Sentencia 6803 de febrero 15 de 1995 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN SEGUNDA

INDEMNIZACIÓN ORDINARIA POR ACCIDENTE DE TRABAJO

INICIACIÓN DEL TÉRMINO PRESCRIPTIVO

EXTRACTOS: «La prescripción, como lo ha sostenido la doctrina, consiste en la extinción de los derechos consagrados en la normatividad aplicable por no haberse ejercitado la acción pertinente dentro del plazo de carácter fatal que señala la ley. Ella está gobernada en materia laboral por los artículos 448 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del procesal de esta especialidad, los cuales coinciden en señalar un término de tres años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, salvo en los casos de prescripciones especiales establecidas en dichos estatutos.

Es bien sabido que cuando acontece un accidente de trabajo surgen en favor de quien lo padece una serie de prestaciones o de indemnizaciones, según el caso, algunas de las cuales dependen de las secuelas o de la incapacidad para laborar que le hayan dejado. Pero muchas veces ocurre que a pesar de los importantes avances científicos resulta imposible saber en corto plazo cuáles son las consecuencias que ha dejado en la víctima el insuceso. Así lo tiene adoctrinado la jurisprudencia de esta Sala al precisar que “no puede confundirse el hecho del accidente con sus naturales efectos. Aquél es repentino e imprevisto. Estos pueden producirse tardíamente”. (Cas., 23 de marzo de 1956, vol. XXIII, nums. 136 a 138).

Por lo anterior, tanto la doctrina como la jurisprudencia, sin desconocer el referido término prescriptivo legal, han recabado en que la iniciación del cómputo extintivo no depende en estricto sentido de la fecha de ocurrencia del infortunio, por no estar acorde con la finalidad del instituto y ser manifiestamente injusta, sino del momento en que el afectado está razonablemente posibilitado para reclamar cada uno de los eventuales derechos pretendidos.

Las lesiones orgánicas y perturbaciones funcionales producidas por un accidente ameritan tratamientos médicos y evaluaciones cuya duración no siempre se puede establecer anticipadamente, ni dependen de la voluntad de los afectados.

En el sistema del Código Sustantivo del Trabajo la tabla de valuación de incapacidades señala, según las consecuencias del accidente y el porcentaje de disminución de la capacidad laboral, unas indemnizaciones fijadas en meses de salario, escalonadas según dicho porcentaje de incapacidad, a manera de presunción de derecho.

En cambio, cuando existe culpa patronal en la ocurrencia del accidente el responsable “está obligado a la indemnización total y ordinaria por perjuicios, pero del monto de ella debe descontarse el valor de las prestaciones en dinero pagadas en razón de las normas consagradas en este capítulo”, con arreglo al artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo.

De tal suerte que en tratándose de una indemnización que la ley no establece de manera tarifada ni presuntiva en cuanto a su soporte que es la clase de incapacidad y el porcentaje de disminución de capacidad laboral, ni tampoco su monto, como sí ocurre con la atrás vista, a fortiori debe colegirse en estos eventos la validez del criterio que asienta este fallo sobre la iniciación del término prescriptivo, por cuanto es evidente que para esclarecer la totalidad de los perjuicios indemnizables debe mediar una evaluación médica juiciosa sobre los mismos, que debe efectuar la respectiva entidad de seguridad social a la cual se halle afiliado el trabajador accidentado o el médico del empleador, pero en este último caso, siempre que el trabajador no haya estado legalmente obligado a afiliarse a una institución de tal clase.

Naturalmente no es dable entender que el interesado pueda disponer a su arbitrio la fecha en que procede la mencionada calificación médica, ni le es dable dilatarla indefinidamente, pues ello pugna contra la imperiosa seguridad jurídica y contra el fundamento de los preceptos citados. Así las cosas, como le asiste tal derecho a la evaluación, ésta no puede diferirse por más de tres años contados desde la ocurrencia del accidente, porque ese es el término ordinario de prescripción señalado en la ley y además es el que se desprende del artículo 222 del Código Sustantivo del Trabajo.

Como antes se vio, cuando se efectúa la calificación de la incapacidad por las autoridades médicas competentes la obligación de dicha indemnización “total y ordinaria” es exigible y desde este instante empieza a correr el término legal para reclamar su pago. En consecuencia no es dable confundir el plazo que tiene el trabajador víctima de un accidente por culpa patronal para pedir la evaluación médica de los perjuicios que el mismo le irrogó, con el término de prescripción del derecho a la indemnización total correspondiente, que se inicia cuando jurídicamente se encuentra en capacidad de obrar. Y ese momento no se identifica con el de la ocurrencia del insuceso (a menos que ocasione la muerte del trabajador), ni con la del reintegro a las labores, ni con el de esclarecimiento de la culpa patronal, sino con el de la calificación médica mencionada.

La jurisprudencia de esta Sala ha aceptado dichos postulados enfatizando que la fecha de exigibilidad de la obligación varía de un caso a otro, así: cuando el trabajador sobrevive al accidente las obligaciones en especie y en dinero por razón de la incapacidad temporal, se hacen exigibles a partir del día de la ocurrencia del siniestro, pero así mismo ha precisado lo transcrito en el fallo del ad quem en el sentido de que “en los demás casos, las prestaciones en dinero graduadas según la correspondiente tabla de valuaciones, como toman en cuenta la calificación de la incapacidad o en su caso, el fallecimiento del accidentado, sólo se hacen exigibles una vez terminada la atención médica y desde que se clasifiquen mediante dictamen médico, con sujeción a lo que sobre el particular disponen las normas legales y reglamentarias consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo y en el Decreto 852 de 1953” (cas. de septiembre 30 de 1965).

En el sub lite el impugnante acusa la sentencia del Tribunal de haber aplicado indebidamente las normas que gobiernan la prescripción, acepta los hechos establecidos por el ad quem y concluye que la prescripción debe contarse desde cuando el trabajador se reintegró a sus labores.

Está esclarecido que el accidente ocurrió por culpa patronal el día 21 de enero de 1987, el 15 de julio del mismo año el trabajador se reintegró a sus labores, el 23 de febrero de 1988 solicitó al ISS la pensión de invalidez, lo que supone la valoración médica respectiva y acredita que dentro de los tres años siguientes al accidente ejercitó ese derecho; pero la valoración médica por parte del comité de evaluación del Instituto de Seguros Sociales se cumplió mediante oficio 769585 de julio 30 de 1990 (fl. 59) suscrito por el jefe de medicina laboral de dicha entidad mediante el cual se calificó que como consecuencia del accidente de trabajo el demandante tenía una incapacidad permanente total.

Tal como se aceptó en el hecho sexto de la demanda inicial, este es el punto de partida de la contabilización del término prescriptivo, y no como lo dedujo equivocadamente el fallador, el 26 de marzo de 1992, cuando se profirió el dictamen por parte del médico laboral del Ministerio de Trabajo, sin tener en cuenta que en tal fecha ya se había trabado la litis, pues el auto admisorio de la demanda se notificó el 29 de octubre de 1991 (fl. 17), además de que la evaluación médica pertinente ya la había efectuado con antelación la entidad de seguridad social a la cual estaba afiliado el actor. Es tan evidente que no le asiste razón al Tribunal en su interpretación, que de aceptarse ella habría que colegir que se configuró una petición antes de tiempo, lo que indudablemente no ocurrió en el caso bajo examen, por las razones anteriormente expuestas».

(...)

INDEMNIZACIÓN ORDINARIA POR ACCIDENTE DE TRABAJO

TRABAJADORES QUE CONTINÚAN LABORANDO

EXTRACTOS: «Con fundamento en el artículo 164 del Código Civil, que expresa el concepto de lucro cesante, el Tribunal sostuvo lo siguiente:

“...ocurre que el señor Espinosa Giraldo, luego de recuperarse del percance, continuó laborando para la accionada y de ella recibe un salario igual al que percibía, el que aún recibe con los aumentos pertinentes, lo mismo que sus prestaciones sociales y demás pagos que tienen como causa su vinculación dependiente en la factoría. Por tal razón, estimamos, que como no acreditó en la actuación que por causa del accidente, Carlos Emilio hubiera recibido perjuicios en su remuneración laboral o de alguna otra naturaleza, no hay lugar a imponer condena por tal aspecto en forma diferente a como lo sentenció el señor juez del conocimiento, siempre y cuando el contrato de trabajo del accionante termine por causa diferente al reconocimiento de la pensión de jubilación, de vejez o de invalidez...”.

Tal aserción no comporta una condena hipotética por terminación del contrato, en los casos de ausencia de culpa patronal, sino como consecuencia de la culpa de la demandada en la ocurrencia del accidente, aspecto que el cargo no controvierte. Se trata de dos situaciones reguladas por institutos independientes, el de la indemnización común u ordinaria de perjuicios por culpa del empleador derivada del accidente de trabajo (art. 216 del Código Sustantivo del Trabajo) y el de la terminación del contrato de trabajo en cualquiera de sus modalidades (art. 64 del mismo estatuto, con sus respectivas modificaciones).

Lo que se desprende del fallo acusado es que en los casos en que subsiste el vínculo laboral después de sucedida la hipótesis contemplada en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo y el trabajador no sufre mengua en sus condiciones económicas laborales durante el resto del contrato con el empleador culpable, la indemnización total de los perjuicios por pérdida de la capacidad laboral se fija al fenecimiento del nexo laboral porque es entonces cuando sufre el rigor de la misma, a menos que el contrato termine por reconocimiento de la pensión de vejez o invalidez.

Por tanto, la terminación unilateral, con o sin justa causa, por cualquiera de las partes de la relación laboral, no elimina ni hace desaparecer la responsabilidad del empleador que le restó la capacidad laboral al afectado; ella no se borra ni desaparece con la sola continuidad del vínculo laboral, sino que al no producirse el perjuicio durante tal lapso, por no interrumpirse su remuneración, el lucro cesante latente fluye cuando el contrato termina y solamente puede ser mitigado por su condición de pensionado por vejez o invalidez.

Como lo hace ver el opositor, lo que no contempla la ley es que la continuación del contrato exonere al empleador de los perjuicios causados al trabajador en tales eventos.

Este criterio ha sido acogido por esta Sala especialmente en sentencias de 17 de octubre de 1985 (exp. 10.747) y 5 de julio de 1994 (exp. 6482)».

(Sentencia de casación, febrero 15 de 1995. Radicación 6803. Magistrado Ponente: Dr. José Roberto Herrera Vergara).

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