Sentencia 6806 de febrero 18 de 2003 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

SEGURO DE TRANSPORTE

CLÁUSULAS QUE EXTIENDEN EL AMPARO A BODEGAS EN TRÁNSITO

EXTRACTOS: «1. El contrato de seguro de transporte terrestre es una modalidad de los seguros de daños mediante la cual se protege el interés del asegurado sobre las mercancías transportadas, o la responsabilidad por el transporte de la misma (C. Co., art. 1124), según el caso. Este seguro ampara las cosas con respecto de todos los riesgos inherentes a la operación del transporte, es decir, todos aquellos sucesos inciertos producidos con causa o con ocasión del acarreo, que no dependen exclusivamente de la voluntad del asegurado, y que no son excluidos por mandato legal (C. Co., art. 1020), o por voluntad de los contratantes.

En esta especie de contratación, el asegurador asume los riesgos mientras hace su tránsito de un lugar a otro, es decir, durante el trayecto asegurado, que al tenor del artículo 1117 numeral 2º ejúsdem, está comprendido por “...el punto donde hayan sido o deban ser recibidas las mercancías y el lugar de entrega” (art. 1117 num. 2º ejúsdem). Responsabilidad cuya vigencia fija el artículo 1118 ibídem al establecer que se inicia cuando el transportador recibe o ha debido hacerse cargo de las mercancías objeto del seguro y concluye con su entrega al destinatario. Sin embargo, de acuerdo con lo prescrito por el inciso 2º del citado artículo, ésta puede extenderse, por voluntad de los contratantes, “... a cubrir la permanencia de los bienes asegurados en los lugares iniciales o finales del trayecto asegurado”.

Fuera del trayecto aludido, ha precisado la Corte, “...no tiene vida la obligación condicional del asegurador, ni la ocurrencia del siniestro en tal hipótesis, le impone el pago de indemnización alguna, razón ésta por la cual el artículo 1117, numeral 2º, del Código de Comercio, en su texto original y en el que le imprimió el artículo 43 del Decreto 01 de 1990, al regular el seguro de transporte se ocupan de precisar cuál es el ''trayecto asegurado'', el que, a voluntad de las partes puede extenderse a los lugares iniciales o finales de permanencia de la mercancía objeto del seguro, que va a ser transportada (C. Co., art. 1118, tanto en su texto anterior, como en el introducido por el art. 44 del D. 1º/90)” (Cas. Civ. abr. 4/97).

2. De otro lado, como otro aspecto que resulta pertinente para la definición del cargo, preciso es recordar que la interpretación de los contratos es cuestión librada por el legislador a la autonomía del juzgador, para lo cual lo ha dotado de una serie de pautas o directrices encaminadas a guiarlo en su tarea de determinar el verdadero sentido y alcance de las estipulaciones de las partes, descubrir la genuina voluntad que las animó al celebrar el contrato e identificar los fines perseguidos al ajustarlo, con el objetivo de imprimir eficacia a la voluntad negocial. Entre esas reglas, cabe destacar por lo que al caso interesan, las previstas por los artículos 1618, 1620 y 1621 del Código Civil.

Desde luego que dichas pautas, no sólo orientan la interpretación del contrato de naturaleza civil, sino también los negocios jurídicos de carácter mercantil, conforme a la remisión que al respecto hace el artículo 822 del Código de Comercio, sin perjuicio de la aplicación de las reglas que en tal ámbito consagre el legislador mercantil, pues de existir, deben ser acatadas prioritariamente por el juzgador.

Con relación a las últimas, en cuanto importan a la decisión, deben destacarse las previstas por los artículos 823 y 871 del Código de Comercio. El primero al consagrar que los términos técnicos o usuales que se emplean en los documentos destinados a probar contratos u obligaciones mercantiles, se entenderán en el sentido que tengan en el idioma castellano, sentido que “...es el jurídico que tenga el término o locución en el respectivo idioma, o el técnico que le dé la ciencia o arte a que pertenezca o finalmente el sentido natural y obvio del idioma a que corresponda”. El segundo al declarar que los contratos deben celebrarse y ejecutarse de buena fe, obligando no sólo a lo estipulado expresamente en ellos, sino además a todo lo que corresponde a su naturaleza, según la ley.

(...).

De conformidad con lo estipulado en la póliza automática para seguros de transporte Nº 103072-9, suscrita el 13 de mayo de 1989, el contrato de seguro de transporte terrestre celebrado entre Movilizar S.A., en calidad de tomadora, asegurada y beneficiaria y la Aseguradora Colseguros S.A., las partes contratantes convinieron amparar “...todo tipo de productos excepto algodón en pacas, café, carbón, animales vivos, semilla de algodón y sorgo, explosivos, corrosivos y combustibles”, contra los riesgos de “... pérdida o daño material de los bienes que se produzcan con ocasión de su transporte”, excluidos los riesgos de “...avería particular y saqueo”. Como trayecto asegurado designaron el “... territorio nacional” y como suma asegurada por despacho, inicialmente la cantidad de $10.000.000, incrementada a $15.000.000 mediante anexo expedido el 19 de mayo de 1990 (fl. 20 c. 1) y luego a $50.000.000 por anexo Nº 4, expedido el 8 de mayo de 1990, mediante el cual se introdujeron algunas modificaciones a dicha póliza, a partir del 29 de marzo de 1990 (fl. 18 c. 1).

En el mismo documento, a título de condición especial, convinieron: “Bodegas en tránsito $30.000.000 deducible 10% mínimos de $100.000 aplicable a cualquier pérdida”, estipulación que se mantuvo inalterada en el anexo expedido el 8 de mayo de 1990, en el cual se consignó el “límite de bodega en tránsito $30.000.000 (treinta millones de pesos)”.

Al ocuparse de desentrañar el querer de las partes contratantes, manifestado en esta última estipulación, el tribunal avaló la ambigüedad que respecto de ella predicó el juzgador de primer grado, deducida de los diversos entendimientos y alcances que en criterio de uno y otro, así como de la propia entidad asegurada, podía suscitar. Adicionalmente la consideró “... reñida con la lógica de los efectos de los negocios jurídicos y por supuesto, contra todo criterio de equidad”, consideraciones con arreglo a las cuales estimó atinada la argumentación expuesta por la asegurada a la aseguradora a propósito de su decisión sobre la reclamación presentada, consistente en que “... un amparo adicional, no puede desmejorar el amparo inicial, por decir algo si vienen 4 vehículos en viaje están amparados en $50.000.000 x 4 = $200.000.000 y al entrar en nuestras instalaciones se convierte el amparo en $30.000.000”. Igualmente consideró, al unísono con la demandante-asegurada, que la interpretación atribuida por la aseguradora a la precitada cláusula generaba un despropósito, pues

“...El solo hecho de los carros cargados dentro de las instalaciones no significa que se puede aplicar la sutileza de bodegas en tránsito, mal estaría el dejar en la calle en la ciudad de Medellín un vehículo cargado en detrimento de los destinatarios para que por esta suspicaz razón sí se pueda obtener de la compañía de seguros la llamada cobertura de límite por despacho, que equivale a cincuenta millones de pesos ($50.000.000) por cada automotor despachado”.

Visto el contenido de la póliza de transporte terrestre celebrado entre las partes del proceso, tanto en su clausulado general como en sus condiciones particulares, no puede menos de concluirse que una elemental labor de hermenéutica desplegada por el tribunal, con el concurso de los derroteros precedentemente señalados, le habría permitido deducir que mediante dicho pacto los contratantes convinieron en primer lugar, amparar toda clase de mercaderías, con las excepciones expresamente detalladas, de los riesgos de pérdida o daño material que pudiesen sobrevenir con ocasión de su transporte por todo el territorio nacional. De otro lado, mediante la estipulación controvertida y en ejercicio de la facultad atribuida por los artículos 1056 y 1118 numeral 2º, ampararon las mismas mercancías, contra los riesgos señalados, cuando se encontrasen en bodegas, es decir, guardadas, quietas, inmovilizadas, en los sitios de origen, destino y aún intermedios de su tránsito dentro del trayecto asegurado, habida cuenta que ninguna salvedad hicieron en el punto; estipulación cuya finalidad había advertido el a quo al señalar que ella era “... indicativa de que en el contrato de seguro de transporte el trayecto asegurado fue ampliado conforme lo prevé el artículo 1118 - 2 Código de Comercio, amparando los bienes asegurados en los lugares iniciales o finales del trayecto asegurado”, pero pasó inadvertida para el ad quem.

De conformidad con lo anterior, el pacto aludido no introdujo una reducción al amparo ordinariamente otorgado por el seguro contratado, como equivocadamente lo entendió el tribunal, sino que involucró una cobertura adicional al extenderlo a lugares distintos de los que corresponden naturalmente a la ejecución del transporte, como son aquellos en los cuales se efectúa el bodegaje temporal o la inmovilización, por cualquier circunstancia, de la mercancía transportada, durante su tránsito por el trayecto asegurado.

En torno al anterior estado de cosas, le asiste razón al impugnador cuando le censura al tribunal despreciar las pautas de hermenéutica supracitadas al ocuparse de desentrañar el querer de las partes contratantes, pues su labor en el punto se limitó al examen literal y autónomo de una cláusula, desarraigándola por completo del contexto general del contrato del cual forma parte. Adicionalmente, omitió atribuirle a las palabras utilizadas para expresarla, el sentido natural y obvio que les corresponde, tratando por el contrario de comprenderla insularmente, fuera de contexto, dándole a sus términos un sentido artificioso y rebuscado, en lugar de atribuirle el entendimiento que mejor encajase con la naturaleza del contrato, armonizándola con las restantes estipulaciones de las partes, en forma que pudiese producir los efectos pretendidos por éstas, antes que interpretarla en forma que le vedase la generación de efecto alguno.

Así las cosas, por el camino mencionado calificó de ambigua una estipulación clara, y bajo tal consideración echó de menos una explicación sobre sus alcances, que debía provenir de la entidad aseguradora, omisión que a la postre la llevó a interpretarla en su contra, desnaturalizando la voluntad de las partes contratantes al negarle a dicha estipulación los efectos queridos por éstas, yerro que lo condujo a proferir la sentencia impugnada, mediante la cual condenó a la aseguradora a pagar la indemnización convenida para el evento de producirse la pérdida de la mercancía, con motivo u ocasión de su transporte, pese a que la sustracción de éstas se produjo mientras permanecían inmovilizadas en una bodega de propiedad de la asegurada, ubicada para una parte en su lugar de origen y para otra en su sitio de destino, de acuerdo con lo especificado en el libelo introductor, amparo para el cual los contratantes pactaron como suma asegurada la cantidad de $30.000.000 que fue cancelada por la aseguradora a la entidad asegurada, previa deducción del porcentaje convenido.

En las condiciones descritas, no puede menos de colegirse la comisión del yerro de facto que se le atribuye al tribunal en la interpretación del contrato celebrado por las partes, yerro que además de ser evidente trascendió a la parte resolutiva de la decisión, pues por razón de él, como se mencionó, condenó a la aseguradora a cancelar la indemnización prevista para la ocurrencia de un siniestro distinto del verdaderamente acaecido, quebrantando indirectamente, por aplicación indebida, el artículo 1080 del Código de Comercio, yerro cuya suficiencia conduce a la casación del fallo impugnado, sin necesidad de abordar el examen de los restantes desaciertos que en el ámbito probatorio se le imputan al fallador, correspondiendo a la Corte proferir, en sede de instancia, el que debe reemplazarlo.

Sentencia sustitutiva

1. Los presupuestos procesales se encuentran reunidos y no se observa causal de nulidad. Es procedente en consecuencia dictar sentencia de mérito.

2. Como la sentencia del tribunal se infirmó por la prosperidad del recurso, las motivaciones aducidas para el efecto se dan por reproducidas en este fallo.

De acuerdo con ellas, la indemnización reclamada por la sociedad demandante carece de fundamento alguno, pues la sustracción de la mercancía amparada con el contrato de seguro de transporte contenido en la póliza automática Nº 103072-9, se produjo cuando se hallaba en la bodega de propiedad de la asegurada, ubicada en la calle 65 Nº 55 A 43 de la ciudad de Medellín, como lo narró Jorge Iván Gómez Zuluaga, vigilante de la misma, al servicio de Movilizar S.A. (fls. 1 y 2 c. 2). Por consiguiente, el siniestro acaecido se halla amparado por la cobertura denominada bodega en tránsito, respecto de la cual las partes fijaron como suma asegurada la cantidad de $30.000.000, valor que de acuerdo con lo afirmado por la demandante en la demanda del proceso, fue cancelado por la aseguradora, deducido el porcentaje autorizado, con lo cual satisfizo la obligación resultante del contrato de seguro celebrado con la actora.

3. Por tal razón, se revocará el fallo apelado y en su lugar se negarán las pretensiones de la demandante».

(Sentencia de casación, 18 de febrero de 2003. Expediente 6806. Magistrado Ponente: Dr. José Fernando Ramírez Gómez).

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