Sentencia 6825 de febrero 18 de 2000 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Mario Mantilla Nougues

Aprobado Acta Nº 022

Santafé de Bogotá, D C, dieciocho de febrero de dos mil.

Por impugnación del director regional de oriente del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, han llegado las presentes diligencias a esta corporación para conocer de la sentencia de fecha primero (1º) de diciembre de 1999, mediante la cual el Tribunal Superior de Bucaramanga tuteló en favor de las personas detenidas transitoriamente en las instalaciones de la DIJIN, DAS y Policía Nacional en Bucaramanga y estaciones de policía de los municipios de Floridablanca, Piedecuesta y Girón, Ios derechos fundamentales a la dignidad humana, igualdad, no sometimiento a tratos crueles y degradantes, a la salud y saneamiento ambiental en conexidad con el derecho a la vida, vulnerados por el Instituto Regional Penitenciario y Carcelario, según lo afirma el defensor del pueblo de Santander quien instauró la acción a nombre de los reclusos.

Fundamentos de la acción.

Ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga, el doctor Frank Giovanni González Mejía en su condición de Defensor del Pueblo Regional de Santander instauró acción de tutela “Contra el Ministerio de Justicia y del Derecho y la dirección general del Inpec” (fl. 14 a 22), por cuanto pudo constatar según visitas efectuadas en los días 10 y 11 de noviembre de 1999, que en las instalaciones de la Dijin, DAS, Policía Nacional (contravenciones e inspecciones permanente) de Bucaramanga (calabozos) y estaciones de Policía de los Municipios de Floridablanca, Piedecuesta y Girón, las personas allí detenidas llevan más de 24 horas sobrepasando el término transitorio que deben permanecer en dichas instalaciones, además del hacinamiento y malos tratos a que son sometidas, “motivado porque en la cárcel del Distrito Judicial de Bucaramanga Modelo y demás establecimientos carcelarios adscritos a la Regional INPEC donde ordinariamente deben ser conducidas dichas personas que son privadas de la libertad, luego de ser puestas a disposición por los fiscales o jueces competentes, no están recibiendo a más internos debido a que el cuerpo de custodia y vigilancia de la guardia penitenciaria y carcelaria se encuentra en paro...” (fl. 16).

Hace un recuento de las condiciones en que fueron hallados los detenidos en los sitios ya descritos, para advertir que por el sobrecupo se ven sometidas a situaciones infrahumanas, peores a las que se observan en los establecimientos carcelarios, sin que en dichos lugares se cuente con la infraestructura necesaria para albergarlos en condiciones dignas, con presupuesto para alimentación, salud o mínimo vital con que debe contar quien se halle privado de la libertad, cuando deberían estar ubicados en el centro penitenciario de Bucaramanga y demás establecimientos carcelarios que disponga la dirección general del Inpec.

Indica el libelista que “La Defensoría del Pueblo entiende que el problema de la situación carcelaria no es sólo responsabilidad del Inpec, sino de otras instituciones del Estado y que la solución que se requiere con carácter urgente es la construcción de nuevos centros penitenciarios. Además de una adecuada política criminal y penitenciaria”.

Se refiere en particular a cada uno de los derechos que estima le están siendo conculcados a los detenidos en las instalaciones ya referidas, para solicitar su protección mediante la orden a la dirección regional del Inpec, que en el término de 48 horas, las personas detenidas en las instalaciones de la Dijin, DAS y Policía Nacional, sean trasladadas a los establecimientos carcelarios que reúnan condiciones dignas de higiene, salud, alimentación y locativas y preste atención inmediata a los mismos proporcionándoles los servicios básicos que les garantice el goce de sus derechos.

Adicionalmente, “ordenar al Ministerio de Justicia y del Derecho que se abstenga con sus acciones y omisiones de vulnerar o amenazar los derechos fundamentales a la dignidad humana, tratos crueles y degradantes y a la salud de las personas privadas de la libertad en las instalaciones de reclusión transitoria de Bucaramanga” (fl. 21).

El fallo recurrido.

El Tribunal Superior de Bucaramanga para acceder al amparo solicitado por el defensor del pueblo regional de Santander, luego de referirse en particular a la realidad social, derechos fundamentales y situación penitenciaria, indica que “los postulados de un Estado democrático de derecho, devienen en simples proclamas sin concretización en la realidad social, ante la desidia de un Estado por buscar solución al hacinamiento que se padece en los centros de reclusión y a las condiciones infrahumanas donde se mantiene recluidas a las personas que no son recibidas en los centros carcelarios”.

“El quebranto a un verdadero abanico de derechos fundamentales y esencialmente el mínimo vital de estas personas resulta un estado de cosas eminentemente inconstitucional, al que el Estado y la propia sociedad han dado la espalda y la extrema gravedad que comporta exigen una inmediata solución, pues, esta problemática representa no solo un delicado asunto de orden público, sino una situación de extrema gravedad social que no puede dejarse desatendida”.

“No puede desconocerse que la solución no está únicamente en manos del Inpec, sino que una solución integral debe aglutinar los esfuerzos del ente departamental y municipales del área metropolitana, para sólo referirse a esta región, por lo que se debe requerir al señor gobernador del departamento de Santander y a los señores alcaldes de los municipios de Girón, Floridablanca, Piedecuesta para que procedan a dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 16 de la Ley 65 de 1993, esto es, celebrar los convenios institucionales con el Inpec, para la atención del sistema carcelario regional y la creación de centros de reclusión, incluyendo en sus presupuestos las partidas correspondientes. Para adelantar los planes y programas respectivos deberán los mencionados mandatarios adelantar los convenios pertinentes con el Inpec y suscribir los convenios a los cuales se arribe, en un lapso máximo de dos (2) meses....”.

“El Ministerio Público representado en las personerías municipales y la Defensoría del Pueblo, así como la propia Procuraduría Regional, deberán velar por el cumplimiento de esta determinación, sancionable en caso de incumplimiento como desacato”.

Con apoyo en la Sentencia T-153 de abril 5 de 1998 de la Corte Constitucional y otras decisiones de la misma colegiatura, el a-quo considera que “dado el número de personas afectadas y que en el inmediato futuro podrían llegar igual cantidad de personas a estar en análoga situación de quebranto y amenaza a sus derechos constitucionales fundamentales, lo más indicado es ordenar a la dirección regional del Inpec, que de estricto cumplimiento a la Circular 0030 del 15 de abril del año en curso suscrita por el director general del instituto, esto es, “garantizar el recibo de los internos en las cárceles adscritas a su jurisdicción remitidos por decisión judicial o directiva del Inpec (...) (fl. 76)””.

“Ahora bien, como el propio coordinador del grupo de tutelas del Inpec, connota que el cuerpo de custodia y vigilancia del Inpec, en muchas ocasiones, mediante sus jornadas de protesta, es quien impide el ingreso de nuevos internos (fl. 72), habrá de prevenirse a estos funcionarios que previa la identificación e individualización de los mismos que para cada evento se suscite, la acción u omisión que realicen será tipificada como desacato a este orden titular, pues, indudablemente los derechos a un mínimo vital de las personas detenidas en los lugares “de paso” como Sijin, DAS, etc., no pueden claudicar frente a pretensiones gremiales, pues la situación se ha extremado al punto de impedir el ingreso de internas al reclusorio de mujeres, no obstante que, extraoficialmente, se da cuenta que tiene vacante más de setenta cupos, lo cual indudablemente resulta insoportable”.

“Como a todas luces, las instalaciones de la Sijin, DAS, e inspecciones de policía no pueden albergar a personas por más de veinticuatro (24) horas —artículos 370 y ss. del Código Penal—, (sic) y en número reducido, habrá de ordenarse que estas instituciones no presten o mantengan en custodia a persona alguna que se encuentre a disposición de las autoridades competentes, si no están en capacidad de garantizarles el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales. La infracción a esta orden tutelar se subsumirá como desacato”. (fls. 143 a 146).

La impugnación

El director regional del Inpec considera que el traslado de los detenidos en la Sijin, DAS e inspecciones y dependencias de la Policía Nacional a las cárceles del lugar, no soluciona el grave problema de hacinamiento en que se hallan pues, por ejemplo la Cárcel del Distrito Judicial de Bucaramanga, con capacidad de 655 internos, alberga 1.151 que se encuentran en idénticas o tal vez peores circunstancias.

Hace referencia a la actitud de los internos y guardianes en las cáceles, los cuales no permiten el ingreso de nuevos reclusos, pretextanto hallarse en desobediencia civil, lo que constituye una fuerza mayor para el instituto, además que, corresponde a las autoridades municipales y departamentales, no exclusivamente al Inpec, mediante el real y efectivo compromiso conforme lo ordena la ley, enfrentar la crisis que en graves proporciones se viene presentando en los centros carcelarios, al no contar con los recursos mínimos para la adecuación, ampliación o construcción de nuevos establecimientos, que es el reflejo de la crisis económica que vive Colombia.

Precisa que “Si se procede a saturar a los centros carcelarios bajo las condiciones actuales, se agravaría en grandes proporciones esta crisis, reviviendo situaciones lamentables como la acontecida en la Cárcel Distrito Judicial de esta ciudad, que se caracterizaron por los amotinamientos, muertos, intentos de fuga, heridos y amenazas contra el personal del cuerpo de custodia y vigilancia, hechos desencadenados por el descontento de los internos allí recluidos debido al alto índice de hacinamiento que no permiten cumplir la detención en condiciones mínimas, mucho menos alcanzar uno de los fines que es la resocialización conllevando a que en estos momentos las cárceles sean consideradas como unos centros para infringir aún más la ley penal... (fl. 205).

Consideraciones de la Corte

En el asunto examinado como ya se vio, la acción de tutela se instauró por el defensor del pueblo regional de Santander contra el Ministerio de Justicia y el Instituto Penitenciario y Carcelario Inpec, sólo que de los hechos narrados en la demanda y las consecuencias derivadas de ellos, equivocadamente entendió el Tribunal Superior de Bucaramanga que a él correspondía conocer de aquella y decidir sobre el amparo solicitado.

En relación con la competencia para conocer sobre el proceso de tutela, con ponencia del ex-magistrado doctor Dídimo Páez Velandia, dijo la Sala:

“El artículo 86 de la Constitución dispone que todos los jueces tienen jurisdicción para conocer sobre las acciones de tutela, pero no es menos evidente que el Decreto 2591 de 1991, al reglamentar el amparo fijó los criterios con base en los cuales se define la competencia para fallar aquella en los casos específicos”.

“El artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 señala como competente para conocer de la acción de tutela, en primera instancia a prevención, a los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurre la violación o la amenaza a los derechos fundamentales que motivaren la presentación de la solicitud”.

“La competencia concurrente que la norma referida prevé para que los jueces o tribunales conozcan de la tutela, está autorizando al accionante para que elija, entre esos jueces y magistrados, a cuál de ellos le formula la petición, obviamente del lugar donde ocurriere la violación o amenaza que motiva la petición, y el que seleccione, deberá conocer de su solicitud y excluirá a los demás. Este ámbito es el que debe reconocer y respetar todo juez para admitir, tramitar y fallar solicitudes de tutela” (Auto del 22 de noviembre de 1994).

Por su parte, la Corte Constitucional en Sentencia T-080 de fecha 28 de febrero de 1995 —M.P. Jorge Arango Mejía— sobre el mismo tema puntualizó que “el procedimiento acertado por parte del juez que estime que no es competente para tramitar la acción de tutela, es enviar la demanda y sus anexos al que considere competente, de cualquier lugar del país, respetando la jerarquía del juzgado donde se presentó inicialmente y poniendo en conocimiento del actor sobre tal hecho”.

“Pero si es el juez de segunda instancia el que observa la carencia de competencia del de primera, la situación es diferente, pues se estará ante una de las nulidades procesales de que trata el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, nulidad que puede ser saneada, excepto cuando se trate de falta de competencia funcional, asunto que se tratará más adelante”.

Se transcribe el contenido del artículo 145 del Código de Procedimiento Civil para concluir que “este procedimiento, pone en conocimiento la falta de competencia, es el que debe seguir el ad-quem cuando advierta que está en presencia de una nulidad, bien sea carencia de competencia, falta de notificación, etc. Además, es la forma como la Corte Constitucional ha procedido en casos semejantes, al advertir que en las sentencias objeto de revisión, se presenta alguna de las nulidades procesales, especialmente cuando no se ha realizado la notificación a la parte contra quien se presentó la tutela”.

Para esta colegiatura, como ya se dejó puntualizado en sentencia de fecha 21 de noviembre de 1995, “no admite duda que los intereses que regula el estatuto procesal civil, son eminentemente privados, en cambio la acción de tutela, está referida a la protección de los derechos fundamentales, es decir, de orden público, que hace insaneable cualquier desconocimiento sobre la competencia”.

“En los asuntos de tutela, contrario a lo que ocurre en los procesos civiles, los jueces o tribunales no actúan conforme a sus competencias ordinarias ni pueden sujetarse a las normas de los procedimientos civil, penal, laboral o administrativo, sino conforme a la Carta Política y a las preceptivas especiales que rigen el proceso de amparo, razón por la cual, la falta de competencia territorial, en manera alguna puede ser saneada como lo preceptúa el artículo 145 del Código de Procedimiento Civil, no solo porque el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 establece claramente que serán competentes para conocer de la acción, a prevención, “los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud”, sino porque el artículo 29 de la Carta Política que garantiza el debido proceso, consagra como factor determinante que “nadie podrá ser juzgado sino conforme a la leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio””.

Es entendido entonces, que de conformidad con los principios de economía, celeridad y eficacia que orientan el trámite de la tutela (D. 2591/91, art. 3º), la presentación de la solicitud ante autoridad judicial (juez o tribunal) que no tenga competencia territorial en “el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud”, en modo alguno puede ser saneada a voluntad de las partes, pues lo que se pretende es evitar que por ese medio se ponga en dificultad al funcionario para obtener oportunamente los informes relacionados con los hechos presuntamente atentatorios de los derechos fundamentales del actor y, así mismo, ante la prohibición de fallos inhibitorios, tenga el juez de tutela que proferir decisión de fondo, exclusivamente con fundamento en las afirmaciones del accionante”.

“Conclúyese de lo anterior, que en los asuntos de tutela, las razones de materia o valor que determinan la competencia territorial en los procesos civiles, cuya inspiración es prevalentemente privada, no tienen cabida dada la naturaleza constitucional y por tanto de orden público, ya que la validez del proceso no puede quedar sometida a la voluntad de una de las partes, o sanearse ante el silencio de quien resulte afectado por la irregularidad anotada”.

“La sistemática normativa que orienta el proceso de tutela, no permite hacer excepción alguna al procedimiento taxativamente consagrado en el Decreto 2591 de 1991, ya que admitir la posibilidad de que un juez o tribunal sin competencia territorial pueda definir el asunto sometido a su consideración, sería tanto como inobservar el mandato constitucional previsto en el artículo 29 de la Carta Política, que también rige para el proceso de tutela” (Tutela 2094 M.P. Dídimo Páez Velandia).

El hecho de haber presentado el Defensor del Pueblo su demanda de amparo ante el Tribunal de Bucaramanga, desde luego no le daba competencia a este para atender la solicitud. En consecuencia, si fue en Santafé de Bogotá, donde tienen sus sedes el Ministro de Justicia y del Derecho y el director general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario “Inpec”, donde se presentaron los actos omisivos que se consideran lesivos de los derechos fundamentales de los detenidos, atribuidos por el actor exclusivamente a los funcionarios ya referidos, tal situación hace radicar la competencia en el Tribunal Superior de esta ciudad de acuerdo con lo establecido en el citado artículo 37 del Decreto 2591.

Entonces, no era lo indicado que el Tribunal Superior de Bucaramanga entrara a pronunciarse de fondo sobre el amparo demandado ante su incompetencia para conocer de la acción de tutela contra autoridades del orden nacional, sino que ha debido remitir la demanda y sus anexos a la Sala Penal del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá. En consecuencia, debe decretarse la nulidad de lo actuado preservando su validez en cuanto a las pruebas allegadas, ordenando remitir el expediente a la Sala Penal del Tribunal Superior de esta ciudad.

Cabe anotar que otro motivo adicional que conduce a la nulidad del fallo aquí proferido radica en que el Tribunal de Bucaramanga no puso en conocimiento del gobernador del departamento, ni de los alcaldes municipales de Girón, Floridablanca, Piedecuesta y Lebrija, así como tampoco de los Directores de la Cárcel del Distrito Judicial y reclusión de mujeres de Bucaramanga, el contenido de la demanda de amparo para que dieran respuesta a ella si era su deseo. Se les imparte órdenes en la sentencia como si fueran sujetos procesales debidamente vinculados. Si el a-quo consideraba que todos ellos habían incurrido en conductas omisivas y violatorias de derechos fundamentales del personal recluso, precisamente para que pudieran ejercer sus derechos, en especial el de defensa, ha debido previamente notificarlos de la demanda. Al no proceder de dicha manera, se violó el debido proceso que también debe cumplirse plenamente en los asuntos de tutela.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal.

RESUELVE:

1. DECRETAR la nulidad de lo actuado por el Tribunal Superior de Bucaramanga, preservando su validez en cuanto a las pruebas allegadas.

2. Remítase el expediente a la Sala Penal del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, por competencia, para que con observancia plena del debido proceso decida lo relativo a la demanda presentada por el defensor del pueblo regional de Santander.

3. Comuníquese la decisión al Tribunal Superior de Bucaramanga y a los sujetos procesales, conforme a lo previsto en el artículo 16 del Decreto 2591 de 1991 y cúmplase.

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