Sentencia 6799 de marzo 16 de 1995 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN PRIMERA

GERENTE AL QUE SE LE REVOCA EL MANDATO

PUEDE ALEGAR DESPIDO INDIRECTO

EXTRACTOS: «En este cargo el censor relaciona una serie de pruebas que estima erróneamente valoradas por el Tribunal, en orden a que éste encontró demostrado en el proceso que el accionante terminó con justa causa el nexo laboral que lo ligaba con la accionada. Uno de los hechos justificantes de los invocados en la comunicación rescisoria en que se apoyó el ad quem, alude a que el señor Cock fue depuesto del cargo de gerente desde el 24 de febrero de 1994.

El hecho en sí se halla indiscutidamente acreditado, pues fuera de que se desprende del certificado emitido por la cámara de comercio, visible a folios 61 y ss. del informativo, el recurrente lo asume (ver fl. 73, cuaderno de casación), en tanto que lo que éste persigue es restarle toda gravedad arguyendo que aparece desligado del contrato de trabajo y más bien se enmarca dentro de los conceptos de los contratos de sociedad y mandato. Su argumento central al respecto señala que en desarrollo de estos últimos vínculos que la ataban también al señor Cock, la compañía accionada gozaba de plena facultad legal para despojarlo de la representación legal sin que ello generara sanciones de ninguna índole ni implicara afectación del nexo laboral.

Acerca de estas cuestiones, observa la Sala ante todo que la concurrencia del contrato de trabajo con otros que se celebren entre las mismas partes, no supone el paralelismo e independencia de los nexos, sino más bien lo contrario, dado que lo usual es que el desarrollo del contrato de trabajo involucre el desenvolvimiento sincrónico e interdependiente de los otros vínculos. Ello suele acontecer particularmente con relación al ejercicio de la gerencia de una empresa, dado que el cumplimiento de las obligaciones laborales del gerente enganchado laboralmente, comportan en gran medida la ejecución de actos propios de la gerencia o de la representación, que son consustanciales a la naturaleza del empleo. De suerte que entendidas así las cosas, si como sucedió en el asunto de los autos, a un gerente le restan en absoluto la facultad de representación, resulta plausible desprender que el empleador le está cambiando las condiciones de la prestación del servicio e incluso lo está degradando desde el punto de vista de la jerarquía interna, lo cual además es probable que genere la afectación de la dignidad laboral del empleado, quien frente al restante personal y dentro del respectivo medio, pasará a ejercer las funciones que le queden, en un plano de inferioridad.

No son de recibo entonces los argumentos de la censura tendientes a minimizar los afectos que dentro del ámbito del contrato de trabajo generó el hecho de haber revocado al señor Cock su condición de gerente, pues tal circunstancia por sí sola posee en principio la virtud de autorizar la terminación unilateral por parte del empleado (D. 2351 de 1965, art. 7º, lit. b, ordinal 7).

Desde otro enfoque, no aparece que el Tribunal se haya equivocado y menos aún de modo manifiesto, al estimar que si el demandante fue desplazado sin su consentimiento de la posición de gerente, ello configura justa causa para la desvinculación adoptada unilateralmente por el promotor del litigio. Ahora bien, como no quedó desvirtuada la principal justificación que adujo éste para desligarse, la conclusión del Tribunal se mantiene y no hace falta confrontar los otros hechos fundamentales de la misma».

(...)

TRABAJADORES QUE NO RENUNCIARON A LA ACCIÓN DE REINTEGRO

CÓMO SE LES CALCULA LA INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO

EXTRACTOS: «Con arreglo al Decreto 2351 de 1965, artículo 8º, ordinal 5º, cuando el trabajador vinculado a término indefinido hubiere cumplido diez años continuos de servicios “... y fuere despedido sin justa causa...”, podrá demandar el reintegro ante el juez del trabajo y éste deberá decidir si es pertinente concederlo o las incompatibilidades entre las partes lo hacen desaconsejable, caso este último en el cual corresponderá al trabajador “...la indemnización en dinero prevista en el ordinal 4º, literal d) ...” del referido artículo 8º.

El artículo 6º de la Ley 50 de 1990 modificatorio del artículo 8º en mención, estableció mediante un parágrafo transitorio que aquellos trabajadores que en el momento de entrar en vigencia la Ley 50 tuvieran diez o más años de servicios continuos, seguirán amparados por lo dispuesto en el ordinal 5º del texto modificado. En otros términos, el Decreto 2351 de 1965 artículo 8º, ordinal 5º, sigue vigente para los empleados que contaban diez o más años de servicios el 1º de enero de 1991, a menos que manifiesten al empleador su voluntad de acogerse al nuevo régimen.

Ahora bien, la vigencia del tan citado art. 8º, ordinal 5º del Decreto 2351 de 1965 ha de entenderse íntegra e inescindible, de ahí que el reintegro que contempla el precepto, de acuerdo con su claro tenor sólo puede tener como alternativa la indemnización del artículo 8º, numeral 4º, literal d) del Decreto 2351 de 1965 y no la que prevé el artículo 6º, numeral 4º, literal d) de la Ley 50 de 1990, pues ésta forma parte del nuevo régimen que por disposición de la misma ley no es aplicable a los operarios de la excepción que se estudia.

De otra parte, resulta obvio que alguna ventaja o compensación legal ha de obtener el trabajador que decida renunciar a la acción de reintegro y ella no puede ser otra que el aumento de la indemnización por despido que ofrece el nuevo régimen que abolió dicha acción, con referencia a lo previsto en el anterior que sí la contempla. Es que corresponde entender que la disyuntiva que el legislador propone a los trabajadores del parágrafo transitorio, es entre el sistema de estabilidad definido por el Decreto 2351 de 1965 y el que lo reformó, contemplado por la Ley 50 de 1990.

Con todo, en lo que hace al llamado despido indirecto, vale decir, a la terminación unilateral del contrato de trabajo con justa causa por parte del trabajador, basta examinar el artículo 8º ordinal 5º del Decreto 2351 de 1965 para comprender que está excluido de su regulación. En efecto, la acción de reintegro sólo corresponde al trabajador “...que fuere despedido sin justa causa...” y no a aquel que ponga fin al contrato invocando justa causa. Consiguientemente, para un trabajador como el señor Cock, con más de diez años de servicios continuos el 1º de enero de 1991, es claro que el denominado despido indirecto genera a su favor la indemnización determinada por la ley 50 de 1990, esto es, 45 días por el primer año y 40 días adicionales por cada uno de los años de servicios subsiguientes y proporcionalmente por fracción, ya que si bien el accionante no se acogió al régimen de la citada ley, carece de acción de reintegro como consecuencia del despido indirecto aún bajo el sistema anterior a la misma, pues se reitera que dicho modo de terminación no figura contemplado por el tan aludido artículo 8º, ordinal 5º del Decreto 2351 de 1965 o, en otros términos, no tiene otro derecho diferente a la indemnización y por tanto no le es aplicable a su situación el parágrafo transitorio del artículo 6º de la Ley 50 de 1990, de suerte que en virtud del efecto general inmediato de los preceptos laborales (CST, art. 16) le asiste el derecho indemnizatorio previsto en esta ley.

Así las cosas, resulta que el Tribunal interpretó erróneamente el parágrafo transitorio del art. 6º de la Ley 50 de 1990, dado que, sin distinguir el despido injusto del despido indirecto concluyó:

“En tal secuencia, el numeral 4º del mismo artículo 6º (lit d) en cuanto aumentó la tabla indemnizatoria a favor de quienes superan el tope de los diez (10) años, se aplica indiscriminadamente, es decir a quienes se acojan o no al nuevo”.

No obstante, en vista de que la interpretación cuestionada sí resulta correcta en lo atinente al despido indirecto según lo arriba definido, y esta modalidad es la del caso que se examina, el cargo no está llamado a prosperar».

(Sentencia de casación, marzo 16 de 1995. Radicación 6799. Magistrado Ponente: Dr. Francisco Escobar Henríquez).

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