Sentencia 676 de octubre 1º de 1992 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

EJERCICIO DE LA ABOGACÍA

TAMBIÉN SE CUMPLE EN LA JUDICATURA

EXTRACTOS: «Se pretende la declaratoria de nulidad de los actos por medio de los cuales la H. Corte Suprema de Justicia eligió y confirmó a la doctora Luz Stella Mosquera de Meneses en el cargo de miembro del Consejo Superior de la Judicatura. La elección tuvo lugar en la sesión ordinaria de Sala Plena celebrada el día 12 de diciembre de 1991, la confirmación en sesión de Sala Plena llevada a cabo el día 23 de enero de 1992.

Sostiene el demandante que con la expedición de los actos administrativos cuya nulidad pretende, resultó infringido el artículo 255 de la Constitución Nacional porque el nombramiento recayó en persona que carece del requisito de “... haber ejercido la profesión durante 10 años con buen crédito”, establecido en el mencionado canon constitucional. En efecto, la H. Corte Suprema de Justicia tuvo en cuenta para su elección y confirmación el desempeño de cargos en la rama jurisdiccional, cargos que en manera alguna conllevan el ejercicio de la profesión de abogado. La misma Constitución Nacional en su artículo 232 establece diferencia entre el desempeño de cargos en la Rama Judicial o el Ministerio Público con el ejercicio de la profesión de abogado y aun con la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas.

Con la elección y confirmación de la doctora Mosquera de Meneses se desconoció “... el espíritu del Constituyente de 1991”, afirma el demandante, porque lo que aquel pretendió al consagrar como requisito el ejercicio de la profesión de abogado, excluyendo otros como el desempeño de cargos en la judicatura y la cátedra universitaria, fue garantizar la imparcialidad en el juzgamiento de abogados litigantes en casos de faltas definidas en el Decreto Ley 196 de 1971 que contiene el estatuto del ejercicio de la abogacía, imparcialidad que han venido reclamando “...los gremios de abogados litigantes”.

Afirma también el demandante que como los artículos 21 del Decreto 250 de 1970 y 67 del Decreto 1660 de 1978, disponen que el ejercicio de la abogacía, es decir de la profesión de abogado, se demuestra también con el desempeño de actividades jurídicas distintas a la de litigar, disposiciones que la Corporación nominadora tuvo en cuenta para la elección y confirmación de la doctora Luz Stella Mosquera de Meneses, son contrarios al texto del artículo 255 de la Constitución Nacional y al espíritu mismo que tuvo en cuenta el Constituyente al expedirlo, deberán ser declarados por la Sala inconstitucionales aplicando lo dispuesto en el artículo 4º de la misma Constitución.

Es cierto que tradicionalmente se ha entendido que el ejercicio de la profesión de abogado consiste en “...defender en juicio, por escrito o de palabra, los derechos e intereses de los litigantes, también en dar dictamen sobre las cuestiones o puntos legales que se le consulten” al abogado, según definición contenida en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Es decir, que el ejercicio de la abogacía ha sido visto siempre como la prestación del servicio profesional del abogado a los “litigantes”, es decir a las partes interesadas en los litigios sometidos a decisión de la administración de justicia. Indudablemente esta es una concepción reducida, por no decir estrecha, de la actividad propia de la profesión de abogado.

El ejercicio de esta profesión está reglamentado en el Decreto 196 de 1971, que contiene el denominado “estatuto del ejercicio de la abogacía”, que consagra en sus artículos 1º, 2º y 3º, lo siguiente:

“ART. 1º—La abogacía tiene como función social la de colaborar con las autoridades en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país, y en la realización de una recta y cumplida administración de justicia.

ART. 2º—La principal misión del abogado es defender en justicia los derechos de la sociedad y de los particulares. También es misión suya asesorar, patrocinar y asistir a las personas en la ordenación y desenvolvimiento de sus relaciones jurídicas.

ART. 3º—Es abogado quien obtiene el correspondiente título universitario de conformidad con las exigencias académicas y legales”.

Del texto del artículo 2º transcrito se desprende que la misión principal del abogado, “...es defender en justicia los derechos de la sociedad y de los particulares”, es decir que el ejercicio de la profesión litigando es misión “principal” pero no la única. En efecto es “también” misión del abogado “...asesorar, patrocinar y asistir a las personas en la ordenación y desenvolvimiento de sus relaciones jurídicas”. Y del texto del artículo 1º transcrito se deduce que “la abogacía”, es decir la profesión de abogado, cumple entre otras la función social de colaborar “... en la realización de una recta y cumplida administración de justicia”, colaboración que se presta por el abogado al intervenir, como litigante, en los litigios, es decir en los conflictos sometidos a la administración de justicia.

Para ser magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura es necesario ser abogado, como está dispuesto en los artículos 232 y 255 de la Constitución Nacional. Y de acuerdo con la ley para ser magistrado de Tribunal y Juez de la República también es necesario ser abogado. Eso significa que la justicia en esos cargos que no puede ser impartida por médicos, ingenieros, arquitectos, economistas, contadores, etc. etc. Sin embargo, no existe, al menos en nuestro país, la profesión de magistrado o juez. Entonces, si para desempeñar esos cargos es necesario ser abogado. ¿puede afirmarse que el cumplimiento de funciones judiciales en los mencionados cargos conlleva el ejercicio de la profesión de abogado? ¿o que la asesoría jurídica en oficinas públicas o privadas, y aun el desempeño de la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas cuando para ello se requiere ser abogado, no es ejercicio de la profesión de abogado? Así las cosas, circunscribir; el concepto de ejercicio de la profesión de abogado a la actividad de abogar o litigar, no se compadece con la realidad y así lo entendió la H. Corte Suprema de Justicia cuando declaró exequible el artículo 21 del Decreto 250 de 1970 mediante sentencia pronunciada el 24 de noviembre de 1977, citada en la contestación de la demanda. Con anterioridad el Consejo de Estado en auto fechado el 13 de septiembre de 1977, aceptó para confirmar a persona elegida como magistrado de tribunal administrativo, que el ejercicio de la abogacía era demostrable de la manera dispuesta en el precitado artículo 21. Es más: encontró que las razones aducidas por alguno de los integrantes de la Sala “...son muy discutibles en orden a sustentar dicha inconstitucionalidad que permitan la inaplicación de tal precepto por la vía de la excepción, toda vez que desarrolla la noción del ejercicio de la abogacía que consigna el artículo 155 de la Carta, concepto que el Constituyente no desarrolla”. Otro tanto cabe afirmar en relación con el último inciso del artículo 67 del Decreto Reglamentario 1660 de 1978. Pero el Decreto 250 de 1970 no es el único que dispone la comprobación del ejercicio de la profesión de abogado en la forma anotada, pues el Decreto 960 de 1970, conocido como “estatuto del notariado”, en su artículo 140 dice en su segundo inciso que “El ejercicio de la abogacía se podrá acreditar con el desempeño habitual de cualesquiera actividades jurídicas, tanto independientes, como subordinadas, en cargo público o privado” . Y aquí también podría preguntarse si el desempeño del cargo de notario con el requisito de ser abogado, no implica otra faceta más del ejercicio de la profesión de abogado.

El demandante en su alegato de conclusión hace referencia a los “antecedentes en la Asamblea Nacional Constituyente” del origen del artículo 255 de la Constitución Nacional, para deducir que lo que se pretendió al excluir como requisito para acceder al cargo de miembro del Consejo Superior de la Judicatura el desempeño de cargos en la rama jurisdiccional, fue la atribución disciplinaria de dicha Corporación para juzgar a los abogados litigantes por faltas en el ejercicio de la profesión. La Sala revisó detenidamente en las Gacetas Constitucionales las actas de la Comisión IV, a la cual le correspondió elaborar ponencia sobre administración de justicia y Ministerio Público, y no encontró en ninguna de ellas el propósito de excluir el ejercicio de la judicatura para acreditar el cumplimiento de requisitos para acceder al Consejo Superior de la Judicatura.

Es así como en el Acta Nº 18 (Gaceta Nº 65), correspondiente a la sesión de abril 23 de 1991 página 19, se aprobó por unanimidad que los miembros del Consejo Superior de la Judicatura “... deberían reunir los mismos requisitos exigidos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia...”. Y en el Acta Nº 26 (Gaceta Nº 70) sesión de mayo 8, página 53, aparece que el integrante de la Comisión doctor Alvaro Gómez Hurtado manifestó “. ..que es partidario de las pocas calidades en los nombramientos de altas Magistraturas pues las prohibiciones permiten los malos nombramientos”. Y en las Gacetas Constitucionales Nos. 64, 75, 82, 88, 109, 113, 114, 115, 116, de las actas de la Comisión IV aparece que desde un comienzo la intención del Constituyente fue en el sentido de que los miembros del Consejo Superior de la Judicatura reunieran los mismos requisitos que para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Por manera que no es posible deducir de los antecedentes invocados por el demandante que con la expedición del artículo 255 de la Constitución Nacional se buscó excluir de la integración del Consejo Superior de la Judicatura a personas provenientes de la rama jurisdiccional o que hubieran desempeñado la cátedra en la enseñanza del derecho. Ni aparece en tales actas asomo de que se hubiera hecho referencia a la inconveniencia del juzgamiento de abogados por faltas a la ética por exfuncionarios judiciales. Tampoco hay referencia en tales actas a escritos o manifestaciones de abogados o de colegios de abogados en tal sentido, contrariamente a lo afirmado por el demandante. Existe sí constancia de que los “ abogados javerianos” hicieron llegar a la Asamblea Constituyente una propuesta sobre la administración de justicia, documento que aparece incorporado a una de las Gacetas de la Asamblea Constituyente y en el cual no se hace referencia alguna a las calidades para ser miembro del Consejo Superior de la Judicatura ni al juzgamiento de abogados por faltas a la ética.

Con los documentos que obran a los folios 94 a 103 del expediente que contiene el proceso, la doctora Luz Stella Mosquera de Meneses demostró ante la Corporación nominadora reunir los requisitos para ser elegida miembro del Consejo Superior de la Judicatura y ejercer el cargo. En efecto, probó ser colombiana por nacimiento, ciudadana en ejercicio, mayor de 35 años, tener título de abogado y haber ejercido la profesión por 10 años con buen crédito, así: como magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá desde el 1º de abril de 1982, cuando tomó posesión del cargo, hasta el 11 de junio de 1991 (9 años, 2 meses, 10 días); como juez 6º Penal Municipal de Santafé de Bogotá del 5 de diciembre de 1972 al 27 de octubre de 1974 (1 año, 10 meses, 22 días); como juez 22 de Instrucción Criminal de Santafé de Bogotá del 28 de octubre de 1974 al 30 de julio de 1977 (2 años, 9 meses, 2 días); como juez 4º Penal del Circuito de Santafé de Bogotá del 1º de agosto de 1977 al 3 de octubre de 1979 (2 años, 2 meses, 2 días); como juez 24 Superior de Santafé de Bogotá del 4 de octubre de 1979 al 31 de marzo de 1982 (2 años, 5 meses), todo lo cual suma un tiempo de algo más de 18 años, circunstancia ésta que releva a la Sala de analizar si el desempeño del cargo de Directora de la Dirección Nacional de la Administración Judicial podía ser tenido en cuenta para acreditar ejercicio de la profesión de abogado, cargo que desempeñó desde el 12 de junio de 1991 hasta el 13 de enero de 1992. Además de los requisitos constitucionales demostró los requisitos legales señalados en los artículos 22 del Decreto 250 de 1970 y 67 del Decreto 1660 de 1978.

Así las cosas la Sala no encuentra contrariedad entre los artículos 21 del Decreto 250 de 1970 y 67, segundo inciso, del Decreto 1660 de 1978 con el artículo 255 de la Constitución Nacional, por lo que no halla mérito para dar aplicación a la excepción de inconstitucionalidad consagrada en el artículo 4º de la misma Constitución Política respecto de aquellos artículos.

En consecuencia, las peticiones de la demanda serán denegadas».

(Sentencia de octubre 1º de 1992. Expediente 0676. Consejero Ponente: Dr. Jorge Penen Deltieure).

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