Sentencia 6821 de septiembre 23 de 1992 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

REPARTO DE PROCESOS

NO ES UN FACTOR DE COMPETENCIA

EXTRACTOS: «Presentó la impugnante un cargo por considerar que se había dictado sentencia en un juicio viciado de nulidad, con el argumento de que se había instruido por un juez que no era competente y por haberse incurrido en la actuación en irregularidades procesales que afectan el debido proceso.

Hace consistir la nulidad alegada en el hecho de que el Juez de primera instancia hubiera comisionado al Juzgado de Instrucción (reparto), para adelantar la investigación, cuyo conocimiento le correspondió al Juzgado 87 de Instrucción Penal Militar, pero habiendo enfermado la titular del mismo, el secretario ordenó la devolución del proceso al Juzgado comitente, determinándose por éste que la investigación fuera adelantada por el Juzgado 76 de Instrucción Penal Militar, despacho en el que el secretario dejó constancia de protesta por el desconocimiento de la norma que dispone que cuando existan juzgados de la misma categoría los procesos deben ser sometidos a reparto entre todos; pero pose a tal apreciación y a la grave anomalía tal despacho conoció de la instrucción del proceso.

De lo anterior concluye la impugnante que el funcionario competente para conocer de dicho proceso era el Juzgado 87 de Instrucción Penal Militar y que el hecho de haberse enfermado la titular no era causal de terminación de la competencia.

Luego, de manera inexplicable, dice que en el Código de Justicia Penal Militar, en el tema de impedimentos y recusaciones, no existe la enfermedad como una de las causales y que en el caso concreto tampoco se daba una colisión de competencias, ni un cambio de radicación. Como consecuencia de tales reflexiones vuelve a concluir que la competencia estaba radicada en el Juzgado 87 y que de esta manera se vulneró el artículo 1º del anterior código procesal. Prosigue argumentando que si en gracia de discusión había de quitársele la competencia al juez a quien primero fue repartido el proceso, éste ha debido regresar al Juzgado de reparto y que al no hacerlo se incurrió en irregularidad procesal que afecta el debido proceso.

Consideraciones de la Sala

Razón le asiste al Procurador Delegado para solicitar no se case la sentencia por considerar que la alegada nulidad no existe, porque es una realidad que la competencia para conocer de un determinado delito en su fase instructiva o de juzgamiento, es determinado por la Constitución y por la ley para cada categoría jurisdiccional, y por tanto es perfectamente equivocado el criterio de la impugnante conforme al cual, el acto de reparto constituye un elemento válido de atribución de competencia penal.

Bien se sabe que el reparto es un acto simplemente administrativo que tiene como finalidades fundamentales, la equitativa distribución del trabajo entre los funcionarios que ostenten una misma competencia y evitar que los procesos puedan ser asignados conforme a las preferencias de los funcionarios potencialmente competentes, lo que iría en perjuicio de una correcta administración de justicia, particularmente porque se vería afectada su imparcialidad, porque de no existir el reparto a los jueces o los fiscales, podrían querer, por los más diversos motivos, asumir el conocimiento de un determinado proceso o estar alejados de la instrucción o fallo de otros.

Por ello, la norma que dispone el reparto como norma general es adecuada y de esta manera se cumplen las dos finalidades que básicamente se le atribuyen; pero el hecho de que en principio un proceso le haya correspondido por reparto a un juez o fiscal, no impide que por circunstancias como en este caso de enfermedad del titular, exceso de trabajo, impedimento o recusación, cambio de radicación, acumulación de causas o cualquier otro motivo, aquel proceso pueda pasar a conocimiento de otro funcionario.

Dentro de las anteriores circunstancias el comitente tiene la facultad de comisionar bien sea al juez elegido por reparto, o en un momento determinado escoger uno entre los varios de la misma categoría, sin que por ello se pueda llegar a hablar de la existencia de una irregularidad, porque es bien sabido que no todos los jueces tienen la misma capacidad de trabajo, ni la misma celeridad en el mismo, o porque algunos se han destacado especialmente en la investigación exitosa de determinadas formas de delincuencia, o una más reconocida personalidad y carácter, circunstancias que pueden llevar con sano criterio al comisionante para hacerlo de manera determinada y precisar a un funcionario, sin que por ello pudiera hablarse siquiera de la existencia de una irregularidad.

En el caso concreto que se analiza, la situación del cambio de juez para que continuara la instrucción era más que justificada si se tiene en cuenta la enfermedad del titular a quien inicialmente le fue repartido el proceso, porque bien se sabe que los actos de instrucción exigen una absoluta inmediatez a la realización del hecho que motiva la investigación, por cuanto el paso del tiempo es el peor enemigo para el perfeccionamiento de un proceso, y con el transcurso del mismo las pruebas se pierden, se deterioran, o cuando se trata de testimonios, por defectos naturales de la inteligencia, las experiencias se olvidan o se confunden entre la multitud de los recuerdos.

Tan cierto será que no es un factor de atribución de competencia sino un simple problema de carácter administrativo, que la nueva codificación procesal establece en el artículo 102 que el conflicto que se produzca por razón de reparto, debe ser resuelto por el juez encargado de éste o por el Presidente de la Sala en donde aquél hubiese surgido».

(Sentencia de septiembre 23 de 1992. Radicación 6821. Magistrado Ponente: Dr. Édgar Saavedra Rojas).

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