Sentencia 6796 de marzo 18 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

lNSINUAClÓN DE DONACIONES

COMPETENCIA Y REQUISITOS

EXTRACTOS: «La parte actora en la demanda introductoria del proceso solicita la nulidad de la escritura de donación por la cual Marcolino Hernández Quevedo traspasó a favor de los demandados, la propiedad del inmueble descrito en el libelo, por falta de los requisitos exigidos en la ley para esta clase de actos.

El tribunal, para confirmar la sentencia de primera instancia y negar las pretensiones de la demanda analizó cada uno de los argumentos esgrimidos por la parte actora sobre los que ésta consideraba que existía nulidad, a saber: incompetencia del juez civil del circuito para autorizar la donación, no haber cumplido donante y donatarios las órdenes impartidas por el juez, como efectuar el avalúo de los bienes y suscribir la escritura en la notaría de Villeta y no en la de Guaduas, que la señora Ana Lucía Vivas hubiera suscrito la escritura a nombre de sus hijos sin el poder de Jairo Hernando y que cuando el juzgado concedió la autorización para la donación se encontraba en curso un proceso de interdicción judicial contra el donante, de los cuales no encontró que se configurara la nulidad impetrada, por cuanto estimó que para el caso en estudio no se aplicaba el Decreto 1712 de 1989 sino el artículo 5º, numeral 17, del Decreto 2272 de 1989.

Por su parte, en la demanda que ahora estudia la Corte alega el recurrente en el primer cargo que el sentenciador de segunda instancia dio por probados los requisitos básicos y esenciales de la donación, contenidos en la escritura pública número 659 del 3 de octubre de 1991 de la notaría única de Guaduas, por la cual Marcolino Hernández Quevedo traspasó un inmueble en favor de Ana Lucía Vivas y de sus hijos Idalí y Jairo Hernando Hernández Vivas, con lo cual desconoció normas legales de naturaleza sustancial, los artículos 1º, 2º, 3º y 4º del Decreto 1712 de 1989, disposiciones de orden público de obligatorio cumplimiento, y en el segundo acusa la sentencia por la vía directa con fundamento en la errada interpretación dada por el tribunal al decreto anteriormente citado.

Frente a estos planteamientos advierte la Corte que carece de razón el recurrente por cuanto en relación con la insinuación de donaciones, el Decreto 1712 de 1989, que modificó el artículo 1458 del Código Civil, facultó a los notarios para autorizar, mediante escritura pública, las donaciones que la requieran, es decir, aquellas cuyo monto exceda de cincuenta salarios mínimos mensuales, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones que la misma norma precisa, como son: que tanto donante como donatario sean plenamente capaces, que la solicitud se eleve ante el notario del círculo que corresponda al domicilio del donante de común acuerdo y que no se contravenga ninguna disposición legal; así mismo señala que la escritura deberá contener, además de los requisitos que le son propios y los exigidos en la ley, la prueba del valor comercial del bien, de la calidad de propietario del donante y de que éste conserva lo necesario para su congrua subsistencia.

A su vez, el artículo 5º numeral 17 del Decreto 2272 de 1989, determinó que los jueces de familia conocerían en primera instancia “De la insinuación de donaciones entre vivos en cantidad superior a cincuenta (50) veces el salario mínimo mensual sin perjuicio de la competencia aludida por la ley a los notarios”, con lo cual el mismo legislador estableció que estas solicitudes pueden presentarse bien ante el notario o bien ante el juez de familia, siempre que donante y donatario sean plenamente capaces, pues si esto no es así, la competencia radica únicamente en este último funcionario, sin posibilidad de elección, por lo que, como el recurrente recalca que solamente procede insinuación ante notario, es manifiesto el desenfoque del cargo.

Por lo demás, como se anotó anteriormente, cuando se solicita la insinuación ante notario, para poder suscribir la escritura pública correspondiente se deben acompañar los documentos que se señalaron, pero cuando el trámite se adelanta ante el juez, mediante proceso de jurisdicción voluntaria, debe darse cumplimiento a lo preceptuado en los artículos 650 y 651 del Código de Procedimiento Civil que indican los requisitos que debe reunir la demanda para esta clase de procesos, previstos en los artículos 75 y 76 de la misma obra, y generales para cualquier demanda, con exclusión de los que se refieren al demandado, y que se deben acompañar los anexos y pruebas indicados en los numerales 1º, 2º y 6º del artículo 77 ib., esto es, el poder para actuar. la prueba de la representación legal del actor, si se trata de persona natural que no puede comparecer por sí misma, y los documentos y pruebas anticipadas que se pretendan hacer valer y que se encuentren en poder del demandante, lo mismo que los necesarios para acreditar el interés de este último; el artículo 662 del Código de Procedimiento Civil, disposición específica para la insinuación de donaciones, condiciona la sentencia al pago del impuesto respectivo, para lo cual en dicha providencia se debe ordenar el avalúo de los bienes en la misma forma prevista para las sucesiones, con la citación personal del síndico.

Respecto a la condición impuesta en el artículo citado, es preciso aclarar que el artículo 1º del Decreto 2143 de 1974 englobó en un solo impuesto, que denominó impuesto sucesoral, el gravamen establecido sobre las asignaciones por causa de muerte y las donaciones entre vivos, el que reemplazó los gravámenes anteriores tanto de las donaciones como de la masa global hereditaria y las asignaciones; posteriormente el artículo 1º del Decreto 237 de 1983 suprimió el impuesto sucesoral que había sido establecido por el Decreto 2143 de 1974; y el artículo 70 de la Ley 75 de 1986 eliminó la intervención del síndico, tanto en los procesos de sucesión como de insinuación de donación, con lo cual los supuestos contemplados en el artículo 662 quedaron sin ninguna eficacia.

Sentados los anteriores planteamientos pasa la Corte a analizar los argumentos señalados por el recurrente para solicitar la aniquilación de la sentencia de segundo grado proferida por el tribunal:

En relación con la incompetencia del Juez Civil del Circuito de Villeta para autorizar la donación, se observa que para concluir que no se presenta la nulidad planteada por los demandantes, el tribunal precisó que el Decreto 1712 del 1º de agosto de 1989 facultó a los notarios para autorizar mediante escritura pública las donaciones que requieren insinuación, siempre y cuando que donante y donatario fueran plenamente capaces y lo solicitaran de común acuerdo, y que el Decreto 2279 del 7 de octubre del mismo año, que creó la jurisdicción de familia, asignó a los jueces de familia el conocimiento de los procesos de insinuación de donaciones entre vivos, “sin perjuicio de la competencia atribuida por ley a los notarios”, por lo que, como en el caso en estudio, dos de los donatarios eran menores de edad para la época en que se solicitó la insinuación, la competencia para autorizarla radicaba en el Juez Civil del Circuito de Villeta por cuanto no existían en esta localidad juzgados de familia, lo que descarta la existencia de la nulidad indicada por el casacionista.

Pero además, esta afirmación del ad quem no fue atacada por el censor, quien en su impugnación no hace ninguna mención del Decreto 2272 de 1989, como tampoco a la salvedad impuesta en el Decreto 1712 en relación con la plena capacidad debían tener donante y donatarios para que la insinuación pudiera ser tramitada ante notario.

En punto al ataque del casacionista en el sentido de que el tribunal desestimó el contenido del artículo 3º del Decreto 1712, relativo a los documentos que se deben anexar a la escritura de donación, no observa la Sala que el fallador de segundo grado lo hubiera pasado por alto sino que, por considerar que no se aplicaba en este caso el Decreto 1712 de 1989, ya que la insinuación le correspondía otorgarla al juez de familia, la legislación contenida en el artículo 662 del Código de Procedimiento Civil era la aplicable, por lo que el pago de los impuestos no es cuestión principal sino accesoria que no impide la celebración del contrato de donación, por cuanto en la actualidad ya no se requiere la intervención previa del síndico para que efectúe el avalúo de los bienes.

Respecto a la acusación formulada por violación del artículo 2º del Decreto 1712 en relación con la notaría en la cual se protocolizó la escritura pública 659 tantas veces citada, considera la Corte necesario aclarar que dicha disposición se refiere al notario del domicilio del donante para presentar la solicitud de insinuación de la donación, pero no cuando se trata de protocolizar la sentencia que autoriza para efectuarla, porque en estos casos, los otorgantes, como lo señaló el tribunal, tienen libertad para escoger el funcionario ante el cual quieran otorgar la escritura pública, sin que por consiguiente la orden dada por el juez de protocolizar la escritura en la notaría de Villeta tuviera fuerza vinculante, porque la ley no exige que se haga esa indicación.

En conclusión, no se configura la nulidad alegada, sin que la censura así formulada pueda abrirse paso y en consecuencia no prosperan los cargos».

(Sentencia de casación, marzo 18 de 2002. Expediente 6796. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Santos Ballesteros).

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