Sentencia 6879 de marzo 27 de 2003 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente C-6879

Magistrado Ponente:

Dr. José Fernando Ramírez Gómez

Bogotá, D.C., veintisiete de marzo de dos mil tres.

EXTRACTOS: «Antecedentes

1. En la demanda que originó el proceso, el demandante solicita que se declare que la entidad demandada incumplió el contrato de cuenta de ahorros de valor constante, de carácter individual, identificada con el número 016-04697-1, abierta en la sucursal Marly de esta ciudad, al pagar los dineros en la misma consignados a persona distinta del titular. Consecuentemente pide que se condene a restituirle la suma de $ 7.883.430.90, valor del depósito, junto con la corrección monetaria a partir del 21 de noviembre de 1984 y los intereses que se devenguen usualmente en las cuentas con unidades de poder adquisitivo de valor constante, todo hasta la fecha del pago. Igualmente impetró el pago de los perjuciosos morales estimados en $ 40.000.000.

2. Fundamenta sus pretensiones en los hechos que en lo pertinente se compendian:

2.1. Los dineros depositados en la mencionada cuenta fueron recibidos por el actor en desarrollo del contrato 4521 y sus adicionales 4521-01 a 05, celebrado con el Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil, para la ejecución de unos trabajos de reparación de la pista de aterrizaje del aeropuerto de la Isla de Providencia.

2.2. El demandante, único titular de la cuenta, recibió la libreta de comprobantes de depósitos y retiros, la cual entregó a Joaquín Armando Sánchez Rincón, para que se enterara de los movimientos que aquél realizara, por cuanto este, a través de su empresa de ingeniería, subcontrató el suministro del equipo, mano de obra y materiales pétreos que se requerían para realizar los trabajos, “sin que ello implicara autorización para disponer de los fondos”.

Según lo consignado en la cláusula tercera del contrato 1 de 25 de mayo de 1984 (fl. 162-165, C-1), celebrado entre García Sarmiento y Sánchez Rincón, el anticipo sería manejado por el demandante “en cuenta bancaria especial denominada Fan Pavimentación Aeropuerto Providencia, la que podrá mover únicamente con destino al contrato y para girar sobre ella se necesita la firma del interventor y del contratante o de quien este último delegue”.

2.3. La entidad demandada “entregó” a Joaquín Armando Sánchez Rincón, de la cuenta individual de Enrique García Sarmiento, “Las sumas correspondientes al depósito, corrección monetaria e intereses”, pese a que de acuerdo con las normas que regulan la materia y como se recuerda en la parte posterior de cada uno de los comprobantes de la libreta, “para que personas diferentes del titular de una cuenta puedan hacer retiros requieren autorización por escrito y presentación de la cédula de ciudadanía del titular”.

2.4. Sistemáticamente la corporación se negó a entregar los extractos de la cuenta de ahorros a su titular, así como a suministrar cualquier información, en tanto que Joaquín Armando Sánchez Rincón, amén de aceptar que retiró los fondos existentes, rehusó devolver la correspondiente libreta.

2.5. Ante queja presentada, la Superintendencia Bancaria no encontró prueba de la autorización dada por el demandante para que un tercero pudiera retirar fondos, pues en el evento de haber existido, no se expresó mediante “escrito” o con el “registro” de la firma del tercero en la tarjeta correspondiente.

2.6. Como la Superintendencia consideró que se debía acudir a la justicia ordinaria, en cumplimiento de esa recomendación se inició un proceso de rendición de cuentas contra la corporación las Villas, pero el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bogotá se abstuvo de ordenarlas, argumentando que el punto de la existencia de la autorización debía elucidarse por la vía ordinaria.

Pese a que se negó una acción de tutela relacionada con los mismos hechos, el juez que la falló, el Veinte Penal del Circuito de esta ciudad, dejó establecido que la cuenta de ahorros pertenecía al demandante y que la única firma registrada era la de éste. Además, que como la entidad demandada supuso que los dineros pertenecían a Joaquín Armando Sánchez Rincón, procedió a entregárselos, según lo declaró la vicepresidente jurídico de la corporación, doctora Amparo Coronado Hunter.

2.7. Los perjuicios sufridos se concretan en la pérdida de la suma consignada en la cuenta de ahorros para la ejecución de la obra, lo que produjo el incumplimiento y la declaratoria de caducidad del contrato, aparejando la imposición de una multa y la inhabilitación profesional del demandante para contratar con el Estado por espacio de cinco años.

3. Notificada de la existencia del proceso, la entidad demandada se opuso a las pretensiones propuestas, en lo esencial, porque al ser alternativa la cuenta de ahorros, que no individual, podía ser manejada por el demandante y la sociedad Sánchez Ingenieros Limitada, pues aparte de ser ésta la cesionaria del contrato 4521 de 24 de mayo de 1984, según consta en documento 1 de 26 del mismo mes y año, el depósito con el cual se abrió la cuenta de ahorros, único por demás, fue girado por el Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil, con cargo a la obra mencionada. Por ello, en la cláusula tercera, literal d) del contrato de cesión se estipuló que el actor endosaría a la cesionaria “todas las cuentas” que presentara a dicha entidad.

Además, propuso las excepciones de mérito que nominó inexistencia de la obligación de resarcir perjuicios, falta de interés económico y jurídico del actor, caducidad, prescripción y la resultante de la conducta culposa del demandante. Así mismo, llamó en garantía a Joaquín Armando Sánchez Rincón y a la sociedad Sánchez Ingenieros Limitada.

4. El Juzgado Once Civil del Circuito de esta ciudad, mediante sentencia de 27 de septiembre de 1995, declaró infundadas las excepciones perentorios, condenó a la corporación de Ahorro y Vivienda las Villas a restituir al actor el valor del depósito, junto con la corrección monetaria y los intereses que se devenguen en las cuentas de ahorro, y negó las demás pretensiones de la demanda. En cuanto a los llamados en garantía, absolvió a la persona natural, no así a la jurídica, a quien condenó “a reembolsar a favor de la demandada... todas las sumas que ésta a su vez, tenga que reintegrar al demandante”.

Apelada la anterior decisión por la entidad demandada y la sociedad llamada en garantía, el tribunal la confirmó en todas sus partes, mediante fallo contra el cual los mismos apelantes interpusieron recurso de casación.

(...).

Consideraciones

1. La existencia de un contrato válidamente celebrado, la lesión o menoscabo que ha sufrido el demandante en su patrimonio y la relación de causalidad entre el incumplimiento imputado al demandado y el daño causado, son los elementos que estructuran la responsabilidad contractual.

Empero, no siempre el incumplimiento contractual conlleva el resarcimiento de perjuicios, porque como desde antaño lo ha sostenido la doctrina de la Corte, “para condenar al pago de perjuicios, el juzgador debe tener ante sí la prueba de que el reo se los ha causado al actor, pues ellos son la sujeta materia de la condena, y sabido es, por otra parte, que, aunque el incumplimiento es culpa y esta obliga en principio a indemnizar, bien pueda suceder que no haya lugar a perjuicios, que no se los haya causado a la otra parte, y no sería lógico condenar a la indemnización de perjuicios inexistentes” (1) .

(1) Sentencia de 13 de octubre de 1949 (LXVI, 625).

(...).

Sentencia sustitutiva

1. Las consideraciones procedentes son suficientes para revocar el fallo del juzgado y absolver a la parte demandada de las pretensiones propuestas, porque si como suficientemente quedó acreditado, los dineros que entregó la corporación de Ahorro y Vivienda Las Villas, pertenecían a la sociedad llamada en garantía y no al demandante, es claro que uno de los elementos estructurales de la responsabilidad contractual, como es el daño, no se encuentra demostrado, por lo que ninguna lesión o menoscabo en el patrimonio del actor pudo causarse.

Desde luego que no se discute que la cuenta de ahorros era individual, como tampoco que Sánchez Ingenieros Limitada no había sido autorizada por el titular de la cuenta para retirar los fondos, como se sostiene en el alegato de la parte actora, por cuanto tales hechos aparecen irrefragables. Sin embargo, ellos no son suficientes para deducir responsabilidad, porque si el incumplimiento contractual no causó ningún daño, no se puede condenar a indemnizar perjuicios inexistentes, como bien lo ha sostenido esta corporación en ocasiones pasadas.

Aunque el demandante dijo ser propietario de los dineros “según el conjunto de pruebas allegadas al proceso”, sin especificarlas, lo cierto es que tal afirmación quedó fincada en la mera titularidad de la cuenta, resultando desvirtuada por el acerbo probatorio que hubo de analizarse.

2. Por último, cabe anotar que la prosperidad del cargo propuesto por la sociedad llamada en garantía, amerita, como antes se dijo, el aniquilamiento total de la sentencia recurrida en casación, y por contera, la negación en instancia de las pretensiones de la parte demandante, pues si lo que resulta verificado es la ausencia de uno de los elementos necesarios para deducir la responsabilidad (el daño del demandante), ilógico resultaría considerar la subsistencia de esa responsabilidad frente al demandado, argumentando que la defensa triunfante fue la exhibida por quien este llamó en garantía, con olvido de que atacaba el origen mismo del derecho del demandante, para lo cual el llamado en garantía legalmente está legitimado, como expresamente lo declara el inciso 2º del artículo 56 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a la institución del artículo 58 ibídem, al establecer que el denunciado o llamado puede contestar la demanda y la citación (denuncia o llamamiento) en un mismo escrito.

De otra parte, dejando a un lado el punto sustancial de la íntima relación que en el caso se da entre el fundamento de la absolución del llamado y la responsabilidad del demandado, pues sin daño no es dable pensar en la segunda, más cuando el fundamento del llamamiento fue la solidaridad en la responsabilidad, lo cierto es que de conformidad con el inciso 3º del artículo 56 del Código de Procedimiento Civil, surtida la citación, el denunciado, o llamado para el caso, se considerará litisconsorte del denunciante o llamante “y tendrá las mismas facultades de éste”; litisconsorte en la modalidad prevista por el inciso 3º del artículo 52 ibídem, (se agrega) llamada por alguna doctrina “litisconsorcio cuasinecesario”, que implica entonces, para quien así funge, como lo ha dicho la doctrina y la jurisprudencia de esta Corte (Sent. de oct. 24/2000), una comunidad de accionar igual a la prevista por el artículo 51 para el litisconsorcio necesario, caso en el cual “los recursos y en general las actuaciones de cada cual favorecerá a los demás”. Al respecto dice el profesor Hernando Devis Echandía, corredactor del Código de Procedimiento Civil, “Los efectos del litisconsorcio que se produce entre denunciante y denunciado se asemejan a los litisconsorcios necesarios, en cuanto a la indivisibilidad de la sentencia y a las consecuencias de los recursos interpuestos por cualquiera de ellos y en cuanto a la confesión, reconocimiento de documentos y allanamiento”. Cualquier recurso, agrega, “que uno de ellos interponga favorece necesariamente a ambos” (Compendio, Tomo I, ed. 2, págs. 296 y 297).

En idéntico sentido se oriente el criterio interpretativo del ilustre tratadista Jairo Parra Quijano, quien considera el litisconsorcio que se forma entre demandado (denunciante o llamante) y el denunciado o llamado, como “necesario, desde el punto de vista de sus consecuencias procesales”, lo cual explica diciendo “que el estado de necesidad, la necesitas(sic)”, es lo que impulsa a llamar al denunciado ya que si se enfrenta solo y pierde el proceso, pierde la garantía. Igualmente, enfrenta solo y pierde el proceso, pierde la garantí. Igualmente, ese estado de necesitas (sic) lo obliga a tener intereses comunes, incluso comunidad de suertes” (Los terceros en el proceso civil, pág. 176).

En fin, la posición adoptada para efectos de la decisión de instancia comulga con el criterio de la doctrina nacional, porque la consideración de litisconsorte que la propia ley le atribuye al denunciado o llamado en su situación procesal respecto del demandado-llamante, con independencia de que lo sea como necesario (Devis, Parra Quijano), o “cuasinecesario”, como lo califica otro sector doctrinal, y lo hace en este pronunciamiento la Corte, coloca al tercero interviniente en una posición de uniformidad con el demandado, que es la que permite sostener que las actuaciones de uno u otro recíprocamente los favorecen, entre ellas las de los recursos, que es el caso.

Desde luego que la postura que ahora se asume por la Corte para efectos de la sentencia de instancia, no ha sido ajena a la práctica jurisprudencial de la corporación, en tanto desde antaño, siguiendo doctrina que aquí también se invoca (Devis, Chiovenda), a partir de considerar que el llamado una vez ha sido vinculado “adquiere el carácter de parte en la litis” con todos los derechos, cargas y obligaciones procesales correspondientes, hubo de concluir que este podía recurrir la sentencia “independientemente” “aunque el demandado guarde silencio o la consienta” (Sent. de mayo 11/76), lo cual implícitamente significaba descartar que el llamado fuera un simple coadyuvante del demandado en torno a la relación procesal de este con el demandante, pues de serlo no pudiera predicarse la señalada independencia. Por lo demás, es la propia ley, como quedó anotado, la que le atribuye “al denunciado” o llamado, la condición de “litisconsorte del denunciante”, asignándole expresamente “las mismas facultades de éste”, o sea que bien puede suplir su silencio, si fuera el caso, recurriendo en un todo la sentencia adversa a los intereses de uno y otro.

Claro está, que las circunstancias del caso hacen mucho más clara la exposición teórica, porque la parte demandada siempre ha estado de frente en la defensa de sus derechos, alegando de entrada que el demandante no era dueño del depósito de dinero reclamado y recurriendo en apelación y casación la sentencia adversa, como igualmente lo hizo el llamado en garantía, aunque como quedó dicho el cargo que hubo de resultar exitoso fue el de este último, con el efecto expansivo que se viene explicando, dada su condición de litisconsorte en la relación original y de parte en la propia. Litisconsorcio, que como antes se anotó, tiene asidero en el inciso 3º del artículo 52 en asocio con el 56 inciso 3º del Código de Procedimiento Civil, en virtud de que quien resultó vinculado por razón del llamamiento, era, al decir de los hechos de la demanda, un deudor solidario, que bien pudo ser demandado originalmente.

Decisión

En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de 18 de diciembre de 1996, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, en el proceso ordinario de Enrique García Sarmiento contra la corporación de Ahorro y Vivienda Las Villas S.A., con llamamiento en garantía de la sociedad Sánchez Ingenieros limitada y el señor Joaquín Armando Sánchez Rincón, y en sede de instancia;

RESUELVE:

1. Revocar la sentencia de septiembre 27 de 1995, proferida por el Juzgado Once Civil del Circuito de Bogotá.

2. Negar las pretensiones de la demanda, de las cuales la parte demandada queda absuelta.

3. Condenar al demandante a pagarle a la demandada las costas causadas en ambas instancias. Las de segundo grado, liquídense por el tribunal.

4. Sin costas en casación por haber prosperado el recurso.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

SALVEDAD DE VOTO

Lo acontecido: el recurso que salió avante fue interpuesto por el llamado en garantía. No obstante, la Corte dice que beneficia de contragolpe a la parte demandada, es decir, que el llamado puede hacer ganar, aun a regañadientes, a quien lo llamó.

El tema a definir: en caso de llamamiento en garantía, ¿qué sucede si la parte demandada, aunque vencida, no recurre (o recurre pero sin éxito), y si lo hace quien fue llamado por ella? ¿Aun así la competencia del superior es panorámica, y entonces revisará sin límites la controversia toda, o se hace intocable el resultado de la litis entre actor y demandado y se revisará solamente la relación que une al llamante con el llamado? ¿Es imposible escindir la decisión?

Por establecido que parezca, todo indica que se hace obligatorio memorar que el llamamiento en garantía permite identificar de modo paladino varias relaciones, a saber: una, formada entre las partes, demandante y demandado; y otra, eminentemente eventual —por supuesto que depende de que así lo decida exclusivamente el demandado, cosa en la que ni por asomo pueden suplantarlo el juez ni el actor—, formada entre este y el tercero a quien llama. Cada quien tiene su controversia por su lado. El actor que le reclama al demandado y este a su vez al tercero que llama. Los vínculos materiales son independientes, al punto que el llamamiento en garantía lo que hace es agrandar la litis por la pretensión que el demandado eleva contra el tercero. Es verdad irrecusable, entonces, que, de un lado, la intervención de ese tercero es apenas contingente, y, de otro, que bien pueden no coincidir las decisiones que se adopten frente a cada una de ellas; y aun cuando es verdad que esto último se nota más cuando dichas relaciones discurren por procesos separados y, por consiguiente, autónomos, no significa que las cosas se desnaturalicen por simplísimo hecho de que se ventilen dentro de un mismo proceso —la economía procesal que con dicha autorización se persigue, carece de encantamiento para mudar la esencia de las mismas—; así que es posible que el actor tenga razón en su aspiración, en la suya, y no la tenga en cambio el demandado frente al tercero. El actor, pues, en cuanto venza a su contendor, vale decir, al demandado, cumple de su parte, y la suerte de la otra zona del debate ya no le interesa, esa no es su litis: allá que se las entiendan demandado y tercero. Y la contingencia del llamamiento en garantía sube de tonalidad cuando se observa que su definición está subordinada a que el actor pueda vencer al demandado; en caso contrario, tal llamamiento desaparece por sustracción de materia.

Estas premisas deben tener eco en punto del derecho de impugnación que se agite dentro de dicho triángulo litigioso, particularmente en lo que toca con la personalidad del recurso, como creo demostrarlo en las líneas que siguen.

Y porque ello es así, adelanto que mi desunión en este caso no clama disquisiciones profundas. Lo evidente se explica por sí mismo y ningún parentesco tiene con perifrasis inútiles. Sé lo áspero que es hablar sin disimulo, pero a veces, y más de las que uno deseara, es inevitable: se abjuró hoy del conocido principio de la “personalidad del recurso”. Aquello tan conocido, y defendido por la Corte una y mil veces, de que sólo se reexamina la situación de quien apela, pareciera ya asunto del pasado.

Célebre es el estribillo de que quien no recurre se atiene a la adversidad; de inmediato brinca a la imaginación la idea de un hombre resignado, aun estoico. Con todo, más exacto fuera prescindir de la idea que allí subyace —muy relativa es la noción del beneficio y el perjuicio como para reburujar soluciones definitivas—, y decir entonces que quien no recurre, consiente; vale decir, recibe de buen grado el pronunciamiento judicial. Acaso hasta lo ovacione. Y, cómo discutirlo, en ello es soberano. Que nadie, pues, importune su calma.

No es todo. Hay mucho por sumar todavía. Apenas va lo que alcanza a mirarse con un solo ojo. Porque ya entrambos, asoma en a orilla opuesta el derecho del contrincante. La aquiescencia del otro, sella su victoria. Tal vez no hay triunfo más legítimo que el que reconoce el derrotado. Es lo que traduce el abandono del campo de batalla. De su parte, entonces, con un título refrendado, acabará su vigilia.

Así que una y otra cosa apuntan señaladamente a la armonía. El litigio fue, ya no es.

Empero, la Corte estima que el incendio no ha pasado del todo; que es posible que el detonante venga de afuera y torne a avivarse. Propiamente, que lo puede hacer el llamado en garantía. !Sí! Un tercero a quien acudió el demandado mediante un llamado meramente eventual, como quiera que exhorta al juez para que, en caso de salir condenado, examine la posibilidad de repetir contra el tercero. Y cree la Corte hallar sólido fundamento con apenas contestarse qué actividad puede desplegar ese tercero dentro del proceso, como si el tema a resolver fuera ese. Si no, qué otra cosa es recordar lo que, hasta donde se conoce, nadie discute: que el llamado no sólo puede defenderse frente al llamante, sino que puede extender su gestión hasta encarar el actor. Es decir, que no necesariamente debe quedar confinado al reducido marco de la relación que lo une con el llamante. Es de perogrullo que defendiendo al demandado, defiende se defiende a sí(sic). Y claro: todo eso lo puede, y creo que hasta lo debe, hacer. Así, defendiéndose los dos, tanto mejor. El problema es muy otro: ¿qué sucede si el demandado acepta el fallo adverso, y el llamado queda haciéndolo a solas? ¿De la gloria que alcance tendrá que tomar parte forzosamente el perdidoso demandado? Sobra la fatiga que implica largos recorridos por los meandros procesales, porque la lógica repugna toda respuesta afirmativa a ese interrogante. Las glorias no se imponen, se ganan.

Se recuesta después el fallo en que cuando el llamado así alega, es imposible desunir las diversas relaciones y que entonces la decisión ha de ser uniforme. ¿Querrá decirse con esto, contra lo que dispone la ley, que la intervención del llamado en garantía es forzosa, pues que de otra manera no se afianzaría un fallo asonante? He ahí la piedra de toque. La sentencia no explica el punto, pero no puede haber más consecuencia lógica que la señalada. No se cayó en la cuenta que la relación entre el demandado y el tercero bien pudiera definirse en proceso separado, y no sé en consecuencia cómo pudiera la Corte garantizar en tal evento la pregonada uniformidad decisoria. Ni imaginar quiero que para obtenerlo a ultranza, se alegara que el resultado del segundo proceso enerva el del primero. O, dicho en otros términos, que el resultado de la litis entre el actor y el demandado queda condicionado a lo que suceda entre el demandado y el tercero. En lo que hay que fijarse es que la demandada es autónoma para encarar el litigio, y su actitud puede ir desde la defensa vehemente hasta la más absoluta indiferencia, pasando incluso por el allanamiento, recurrir o no. Ya se las entenderá con el llamado en garantía, y la definición de esta relación no tiene porqué menguar aquella.

A esa altura podría replicarse que la salvedad de voto cabalga sobre la hipótesis de que el demandado no recurra, siendo que el de aquí recurrió. Mas se ha hecho adrede, toda vez que para la tesis mayoritaria esa circunstancia tiene que resultar indiferente. En efecto, así el demandado no hubiere impugnado, la inescindibilidad de las relaciones jurídicas, la solidaridad y la condición de litisconsortes casi necesarios a que acude el voto mayoritario, habían obrado del mismo modo para dictar idéntica sentencia. Y no es esta una mera suposición que se cargue a la lógica y la coherencia. Muestra patente de lo dicho es que la Corte ni siquiera paró mientes en el recurso de casación interpuesto por la parte demandada y muy a pesar de que en la primera página anunció que se disponía a decidir “los recursos”. ¿No era acaso el que preferentemente debía despacharse, pues sin ningún género de duda es subordinante frente al del llamado en garantía? ¿Ahí no operaría aquello de que defendiéndose la demandada, defiende de paso al llamado en garantía? Todo esto no puede tener sino una respuesta: para la Corte es indiferente ello con tal que prospere el recurso de este último. Pero ya se sabe, y de sobra, que el despacho de las acusaciones demanda la observancia de la lógica, según lo recomienda el artículo 375 del Código de Procedimiento Civil, cuestión que se extraña en el fallo de marras.

En conclusión: ha debido despacharse y prioritariamente la casación de la parte demandada; sin ello no podía pasarse lógicamente al despacho del recurso interpuso por el llamado en garantía. Ahora, si aquella no prosperaba, ahí quedaba echada la suerte entre el actor y la demandada, sin importar el resultado de la impugnación del llamado en garantía. Para así afirmarlo, supóngase no más que cada relación hubiese transitado por procesos separados.

Llama la atención, ya para terminar, que, discutiéndose como se discute sobre la específica figura del llamamiento en garantía, se sostenga que la doctrina conviene con la mayoría, y las transcripciones aludan es la denuncia del pleito. Y aunque no se desconoce que una y otra son especies del género llamado intervención de terceros y que, subsecuentemente, sus semejanzas tendrán, en lo que sí difieren es precisamente en el punto materia de discordia, pues que demandado que no haga la denuncia del pleito pierde su garantía, y por eso ante la imposibilidad de que pueda discutírsele al tercero en proceso posterior, es imposible un fallo contradictorio, el que sí puede acontecer, como se vio, frente al llamamiento en garantía. Algo va de Pedro a Juan.

Fecha ut supra. 

Manuel Ardila Velásquez

SALVAMENTO DE VOTO

Con el debido respeto me aparto de las conclusiones expuestas por la mayoría de la Sala, en el proceso de la referencia, por las razones que brevemente paso a expresar.

Declarada como venía la responsabilidad civil contractual deducida frente a la demandada, derivada de la apertura y manejo de una cuenta de ahorros, en orden al cual se le impuso como condena pagar unas sumas de dinero, y dispuesto dispuesto también en el fallo confirmatorio que la llamada en garantía debía reembolsar a esta parte los valores que a su vez tuviera que reintegrar el demandante, observo que, contrario al orden impuesto por el artículo 375, inciso 1º del Código de Procedimiento Civil, al momento de ser desatado el recurso, en lugar de entrarse a examinar el contenido de la demanda interpuesta por aquella parte, como en mi criterio correspondía, se procedió fue el estudio del impetrado por la sociedad a quien se le hizo el llamamiento, respecto de quien, en últimas, por haber prosperado, produjo el quiebre total de la sentencia, es decir, haciéndose extensivo en sus efectos a la contraparte.

Me parece que el procedimiento así seguido no resulta indiferente, porque primeramente ha debido analizarse el recurso formulado por la demandada perdidosa, y ahí sí el que propuso quien fue llamada, debido a que, como por averiguando está, el llamamiento en garantía previsto en el artículo 57 ibídem contempla que, por razón de la ley o del contrato, la economía procesal aconseja e impone que deban dirimirse en la misma providencia dos relaciones jurídicas diversas, esto es, la que se ajusta entre el actor y el demandado, así como, cuando se acogen las súplicas de aquél, la surgida entre éste y a quien se llama, aunque, ha de resaltarse, de no existir ese principio igual sería dable hacerlo en procesos separados.

Todavía más, como es posible que existan evidentes diferencias entre las pretensiones del demandante con el demandado y las peticiones de éste y el llamado, al punto que incluso es factible pensar cómo, pese a que el llamador fuese condenado no siempre el tercero estará obligado a reembolsar o indemnizar a nadie, nada se opondría entonces a que la suerte del fallo fuese distinta para cada uno, ni que, por cuanto el llamado en garantía y el demandado pueden autónomamente invocar los recursos, frente a quien no los utilice adquiera esa sentencia la consecuencia de cosa juzgada.

De ahí que mientras no se conociera cuál hubiese sido la solución que debía conociera cuál hubiese sido la solución que debía correr el recurso de la parte demandada, pienso que no era viable proceder a despachar el cargo del tercero para, por contera, expandirlo a dicha parte».

Fecha ut supra. 

César Julio Valencia Copete 

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