras a los colonos.

Señala que de manera reiterada ha sostenido la jurisprudencia en numerosas sentencias de esta Corte, que los títulos del demandante deben ser anteriores a la posesión del demandado y en consecuencia, la parte actora ha debido presentar los títulos de propiedad encadenados que se remontaran a una fecha anterior a 1955, cuando según conclusión del tribunal, comenzó a poseer Julio Dangond Ovalle, y en el proceso únicamente obra el título de propiedad correspondiente a la aprobatoria de la partición en la sucesión del causante de los demandantes, efectuada el 27 de enero de 1976 y protocolizada mediante escritura pública número 1612 del 5 de agosto de 1987, no del mismo año, como dice el tribunal, título que no rebasa el tiempo de posesión del demandado tantas veces citado.

Afirma el ad quem que por una parte falla la prueba de la ocurrencia de ese aspecto fundamental para poder obtener la restitución de un inmueble por la acción impetrada, y por otra parte, estando probada la prescripción extintiva de dominio, debe revocarse la sentencia de primera instancia y en consecuencia, negar las pretensiones de la demanda.

lIl. La demanda de casación

Cuatro cargos contra la sentencia del tribunal formula el recurrente: el primero por la causal 5ª, los dos siguientes por la causal 2ª y el último con fundamento en la causal 1ª del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, de los cuales la Corte estudiará el primero que ataca la nulidad parcial de la sentencia y el cuarto por combatir la totalidad del fallo y estar llamado a prosperar.

Primer cargo:

El censor acusa la sentencia con fundamento en la causal 5ª prevista en el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil por estar viciada de nulidad no saneada, establecida en el numeral 2º del artículo 140 ibídem, es decir, por falta de competencia.

Dice el recurrente que existe nulidad parcial de la sentencia por cuanto con la revocatoria de la de primer grado, el ad quem favorece al demandado Julio Dangond Ovalle quien no apeló la sentencia del a quo y se conformó con dicho fallo, pues ni apeló, ni adhirió al recurso interpuesto por los demandados Dangond Noguera, y en tales condiciones, se violó el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil que únicamente otorga competencia para conocer y resolver sobre lo desfavorable al apelante, sin que pueda el superior enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso.

Afirma que el tribunal al revocar la totalidad de la sentencia del juzgado, incurrió en nulidad, pues lo procedente era resolver únicamente acerca de lo desfavorable a los apelantes, sin tomar la decisión en lo que hace relación a Julio Dangond Ovalle, dado que no había apelado y no se presenta en el sub lite la excepción indicada en el inciso primero del artículo 374 citado.

A continuación el recurrente señala que la demanda se dirigió contra seis coposeedores del inmueble, entre quienes, para efectos procesales, no existe litis consorcio necesario que obligue al juez a pronunciarse de manera idéntica para todos los integrantes de la parte, pues unos poseedores pueden resultar vencidos y otros no, según hayan acreditado su derecho, sin que se pierda la unidad de la causa. Añade que así mismo el demandante puede incoar la acción contra un solo poseedor sin que el juez imperiosamente deba disponer la integración del contradictorio, pero si el actor resuelve demandar a varios, se presenta una acumulación subjetiva que genera un litis consorcio facultativo que para su formación depende única exclusivamente de la voluntad del demandante, por lo que la sentencia que se dicte puede aprovechar a unos y perjudicar a otros de los demandados.

Manifiesta el censor que cuando se demanda a varios poseedores, puede suceder que la reivindicación se decrete en contra de algunos y se niegue para otros, siendo de todas maneras ejecutable el fallo, pues al hacer la restitución, el propietario parcialmente triunfante entra como poseedor con los demás, y todos ellos, propietario y poseedores como coposesores, tienen la posibilidad de demandar la división de la comunidad, de conformidad con los artículos 2330 a 2632 del Código Civil. Agrega que, además de lo anterior, en el proceso no se acreditó que entre los demandados exista una comunidad organizada a la que se le haya designado un administrador.

Concluye que como el ad quem revocó el fallo en favor de quien no había apelado, desbordó su competencia funcional, se excedió en sus atribuciones, con lo que incurrió en la nulidad que se denuncia, vicio que es oportuno alegarlo en casación por cuanto ocurrió en la sentencia y la parte demandante no la ha saneado como expresamente lo manifiesta, ni ha dado lugar al hecho que la origina y tiene interés para proponerla, pues se beneficia con la sentencia que condena a Julio Dangond Ovalle a restituir.

Solicita el casacionista que se decrete la nulidad parcial de la sentencia acusada en cuanto revocó la condena en contra de Julio Dangond Ovalle, quien no es apelante del fallo del a quo, y en su lugar se mantenga dicha sanción en relación con este demandado.

Consideraciones de la Corte

Como en numerosas oportunidades lo ha reiterado la Corte, para que pueda infirmarse una sentencia por el motivo 5 de casación se requiere que la causal esté contemplada como tal en alguna de las consagradas en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, siempre que no se hubiera saneado, esto es, cuando la parte que podía alegarla no lo hizo oportunamente, en el momento procesal correspondiente. Además, al tenor del artículo 143 ibídem, se requiere que la persona que la invoca esté legitimada para alegarla, es decir, quien a causa del vicio haya sufrido lesión o menoscabo de sus derechos. Por lo tanto, la nulidad convalidada expresa o tácitamente, o la que no afecte a la persona que la propone, o la constituida por hechos que pudiéndose proponer como excepciones previas, no lo fueron, no es admisible como causal de casación.

Por otra parte, en el derecho positivo colombiano se halla consagrado el principio de las dos instancias, el que se hace efectivo cuando la parte inconforme con la decisión del fallador de primer grado interpone contra ella el recurso de apelación, que tiene por objeto que el superior conozca lo resuelto por el a quo a fin de que efectúe los correctivos de rigor en la providencia recurrida. Este recurso se estructura sobre unos soportes que no le son dados desconocer al juzgador ad quem, entre ellos “el interés para recurrir” y “la personalidad del recurso, los cuales le imponen entender que la apelación está interpuesta únicamente en lo perjudicial para el o los recurrentes, en armonía con lo dispuesto por el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil., esto es, que el superior no puede enmendar, por regla general, la providencia apelada en la parte que no es objeto del recurso, salvo que sea indispensable “hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella”, o que la contraparte haya igualmente interpuesto apelación o hubiese adherido a ese recurso, pues en estos supuestos la competencia del ad quem es plena.

Contrario sensu, cuando únicamente han interpuesto el recurso de alzada unos demandados, sin que entre ellos exista un litisconsorcio necesario, esa competencia está limitada a la parte que es objeto del recurso.

Se entiende por litisconsorcio la situación jurídica que se presenta cuando son varias personas las que integran la parte demandante o la demandada, situación que puede formarse, bien sea por voluntad de los litigantes o por obra de una razón imprescindible, impuesta por mandato de la ley o determinada por la naturaleza misma de la relación sustancial sometida a controversia y que ha de constituir el objeto del pronunciamiento jurisdiccional que le ponga fin al proceso. El primer caso se da, cuando quienes integran la parte, por razones de economía procesal usualmente, y mediando vínculos, ya sea sobre el objeto, la causa o los medios de prueba, acuden voluntariamente a formular las pretensiones independientes entre sí, que bien podrían formularse en proceso separado, de donde resulta obvio inferir que, si cada uno de los litigantes incorpora una pretensión autónoma y propia en el proceso, la sentencia que lo defina, bien puede no ser uniforme, sin que así se afecte la unidad del litigio.

En la segunda de las hipótesis señaladas, el litisconsorcio es necesario u obligatorio por cuanto es de la índole de la relación sustancial, o según el caso, de un precepto positivo expreso, de donde resulta la carga de la acumulación subjetiva a la que se refieren los artículos 51 y 83 del Código de Procedimiento Civil, hipótesis en la que un pronunciamiento del juez con alcances referidos a la totalidad de la relación, no puede proceder sin la intervención de todos los litisconsortes.

Lo que determina la formación del litisconsorcio necesario, cuyo fundamento último se encuentra en la exigencia de resguardar el derecho de defensa de todos los interesados a quienes se les extiende la autoridad de cosa juzgada material, es la relación sustancial discutida en el proceso, bien sea por su naturaleza o por disposición legal, en cuyo caso, como lo ha dicho la Corte, “no es susceptible de escindirse en tantas relaciones aisladas como sujetos activos o pasivos individualmente considerados existan, sino que se presenta como una sola, única e indivisible frente al conjunto de tales sujetos (G.J. tomo CLXXX, pág. 193).

Por otra parte y en relación con la acción reivindicatoria, de vieja data ha dicho la Corte que: “Quien escoge el demandado en reivindicación es el actor y nadie más; de equivocarse en ello, las consecuencias adversas no hay que buscarlas en punto de construcción procesal antes que en la sustancial como que en tal evento no podría esperar que florezca su pretensión” (Cas. Civil de 14 de septiembre de 2000).

En la acción objeto de estudio fueron demandados Julio Dangond Ovalle y Carlos, Armando, Julio, Víctor y Orlando Dangond Noguera, como coposeedores del predio en litigio, y así intervinieron y así se defendieron, formándose entonces un litisconsorcio necesario pasivo entre todos ellos, de ahí que la apelación del fallo de primera instancia favorecía por igual a todos y cada uno de los demandados, es decir que se impone una decisión del tribunal uniforme para todos ellos, sin que interese que a pesar de la adversidad de la sentencia, el demandado Julio Dangond Ovalle no hubiese apelado.

Por lo demás, la pretensión del recurrente en este cargo, tendiente a que se declare que los actores entran en coposesión con el demandado que no apeló, es un pronunciamiento que desborda los límites de la causal de nulidad alegada.

Teniendo en cuenta lo expuesto, la nulidad señalada por el casacionista no se presenta y en consecuencia el cargo en estudio deberá desecharse.

Cuarto cargo

El censor acusa la sentencia por la causal 1ª de casación por violación indirecta de la ley sustancial a consecuencia de los errores de hecho manifiestos y trascendentes en la apreciación de las siguientes pruebas: 1) la inspección judicial efectuada en el predio el 7 de diciembre de 1990; 2) el dictamen de los primeros peritos de 6 de julio de 1991; 3) las aclaraciones de estos peritos de 16 de septiembre de 1991; 4) el dictamen rendido por los peritos del Agustín Codazzi el 5 de marzo de 1992 y sus documentos adjuntos; 5) las aclaraciones de dichos auxiliares de la justicia del 24 de julio de 1992 y sus documentos; 6) la escritura pública número 51 de 21 de febrero de 1957 de la Notaría de Ciénaga con la que se protocolizó el contrato de arrendamiento; 7) las declaraciones de parte de los demandantes Francisco y Juan Miguel de Vengoechea Fleury; 8) declaración de renta del demandado Vangond Ovalle correspondiente al año de 1972; 9) los testimonios de los declarantes Escobar, Hernández, Acuña y Rodríguez; 10) la escritura pública número 1612 de 5 de agosto de 1987 de la Notaría 2ª de Bogotá; 11) los certificados de tradición del inmueble expedidos por el Registrador de Instrumentos Públicos de Ciénaga (Magdalena).

Las normas violadas con la sentencia del tribunal son: por falta de aplicación, los artículos 739, 762, 779, 946, 947, 950, 952, 961, 962, 964, 965, 2330, 2331, 2332, 2532 y 2536 del Código Civil, junto con el artículo 1º de la Ley 50 de 1936; por interpretación errónea, los artículos 2531, 775 y 777 del mismo código.

Para fundamentar el cargo el recurrente indica que el fallo del ad quem contiene diversos argumentos tendientes a revocar la sentencia de primera instancia, algunos de los cuales en su sentir son contradictorios entre sí, otros son oscuros y otros intrascendentes, por lo cual y a fin de combatirlos todos, efectúa una larga enumeración de los fundamentos del fallo, no solamente de los que se indican expresamente sino los que surgen de su texto.

En el desarrollo de la acusación procede el censor a referirse a cada capítulo de la sentencia e indica que tanto el tribunal como la parte recurrente aceptan que lo que se pretende en el litigio es una cuota de cosa singular reivindicable, pero que respecto a la identificación del predio, el fallador considera que no se identificó por parte del juez de primera instancia, conclusión a la que arribó por error en la apreciación de la inspección judicial y de los dos dictámenes rendidos por peritos, cuando lo cierto es que en el acta de la primera de dichos pruebas se identifica tanto el globo general como el particular cuya reivindicación se solícita; en el dictamen rendido por los primeros peritos igualmente se detalla tanto el terreno de mayor extensión como el globo de terreno en disputa, peritos que en su aclaración manifiestan que no pueden decir si el terreno Milandia está dentro del predio de los demandantes, pues tienen duda por ta adjudicación del Incora a Nelly Mozo Ortiz dado que este terreno está dentro del predio que tienen en posesión los señores Dangond.

Indica el casacionista que los peritos del Instituto Agustín Codazzi en su dictamen, determinaron en un plano la ubicación, tanto del terreno general como del que es objeto de la litis, peritos que en su aclaración del dictamen se ratifican en la alinderación y precisan que la parte denominada Hacienda Milandia se encuentra dentro del terreno de los demandantes, es decir que existe lo que denominaron “traslape”, esto es, que parte de Milandia se encuentra dentro del predio de los actores.

Aclara el recurrente que la Hacienda Milandia que alegan los demandados, comprende dos zonas de terreno contiguas, una de los demandantes y otra que no, pero que al presentarse como un solo inmueble inducen a la confusión en que incurrieron en el primer dictamen pericial pero que fue aclarada por los segundos peritos.

Precisa que el tribunal ha debido apreciar estas pruebas de conformidad con el artículo 241 del Código de Procedimiento Civil, con mayor razón si se tiene en cuenta que el dictamen rendido por los peritos del Agustín Codazzi es técnico y atendible a términos del artículo 243 ib., por tratarse de una dependencia oficial que está expresamente calificada como idónea por la misma norma.

Sobre este punto estima que es errónea la posición del ad quem porque, por una parte considera que no está identificado el predio, pero por otra, en ciertos pasajes de la sentencia afirma que dentro del terreno no se encontró ningún otro poseedor, o que el señor Dangond Ovalle ha tenido la posesión ininterrumpida del predio, y así, si no se ha identificado el bien, no se entiende cómo se pudo llegar a esas conclusiones. Por lo tanto el inmueble sí está debidamente determinado pero el tribunal, al recortar el alcance de las pruebas señaladas, llegó a una conclusión de que el terreno no estaba identificado cuando lo cierto es que sí lo está.

En relación con la posesión de los demandados, señala el censor que está probado que existió un contrato de arrendamiento entre Helena de Mier de Vengoechea y Julio Dangond Ovalle sobre el inmueble objeto de la litis, el que fue protocolizado con la escritura pública número 51 de 21 de febrero de 1957 de la Notaría de Ciénaga, y por lo tanto, si el tribunal acepta la existencia y vigencia de este contrato acepta igualmente que la arrendadora no solamente era la propietaria y poseedora del bien sino la causante o antecesora de Manuel de Vengoechea de Mier, quien a su vez es el causante de los demandantes y así lo dice de manera expresa en la sentencia.

Añade que sobre estas pruebas están acordes las partes y el tribunal pero que discrepan respecto a sus alcances, pues a partir de este contrato, de las declaraciones de los demandantes, de los testimonios de Escobar, Hernández, Acuña y Rodríguez, y de la declaración de renta del demandado Dangond Ovalle, el fallador de segunda instancia encontró probada, sin estarlo, la posesión ininterrumpida y treintenaria en cabeza de los demandados, como consecuencia del yerro en la contemplación de dichas probanzas.

Señala el recurrente que el ad quem para empezar a edificar la prueba de la posesión consideró que según la cláusula tercera del contrato de arrendamiento, se establece que el demandado Dangond Ovalle compró unas mejoras a unos colonos, antes de la celebración del contrato mencionado y que como compró esas mejoras en el año 1955, tenía la calidad de poseedor de esas nueve porciones de la Hacienda Papare, como se señaló en la escritura que contiene el contrato, pero, agrega el censor, si se contemplan otras cláusulas del susodicho contrato, se observa que esa conclusión es errada. En efecto, en la cláusula cuarta se indica que se entrega una porción de tierras en la que no se incluyen los terrenos ocupados por los colonos señalados en la cláusula anterior, pero que las zonas ocupadas se encuentran dentro del globo de terreno arrendado.

Agrega el casacionista que si el tribunal hubiera analizado la clausula primera del contrato habría encontrado que los ocupantes relacionados se hallaban en tierras de propiedad de la arrendadora y que el arrendatario Dangond Ovalle corno ocupante por ser comprador de mejoras, reconoció expresamente en dicho documento que esas tierras donde se encontraban las mejoras compradas pertenecían a su arrendadora, y en consecuencia, al reconocer de manera expresa el dominio ajeno, dejó de ser poseedor para convertirse en mero detentador de predios ajenos sobre los que tenía plantadas mejoras, las que pertenecen al dueño del fundo en virtud de la accesión y generan a cargo del propietario una obligación de crédito de pagar su valor a favor del mejorador, quien a su vez tiene el derecho de retención que puede hacer valer en su momento pero que no se puede convertir en generador de posesión.

Considera el recurrente que con la demostración de este yerro se destruye la posesión iniciada según el fallo desde 1955, y cualquier posesión que se alegue se inicia en fecha posterior.

Respecto a la afirmación del tribunal, formulada con base en la cláusula quinta del contrato, de que, por no haberse encontrado ningún otro poseedor durante la práctica de la inspección judicial, debe presumirse que el demandado Dangond Ovalle, autorizado por la arrendadora compró las mejoras de los otros ocupantes o adquirió por cualquier otro modo la posesión, considera el recurrente que este es otro error del juzgador, porque si las compras de las mejoras las efectuó durante la vigencia del contrato, se le aplicará el régimen antes indicado, esto es, que por reconocer dominio ajeno sobre el terreno, su calidad es de mejorador en suelo ajeno, sin que la detención de esos bienes, lo convierta en poseedor, ni que la compra de mejora surta el mismo efecto, porque comprar mejoras en suelo ajeno es plantarlas y el único derecho que generan es el del mejorador.

Manifiesta que además, esta autorización de compra de la cláusula quinta, como la contenida en la cláusula tercera, debe acompasarse con lo expresado en la parte final de la octava, en donde se pactó que el valor de los arrendamientos se compensaría con lo que tuviera que pagar el arrendador por concepto del pago de las mejoras al vencimiento del contrato, a favor del arrendatario, de todo lo cual se concluye que el demandado Dangond Ovalle compró unas mejoras con anterioridad al contrato, en el año 1955, que podía comprar mejoras durante el término del mismo, podía plantar mejoras por su propia cuenta, y todas estas mejoras le serían pagadas por el propietario del terreno cuando se venciera el contrato. Por lo tanto, erró el ad quem, en la contemplación de estas pruebas y en consecuencia encontrar probada, sin estarlo, la posesión de Dangond Ovalle que se deriva de unos hechos que no la generaban.

Pasa el censor a analizar las declaraciones de parte de los demandantes Francisco y Juan Miguel de Vengoechea, a las que el Tribunal no les da credibilidad por ser parte interesada y por deducir un indicio en su contra con fundamento en la malicia de la demanda. Sobre el primer punto sostiene el recurrente que el ser parte no es óbice para la credibilidad pues ésta se mide teniendo en cuenta los requisitos previstos en la ley con preguntas que pueden ser asertivas o no. En el presente caso se les formularon únicamente preguntas no asertivas las que respondieron de manera concreta y sin evasivas, e inclusive el propio juez los interrogó pidiendo explicaciones sobre el sentido y alcance de sus respuestas, las que fueron dadas de manera satisfactoria, por lo tanto sus exposiciones merecen entero crédito.

Respecto al indicio en contra derivado de la actitud maliciosa de los demandantes por no haber indicado en la demanda la relación jurídica que ligó a Julio Dangond Ovalle con Helena de Mier de Vengoechea, causante de los actores, indica el casacionista, que mal podrían estos últimos referirse a estas circunstancias, pues estaban convencidos de la preexistencia del contrato, de la buena fe del arrendatario, que se presume, de la entrega o restitución del predio, lo que no ha ocurrido, de la inexistencia de la interversión del título, que tampoco ha sucedido, por lo cual es atrevido calificar de maliciosa su actitud por no estar de acuerdo con las apreciaciones subjetivas de la otra parte, y si en realidad hubiera existido tal malicia, ha debido el ad quem, imponerles la sanción prevista en el artículo 72 del Código de Procedimiento Civil, y como así no ocurrió, significa que la actitud de la parte actora no ha tenido el carácter señalado en el fallo.

En relación con las declaraciones de los testigos Rafael Alberto Escobar Jiménez, Roberto Hernández Reyes, Carlos Acuña Parejo y José Antonio Rodríguez Blanco, considera el censor que con excepción del último, nada aportan pues Escobar dice que conoce a los demandados desde 1980 a quienes ha visto en la Hacienda Milandia haciendo obras y cultivos, que no ha visto a los demandantes y que se encuentra en la reglón desde hace nueve años (1982 aprox.); Acuña cuenta que conoce como dueño a Dangond Ovalle desde hace 30 años habiendo hecho trabajos en la finca pero que no sabe quién los dispuso, y que la abuela de los Vengoechea decía que era de ella toda la tierra hasta donde alcanzaba la vista, que toda la vida la finca Papare ha sido de los demandantes. Hernández narra que sabe que los Dangond se le metieron a la finca de los actores, que ha trabajado en Milandia pero que las obras del predio ya estaban cuando él llegó a la región en 1955 aproximadamente, que no sabe quién hizo las mejoras, pero que hay unas obras recientes, como de dos años. Rodríguez expone que Juan Miguel de Vengoechea lo contrató para trabajar en la finca en mayo de 1987, como asistente de administración, que aproximadamente el 6 de mayo de 1989 le informaron unos trabajadores de la misma hacienda, que estaban trabajando con un bulldózer y que su conductor le dijo que era de parte de los Dangond, lo que le informó a su patrón, y fueron al sitio encontrando un caserón destruido cubierto con una carpa vieja, que la tierra era pura maleza, ante lo cual el señor de Vengoechea inició acciones legales y que la cerca fue destruida por personal ajeno a la hacienda.

A continuación analiza el contenido de la declaración de renta de Julio Dangond correspondiente al año 1972 en la que aparecen unos gastos de la finca Milandia pero sin señalar en dónde está ubicada, ni cuáles son sus linderos, por lo que indica el censor que en este punto el Tribunal fue mucho menos exigente en cuanto a las pruebas pues no exigió la identificación del inmueble sino que fueron suficientes unas simples enunciaciones de carácter general, por lo que se pregunta que de dónde se puede deducir la posesión de unos datos tan vagos. Señala que por qué no aportó el demandado las declaraciones de renta desde 1955 cuando dice haber comenzado a poseer, puesto que la inclusión de la finca en su declaración de 1972, suponiendo que se trate de la misma, no hace presumir la posesión anterior ni la posterior. Agrega que la declaración de renta es un acto unilateral del contribuyente que no es oponible a terceros sino al fisco y si este documento algo prueba es en contra del declarante pero jamás contra terceros ajenos a este requisito fiscal. Considera que este es otro yerro del ad quem, al haber establecido una posesión con fundamento en esta prueba.

Respecto a los títulos de los demandantes, que el Tribunal dice que no demostraron los anteriores a la posesión de Dangond Ovalle, la que ubica desde 1955, indica el recurrente que en la cláusula 1ª del contrato de arrendamiento la parte demandada acepta que la propietaria del inmueble es la arrendadora, causante de los demandantes, que dicho contrato tuvo una duración de veinte anos, desde el 27 de enero de 1956 hasta el 27 de enero de 1976 y durante todo este tiempo por lo menos Dangond Ovalle estuvo como arrendatario reconociendo dominio ajeno en cabeza de la señora Helena de Mier de Vengoechea; al morir ésta, el predio le fue adjudicado a Manuel de Vengoechea de Mier, según aparece en la partición protocolizada en escritura pública 3477 del 8 de agosto de 1975 de la Notaría 9ª de Bogotá y registrada en Ciénaga en el Libro 1 impar, tomo 2º, folio 346 partida 502 de 21 de diciembre de 1967, como se indica en la escritura pública 1612 de 5 de agosto de 1987 de la Notaría 2ª de Bogotá, la que se acompañó con la demanda, contentiva de la protocolización del proceso de sucesión de Manuel de Vengoechea de Mier, cuya sentencia aprobatoria fue registrada en Ciénaga el 27 de enero de 1987 como consta en los certificados que obran en el expediente.

Precisa el censor que sobre este particular se encuentran varios períodos: 1) el del tiempo de la vigencia del arrendamiento, desde el 27 de enero de 1956 hasta el 27 de enero de 1976; 2) desde el 21 de diciembre de 1967 cuando se aprueba la partición de la sucesión de Helena de Mier de Vengoechea siendo adjudicatario Manuel de Vengoechea de Mier, hasta el 27 de enero de 1987 cuando el inmueble es adjudicado a los demandantes; 3) desde esta adjudicación hasta la partición material de los herederos de Vengoechea Fleury efectuada por escritura pública 4271 de 1990 de la Notaria 2ª de Santa Marta registrada en Ciénaga el 27 de diciembre de 1990; 4) desde esta última fecha hasta la actualidad.

Se refiere luego el censor el efecto retroactivo de la partición hasta la fecha del fallecimiento del causante sin que se presente solución de continuidad en el dominio, que además por ser los herederos representantes de la persona del causante, cuando se adquiere un bien por sucesión, su dominio es solo y único, empezando en el primer causante sin vacancia en la propiedad. Por lo tanto, si se acreditó en el proceso que el poseedor reconoció dominio ajeno en épocas pretéritas, es inane probar la cadena de tradiciones que han sido aceptadas por éste, y probado que se es propietario hoy por sucesión, se prueba el dominio de los antecesores, con mayor razón cuando dicho dominio ha sido reconocido por el poseedor, porque en este caso no se trata de probar la propiedad frente a un tercero o a todo el mundo, sino contra unas personas determinadas, que por haberla admitido, queda probada la titularidad.

Señala el casacionista que una de las principales razones del tribunal para revocar la sentencia de primera instancia fue considerar que en el presente caso operó la interversión del titulo de tenedor a poseedor por parte de los demandados y con fundamento en esta figura declaró probada la excepción de prescripción extintiva del dominio y negó en consecuencia las pretensiones de la demanda.

Después de transcribir las normas relativas a la posesión y la tenencia, artículos 2531, 762, 775, 777, 780 y 786, y referirse a la distinción entre estas dos figuras y que la mera tenencia no se convierte en posesión, el recurrente, con apoyo en doctrina foránea que cita, indica que existen dos posiciones en materia de interversión del título de tenedor a poseedor: la primera, acogida por la mayoría de los tratadistas latinoamericanos, acepta que la interversión opere de manera unilateral, esto es, que se presente una contradicción u oposición del detentador contra el propietario, y la segunda, que considera que no puede existir interversión unilateral porque equivaldría a interpretar que la ley avala un acto antijurídico que se asimilaría al despojo.

Indica que la jurisprudencia colombiana, de conformidad con sentencias de esta corporación citadas en la demanda, acepta la interversión unilateral pero bajo determinados supuestos como son que el tenedor se rebele expresa y públicamente contra el derecho del propietario de quien ha derivado su título precario, desconociéndole todo derecho y debe probar plenamente desde cuándo intervirtió su título y cuáles son los actos que invoca como reveladores de su señorío.

Considera el recurrente que en el presente caso la parte demandada no cumplió con ninguno de estos requisitos a pesar de lo cual prosperó la prescripción extintiva del derecho de dominio de los demandantes con fundamento en la interversión del título. Señala que respecto al requisito consistente en que debe probarse plenamente cuándo cambió el carácter de tenedor a poseedor, debe ponerse de relieve que no solamente el apoderado de los demandados no da, ni fecha ni hechos ciertos al respecto, sino que en la sentencia impugnada el tribunal desconoce abiertamente en qué momento operó el fenómeno, pues se sabe que Julio Dangond adquirió la tenencia del inmueble en virtud del contrato de arrendamiento celebrado con Helena de Mier de Vengoechea y está probado que durante su vigencia, por acuerdo entre las partes el arrendatario no pagaba un precio en dinero sino cumplía con esta contraprestación manteniendo el predio rural y al final del arrendamiento se efectuaría una liquidación y compensación.

En cuanto a la rebelión expresa y pública de los demandados contra el derecho de los demandantes, dice él censor que no obra en el proceso ninguna prueba de que antes de 1989, cuando se iniciaron los actos perturbatorios que dieron origen al proceso los demandados hubieran desconocido dicho derecho, sino que por el contrario, por lo menos hasta 1976, cuando terminó el contrato de arrendamiento tantas veces mencionado, expresamente reconocieron dominio ajeno en cabeza de la arrendadora.

En relación con la demostración de algún acto inequívoco de señorío, pretenden hacerlo los demandados con la declaración de renta de Dangond Ovalle del año 1972, la que, como ya se dijo, no es documento público y por lo tanto no es prueba del ánimo expreso y público de intervertir el título ni puede servir tampoco para alegar la prescripción extintiva.

Añade que la jurisprudencia ha sido muy clara en el sentido de exigir la forma como se concreta la interversión del título para no avalar actos abiertamente antijurídicos o permitir que dentro de un contrato, que es ley para las partes, el tenedor decida por sí y ante sí irse contra el derecho de su cocontratante y decidir que ahora tiene el derecho que antes le reconocía.

Manifiesta el recurrente que en este caso es claro que entre 1956 y 1976 existió el contrato de arrendamiento a que se ha hecho alusión, el cual terminó por vencimiento del término, que durante su vigencia no pudo operar el fenómeno de la interversión del título, pues de no cumplirse los requisitos formales para su operancia, en ejercicio legítimo de las obligaciones contractuales no puede uno de los contratantes desconocer el derecho del otro, ni modificar el título bajo el cual contrató porque los pactos deben ser cumplidos. Añade que bajo el supuesto de que a partir de 1976, cuando los demandados dejaron de tener la tenencia del inmueble por la terminación del contrato el que han debido desalojar, entraran en posesión del bien, ésta sería de mala fe y por lo tanto para que operara la prescripción adquisitiva debían transcurrir veinte años, pues se trataría de la extraordinaria, la cual vencería en 1996, es decir con posterioridad a la presentación y notificación de la demanda, y lo mismo puede decirse respecto de la prescripción de la acción reivindicatoria que igualmente se consumaría en 1996.

Indica que desde 1976 en adelante no puede operar la interversión por cuanto para esa fecha los demandados no tenían ningún título sobre el inmueble por la terminación del contrato de arrendamiento y por lo tanto no habría nada que intervertir.

Señala entonces el recurrente las conclusiones probatorias que en su sentir son las correctas: 1) identificación plena del inmueble; 2) que se trata de cosa singular; 3) propiedad de los demandantes; 4) posesión de los demandados; 5) inicio de la posesión en enero de 1976 a la terminación del arriendo; 6) que las mejoras adquiridas en 1955 no constituyen posesión sino meros derechos credituales que corresponden al mejorador en terreno ajeno, 7) que en la fecha del contrato de arrendamiento, 27 de enero de 1956, se reconoció dominio ajeno en cabeza de la antecesora de los demandantes, lo cual impide usucapir; 8) las compras de mejoras durante la vigencia del contrato de arrendamiento no generan posesión sino un derecho creditual a favor del mejorador y a cargo del propietario; 9) que todas las mejoras acceden al terreno sobre el cual fueron plantadas y generan obligación creditual; 10) a partir de la iniciación de la posesión por parte de los demandados, el 27 de enero de 1976 y hasta la fecha de la presentación de la demanda, 28 de septiembre de 1989, no ha transcurrido el término establecido en la ley, bien para usucapir o para extinguir la acción ordinaria.

Concluye en censor que si el Tribunal no hubiera incurrido en los errores de hecho denunciados, habría rechazado la excepción de prescripción y decretado la reivindicación.

Consideraciones de la Corte

Como quedó consignado en el acápite de la sentencia del tribunal, dicha corporación revocó el fallo de primera instancia y absolvió a la parte demandada por cuanto concluyó que no se habían demostrado los elementos necesarios para la reivindicación y que por el contrario se probó la prescripción extintiva del dominio, conclusión a la cual llegó luego de analizar las pruebas obrantes en el proceso.

El recurrente a su vez considera que el tribunal incurrió en manifiestos y trascendentes errores fácticos en la apreciación de las pruebas que lo llevaron a desestimar las pretensiones y a declarar probada la prescripción al considerar que los elementos de la pretensión no se encuentran plenamente probados en el plenario, con lo cual violó las normas sustanciales señaladas en la enunciación del cargo.

Tanto la doctrina como la jurisprudencia de forma unánime han identificado como elementos que estructuran la acción reivindicatoria, el derecho de dominio del demandante, la posesión actual del demandado, identidad entre el bien perseguido por el demandante y el poseído por el demandado y que se trate de una cosa singular reivindicable o una cuota determinada proindiviso sobre una cosa singular.

Procede entonces la Corte a estudiar cada uno de los diferentes errores que en concepto del recurrente cometió el ad quem en la apreciación de las pruebas:

1. El primer yerro fáctico que la censura le endilga al tribunal consiste en que el fallador consideró que el predio que se pretende reivindicar no está debidamente identificado por error en la apreciación de la inspección judicial y de los dos dictámenes periciales.

Respecto a este punto ha dicho la Corte que la identificación se refiere a dos aspectos, el uno sustancial y el otro procesal, la identidad material entre el predio de propiedad del demandante y aquél poseído por el demandado y la identidad entre este último y el señalado en la demanda de conformidad con el artículo 76 del Código de Procedimiento Civil y así lo ha reiterado al sostener que “la identidad del bien reivindicado se impone como un presupuesto de desdoblamiento bifronte, en cuanto la cosa sobre que versa la reivindicación no solamente debe ser la misma poseído por el demandado, sino estar comprendida por el título de dominio en que se funda la acción, vale decir que de nada serviría demostrar la identidad entre lo pretendido por el actor y lo poseído por el demandado, si la identidad falla entre lo que se persigue y el bien a que se refiere el título alegado como base de la pretensión (Cas. Civil de 30 de abril de 1963 tomo Cll, pág. 23; 18 de mayo de 1965 tomos CXI y CXII pág. 191; 2 de noviembre de 1966, 6 de abril de 1967, 13 de abril de 1985, 26 de abril de 1994 y 14 de marzo de 1997).

Pero esta identidad, como se señaló anteriormente no puede quedar sometida a parámetros de exactitud matemática, sobre todo si se trata de inmuebles, y más si estos son rurales, dada la falta de sistemas técnicos de identificación: No es de rigor que exista una absoluta coincidencia de linderos entre los títulos y el bien pretendido porque bien pueden variar con el correr de los tiempos por segregaciones, variaciones en nomenclatura y calles, mutación de colindantes, etc. Precisamente la Corte en el punto ha sostenido que queda en abrigo de cualquier duda que para hallar la identidad del fondo reivindicado no es de rigor que los linderos se puntualicen de modo absoluto sobre el terreno; o que la medición acuse exactamente la superficie que los títulos declaran; o que haya coincidencia matemática en todos y cada uno de los pormenores por examinar. Basta que razonablemente se trate del mismo predio por sus características fundamentales (Cas. Civil nov. 25/93).

Además de lo anterior, es oportuno aclarar que para la identificación del bien rige a plenitud la libertad probatoria, y aunque los medios más adecuados para demostrar tanto ésta como la posesión son la inspección judicial y los testimonios, no puede decirse que sean los únicos, ni que la confesión del demandado no sea adecuada o eficaz.

Sobre este particular se observa que en la inspección judicial practicada sobre el predio, el juez de primera instancia (fl. 5 cdno. pruebas parte demandante) señala los linderos del inmueble en discusión y describe las mejoras existentes en él. El dictamen pericial rendido por los primeros peritos, Gida Morelli Turcio y Álvaro López Ulloa, no identifica el predio en discusión sino un terreno denominado Hacienda Milandia, y en la aclaración que les fue solicitada por el mismo juzgado, indican que no podrían decir si este terreno está dentro del de los demandantes, teniendo en cuenta la adjudicación que hizo el Incora a la señora Nely Mozo Ortiz, inmueble que se encuentra dentro del que está en posesión de los demandados. Este dictamen fue objetado por error grave por la parte actora, objeción aceptada por el a quo y sobre él no hace ninguna mención el tribunal.

En relación con el dictamen rendido por los peritos del Instituto Agustín Codazzi, que fue remitido al despacho el 10 de marzo de 1992, dichos auxiliares de la justicia, después de indicar el material que utilizaron para rendirlo, precisan los documentos en los cuales se encuentran consignados, tanto la ubicación como la alinderación de la hacienda Papare, de la hacienda Milandia y del terreno que se “traslapa o es común a ambos predios”, y en su aclaración al dictamen indican que éste último es el terreno sobre el que versa el dictamen, que está representado en un gráfico que anexaron al informe y que “corresponde al área en litigio del predio Milandia (240-6000 hás), que se encuentra en la hacienda Papare”, y que para su determinación se tuvieron en cuenta los elementos de juicio enumerados en su primer informe y corroborados, hasta donde fue posible, mediante la inspección judicial, “en la cual se constató (sic) los colindantes, incluido el colindante del costado oriental señor Édgar Bermejo, con el cual se habló afirmando éste que era poseedor de dicho terreno sin tener ningún nexo con los señores Dangond; dicho terreno se encuentra dentro de los linderos de la Hacienda Papare y fuera de los linderos de la Hacienda Milandia.

A su vez el tribunal en el fallo impugnado respecto de este experticio indica que las afirmaciones del demandante hechas en el memorial que contiene los alegatos de conclusión (fls. 163 a 165 cd. ppal) indujeron a error a los peritos del Agustín Codazzi por cuanto no existe ninguna prueba en el expediente que corrobore que se trata de dos predios diferentes: Papare y Milandia. Sin embargo, observa la Corte, que no se entiende cómo, una afirmación del demandante proferida, según lo dice el mismo tribunal, en los alegatos de conclusión el 19 de noviembre de 1992, pudo llevar a error a los peritos en un dictamen pericial que fue presentado, como ya se anotó, el 10 de marzo anterior.

De lo anteriormente señalado se concluye que el inmueble en discusión, contrario a lo afirmado por el ad quem sí fue debidamente identificado en este último dictamen y su ampliación, en los que se indica que en las planchas levantadas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi que anexan al dictamen, se encuentra consignada la ubicación y alinderación de le porción de terreno de la finca Papare que se halla ubicada en el margen oriental de la carretera que de Ciénaga conduce a Santa Marta y que es el objeto de la reivindicación, además de que precisan que fueron corroboradas con la resolución numero 04633 de 1970 del Incora y con la inspección ocular realizada al predio; a su vez, los linderos particulares del lote en discusión señalados en la petición segunda de la demanda, coinciden con los indicados en el artículo segundo (2º) de la Resolución 4633 ya citada, pruebas que deben apreciarse de conformidad con el artículo 241 del Código de Procedimiento Civil, además de que la identificación exigida por el artículo 76 del Código de Procedimiento Civil consiste en la especificación del bien en litigio, la que se puede efectuar, bien por su ubicación, bien por sus linderos, o por cualquier circunstancia que lo identifique de manera incuestionable, pues como se señaló anteriormente y lo ha reiterado esta corporación, no es necesario que los linderos se señalen de manera precisa sobre el terreno, sino que se establezca que se trata del mismo predio con sus características fundamentales, dado que su superficie o los pormenores a examinar pueden variar por diferentes motivos, como segregaciones, cambios de colindantes o en la nomenclatura y en las calles, etc.

Además de lo anterior, la Corte, de de vieja data ha sostenido “...cuando el demandado en acción, de dominio al contestar la demanda inicial del proceso, confiesa ser poseedor del inmueble en litigio tiene virtualidad suficiente para demostrar a la vez la posesión y la identidad del bien que es materia del pleito. La citada confesión releva al demandante de toda prueba sobre esos extremos de la acción y exonera al juzgador de analizar otras probanzas tendientes a demostrar la posesión” (Cas. Civil de 9 de noviembre de 1993), doctrina estructurada sobre las siguientes bases: “si con ocasión de la acción reivindicatoria el demandado confiesa ser poseedor del bien perseguido por el demandante o alega la prescripción adquisitiva respecto de él, esa confesión apareja dos consecuencias probatorias: a) el demandante queda exonerado de demostrar la posesión y la identidad del bien, porque el primer elemento resulta confesado y el segundo admitido, b) el juzgador queda relevado de analizar otras probanzas tendientes a demostrar la posesión” (Cas. Civil Sent. 003 de 14 de marzo de 1997, reiterada en Sent. de 14 de diciembre de 2000 y sustitutiva de 12 de diciembre de 2001).

Ahora bien, en el presente proceso el demandado Julio Dangond Ovalle confesó ser poseedor del inmueble en litigio (fls. 73 y 74 cd. ppal.) al responder los hechos 5, 6 y 7, por lo que ha de concluirse que como el tribunal no vio que esas respuestas constituyen prueba de confesión judicial válida para demostrar la identidad entre el bien pretendido en reivindicación de propiedad de los demandantes y el poseído por los demandados, de conformidad con la jurisprudencia citada, el fallador incurrió en el error de hecho que le endilga la censura, error protuberante por cuanto que las demás pruebas no demuestran de manera inequívoca que se trata de un inmueble distinto al que admite el demandado.

2. El segundo error señalado por el casacionista se refiere a la posesión de los demandados, la que considera el tribunal que data de más de 30 años con fundamento en el contrato de arrendamiento celebrado con la señora Helena de Mier de Vengoechea, las declaraciones de Francisco y Juan Miguel de Vengoechea Fleury, los testimonios de Rafael Alberto Escobar Jiménez, Roberto Hernández Reyes, Carlos Acuña Parejo y José Antonio Rodríguez Blanco y la declaración de renta de Dangond Ovalle correspondiente al año 1972.

2.1. Respecto al contrato de arrendamiento celebrado entre Julio Dangond Ovalle y la señora Helena de Mier de Vengoechea, causante de los demandantes, como lo señala el mismo tribunal en su fallo, sobre el inmueble que se reivindica, el cual se inició el 27 de enero de 1956 y tenía una duración de veinte años prorrogables por veinte años más a voluntad de las partes, se señala en su cláusula tercera que dentro de la porción de terreno cuyos linderos se indican en la cláusula segunda, existen los colonos allí indicados, entre los que se encuentran Aníbal Manjarrés, José H. Olivares, Pedro Pertuz, Rafael Navarro ÁIvarez, Marcial Retamozo, Celedonio Mendoza, Rosario Castillo, José Antonio Miranda y Reginaldo Arrieta, a quienes el arrendatario y aquí demandado Dangond Ovalle, les había comprado sus mejoras en el año 1955; a su vez el parágrafo de la cláusula cuarta expresamente dice que dentro de la porción de tierra que se entrega en arrendamiento no se incluyen los terrenos ocupados por los colonos, arrendatarios y tenedores enumerados en la cláusula tercera, y en la cláusula quinta la arrendadora faculta al arrendatario para comprarle las mejoras a los colonos, arrendatarios o tenedores que se encuentran dentro del bien arrendado.

Ahora bien, el contrato de arrendamiento conlleva simplemente actos de administración sobre la cosa arrendada, dado que quien arrienda continúa con la propiedad del bien, no lo sustrae de su patrimonio y confiere únicamente su tenencia, su disfrute temporal y el arrendatario reconoce el dominio en cabeza del arrendador, por lo tanto cuando Dangond Ovalle celebró el contrato a que se ha hecho alusión, reconoció el derecho de dominio del inmueble en cabeza de la señora Helena de Mier de Vengoechea, no solamente de la parte ocupada por los demás colonos, sino también de la correspondiente a las mejoras que había adquirido, y recibió todo el inmueble arrendado a título de mera tenencia, por lo que así viniera ocupando alguna parte de ese terreno como poseedor, al reconocer este dominio interrumpió dicha posesión y se convirtió en simple tenedor de esas tierras con la obligación para el arrendador de cancelarle el valor de las mejoras implantadas, tanto por él, como las adquiridas a los colonos en virtud de la autorización concedida por la arrendataria, cuyo valor se compensaría con el precio del arrendamiento al finalizar el contrato.

No sobra añadir que el efecto de la interrupción consiste en que el término de posesión hasta entonces cumplido, si lo hubo, queda borrado ante la ley, sin que pueda incluirse para computar el término de prescripción.

De lo anteriormente expuesto se concluye que mientras el aludido contrato estuvo vigente, los demandados tenían únicamente uno de los dos elementos que integran la posesión: el corpus, pues carecían del otro, el animus, al reconocer que otra persona era la propietaria y por lo tanto, hasta el año 1976, cuando terminó por vencimiento del término el contrato de arrendamiento, los señores Dangond eran simples tenedores del bien en litigio.

2.2. En cuanto al indicio en contra deducido de la conducta procesal de la parte actora, por no haber indicado en la demanda inicial del litigio la existencia del contrato de arrendamiento, considera la Corte que esta omisión, si así puede llamarse, perjudica a los mismos demandantes, pues con ese contrato se establece que los demandados, por lo menos hasta el año 1976 eran simples tenedores del bien.

2.3. Desde luego que como los demandados no trocaron su posición de tenedores a poseedores, los testimonios de Rafael Alberto Escobar Jiménez, Roberto Hernández Reyes, Carlos Acuña Parejo y José Antonio Rodríguez Blanco, al no ser soporte del fallo acusado, son intrascendentes.

2.4. La declaración de renta del demandado Julio Dangond Ovalle correspondiente al año gravable de 1972, en la que aparece como uno de los activos “mejoras de Milandia según avalúo catastral” por un valor de $263.000, documento del cual concluye el tribunal que se trata que la misma finca en disputa, según deduce de la inspección judicial y las declaraciones de Roberto Escobar Jiménez y Roberto Elías Hernández Yépez, considera esta corporación que, como se dijo anteriormente, este demandado había sido autorizado en el contrato de arrendamiento para adquirir las mejoras del predio cuya propiedad residía en cabeza de la señora Helena de Mier de Vengoechea, las que debían serle reconocidas al finalizar el contrato, mejoras que en consecuencia no lo convierten en poseedor del terreno sobre el que acceden, por lo que mal podría considerarse este documento como prueba de la posesión dada además, su ambigüedad respecto a la identificación del predio.

3. Títulos de los demandantes. Como se señaló en el acápite destinado a analizar la posesión de los demandados, estos hasta el mes de enero del año 1976 cuando finalizó el contrato de arrendamiento eran simples tenedores del predio a reivindicar y sólo a partir de entonces podría decirse que se quedaron en el predio como poseedores por cuanto no lo restituyeron a su propietario según se estableció en el proceso y lo aceptan las partes, por lo que únicamente desde dicho año es necesario cotejar los títulos exhibidos por la parte actora.

Con la demanda que dio origen al proceso se acompañó, para acreditar la propiedad de la parte actora, la escritura pública número 1612 del 5 de agosto de 1987 de la Notaría 2ª de Santa Marta mediante la cual se protocolizó el juicio de sucesión del señor Manuel de Vengoechea Mier, padre de los demandantes en la que se les adjudica en común y proindiviso la finca Papare dentro de la cual se encuentra el terreno objeto de reivindicación. En dicha escritura, se precisa que el inmueble descrito y que se adjudica fue adquirido por el causante “por adjudicación que se le hizo en la sucesión de su madre legítima señora Helena Mier de Vengoechea registrada en Ciénaga en el Libro Nº 1 impar tomo segundo, folio 346 partida 504 de diciembre 21 de 1967 cuyo expediente se protocolizó en la Notaría Novena de Bogotá por la escritura pública número 3477 de 8 de agosto de 1975”.

Como lo ha reiterado la Corte en diversos pronunciamientos, entre otros en el citado por el mismo tribunal en la sentencia impugnada, “la anterioridad del título del reivindicante apunta no sólo a que la adquisición de su derecho sea anterior a la posesión del demandado sino al hecho de que ese derecho esté a su turno respaldado por la cadena ininterrumpida de los títulos de sus antecesores. Que si datan de una época anterior a la del inicio de la posesión del demandado, permiten el triunfo del reivindicante. Entonces no sólo cuando el título de adquisición del dominio del reivindicante es anterior al inicio de la posesión del demandado, sino inclusive cuando es posterior, aquél puede sacar avante su pretensión si demuestra que el derecho que adquirió lo obtuvo su tradente a través de un título registrado, y que éste a su turno lo hubo de un causante que adquirió en idénticas condiciones; derecho que así concebido es anterior al inicio de la posesión del demandado, quien no ha adquirido la facultad legal de usucapir” (Cas. Civil. Sent. mayo 25/90).

Aplicando lo anteriormente expuesto al caso en estudio se tiene entonces que los demandantes acreditaron su derecho de dominio desde el año 1967 cuando se registró la sucesión de la señora Helena de Mier de Vengoechea, a quien el mismo tribunal reconoce como antecesora de los actuales propietarios del inmueble, es decir que su derecho está respaldado por una cadena ininterrumpida de títulos de sus antecesores, anterior a la posesión de los demandados, la que, como ya se señaló únicamente podría iniciarse en 1976, por lo que al momento de presentarse la demanda, 28 de septiembre de 1989, no ha transcurrido el término de la prescripción extintiva invocada por el demandado Julio Dangond Ovalle.

4. En relación con la interversión del título de tenedor a poseedor por parte de los demandados, mediante la cual considero que prosperaba la excepción perentoria de prescripción extintiva del dominio, es preciso reiterar lo señalado por la Corte en diversas sentencias, acerca de que este fenómeno se presenta cuando se deja la calidad jurídica de tenedor para adquirir la de verdadero poseedor en la que podrá hacerse dueño de la cosa por prescripción, pero sin ninguna referencia al tiempo que solamente tuvo la tenencia, pues ésta no le sirve para prescribir, además de que debe demostrar este cambio de actitud con hechos fehacientes y notorios de desconocimiento del derecho del propietario. Esto ha dicho la Corte: “característica adicional predicable de la intervención del título de tenedor en poseedor y particularmente de su prueba, la ha encontrado la jurisprudencia de la Corte en la necesaria y delimitada ubicación temporal que ella ha de tener para que a partir de allí puedan ser apreciados los actos de señor y dueño del prescribiente, mayormente cuando es ella producto del alzamiento o rebeldía del interventor, es decir, del desconocimiento efectivo del derecho de la persona por cuya cuenta éste llegó a la cosa” (Cas. Civil de 7 de diciembre de 1967, G.J. tomo XXIX, pág 352, citada en sentencia de 16 de marzo de 1998). Más adelante en esta última sentencia reitera que quien ha reconocido dominio ajeno no puede “frente a aquel titular, convertirse en poseedor sino desde cuando de manera pública, abierta y categórica le desconozca el derecho y ejecute actos de señor y dueño, (...) el prescribiente debe acreditar satisfactoriamente desde cuando aconteció la transformación del título y en qué han consistido los actos que le conceden la adquisición del dominio por usucapión (...) criterio que tiene su razón de ser, puesto que siendo una de las características de la tenencia el de ser inmutable, ya que el tiempo, por prolongado que sea, no la transforma en posesión (C.C., art. 777), característica que confirma el artículo 780 del Código Civil al establecer que “si se ha empezado a poseer a nombre ajeno, se presume igualmente la continuación del mismo orden de cosas”, se tiene entonces que quien se enfrente a estos principios, alegando que de tenedor inicial ha pasado a ser poseedor, debe acreditar plenamente desde qué momento aconteció semejante viraje, como debe establecer cuáles son los actos categóricos, patentes e inequívocos de goce y transformación que contradigan frontalmente los derechos del dueño” (Cas. Civil. G.J. tomo CXCVI, pág. 66).

La interversión del título debe probarse mediante actos que la revelen inequívocamente, que indiquen que la posesión actualmente ejercida nada tiene que ver con la tenencia que la antecedió, dado que al arrancarse de una situación precaria, el cambio en la disposición mental del detentador necesita ser manifiesto, de tal entidad que no deje lugar a duda, que ostente un perfil irrecusable en el sentido de indicar de manera irrefragable la transformación de la tenencia en posesión.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, extraña a la Corte lo manifestado por el tribunal en el fallo recurrido cuando, en relación con la interversión del título de los demandantes expresa que no puede precisarse la fecha cierta en la cual ocurrió dicho fenómeno, aduciendo como prueba de dicha interversión el que fueron demandados en reivindicación y no en restitución de tenencia, y la declaración de renta correspondiente al año 1972 del demandado Dangond Ovalle, pero sin precisar ningún acto demostrativo del desconocimiento del derecho de los propietarios, ni menos con las características señaladas anteriormente, por lo cual la parte demandada no cumplió con su obligación de probar el acaecimiento de la interversión del título con que entraron a ocupar el predio en litigio, lo que conlleva la improsperidad de la excepción de prescripción extintiva del dominio de los actores alegada en la contestación de la demanda.

Se dan por lo tanto en este caso los requisitos de la acción reivindicatoria a saber: dominio de los actores, posesión de los demandados, cosa singular reivindicable e identidad entre lo pretendido y lo detentado, con lo cual sale adelante la pretensión incoada y se pone de presente que los yerros señalados por la censura son manifiestos y trascendentes, por lo que ha de concluirse que el cargo se abre paso en orden al aniquilamiento de la sentencia objeto de impugnación y en tal virtud se confirmará la sentencia de primera instancia.

V.Sentencia sustitutiva

Los argumentos expuestos en el despacho del cargo son suficientes para concluir que el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada no puede alcanzar éxito y que por lo tanto la sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado Civil del Circuito de Ciénaga de fecha 3 de enero de 1995 debe ser confirmada acogiendo las pretensiones de la demanda, dado que los demandantes demostraron la titularidad del dominio con títulos anteriores a la posesión de los demandados y estos no han sido poseedores del predio cuya prescripción extintiva se solicita, durante el tiempo requerido en la ley para su prosperidad.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la Sentencia del 8 de abril de 1997 pronunciada por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, en el proceso ordinario reivindicatorio promovido por Juan Miguel, Francisco, Manuel Roberto y Elena Leonor Olga de Vengoechea Fleury contra Julio Dangond Ovalle, Carlos, Armando, Julio, Víctor y Orlando Dangond Noguera, y actuando en sede de instancia,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia dictada por el Juzgado Civil del Circuito de Ciénaga el 31 de enero de 1995 por las razones expuestas en esta providencia.

2. Condenar en costas de la segunda instancia a la parte apelante.

3. Sin costas en el recurso de casación, dada su prosperidad.

Notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

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