Sentencia 6771 de septiembre 10 de 2001 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA

FIRMEZA DE LA SENTENCIA DICTADA EN PROCESO EJECUTIVO

CUANDO EL EJECUTADO NO PROPUSO EXCEPCIONES DE MÉRITO

EXTRACTOS: «Se observa que el censor omite considerar que cuando ya se ha efectuado el pago por vía judicial, aquí por la venta en pública subasta del bien hipotecado, el proceso destinado a ese propósito concluye definitivamente con el pago, motivo por el cual posteriormente no se pueden desconocer los efectos extintivos de la obligación que fue objeto de recaudo por la vía de adelantar un proceso ordinario posterior, cualquiera sea la pretensión que se formule en la respectiva demanda para lograr ese objetivo; concretamente en la especie de este proceso, se evidencia —y a ello conducen las distintas pretensiones— que el propósito final de la sociedad demandante radica en dejar sin efectos el pago efectuado por vía de un proceso ejecutivo con título hipotecario, así sea partiendo de que se declare la nulidad absoluta de la obligación surgida del aval que ella otorgó al pagaré que, a su vez, sirvió de título ejecutivo, o, en subsidio, arrancando de proponer la nulidad de las cesiones o endosos posteriores del mismo; en el fondo, pues, por el camino de la nulidad de una obligación que ya fue extinguida, se busca borrar los efectos de dicho proceso ejecutivo, incluyendo, claro está, la sentencia que ordenó la venta en pública subasta; en ese sentido, procede decir que la afirmación del impugnante relativa a que no propugna por la revisión del ejecutivo anterior, sino por la nulidad de unos actos jurídicos, no es enteramente cierta en la medida en que ésta implica aquélla, por lo que para el efecto resultan inescindibles las referidas pretensiones principal y subsidiaria, y la consecuencial consistente en la anulación del pago efectuado por vía de remate judicial.

4) Así, pues, la pretensión dirigida a revertir el pago hecho como resultado de un proceso ejecutivo hipotecario, de cualquier modo que se intente, no representa cosa distinta que el deseo de revocar el trámite ejecutivo que ya fue adelantado hasta su última consecuencia, el pago, el cual se halla revestido de total firmeza en cuanto éste se obtuvo de acuerdo con la ley procesal y pasada la oportunidad que tenía la sociedad demandada para proponer las excepciones de mérito, mediante las cuales bien pudo controvertir la validez del título ejecutivo, y no lo hizo; si así no fuera, se desconocerían en forma abrupta los principios básicos del derecho procesal que buscan impregnar de autoridad los trámites de la ejecución que se realizan con el fin de obtener la satisfacción de un crédito, en desmedro del principio de la seguridad jurídica, lo cual refulge inadmisible en este caso, en donde, según lo da a entender el recurrente, mediaron circunstancias particulares de las relaciones preexistentes entre socios y representantes de la sociedad demandante, cuyo desenlace debió darse en el mismo proceso, o, como dijo el tribunal, por vía del recurso extraordinario de revisión dentro de las causales establecidas para ese fin.

5) La firmeza y el carácter definitivo del proceso ejecutivo que se predica en los párrafos precedentes, tesis que contradice los fundamentos dados por el recurrente al desarrollar el cargo quinto, se explica porque el actual Código de Procedimiento Civil consagra en su artículo 509 que “dentro de los diez días siguientes a la notificación del mandamiento ejecutivo o a la del auto que resuelva sobre su reposición, confirmándolo o reformándolo, el demandado podrá proponer en escritos separados excepciones previas y de mérito, expresando los hechos en que se funden”, posibilidad frente a la cual puede suceder una de dos cosas:

a) Que el ejecutado no haga ejercicio del derecho de defensa en esos términos, caso en el cual “el juez dictará sentencia que ordene el remate y el avalúo de los bienes embargados y de los que posteriormente se embarguen, si fuere el caso, o seguir adelante la ejecución para el cumplimiento de las obligaciones determinadas en el mandamiento ejecutivo, practicar la liquidación del crédito y condenar en costas al ejecutado”, providencia que, por regla general y ante el silencio previo del demandado, no procede el recurso de apelación, todo en los términos del artículo 507 del estatuto procesal civil, en armonía con el artículo 555 para los procesos hipotecarios.

b) Que el ejecutado sí proponga excepciones de mérito, caso en el cual se sigue el procedimiento detallado en el artículo 510 ibídem, el que, respecto de las excepciones de fondo, puede concluir con sentencia totalmente favorable al demandado con la secuela de la terminación del proceso; o con sentencia en la que se declara que no prosperan las excepciones, o apenas se reconocen parcialmente, eventos en que se dicta sentencia que ordene seguir adelante la ejecución en la forma que corresponda, o que decrete la venta en pública subasta del bien hipotecado, como también lo prevé el artículo 555 del mismo cuerpo normativo.

Ahora bien, la ley procesal en punto de la cosa juzgada que recae sobre tales providencias consagra categóricamente en los artículos 512 y en el artículo 555, regla 3ª, del Código de Procedimiento Civil que “la sentencia que resuelva las excepciones de mérito hace tránsito a cosa juzgada, excepto en el caso previsto en los numerales 3º y 4º del artículo 333”; mas calla en lo que se refiere a las sentencias que se dictan de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 507 y 555 regla 6ª ibídem, o sea cuando el ejecutado no ha propuesto excepciones de mérito; silencio de la ley procesal que impone determinar cuál es el grado de firmeza de tal especie de providencia y cuál es su proyección con carácter definitivo para validar el pago que con posterioridad a ellas se produzca, a fin de establecer si ella se puede desvirtuar mediante la proposición de una acción ordinaria.

6) Sobre el particular debe afirmarse que vencido en silencio el término para proponer excepciones de mérito, o sea el establecido en el artículo 509 atrás citado, deviene inexorablemente la preclusión contra el ejecutado, impidiéndole invocar después en un proceso ordinario hechos que se hubieran podido alegar como tales excepciones en el trámite de la ejecución; si así no fuera, el proceso ejecutivo como instrumento auxiliar para hacer efectivo el pago de las obligaciones perdería su razón de ser, amén de que quedaría al talante del ejecutado optar por acudir allí a oponerse al cobro judicial; o guardar silencio, cualquiera fuera el motivo que hubiera inspirado su omisión, y dejar para ir después a la vía ordinaria a exponer sus defensas, proceder éste que no sólo atentaría contra la seguridad jurídica y la lealtad procesal, sino que le otorgaría a la ejecución coactiva judicial un carácter meramente provisional, lo que, ni por asomo, permite la ley.

7) En sentido contrario, es dable deducir, enteramente dentro de la lógica y la concepción legal de la ejecución por vía judicial, que si los hechos que constituyen una demanda posterior tendientes a controvertir la validez del título ejecutivo o de la obligación cuya satisfacción se obtuvo por dicha vía, no era procedente alegarlos como excepción dentro del proceso ejecutivo, por fuerza se excluye la posibilidad de que se haga efectiva la preclusión antes referida, puesto que, como apenas es obvio pensar, únicamente puede dársele efecto a tal fenómeno cuando el vencimiento del respectivo término impide la proposición de excepciones admisibles como tales.

Este planteamiento, además de consecuente con el ordenamiento procesal, no resulta extraño a éste, como se deduce de lo dispuesto en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil que consagra las distintas hipótesis de suspensión del proceso, en uno de cuyos incisos manda que “no obstante, el proceso ejecutivo no se suspenderá porque exista un proceso ordinario iniciado antes o después de aquél, que verse sobre la validez o la autenticidad del título ejecutivo, si en éste es procedente alegar los mismos hechos como excepción”; precepto que da a entender que la ejecución no puede sufrir mengua y debe proseguir, sin más, no obstante la existencia de un proceso ordinario en que se controvierta, antes o después del proceso ejecutivo, la validez del título, si en el mismo se alegan hechos que pudieron ser aducidos como excepción de fondo en el trámite coactivo, lo que avala el principio de la preclusión antes explicado, el cual, sin lugar a dudas debe extenderse, por ser idéntica la razón que lo respalda, para impedir que mediante una acción ordinaria se ponga en entredicho la validez de la obligación cuyo pago se haya obtenido mediante el agotamiento del proceso ejecutivo, con apoyo en hechos que en éste pudieron oponerse oportunamente como excepciones de mérito.

8) No se trata, pues, de que a la sentencia que se profiera para ordenar llevar adelante la ejecución o decretar la venta en pública subasta del bien hipotecado, cuando el ejecutado no haya propuesto excepciones, produzca efectos de cosa juzgada, los cuales, como se dijo, están reservados en el proceso ejecutivo para la sentencia que resuelva excepciones de mérito en los términos referidos en el artículo 512 del Código de Procedimiento Civil, sino de darle firmeza a aquélla y a sus consecuencias por efecto de la comentada preclusión, y, por sobre todo, al pago que finalmente se obtiene por vía coactiva judicial, el cual, en casos como el presente, se halla precedido de esa determinación judicial que a su turno lo legitima.

9) Que el régimen procesal vigente a partir de 1971 tenga esos alcances encuentra otra explicación de carácter histórico, anidada en la circunstancia de que el Código Judicial que por él fue derogado (L. 105/31), otorgaba al ejecutado la oportunidad de proponer excepciones desde la notificación del mandamiento ejecutivo hasta la ejecutoria del auto de citación para la sentencia de pregón y remate (art. 1025); mandaba dictar esta sentencia cuando aquéllas no se habían propuesto (art. 1029), igual que sucede hoy con la sentencia que ordena llevar adelante la ejecución prevista en el artículo 507 del Código de Procedimiento Civil; y en esa dirección consagraba que tanto la sentencia de excepciones como la de pregón y remate “no fundan la excepción de cosa juzgada, y en consecuencia pueden revisarse por la vía ordinaria” (art. 1030), posibilidades estas que no fueron contempladas en la referida reforma, la cual derogó expresamente el régimen anterior, amén de lo que dispuso en el citado artículo 512.

3. En fin, traídos los razonamientos precedentes al caso propuesto y de acuerdo con las circunstancias que lo rodean, debe concluirse que en los términos del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, en el proceso ejecutivo tantas veces mencionado, la sociedad aquí demandante tuvo la oportunidad de proponer excepciones de mérito; e igualmente que los hechos relativos a la invalidez de la obligación y del subsecuente pago por vía judicial que se han aducido en este juicio era procedente alegarlos allá como excepción de mérito, y sin embargo ella no lo hizo, por lo que en consecuencia obra en su contra el fenómeno de la preclusión que impide invocarlos por aparte en proceso ordinario, como en últimas concluyó aquí con acierto el sentenciador ad quem.

Lo anterior incide en contra de la parte actora recurrente, en la medida en que los hechos plasmados en la demanda ordinaria para deducir la nulidad de un aval y de los endosos del pagaré aducido otrora como título ejecutivo para hacer valer la garantía hipotecaria que respaldaba esa obligación cambiaria, debieron proponerse en el ámbito del proceso ejecutivo como excepciones de mérito, como quiera que versan sobre la validez de las obligaciones constituidas en moneda extranjera, perfectamente alegables y verificables a la sazón de ese proceso, sin que quepa, entonces, hacerlos valer ahora tardíamente, argumentando además inútilmente, en tanto que se trata de la misma persona jurídica, que antes eran otras personas las que representaban y comprometían los intereses de la sociedad demandante.

En lo último, huelga decir que las circunstancias anotadas, que en opinión del censor impidieron exponer una adecuada y oportuna defensa, no daban pábulo para incoar un proceso ordinario para rescatarla, sino para proponer el recurso extraordinario de revisión que también procede contra las sentencias ejecutoriadas que se dictan en los procesos ejecutivos, con respaldo en las causales que hicieran posible examinar el comportamiento de los sujetos de la ejecución que haya incidido para dictar un fallo inicuo, ilegal o injusto.

4. Total, la acusación contenida en el cargo quinto no puede hallar eco, y, por tanto, la conclusión del tribunal contra el cual va dirigida queda incólume y con fuerza suficiente para sostener, per se, la resolución denegatoria de las pretensiones de la demanda, como fue la adoptada por el ad quem».

(Sentencia de casación, septiembre 10 de 2001. Expediente 6771. Magistrado Ponente: Dr. Silvio Fernando Trejos Bueno).

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