Sentencia 68559 de septiembre 17 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS

Aprobado acta 311

Magistrado Ponente:

Dr. Eugenio Fernández Carlier

Bogotá, D.C., diecisiete de septiembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

1. La petición de amparo constitucional fue presentada en vigencia del Decreto 1382 de 2000, por el cual se establecen reglas para el conocimiento de la acción de tutela y como se dirige contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, la competencia para definirla está atribuida a esta corporación, por disposición del artículo 1º ibídem.

2. El artículo 86 de la Constitución Política consagró la acción de tutela como un mecanismo extraordinario, preferente, subsidiario y residual para la protección de los derechos constitucionales fundamentales, ante el menoscabo o la amenaza derivados de acción u omisión atribuible a las autoridades públicas o a los particulares, en las situaciones específicamente precisadas en la ley.

3. Ahora, la doctrina constitucional ha sido clara y enfática al indicar que, cuando se atacan providencias judiciales, la acción de tutela solo resulta procedente de manera excepcional. Pues, como regla general, la inconformidad de las partes con lo resuelto por los jueces ha de ser planteada y debatida en forma oportuna, acudiendo para ello a los medios de impugnación ordinarios y extraordinarios instituidos en el ordenamiento jurídico.

La procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, acorde con la jurisprudencia constitucional, exige ciertos requisitos, unos genéricos y otros específicos, cuyo cumplimiento está obligado el demandante a acreditar(2).

Fuerza concluir, entonces, que cualquier pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela, respecto de la eventual afectación de derechos fundamentales con ocasión de la actividad jurisdiccional, solamente es admisible cuando se haya determinado de manera previa la configuración de una de las causales de procedibilidad, lo cual implica una carga de acreditación para el actor respecto de la satisfacción de los mismos y de los supuestos fácticos y jurídicos en que se fundamenta la censura de tal manera que resulte evidente la vulneración.

De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de dejar en el vacío las competencias de las distintas autoridades judiciales de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de aquella.

4. Como se aprecia, el eje de censura se contrae a la inconformidad de la accionante frente a la decisión del Tribunal Superior de Bogotá consistente en declarar la prescripción de la acción penal adelantada contra Juan Leonidas Barrantes González por el delito de inasistencia alimentaria, proceso penal en el cual fungía como representante legal de la menor víctima JABL.

Para el efecto, sostiene que al haberse otorgado dentro del proceso la suspensión de procedimiento a prueba por el término de 5 meses, el cual obtuvo control de legalidad y, al no haberse cumplido con su finalidad, debe incluirse dicho lapso al contabilizar los términos de prescripción, pues de lo contrario se estaría premiando la actitud dilatoria de la defensa.

4.(sic) Sea lo primero mencionar que el artículo 83 del Código Penal prevé que: “La acción penal prescribirá en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley, si fuere privativa de la libertad, pero en ningún caso será inferior a cinco (5) años, ni excederá de veinte (20), salvo lo dispuesto en el inciso siguiente de este artículo (...)”.

Así mismo, el artículo 292 de la Ley 906 de 2004, expresamente indica que:

“La prescripción de la acción penal se interrumpe con la formulación de la imputación.

Producida la interrupción del término prescriptivo, este comenzará a correr de nuevo por un término igual a la mitad del señalado en el artículo 83 del Código Penal. En este evento no podrá ser inferior a tres (3) años.

Es decir, que al haberse celebrado el 16 de abril de 2010 la audiencia de formulación de imputación se interrumpió el término de prescripción de la acción penal y, en este caso al tratarse del delito de inasistencia alimentaria cuyo quantum de pena máximo es de 72 meses (C.P., art. 233, inc. 2º), correspondería a la mitad, es decir, a 36 meses (3 años) contados a partir del citado acto de comunicación de cargos.

5. Estableció el tribunal en la providencia cuestionada que: “[e]ntonces resulta evidente que para el delito imputado el citado fenómeno operó desde el 16 de abril de 2013, exactamente un día después de haberse emitido el fallo impugnado, pero previamente a que llegara a esta corporación para desatar el recurso vertical por lo que se decretará oficiosamente tal medida”. Con ello, no puede predicarse vía de hecho alguna siempre que se observa una adecuada aplicación normativa, sin que sea el resultado de capricho o arbitrariedad por parte del funcionario judicial.

6. Ahora, en punto de discusión del lapso acordado como suspensión de procedimiento a prueba (5 meses en los cuales el individuo incumplió las obligaciones pactadas) alegado por la accionante para que sea tenido en cuenta al momento de contar el término de prescripción de la acción, basta con corroborar los argumentos que con acierto expuso el tribunal, siendo que la regulación procesal penal no dispone expresamente su observancia a la hora de determinar dicho fenómeno.

Al respecto anotó que: “[h]a de precisarse que no existe ninguna disposición legal que faculte u ordene suspender igualmente el término de prescripción en eventos como los autorizados por el juez de garantías”(3).

Nótese cómo el legislador dispuso dos únicos momentos de interrupción y suspensión a la figura prescriptiva de la acción penal al señalar la diligencia de formulación de imputación (CPP, art. 292) y la recusación (art. 62 ib.) sin que pueda el operario judicial ir más allá de tales previsiones, pues de lo contrario quebrantaría el principio de legalidad imperante en el presente asunto.

7. En consecuencia, la providencia cuestionada se adecua a parámetros fácticos, probatorios y jurídicos que de manera lógica y razonada sustentan la decisión, sin que en tales argumentaciones se vislumbre la existencia de una vía de hecho.

Entonces, no resulta imperiosa la intervención del juez de tutela para contrarrestar las consecuencias de una vía de hecho generada por la desviación de la función otorgada por la ley a los funcionarios accionados, por el contrario, las razones por las cuales adoptaron la decisión que hoy pretende dejarse sin efecto, se sustentan en la potestad legal atribuida para el ejercicio de su competencia, sin que los argumentos expuestos por la actora se configuren como requisito de procedibilidad para declarar fundada una vía de hecho judicial de cara a remover los efectos de cosa juzgada que ampara esa manifestación de justicia, razón por la cual las pretensiones esbozadas para la acción de tutela invocada por Claudia Yasmín López Arévalo, se negarán.

8. Finalmente, vale la pena resaltar que las atestaciones de la demandante acerca de una indebida notificación de la decisión de 5 de junio de 2013, en la que se declaró la prescripción de la acción penal a favor de Juan Leonidas Barrantes González, no tiene respaldo probatorio alguno, pues tan solo son apreciaciones personales con la finalidad de lograr la nulidad del trámite.

Obsérvese, que el tribunal accionado manifestó que en auto de 28 de mayo de 2013, dispuso convocar a la audiencia de lectura de fallo, citaciones que fueron enviadas por la secretaría a las direcciones plasmadas en la actuación y a las cuales con anterioridad ya se habían informado las diligencias a realizar, sin que se hubiera reportado omisión alguna en las misma o devolución por parte de la empresa de correos, lo cual deja sin asidero probatorio las manifestaciones que la demandante en ese sentido expuso.

9. En consecuencia, la protección constitucional invocada por Claudia Yasmín López Arévalo en representación de su menor hija JABL no tiene vocación de prosperidad conforme a lo aquí expuesto.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Negar el amparo constitucional invocado por Claudia Yasmín López Arévalo en representación de su menor hija JABL de conformidad con lo aquí plasmado.

2. Notifíquese de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

3. Remítase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión de este fallo, si no fuere impugnado.

Cúmplase».

(2) Corte Constitucional, Sentencia C-590/2005, reiterada en T-015/2012.

(3) Folio 34 cuaderno principal.