Sentencia 6837 de noviembre 3 de 2005 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Exp. 2001-0055 (6837)

Consejero Ponente:

Dr. Camilo Arciniegas Andrade

Actor: Sindicato Nacional de Trabajadores de Isagen S.A. ESP, Sintraisagen.

Autoridades nacionales

Bogotá, D.C., tres de noviembre de dos mil cinco.

EXTRACTOS: «Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por el Sindicato Nacional de Trabajadores de Isagen S.A. ESP (en adelante Sintraisagen) contra los actos administrativos mediante los cuales el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (hoy Ministerio de la Protección Social), aprobó la solicitud de disminución de capital de Isagen S.A. ESP (Isagen).

(...).

V. Consideraciones

El acto demandable.

Para la Sala no asiste razón a Isagen en sostener que la demanda adolece de ineptitud sustantiva por no haberse demandado la Resolución 320-337 de 2002 (abr. 7), mediante la cual la Superintendencia de Sociedades autorizó la disminución del capital social.

En efecto, el hecho de que la autorización de la Superintendencia de Sociedades sea conexa a la del Ministerio del Trabajo no desnaturaliza la autonomía y especificidad que les son propias. De allí que la nulidad del acto de autorización de la Superintendencia de Sociedades no conllevaría la de la autorización expedida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sino la pérdida de su fuerza ejecutoria, por haber desaparecido sus fundamentos de hecho y de derecho. Así mismo, la nulidad de los actos expedidos por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tampoco conllevaría per se la de los actos proferidos por la Superintendencia de Sociedades. Produciría la ineficacia de la autorización otorgada para la reducción del capital social.

La reducción del capital social y la intervención de la Superintendencia de Sociedades y del Ministerio del Trabajo (C. Co., art. 145).

Para resolver, es preciso tener en cuenta que el artículo 145 Código de Comercio, faculta a cualquier empresa a reducir su capital social en los siguientes casos:

1. Cuando se pruebe que la sociedad carece de pasivo externo;

2. Cuando una vez realizada la reducción del capital, el activo sea no menos del doble del pasivo externo; y

3. Cuando los acreedores acepten expresamente y por escrito la reducción cualquiera que fuere el monto del activo o de los activos sociales.

En concordancia con esta disposición, los numerales 7º del artículo 86 de la Ley 222 de 1995 y 20 del artículo 2º del Decreto 1080 de 1996 establecen que corresponde a la Superintendencia de Sociedades autorizar la disminución del capital social en cualquier sociedad, cuando la operación implique un efectivo reembolso de aportes y se acredite el cumplimiento de uno de los requisitos previstos en el artículo 145 Código de Comercio. Además, según el inciso segundo de este artículo, cuando el pasivo externo provenga de prestaciones sociales será necesaria, además, la aprobación del competente funcionario (1) del trabajo.

Con tal fin, el representante legal de la sociedad debe presentar solicitud de autorización ante la dirección territorial del ministerio del lugar del domicilio de la empresa, acompañada de la resolución de autorización expedida por la Superintendencia de Sociedades y de las correspondientes justificaciones.

La dirección territorial remitirá la solicitud al grupo de relaciones laborales individuales y colectivas de la unidad especial de inspección, vigilancia y control a fin de que analice y determine mediante indicadores la situación económica de la empresa peticionaria para establecer si, pese a la disminución del capital, los pasivos laborales están suficientemente respaldados, por representar los activos no menos del doble del pasivo externo.

Efectuados los análisis correspondientes, el grupo de relaciones laborales individuales y colectivas de la unidad especial de inspección, vigilancia y control elaborará un concepto que remite a la dirección territorial competente, para que con fundamento en sus conclusiones decida la solicitud de autorización mediante acto administrativo.

La reducción del capital social de Isagen.

En los antecedentes allegados a la actuación administrativa adelantada ante el Ministerio del Trabajo consta que la asamblea general de accionistas de Isagen consideró el tema de la descapitalización de la empresa en la reunión ordinaria celebrada el 22 de febrero de 2000.

En el acta 14 (2) de esta reunión consta que la asamblea de accionistas, por mayoría del 87.05% de las acciones suscritas y pagadas, aprobó la disminución del capital con devolución de aportes en favor de los accionistas en cuantía de $ 337.928.600.000, proveniente de parte del capital suscrito y pagado a 31 de enero de 2000 teniendo como fundamento las siguientes consideraciones:

“Según el balance extraordinario de la sociedad a 31 de enero de 2000, el activo total asciende en la fecha indicada a la suma de dos billones ochocientos treinta y un mil seiscientos treinta y dos millones de pesos ($ 2.831.632 millones), en tanto que el pasivo total es de novecientos sesenta y dos mil doscientos setenta y ocho millones de pesos ($ 962.278 millones);

(…).

Aplicando al balance de la sociedad al corte del 31 de enero de 2000, ... el capital social podría reducirse hasta en la suma de novecientos siete mil setenta y seis millones de pesos ($ 907.076).

(…).

Una vez contabilizado el aumento del capital suscrito y pagado de la sociedad resultante de la capitalización de la prima en colocación de acciones y de la capitalización parcial de la cuenta de revalorización del patrimonio aprobada por la asamblea en el curso de la presente sesión, el valor del capital suscrito y pagado será la suma de cuatrocientos cuatro mil quinientos cincuenta y ocho millones ochocientos mil pesos ($ 404.558.800.000).

Los accionistas de la sociedad desean reducir el capital de la sociedad en la suma de trescientos treinta y siete mil novecientos veintiocho millones seiscientos mil pesos ($ 337.928.600.000), proveniente de parte del capital suscrito y pagado a enero 31 de 2000, previo el cumplimiento del procedimiento establecido en la ley.

La reducción de capital se realizará con devolución de aportes, mediante la transferencia a los accionistas de activos de la sociedad que no son necesarios para la continuidad en la presentación del servicio.

(…)”.

Consta que, sometida a consideración, la proposición 5 “Descapitalización” fue aprobada por mayoría del 87.05% de las acciones suscritas y pagadas presentes en la reunión. Empresas Públicas de Medellín (3) , con el 12.95% de la participación accionaria votó negativamente. Las proposiciones aprobadas dispusieron:

“ART. 1º—Ordenar la reducción del capital suscrito y pagado de la sociedad en la suma de trescientos treinta y siete mil novecientos veintiocho millones seiscientos mil pesos ($ 337.928.600.000), con devolución de aportes a favor de los accionistas. Esta suma es menor que la cifra del capital social a 31 de enero de 2000, más la prima de colocación de acciones capitalizada.

ART. 2º—La reducción del capital suscrito y pagado de la sociedad se llevará a cabo mediante una reducción proporcional del número de acciones de que sea titular cada accionista en la fecha en que quede en firme la autorización que para el efecto deben expedir la Superintendencia de Sociedades y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, no considerando las fracciones de acción que puedan resultar, las cuales permanecerán en la cuenta de prima en colocación de acciones.

ART. 3º—La devolución de aportes se llevará a cabo mediante la transferencia de activos de la sociedad a los accionistas por un valor equivalente al de la reducción de capital, tomando como base para dicha transferencia las cifras contables de la sociedad a 31 de enero de 2000. Dichos activos se han distribuido en tres grupos para efectos de su distribución según se indica a continuación:

1. Primer grupo (4) : este grupo comprende: derechos fiduciarios en el Fideicomiso Miel I y acciones en la Sociedad Hidromiel S.A. ESP, y cuentas por cobrar vencidas de ICEL y Corelca derivadas del Convenio ISA 2974 (porción activa del crédito BID 540) activos que serán distribuidos entre todos los accionistas a prorrata de su participación en la sociedad. Su valor total es de doscientos mil trescientos veintitrés millones ciento veintiocho mil doscientos cuarenta y cuatro pesos ($ 200.323.128.244), según los registros contables a 31 de enero de 2000.

ConceptoValor contable en enero 31 de 2000
Derechos Fideicomiso Miel I$ 65.557.594.786
Acciones de Hidromiel S.A. ESP$ 97.981.984.120
Convenio ISA 2974 (Icel-Corelca-BID 540)$ 36.783.549.338
Total grupo 1$ 200.323.128.244

Segundo grupo (5) : está conformado por estudios, acciones en la Empresa de Energía de Quindío S.A. ESP, Sociedad Multipropósito Urrá S.A. ESP, inversiones no capitalizadas en Urrá, cuentas por cobrar vencidas por concepto de energía en Bolsa y en contratos de largo plazo a cargo de Electrificadora de Córdoba S.A. ESP, dividendos por distribución de utilidades de FEN, cuentas por cobrar a la Nación de la escisión y cuentas por cobrar a ICEL. Su valor total es de noventa y ocho mil seiscientos setenta y ocho millones doscientos ochenta y seis mil ciento noventa y un pesos ($ 98.678.286.191), según los registros contables a 31 de enero de 2000. Estos activos serán asignados en su totalidad a la Nación.

ConceptoValor contable en enero 31 de 2000
Estudios$ 52.272.950.175
Acciones Empresa de Energía del Quindío S.A. ESP$ 8.744.859.499
Acciones Sociedad Multipropósito Urrá S.A.$ 12.184.767.880
Inversión no capitalizada en Urrá$ 7.266.150.177
Cuentas por cobrar vencidas-Bolsa$ 11.157.555.223
Cuentas por cobrar Electrocórdoba$ 4.614.415.891
Dividendos por distribución de utilidades de FEN$ 158.172.259
Cuentas por cobrar a la Nación escisión$ 1.214.279.628
Cuentas por cobrar ICEL$ 1.065.135.459
Total grupo 2$ 98.678.286.191

Tercer grupo (6) : está formado por acciones en la Financiera Energética Nacional S.A., FEN, en la Promotora de la Construcción del Proyecto Hidroeléctrico del Río Sogamoso S.A., Hidrosogamoso, en la Central Hidroeléctrica Pescadero Ituango S.A. ESP, además de los pagarés vencidos correspondientes al acuerdo marco suscrito el 31 de marzo de 1998. El valor total de este grupo es la suma de treinta y ocho mil novecientos veintisiete millones ciento ochenta y cinco mil quinientos sesenta y cinco pesos ($ 38.927.185.565), según los registros contables a 31 de enero de 2000. Estos activos serán asignados a los accionistas de Isagen en los porcentajes necesarios para que, una vez hecho el reparto de los activos del primero y segundo grupos en las proporciones ya indicadas, el conjunto de los activos asignados a los accionistas queden distribuidos en una proporción que refleje la composición accionaria de Isagen.

ConceptoValor contable en enero 31 de 2000
Acciones FEN$ 17.173.007.993
Acciones Promotora Hidrosogamoso$ 250.190.200
Promotora Hidroeléctrica Pescadero-Ituango S.A.$ 1.214.505.149
Central Hidroeléctrica de Betania S.A.$ 68.297.576
Pagarés vencidos Acuerdo Marco marzo 31/98$ 20.266.184.647
Total grupo 3$ 38.927.185.565

ART. 4º—Como requisito para que la sociedad efectúe la devolución de aportes a un accionista, este deberá entregarle a la sociedad uno o varios títulos de acciones expedidos a su nombre, según sea el caso, los cuales serán anulados y reemplazados por un nuevo título, de tal manera que el número total de acciones que resulte a su nombre sea el que le corresponda después de haberse cumplido la reducción de capital.

ART. 5º—El gerente general de la sociedad queda plenamente facultado para realizar todos los trámites y solicitar todas las autorizaciones que puedan requerirse para llevar a efecto la presente resolución.

ART. 6º—La presente resolución deja sin efecto la proposición 2 que sobre el mismo tema fue aprobada por la asamblea general de accionistas según acta 13 de enero 7 de 2000”.

El cargo que alega violación del debido proceso.

El actor alega violación del debido proceso porque, en su entender, el Ministerio del Trabajo incumplió el deber de vincularlo desde el inicio de la actuación administrativa a que dio lugar la solicitud de Isagen, con miras a obtener autorización para reducir su capital social.

La Sala no encuentra fundamento en este cargo, pues de las normas invocadas por el actor no se deduce que los trabajadores tengan el derecho de hacerse parte en la actuación administrativa adelantada por la empresa ante las autoridades del trabajo con el fin de obtener autorización para reducir el capital social, cuando exista pasivo prestacional.

Estas normas deben armonizarse e interpretarse sistemáticamente con los preceptos constitucionales y legales que defieren a la autonomía de la voluntad las decisiones que incumbe adoptar a los accionistas de un ente societario en materia de la conformación del capital social (C.P., arts. 16 y 333 y C. Co., 373 y ss.).

El capital social es la suma de los valores nominales de los aportes de los socios, luego su determinación compete a estos exclusivamente (C. Co., arts. 98, 110-5 y 122). La noción misma de capital descarta que la decisión de reducirlo deba concertarse con los trabajadores. Cosa distinta es que el Estado intervenga en ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia para velar por que la decisión no comprometa los intereses superiores de la colectividad y de los trabajadores. En otros términos: los accionistas pueden reducir el capital social, respetando los límites y restricciones impuestas por la ley (C. Co., art. 145), los cuales deben ser garantizados por las autoridades. Como quedó visto, el Ministerio del Trabajo interviene por ministerio de la ley (C. Co., art. 145) para proteger los derechos de los trabajadores, constatando que la disminución del capital social no reste respaldo al pasivo prestacional. El Ministerio del Trabajo interviene en cumplimiento de un deber legal y la autorización que le compete impartir es el instrumento establecido por la ley para tutelar en este evento los derechos prestacionales de los trabajadores.

En el caso presente el estudio de viabilidad de la disminución del capital de Isagen se consignó en oficio 111330 de 5 de mayo de 2000, remitido por la coordinadora del grupo de relaciones laborales individuales y colectivas de la unidad especial de inspección, vigilancia y control del Ministerio del Trabajo a la directora territorial de Antioquia. Este concluyó que los activos sociales de la empresa respaldaban en 2.61 veces los pasivos externos, cumpliéndose así con la exigencia del artículo 145 Código de Comercio. Allí se lee:

“... Los activos totales en el balance proyectado ascienden a $ 2.486.972; comparándolos con los pasivos que son del orden de $ 952.025, da una relación de 2.61, mostrando que la empresa posee un respaldo de $ 2.61 de activo por cada $ 1.00 de pasivo.

(…).

El pasivo laboral asciende a $ 29.261, representado en pensiones de jubilación, cesantías, vacaciones, etc. Al comparar este valor con los activos nos da una relación de 96.77, demostrando que los pasivos laborales están suficientemente respaldados por los activos, en una proporción de $ 96.77 a $ 1.00.

Realizado el estudio económico de Isagen S.A. ESP, se considera pertinente autorizar la disminución del capital de $ 404.558.800 a $ 66.630.000.000”.

Con fundamento en el citado estudio, en el acto acusado la Dirección Territorial de Antioquia otorgó a Isagen la autorización para reducir el capital social en la cuantía acordada por la asamblea general de accionistas en la reunión ordinaria celebrada el 22 de febrero de 2000, pues, habiendo constatado el cumplimiento de la exigencia prevista en el artículo 145 Código de Comercio, concluyó:

“... cuenta con los recursos suficientes para garantizar los pasivos laborales existentes, protegiéndose así los derechos de los trabajadores y pensionados que dependen directamente de esta, por lo tanto al darse la disminución de capital solicitado, no se ven afectados los derechos laborales de sus trabajadores”.

Al interponer los recursos de reposición y apelación, lo mismo que en sede judicial, el actor bien pudo haber objetado el estudio económico de la empresa efectuado por el Ministerio del Trabajo, o demostrado que la disminución del capital de Isagen en la cuantía aprobada afectaba el pasivo prestacional, o que el activo social, efectuada la disminución, no representaba el doble del pasivo externo, como lo exige el artículo 145 Código de Comercio para autorizar tal reducción. Sin embargo, guardó silencio.

Para concluir, debe la Sala señalar que en esta instancia no tiene efecto la sentencia de 24 de agosto de 2000 mediante la cual la Sala Jurisdiccional del Consejo de la Judicatura, al decidir la impugnación interpuesta por el actor, confirmó la sentencia de 21 de julio de 2000 mediante la cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca negó la tutela (7) contra el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. La decisión fue adversa y el fallo de tutela solo tiene efectos en esa causa.

Finalmente, la Sala reitera que la indebida notificación del acto administrativo no es causal de nulidad sino de ineficacia, a menos que el interesado, dándose por suficientemente enterado, convenga en él o utilice en tiempo los recursos legales (CCA, art. 48).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

DEVUÉLVASE a la parte actora el depósito constituido para gastos ordinarios del proceso, por no haberse utilizado.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en reunión celebrada el 3 de noviembre de 2005».

(1) Decreto 1128 de 1999, artículo 19. Funciones de las direcciones territoriales. Las direcciones territoriales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tendrán las siguientes funciones: [...] 22. Resolver las solicitudes de autorización para el cierre parcial o total de empresas, suspensión de actividades hasta por 120 días, despidos colectivos, declaraciones de unidad de empresa, disminuciones de capital y planes de vivienda” (énfasis fuera de texto).

(2) Folios 594 a 597, cuaderno de pruebas 1.

(3) Dejó la siguiente constancia: “Estar de acuerdo con el objetivo general de la reestructuración, porque se busca maximizar el valor de los recursos que recibirían los socios al momento de la venta de las acciones. Sin embargo, no está de acuerdo con el procedimiento de trasladar a los accionistas, a título de restitución parcial de aportes de capital, activos cuyo valor patrimonial es ostensiblemente menor en los términos de mercado, en relación con el valor del aporte que se reembolsa”.

(4) Folio 595, anexo 1, cuaderno 3 de pruebas.

(5) Ibídem.

(6) Folio 596, anexo 1, cuaderno 3 de pruebas.

(7) Tras no seleccionar la Corte Constitucional la tutela, Sintraisagen instauró el 22 de septiembre siguiente la acción de nulidad y restablecimiento materia del presente proceso, con fundamento en los mismos hechos y violaciones alegadas en la demanda de tutela.

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